La Ley Senatorial 634 Establece que las ciudades no pueden sancionar a los trabajadores sociales por ayudar a californianos sin hogar.
Por Marisa Kendall. CalMatters. Peninsula 360 Press.
El Proyecto de Ley Senatorial 634 habría causado un gran revuelo si hubiera sobrevivido en la forma que la demócrata de Pasadena, Sasha Renee Pérez, pretendía inicialmente. Su intención era prohibir que las ciudades multaran o arrestaran a californianos sin hogar por dormir a la intemperie. Sin embargo, ante la intensa reacción negativa de las ciudades y las fuerzas del orden, la legisladora suavizó su proyecto de ley.
Ya promulgada y en vigor desde el 1 de enero, la ley aborda un problema mucho menos frecuente en las calles de California. Establece que las ciudades no pueden sancionar a los trabajadores sociales por ayudar a personas sin hogar, incluso si estas duermen en un campamento ilegal.
Más precisamente, la ley dice que las ciudades no pueden prohibir a las personas u organizaciones brindar a los residentes sin hogar servicios legales, atención médica o cosas necesarias para la supervivencia, como alimentos, agua, mantas, almohadas y materiales para protegerse de los elementos.
“La legislación brinda protecciones de sentido común para los proveedores de servicios, especialmente las organizaciones sin fines de lucro y las religiosas, que trabajan todos los días para ayudar a los californianos sin hogar”, dijo Pérez en un comunicado de octubre.
El condado de San Bernardino, por otro lado, dijo que la ley “anulará la autoridad local y restringirá las herramientas de cumplimiento que las ciudades y los condados utilizan para promover la seguridad pública”.
No es raro que los trabajadores humanitarios se vean en el punto de mira de la represión municipal contra los campamentos de personas sin hogar. A principios de este año, la ciudad de Fremont, en el Área de la Bahía, tipificó brevemente como delito menor “ayudar, instigar u ocultar” un campamento ilegal de personas sin hogar. Su ayuntamiento posteriormente se retractó de esa disposición —después de que CalMatters la informara inicialmente—, pero dejó una huella imborrable en los legisladores estatales.
La legislación surge tras un impulso estatal para reforzar la vigilancia policial de las personas sin hogar en California. En 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó a las ciudades mayor poder para citar y arrestar a personas por dormir a la intemperie, incluso si no tienen refugio disponible. Desde entonces, los arrestos y citaciones por delitos relacionados con la falta de vivienda se han disparado en ciudades de todo el estado.
Un estudio que se realizó entre 2023 y 2024 examinó la inseguridad alimentaria en San José, encontró que los barrios del este presentan el mayor nivel de inseguridad alimentaria.
Durante los últimos 10 días de cada mes, Julia reúne las escasas comidas que puede con productos de los bancos de alimentos y alimentos enlatados hasta que se renueven sus beneficios de alimentos.
La joven de 28 años, que no reveló su apellido por motivos de privacidad, recibe unos 600 dólares al mes en cupones de alimentos para alimentarse a sí misma y a sus tres hijos. Usa ese dinero para abastecerse de carne, suficiente para unas tres semanas, y acude al banco de alimentos para comprar frutas y verduras semanalmente. Los productos suelen durar un par de días antes de echarse a perder, dijo.
El hambre -y la planificación de las próximas comidas de su familia- son cosas que consumen habitualmente su vida.
“A veces, a fin de mes, nos quedan dos días y pienso: ‘¡Dios mío! ¡Seis días más para que nos den los cupones de alimentos! ¿Qué voy a hacer?'”, dijo Julia a San José Spotlight. “Me siento fatal, sin saber si podré alimentarlos la semana que viene”.
Julia no es la única que ha pasado por esto. Muchas familias del condado de Santa Clara siguen luchando contra la inseguridad alimentaria incluso después de recibir asistencia alimentaria, según un estudio reciente de la Universidad de Santa Clara.
El estudio se realizó entre 2023 y 2024 y examinó la inseguridad alimentaria en 55 códigos postales del condado. Se encontró que los barrios del este de San José, incluyendo Mayfair y Alum Rock, presentan el mayor nivel de inseguridad alimentaria, donde aproximadamente el 30 por ciento de las personas enfrentan dificultades incluso después de recibir asistencia alimentaria.
Las zonas del centro de San José también mostraron un alto riesgo, con un 23.5 por ciento. Los Altos presentó el menor nivel previsto de inseguridad alimentaria del condado, con un 11.7 por ciento. Se estima que otras ciudades, como Gilroy, experimentan un 22.6 por ciento de inseguridad alimentaria.
Andrew Starbird, profesor de sistemas de información de la Universidad de Santa Clara que dirigió el estudio, dijo que el alto nivel de inseguridad alimentaria lo sorprendió a pesar de la asistencia alimentaria disponible de organizaciones sin fines de lucro como Martha’s Kitchen y Second Harvest of Silicon Valley.
“Acceder a la asistencia alimentaria puede ser difícil en algunos vecindarios”, declaró Starbird a San Jose Spotlight. “Necesitamos más puntos de distribución en las comunidades con mayor riesgo”.
Julia depende del transporte público para llegar a los bancos de alimentos y centros comunitarios, después de que un accidente automovilístico el año pasado la dejara sin vehículo y con seis costillas rotas. Esto la ha dejado sin trabajo durante el último año, y es la primera vez que ha tenido que depender de la asistencia alimentaria.
Coger el autobús no siempre es fácil cuando llevas bolsas de frutas y verduras con tres niños, dijo. Y despertarse tarde y perder el autobús podría significar no poder conseguir comida para ese día o esa semana.
“Siempre es más fácil conseguir comida chatarra, y eso es un fastidio, porque luego te enfrentas a problemas de salud como la obesidad”, dijo Julia. “Tengo diabetes. Es algo hereditario en mi familia”.
Mayfair, la zona con uno de los mayores riesgos de inseguridad alimentaria del condado, también enfrenta un alto nivel de pobreza. El aumento constante del costo de la vida obliga a las familias a tomar la difícil decisión de pagar por un techo, medicamentos, alimentos y otras necesidades básicas, explicó José Murillo, director de iniciativas locales de la organización sin fines de lucro Amigos de Guadalupe.
“Nuestra comunidad tiene muy poco dinero para absorber esos costos adicionales”, declaró Murillo a San José Spotlight. “Así que creo que eso nos pone en una situación mucho más precaria”.
El barrio predominantemente latino ha estado históricamente sub invertido, desde una infraestructura deficiente que provocó frecuentes inundaciones hasta políticas federales de segregación residencial que marcaron indiscriminadamente a Mayfair como un área “peligrosa” para invertir, dijo Murillo.
Parte de la desinversión se debe a que las personas de la comunidad no tienen un lugar en la mesa y reciben salarios insuficientes, añadió.
“Hemos construido Silicon Valley de una manera que ha dependido de la mano de obra barata de nuestra gente”, dijo Murillo. “Necesitamos asegurarnos de invertir en oportunidades para que la gente gane más dinero, lo que significa asegurar que reciban un salario digno. Hasta que no lo hagamos, no podremos cambiar la situación en el este de San José”.
Bill Lee, director ejecutivo de Martha’s Kitchen, patrocinador del estudio, afirmó que los hallazgos muestran dónde se encuentra la mayor necesidad en el condado. Martha’s Kitchen ofrece comidas caseras a la comunidad todos los martes y miércoles en su local de Story Road. También es uno de los principales proveedores de comidas para albergues para personas sin hogar en el condado de Santa Clara y prepara comidas para unas 8 mil personas diariamente.
“Estábamos más interesados en dónde están los huecos, porque ahí es donde queremos poner nuestra energía”, dijo Lee a San José Spotlight.
El estudio se realizó antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo y comenzara a recortar los fondos federales para los programas de asistencia alimentaria.
“Esto demuestra que, a pesar de todo el trabajo que hemos realizado en los últimos años, todavía había mucha gente luchando por no morir de hambre”, dijo Lee. “Si a esto le sumamos los recortes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y todo lo demás que está sucediendo, no me imagino cómo será este informe dentro de dos años. Estos porcentajes, sin duda, aumentarán”.
El fiscal general de California, Rob Bonta, obtuvo una orden judicial permanente que bloquea el recorte de fondos de seguridad a California. Foto: Facebook FEMA en español
California Attorney General, Rob Bonta, obtuvo una orden judicial permanente que bloquea la reasignación ilegal de cientos de millones de dólares en fondos federales de seguridad nacional administrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
La resolución impide que la administración del presidente Donald Trump castigue financieramente a estados como California por adoptar políticas públicas que no coinciden con su agenda, particularmente en materia migratoria.
“Una y otra vez, los tribunales han reprendido los intentos ilegales de la Administración Trump de castigar a los estados”, afirmó Bonta, al señalar que estos fondos son esenciales para la preparación y protección frente al terrorismo y otras amenazas.
Durante décadas, California ha utilizado las subvenciones del Programa de Seguridad Nacional para prevenir, responder y recuperarse de emergencias. La ley exige que estos recursos se asignen con base en riesgo y necesidad, no por afinidades políticas.
En septiembre, California y otros estados recibieron notificaciones de recortes injustificados en sus asignaciones. La demanda sostiene que los ajustes respondían a la negativa de los estados a usar a sus policías locales para hacer cumplir leyes federales de inmigración.
Ante ello, Bonta encabezó una coalición de estados que primero logró una orden temporal para frenar los recortes; posteriormente, ampliaron la demanda para impugnar un nuevo requisito de FEMA que exigía certificar datos poblacionales actuales, en lugar de cifras del censo.
El fallo definitivo ordena a FEMA reemitir las cartas de adjudicación con los montos originales y elimina esa condición considerada ilegal; así, la decisión garantiza el acceso a fondos clave para la gestión de emergencias, aunque puede ser apelada.
En un giro inesperado, la obra maestra de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, que arrasó con los Game of the Year Awards, se encuentra en el centro de una controversia por haber usado inteligencia artificial en su desarrollo. Es por esta razón que los Indie Game Awards han decidido reconsiderar el galardón que planeaban otorgarle al juego francés.
Esto ha desatado una guerra entre quienes defienden el juego y la inclusión de la inteligencia artificial en el proceso creativo y quienes desprecian el uso de esta tecnología en cualquiera de sus formas.
Los creadores de Clair Obscur tampoco ocultaron su uso de Inteligencia artificial, de hecho, en una entrevista para el El País, François Meurisse, producer del juego, declaró que usaron un poco de Inteligencia Artificial, “pero no mucha”.
Por supuesto, el argumento de las personas que defienden el uso de la inteligencia artificial en la creación de videojuegos y otras piezas artísticas lo hacen desde la idea de que permite a pequeñas empresas competir con gigantes de la industria por una fracción del precio.
Este es un argumento, en el mejor de los casos, es ignorante. No nos equivoquemos, Clair Obscur no ha ganado su lugar en la industria por ahorrar dinero con inteligencia artificial, lo ha logrado por su talento humano. El equipo está compuesto por lo mejor de lo mejor, expertos que trabajaron de Ubisoft, que aunque ya hayan pasado sus años dorados, sigue siendo una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo.
También tiene que ser dicho, la idea de que Sandfall Interactive compita con otros juegos independientes pequeños es un poco extraña. Clair Obscur contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, el apoyo de un publisher e incentivos por parte del gobierno francés. ¿Debería ser esta la razón de descalificar del Indie Game Awards? ¿No debería existir una categoría distinta para quienes son verdaderos desarrolladores independientes pequeños?
Por supuesto, esto es una tecnicidad, pero lo es también el que haya sido descalificado por el uso de inteligencia artificial. ¿Cuánto es un poco de inteligencia artificial? ¿Podemos confiar en las declaraciones de Meurisse?
En algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es en que Clair Obscur no es un juego de Inteligencia artificial, ya he asomado mi cabeza en ese abismo y definitivamente esta no es la situación.
Aún así, fue descalificado y apoyo esa decisión.
Si las competencias aceptan el uso de Inteligencia artificial entre los competidores, entonces entraríamos en la discusión de cuánto es demasiado uso de inteligencia artificial en una obra. ¿Cuál sería el punto de tener una celebración de la creatividad humana si la competencia está llena de Inteligencia Artificial?
Hace falta mencionar también que el uso de la inteligencia artificial no es exclusivo de compañías independientes para “democratizar” la producción de videojuegos. Esta es una opinión infantil e ingenua, es como creer que la industria alimenticia crea transgénicos para curar el hambre mundial o la industria farmacéutica crea drogas para mejorar nuestra salúd.
Ni nos alimentamos mejor, ni somos más sanos en este sistema y les puedo asegurar, que la inteligencia artificial tampoco va a “traer más juegos y permitir a los artistas tomar más riesgos creativos”. En realidad, es una herramienta para las empresas más grandes de este mundo para hacer más dinero.
Creer que la inteligencia artificial va a darnos mejores juegos es como creer que dejaron de darnos instructivos impresos con arte dentro de los videojuegos para ayudar al planeta y generar menos desechos.
El que permita a creadores y negocios acceder a cosas que antes no eran posibles, es solo una consecuencia secundaria de la tecnología de la Inteligencia Artificial.
Recnozco también que estas son las palabras de un hombre de 33 años que está en una cruzada quijotesca en contra de una tecnología que está cambiando el mundo. Ahora Activision y EA empiezan a usar inteligencia artificial en sus productos y no hay vuelta atrás.
Pudimos tener un sistema de inteligencia artificial para que los NPCs de los videojuegos tuvieran diálogos irrepetibles y voces únicas y por fin liberarnos del síndrome Bethesda, pero en vez de eso, tenemos arte digital mal hecho por IA.
Estoy seguro de que esta controversia tiene sin cuidado a Sandfall Interactive, quienes son ahora una compañía aclamada mundialmente después de ganar el Game of the Year Award. La compañía francesa ahora está nadando en dinero (y bien merecido) y creo que pueden darse el lujo de dejarle el Indie Game Award a alguien más.
Tampoco es que la gente esté pegando un grito en el cielo por la controversia, si pueden seguir comprando juegos de un encubridor de acoso sexual como el dueño de Ubisoft, esto importa todavía menos.
Mientras descendemos en un tercer apocalipsis, ahora potenciado por las máquinas, que aún no son muy inteligentes, te invito a por lo menos, no rendirte a una interacción artificial. Valoremos los espacios donde interactuamos con otros humanos y el trabajo de otras personas que existen en esta tierra al mismo tiempo que nosotros.
Ante el pronóstico de fuertes tormentas invernales en California, el gobernador Gavin Newsom anunció la activación de una respuesta estatal temprana y coordinada.
Ante el pronóstico de intensas tormentas invernales que afectarán a California durante esta semana, el gobernador Gavin Newsom anunció la activación de una respuesta estatal temprana y coordinada para proteger a las comunidades frente a lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y nevadas en zonas montañosas
The National Weather Service prevé una serie de sistemas que impactarán distintas regiones del estado hasta finales de año, justo en un periodo de alta movilidad por las vacaciones.
Ante ello, el gobernador subrayó que la estrategia busca reducir riesgos, prevenir pérdidas humanas y respaldar a los gobiernos locales antes, durante y después de los eventos climáticos.
“Cuando el clima severo amenaza a nuestras comunidades, no esperamos para reaccionar. Nos adelantamos”, afirmó Newsom, al destacar que el personal especializado del estado es parte clave del sistema de rescate y respuesta a emergencias.
Como parte de la preparación, la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) activó operaciones las 24 horas y coordina con autoridades locales el despliegue preventivo de recursos, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones repentinas y flujos de lodo, incluidas áreas afectadas recientemente por incendios forestales.
Hasta ahora, se han anticipado recursos en más de una decena de condados, entre ellos Los Ángeles, Sonoma, Marin y Ventura, con 45 camiones de bomberos, 10 equipos de rescate en aguas rápidas, helicópteros, maquinaria pesada y más de 225 elementos desplegados para una respuesta inmediata.
La Guardia Nacional de California mantiene activos aéreos y terrestres listos para intervenir, incluidos vehículos para aguas altas, mientras que Caltrans y la Patrulla de Carreteras de California (CHP) reforzaron operaciones para mantener abiertas las vías, gestionar cierres y atender emergencias viales.
En la Sierra Nevada, más de mil 700 trabajadores operan turnos continuos con mil 300 equipos de remoción de nieve, apoyados por más de 17 mil toneladas de sal distribuidas en 77 puntos del estado. La CHP, además, incrementará su presencia en carreteras ante el aumento de viajes por la temporada.
Por su parte, el Departamento de Recursos Hídricos activó su Centro de Operaciones de Inundación y ha distribuido cuatro millones de sacos de arena, incluidos 55 mil super sacos, para mitigar riesgos de desbordamientos, al tiempo que proyectos de captación pluvial permitirán aprovechar parte de las lluvias para el suministro de agua.
Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada, registrarse en Ready.ca.gov para recibir alertas locales, preparar kits de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios. También reiteraron no cruzar zonas inundadas y extremar precauciones en áreas con cicatrices de incendios.
El gobierno estatal insistió en que la preparación anticipada y la coordinación interinstitucional serán determinantes para enfrentar las tormentas y reducir su impacto en comunidades, infraestructura y servicios esenciales en todo California.
El nuevo año traerá consigo una oportunidad para que las 96 mil empresas registradas de San José puedan saldar sus facturas de impuestos vencidas con la ciudad, sin tener que pagar cargos por pago atrasado.
A partir del 1 de enero, la ciudad implementará un programa de amnistía fiscal empresarial de un año de duración. Para las empresas que realicen pagos atrasados bajo este programa, la ciudad eximirá de las multas e intereses adicionales que suele aplicar.
Basándose en amnistías anteriores administradas por San José, las autoridades estiman que el programa del próximo año, vigente hasta el 31 de diciembre, aportará 3.2 millones de dólares en ingresos adicionales al fondo general. También se considera una forma de conectar con empresas locales que podrían desconocer sus obligaciones tributarias municipales.
“El Programa de Amnistía Fiscal Comercial beneficia tanto a las empresas como a la ciudad de San José al mejorar el cumplimiento de las regulaciones fiscales comerciales, reducir los pasivos pendientes y respaldar la estabilidad de los ingresos a largo plazo para la ciudad”, dijo la directora de Finanzas, Maria Öberg, a San José Spotlight.
La ciudad planea lanzar un sitio web que respalde el programa en enero, dijeron los funcionarios.
El programa cubrirá los pagos atrasados adeudados a San José en virtud de su impuesto empresarial, que se calcula en función de la plantilla de la empresa en la mayoría de los casos.
Además, también cubrirá las cuotas vencidas adeudadas a los Distritos de Mejora Comercial de la ciudad. Estos distritos, que incluyen partes de Japantown, el centro y el corredor de Monterey Road, cobran cuotas anuales a las empresas miembros y luego reinvierten los fondos en servicios, como limpieza de calles o seguridad privada, destinados a mejorar los barrios e impulsar el comercio local.
El programa de amnistía está destinado a beneficiar a las empresas que se han atrasado en los pagos, así como a las empresas más nuevas que puedan desconocer las políticas fiscales de la ciudad.
“Se crean nuevos negocios constantemente”, declaró Öberg al Ayuntamiento durante la revisión del programa de amnistía el 9 de diciembre. “La gente se muda. No siempre saben que están obligados a registrarse y pagar un impuesto comercial en la ciudad de San José. Así que se trata en parte de divulgación y educación, y en parte de ayudar a la gente a cumplir con las leyes”.
La ciudad ha administrado programas de amnistía similares periódicamente a lo largo de las décadas, con tres de ellos llevados a cabo desde 2006. Más recientemente, la ciudad lanzó otro programa de 12 meses en octubre de 2019. Recibió pagos de 5 mil 800 contribuyentes, generando 3.2 millones de dólares en ingresos, dijeron los funcionarios.
Si bien los pagos de impuestos atrasados deben liquidarse en su totalidad antes de fin de año, la ciudad permitirá a las empresas hacerlo mediante un plan de pago, según informaron las autoridades.
En algunos casos, la ciudad ofrecerá exenciones de pago a ciertas empresas que cumplan los requisitos y generen ingresos para sus propietarios que se encuentren muy por debajo del umbral de pobreza federal.
Durante el último período de amnistía, la ciudad otorgó 175 exenciones de este tipo, según informes anteriores de San José Spotlight. La mayoría se concedieron por dificultades económicas, pero algunas también se otorgaron a adultos mayores o a organizaciones benéficas.
Öberg dijo a los miembros del consejo que, en el caso de algunos de los Distritos de Mejora Comercial más nuevos de la ciudad, la ciudad ha recaudado solo el 60 por ciento de las tarifas adeudadas por las empresas miembros.
El concejal del Distrito 6, Michael Mulcahy, advirtió que la recaudación de tarifas tan poco fiable se ha convertido en un desafío importante para estos distritos. Insta al personal del Departamento de Finanzas a explorar maneras de impulsar el cumplimiento entre las empresas, incluso después de que finalice la amnistía de este año.
“Quiero asegurarme de que no dependamos demasiado de una amnistía”, dijo Mulcahy a San José Spotlight.
Aunque los tiroteos masivos han disminuido a su nivel más bajo en casi dos décadas, expertos advierten que la violencia armada en EE.UU. persiste. Foto: Manuel Ortiz | P360P
Aunque los tiroteos masivos en Estados Unidos han disminuido a su nivel más bajo en casi dos décadas, el país continúa encabezando las cifras de muertes por armas de fuego entre las naciones industrializadas, una paradoja que, de acuerdo con especialistas, revela fallas estructurales profundas en la forma en que se aborda la violencia armada.
Durante un foro con expertos en salud mental, salud pública y educación, realizado por American Community Media (ACoM), los panelistas coincidieron en que el debate público se concentra de manera desproporcionada en los ataques masivos, mientras deja en segundo plano que la mayoría de las muertes por armas de fuego en Estados Unidos están vinculadas a suicidios, violencia interpersonal y homicidios cotidianos.
El psiquiatra Ragy Girgis, director del Centro de Prevención y Evaluación (COPE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Columbia, subrayó que existe una narrativa persistente —y equivocada— que vincula automáticamente la violencia extrema con enfermedades mentales.
Explicó que los trastornos mentales graves representan solo una fracción mínima de los actos violentos y advirtió que ese enfoque desvía la atención de los verdaderos factores de riesgo.
“Cuando culpamos a la salud mental de manera generalizada, no solo estigmatizamos a millones de personas, sino que dejamos intactos elementos clave como el acceso fácil a armas altamente letales y la ausencia de sistemas de detección e intervención temprana”, afirmó Girgis.
Añadió que la mayoría de las personas con diagnósticos psiquiátricos no son violentas y, de hecho, son más propensas a ser víctimas que perpetradoras.
Desde la perspectiva de la salud pública, el doctor Daniel Webster, profesor de la Universidad Johns Hopkins y uno de los principales investigadores en violencia armada en Estados Unidos, destacó que la evidencia acumulada durante décadas demuestra que las políticas sí importan.
En ese sentido, señaló que los estados con leyes más estrictas de control de armas registran menores tasas de homicidios y suicidios.
Webster explicó que herramientas como las órdenes de protección por riesgo extremo, los periodos de espera y los requisitos de licencias reducen de manera significativa el acceso a armas en momentos de crisis.
También resaltó experiencias locales en ciudades como Baltimore y Nueva York, donde programas de interrupción de la violencia, mediación comunitaria e inversión sostenida han logrado reducciones medibles en los niveles de homicidios.
“No existe una solución única”, afirmó Webster. “Pero cuando combinamos regulación basada en evidencia con intervenciones comunitarias y recursos sociales, los resultados son claros y sostenibles”.
El impacto de la violencia armada en el ámbito educativo fue abordado por Sarah Lerner, cofundadora de Teachers Unify to End Gun Violence, quien describió cómo el miedo se ha normalizado en las escuelas estadounidenses.
Relató que los simulacros de encierro, la vigilancia permanente y la posibilidad constante de un ataque han alterado profundamente la experiencia escolar de niños y adolescentes.
“Estamos pidiendo a estudiantes y docentes que aprendan y enseñen en un entorno de amenaza continua”, señaló Lerner. “La violencia armada no solo mata; también deja secuelas emocionales duraderas, afecta la concentración, el aprendizaje y la salud mental de comunidades enteras”.
Lerner subrayó que el costo de esta violencia se distribuye de forma desigual y golpea con mayor fuerza a escuelas públicas en comunidades de bajos ingresos, donde los recursos para apoyo psicológico suelen ser limitados.
¿Qué dice la evidencia científica?
Los planteamientos de los panelistas coinciden con estudios académicos recientes que desmontan la idea de que los asesinatos masivos estén directamente causados por trastornos mentales o por el uso de medicamentos psiquiátricos. Investigaciones sobre psicosis y violencia extrema, así como análisis sobre el uso de antidepresivos tipo SSRI, concluyen que no existe una relación causal directa entre tratamiento psiquiátrico y la comisión de asesinatos masivos.
La literatura científica identifica como factores mucho más relevantes el acceso a armas de alto poder, antecedentes de violencia, crisis personales no atendidas, aislamiento social y fallas en los sistemas de prevención. Los expertos advierten que insistir en una explicación simplista basada en salud mental no solo es inexacto, sino contraproducente, pues desalienta la búsqueda de ayuda y refuerza el estigma.
Al cierre del foro, los especialistas coincidieron en que la disminución reciente de tiroteos masivos no debe interpretarse como una solución definitiva. Por el contrario, señalaron que representa una ventana de oportunidad para impulsar políticas integrales que aborden la violencia armada como un problema prevenible de salud pública, antes de que una nueva tragedia vuelva a sacudir al país.
San Francisco agregará 90 camas residenciales para pacientes con problemas de salud mental o conductual a su red de atención médica. Foto: La fachada del Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center en San Francisco, California, el martes 9 de diciembre de 2025. (Andrés Jiménez Larios/ Bay City News)
By Thomas Hughes. Bay City News. Peninsula 360 Press.
San Francisco agregará 90 camas residenciales para pacientes con problemas de salud mental o conductual a su red de atención médica, incluidas alrededor de 50 camas en una instalación cerrada que se utilizará para pacientes bajo tutela, según la oficina del alcalde Daniel Lurie y el Departamento de Salud Pública de San Francisco.
Las camas para pacientes bajo tutela ordenada por el tribunal estarán en el Centro de Salud Conductual del Hospital General Zuckerberg de San Francisco en 887 Potrero Ave. y duplicarán la cantidad de camas disponibles en la instalación para pacientes que requieren tratamiento continuo.
Las camas brindarán espacio para tratar a pacientes que experimentan problemas mentales o conductuales subagudos, incluido el abuso de sustancias, que necesitan un tratamiento continuo y se diferencian de las crisis de salud mental agudas, que son episodios más inmediatos y graves que a menudo se tratan en salas de emergencia.
Las aproximadamente 40 nuevas camas restantes serán parte de dos nuevas instalaciones de vida asistida en Hayes Valley que brindarán atención las 24 horas a los residentes que necesitan apoyo a largo plazo, incluidos unos 45 residentes que se mudarán del Centro de Salud Conductual del Hospital General para liberar las camas, según un comunicado de prensa de la oficina del alcalde.
El director del Departamento de Salud Pública, Daniel Tsai, dijo en una conferencia de prensa el lunes que la instalación aún tendrá espacio para operar como un centro de vida asistida para adultos.
La directora de Servicios de Salud Conductual y Salud Mental de SF, Hillary Kunins, dijo durante la conferencia de prensa que la ciudad decidió utilizar las instalaciones existentes porque era la forma más eficiente de crear espacio para camas para esta categoría de pacientes, que requieren instalaciones cerradas que pueden ser costosas de adquirir.
El aumento de camas especializadas en las instalaciones cerradas aún costará alrededor de 21 millones de dólares, que fueron otorgados por el estado como parte de una ronda de financiación de la Proposición 1 del estado. La ley, aprobada por los votantes en 2023, recaudó dinero para invertir en recursos de salud mental para ciudades y condados.
“Estas camas son altamente especializadas y cuentan con supervisión médica para personas con las necesidades más complejas de salud mental”, dijo Kunins. “Esto incluye a personas con enfermedades mentales graves que también requieren un entorno terapéutico seguro”.
Tsai dijo que esos pacientes a menudo tienen problemas coexistentes que a menudo dificultan su colocación en proveedores privados, incluidos posibles problemas de salud conductual de los que esos proveedores preferirían no ser responsables o no tienen personal para manejar.
Un grupo de trabajo sobre atención y tratamiento residencial convocado en 2024 por la entonces alcaldesa London Breed y el supervisor Rafael Mandelman determinó que las instalaciones privadas que negaban a los pacientes que se les enviaban, incluso cuando tenían espacio disponible, estaban creando cuellos de botella en el sistema.
El grupo de trabajo determinó que crear más capacidad en este nivel de atención subaguda podría tener potencialmente un beneficio combinado, ya que los pacientes podrían ser dirigidos de manera más confiable a instalaciones que los acepten.
El grupo de trabajo calificó las deficiencias del sistema como una “falla del mercado” que la ciudad debía abordar.
Lurie dijo que las nuevas camas representan un gran paso en la mejora del sistema de atención médica para aquellos con trastornos de salud mental o abuso de sustancias.
Los residentes de San Francisco que enfrentan graves problemas de salud mental necesitan un camino claro hacia la estabilidad. Las nuevas camas cerradas en BHC brindarán a las personas el tratamiento y el apoyo que necesitan, y nos ayudarán a agilizar el proceso para conectarlas con el nivel de atención adecuado, declaró Lurie.
El grupo de trabajo de 2024 y las nuevas camas son parte de un esfuerzo para prepararse para un mayor número de pacientes que podrían verse obligados a recibir tratamiento por abuso de sustancias como parte de la expansión de las tutelas del estado a través de la aprobación del Proyecto de Ley Senatorial 43 en 2023. Ese año, la ciudad también estableció su Tribunal CARE local, que es un tribunal alternativo para quienes tienen problemas de salud mental o conductual que ofrece desvíos del encarcelamiento.
Cada 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante invita a mirar más allá de fronteras, discursos y estadísticas. Pero en Estados Unidos, bajo las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, esa conmemoración llega envuelta en una realidad incómoda: la migración se ha convertido, otra vez, en un terreno donde el control supera a la compasión y donde el miedo pesa más que los derechos.
Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos migratorios del mundo. A inicios de 2025, más de 53 millones de personas nacidas en el extranjero vivían en el país, una cifra histórica que refleja décadas de movilidad impulsada por trabajo, reunificación familiar y huida de la violencia. Sin embargo, ese mismo país ha reforzado un enfoque que prioriza la expulsión y la disuasión sobre la integración.
Desde enero de 2025, la nueva etapa de la administración Trump ha endurecido las reglas. Una orden ejecutiva amplió las deportaciones aceleradas, debilitó las protecciones en ciudades santuario y reforzó el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El resultado ha sido tangible: más de 400 mil deportaciones en lo que va del año y alrededor de 1.6 millones de salidas “voluntarias”, impulsadas no por decisión libre, sino por el cerco institucional y el temor cotidiano.
Las detenciones también se dispararon. Entre enero y octubre, ICE arrestó a más de 220 mil personas, muchas de ellas sin antecedentes criminales. En la práctica, la frontera ya no es el único espacio de vigilancia: calles, centros de trabajo y vecindarios se han convertido en escenarios de redadas que alteran la vida diaria de comunidades enteras.
El impacto más profundo, sin embargo, no siempre aparece en los comunicados oficiales. Se manifiesta en aulas vacías y silencios forzados. Reportes recientes documentan un aumento del absentismo escolar entre niños de familias migrantes, cuyos padres temen que salir de casa implique no volver juntos. La política migratoria, diseñada en despachos lejanos, termina filtrándose en la infancia, la salud mental y la estabilidad emocional.
Paradójicamente, mientras se endurece el discurso, la migración irregular ha mostrado señales de descenso. En mayo de 2025, la Patrulla Fronteriza registró menos de nueve mil cruces irregulares en la frontera suroeste, una de las cifras más bajas en años. No es que la necesidad haya desaparecido; es que el costo humano de intentar migrar se ha vuelto más alto y más peligroso.
Aun así, la población indocumentada no ha dejado de crecer. Estudios del Pew Research Center estiman que 14 millones de personas viven hoy sin estatus migratorio regular en Estados Unidos, muchas de ellas integradas desde hace años al tejido económico y social del país. Son trabajadores agrícolas, cuidadores, empleados de la construcción, padres y madres de niños ciudadanos estadounidenses.
Frente a este escenario, las respuestas no han venido solo desde los gobiernos. En ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, redes comunitarias han emergido para ofrecer asesoría legal, alimentos y acompañamiento ante redadas. Son gestos pequeños frente a un sistema enorme, pero recuerdan que la migración no es solo un fenómeno político: es una experiencia humana compartida.
El Día Internacional del Migrante no debería reducirse a una fecha simbólica ni a un recuento de números. Es una oportunidad para cuestionar qué tipo de sociedad se construye cuando la seguridad se impone a la dignidad, cuando la ley se aplica sin contexto y cuando el migrante deja de ser persona para convertirse en expediente.
Las cifras importan. Revelan tendencias, presiones y efectos. Pero los rostros importan más. Porque detrás de cada deportación hay una historia interrumpida, detrás de cada “salida voluntaria” hay una decisión forzada, y detrás de cada niño que falta a la escuela hay una política que decidió mirar hacia otro lado.
En tiempos de muros visibles e invisibles, recordar que migrar es un derecho humano —no una amenaza— sigue siendo, quizá, el acto más urgente de esta conmemoración.
El Concejo Municipal de East Palo Alto aprobó una serie de decisiones clave durante su sesión del 16 de diciembre, enfocadas en fortalecer controles financieros, mejorar la gestión urbana y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos públicos.
The Municipal Council of East Palo Alto aprobó una serie de decisiones clave durante su sesión del 16 de diciembre, enfocadas en fortalecer la transparencia financiera, mejorar la gestión urbana y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos públicos.
Uno de los acuerdos más relevantes fue establecer que, a partir de 2026, las reuniones regulares del Concejo se realizarán a las 18:00 horas. La medida busca ampliar el acceso de residentes que trabajan durante el día, sin afectar la operación del personal municipal.
Durante la sesión, el Concejo también adoptó formalmente una Política de Controles Internos, presentada por el director de Finanzas en respuesta a observaciones del Gran Jurado Civil del Condado de San Mateo.
La nueva política establece lineamientos para la supervisión financiera, la evaluación de riesgos y la rendición de cuentas, con el objetivo de proteger los fondos públicos y reforzar la confianza ciudadana.
En materia de orden urbano, las y los concejales aprobaron un contrato por cinco años con la empresa LAZ Parking para implementar un programa integral de control de estacionamiento las 24 horas del día.
El acuerdo incluye una revisión obligatoria al cumplirse el primer año y busca atender problemáticas como vehículos sobredimensionados, estacionamiento nocturno y aplicación inconsistente de las normas, aunque algunos residentes expresaron preocupación por los posibles impactos en los vecindarios.
La sesión también dio espacio a la participación ciudadana luego de que vecinos manifestaron inquietudes relacionadas con el aumento de los costos de vivienda, el uso de algoritmos para la fijación de rentas, la accesibilidad de las reuniones públicas y la planificación de infraestructura vinculada a nuevos desarrollos habitacionales.
Además, representantes del Sindicato de Carpinteros del Norte de California presentaron información sobre la importancia de incorporar estándares laborales en proyectos de obras públicas, lo que generó preguntas y discusión entre los integrantes del Concejo.
En los informes finales, concejales expresaron preocupación por el papel de East Palo Alto en el proceso de revisión ambiental de la expansión del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), mientras que el alcalde destacó positivamente la realización de un reciente evento comunitario de fin de año.
