Comunidades de color de Arizona denunciaron la falta de inclusión en las audiencias realizadas por la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos (IRC, por sus siglas en inglés) entre julio y agosto, como parte del proceso de redistritación en el estado.

Cabe señalar que la Comisión volverá a trazar los límites de los distritos de acuerdo con los cambios demográficos del censo 2020, lo cual podría traer importantes consecuencias políticas a un estado en donde los Republicanos han perdido escaños a lo largo de la última década.

Durante una sesión informativa organizada por Ethnic Media Services, Victoria Grijalva Ochoa, gerente del Programa de Redistribución de Distritos de One Arizona, destacó que dicho estado ha tenido un aumento poblacional de casi 12 por ciento desde 2010, impulsado en gran medida por las comunidades de color. Actualmente, la población total se ubica en poco más de siete millones, 

En ese sentido, añadió que la comunidad afroamericana ha crecido 30 por ciento en la última década, mientras que los latinos representan más del 30 por ciento de la población, y la comunidad asiático americana también ha aumentado de manera importante, por lo que es necesario participar en este proceso, que tendrá un gran impacto para los próximos 10 años.

Sin embargo, comentó que no están recibiendo apoyo por parte de la Comisión para llegar a todas las comunidades; por ejemplo, para la primera ronda de audiencias les avisaron con solo dos semanas de anticipación y además hubo un problema de aforo que no permitió que todos expresaran su opinión. 

A pesar de que han dejado muy claro cuáles son sus necesidades, especialmente en lo que respecta a la organización de estas audiencias entre comunidades de color, no han visto una mejora real, pues para la segunda ronda tuvieron aún menos tiempo de aviso. 

«Tuvimos sólo una semana para coordinar el cuidado de los niños, también se necesita transporte, permisos para estar fuera del trabajo y una semana realmente no es suficiente para ajustar estos horarios».

Victoria Grijalva destacó que tampoco hubo un acercamiento con medios de comunicación multilingües para asegurarse de que todas las comunidades están siendo escuchadas e incluidas en este proceso de redistritación en Arizona, pues muchas personas lo desconocen. 

«Estamos viendo que varios de estos problemas surgen una y otra vez. Sabemos que la Comisión tuvo la oportunidad de mejorar todo esto desde la última vez, sin embargo, en realidad no lo ha hecho, e incluso han empeorado algunas cosas».

Abundó que gran parte de las decisiones como el acceso a fondos, a programas de salud y en materia educativa, se basan en la redistribución, por lo que al no tener este acercamiento con las comunidades no están pensando realmente en cómo eso afectará a las comunidades de color a largo plazo. 

Reuniones virtuales harían de la redistritación un proceso más equitativo en Arizona

Reginald Bolding, director de la Coalición de Arizona para el Cambio, comentó que una de las fallas que ellos han percibido es una falta real de inversión estatal para asegurar que están siendo tomados en cuenta, porque de ello dependen nuestro futuro inmediato. 

“Hemos trabajado con organizaciones comunitarias desde 2020. Comenzamos nuestro propio proceso para asegurarnos de que la gente de la comunidad afroamericana supiera cómo participar en el censo, para que pudieran estar seguros de que fueron contados”.

Añadió que la Coalición está tratando de llenar los vacíos del IRC —aunque ese no debería ser el papel de los grupos comunitarios—, a través de reuniones educativas quincenales sobre la redistribución dirigidos a  la comunidad afroamericana.

Por otra parte, comentó que ante la pandemia de COVID-19, la cual ha afectado particularmente a esta comunidad, la Comisión no ha brindado oportunidades para que se escuchen todas las voces a través de escenarios virtuales. 

“Vamos a estar al tanto de que se escuchen nuestras voces en el proceso de redistribución de distritos, que tendrá implicaciones durante una década. Así que somos extremadamente vigilantes y seguiremos asegurándonos de que se escuchen las voces de las comunidades de color”.

Educación y redistritación, crucial para comunidad asiático americana

Jennifer Chau, de la organización Asiático Americanos, Hawaianos y de Islas del Pacífico en Arizona para la Equidad (AZ AANHPI For Equity) recordó que cuando asistió a una audiencia en Tucson había alrededor de 200 personas, en su mayoría caucásicas (95%) y muy pocas de las comunidades de color. 

De tal forma, la AZ AANHPI For Equity ha realizado entrenamientos de unas tres horas, cuya finalidad es educar a la comunidad en cuanto a la redistribución de distritos, y de acuerdo con encuestas de rendimiento han comprobado que las personas realmente están interesadas y aprendiendo sobre este proceso.

Por ejemplo, al preguntarles cuál era su conocimiento sobre la redistribución de distritos antes y después de estos entrenamientos, la mayoría mencionaba que tenía un nivel de 0.8 —en una escala del 1 al 5—, y al finalizar las capacitaciones se consideraban en nivel 4.

Cabe señalar que en estos entrenamientos también les enseñan a usar las herramientas de mapeo de la comunidad, así como a brindar testimonios públicos, por lo que consideró que este tipo de capacitación es muy útil. 

De igual forma, expresó que para la gente de esta comunidad un factor importante es la educación. Muchos padres se conducen hasta 40 minutos porque en su distrito simplemente no se sienten cómodos con la educación o no se alinean con sus valores, y de ahí la importancia de que más personas participen en la redistribución de distritos.

Discriminación en proceso de redistritación en Arizona

Jaynie Parrish, líder de los Demócratas en el condado Navajo, denunció que también ellos han observado las lagunas y desafíos en el proceso de redistritación en Arizona, como la falta de comunicación y poca o nula educación sobre el proceso en general. 

«Así lo asumimos nosotros mismos durante esa primera fase como grupo. Primero intentar capacitarnos, ya que muchos de nosotros no llevábamos mucho tiempo haciendo este trabajo. Entonces tenemos que educarnos a nosotros mismos». 

Tuvieron que salir con sus propios mensajes y desarrollar sus propios materiales de comunicación, por lo que realmente han dependido de organizadores locales para hacer correr la voz. 

Otro problema, dijo, el más grande de esta comunidad, es el acceso a Internet. La mayoría de los votantes nativos son mayores, no tienen teléfono, no están acostumbrados al correo electrónico o no pueden conectarse para ingresar a sitios web. 

A ello se suman las largas distancias que deben recorrer para las audiencias, y cuando llegan perciben acoso y discriminación.

«Tenemos imágenes en video de nuestros adultos mayores siendo buscados y cacheados por jóvenes blancos que dijeron que fueron contratados por el IRC. Algunas personas de nuestra comunidad ni siquiera querían entrar, son este tipo de cosas a las que nos hemos enfrentado».

Latinos y comunidades rurales también son excluidos

Andrea Varela, representante Rural Arizona Engagement (RAZE), comentó que los arizonenses rurales se sienten olvidados y abandonados, además de que existe un vacío notable en lo que respecta a los programas de participación cívica y registro de votantes. 

«RAZE llena este vacío creando comunidades de votantes educados, empoderados y comprometidos. La educación y la promoción con respecto a la redistritación en arizona es parte de ese proceso. Una línea podría significar la diferencia entre un distrito controlado o el que realmente representa a su comunidad».

Y es que cuando se trata de participación cívica, el enfoque está en las áreas urbanas, mientras que las comunidades rurales tienden a ser olvidadas, lo cual puede deberse a la falta de acceso al voto, ausencia de candidatos calificados dispuestos a postularse a un cargo, la falta de educación. 

Esto tiene como consecuencia la falta de recursos, de votos, de  participación, a pesar que las áreas rurales contribuyen en gran medida al crecimiento, la prosperidad y el desarrollo del estado, y deberían estar representadas de manera equitativa y proporcional. 

Finalmente, Sandy Ochoa, de la organización Mi Familia Vota, apuntó que la redistribución de distritos es la próxima batalla para proteger la democracia. Se están impulsando proyectos de ley de supresión de votantes que intentan manipular los mapas a su favor, para hacer de la redistribución de distritos un proceso desigual.

«Quieren asegurar mayorías en la Cámara de Representantes durante la próxima década, independientemente de lo que realmente quieren los votantes, lo cual limita el poder político de nuestras comunidades, como los latinos que viven en Arizona».

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Pauletta Pérez doblaba unas toallas en su habitación. Era el 2 de enero de 2010 cuando un fuerte ruido hizo que volteara, ahí descubrió que el sonido provenía de un arma de fuego que le apuntaba a la cabeza. Era su esposo. La persona en la que más confiaba le disparó cinco veces, cuatro de ellas en la cabeza. Sobrevivió y ahora dedica su vida a apoyar a otras mujeres que, como ella, han vivido violencia doméstica.

Esta mujer sobreviviente, logró salir de su casa y buscar ayuda con sus vecinos, quienes al verla solicitaron apoyo al 911. Tras largas y dolorosas cirugías, además de terapias constantes, Pauletta salió adelante, no sin estragos como la pérdida de la audición en el oído derecho y constantes revisiones para evitar que alguno de los fragmentos de las balas le causen daños más graves. 

Antes de llegar a ese terrible día, Pauletta sufrió de otros tipos de violencia por parte de su esposo, situaciones que nunca se dieron durante su noviazgo. 

«Te preguntarás, ¿de dónde sacó esta pistola? Bueno, mi padre, que dos años antes tuvo un derrame cerebral y era un ávido entusiasta de las armas, le pidió que por favor se las llevara, que eran todas legales y estaban registradas, y las dejara en el departamento de policía. Ya no podía disparar. Resulta que mi marido nunca entregó esas armas. Me disparó con la pistola de mi padre» detalló Pauletta en una sesión con medios de comunicación realizada por Ethnic Media Services. 

El marido de Pauletta se suicidó el mismo día que cometió el asesinato. 

«Eso me alivió de tener que enfrentarme a él en el Tribunal, de largas batallas, el divorcio y otras situaciones difíciles. Sin embargo, una vez que me recuperé, quería hacer algo y quería marcar la diferencia. No quería que ninguna otra persona pasara por lo que yo pasé. Decidí que quería convertirme en defensora. Así que tomé el entrenamiento y comencé mi trabajo de abogacía», subrayó.

Sin embargo, muchas no corren con esa suerte.

¿Existe una relación entre las ventas de armas de fuego y la violencia doméstica? 

Ambas situaciones han aumentado en más de un 20 por ciento durante la pandemia por COVID-19. Los datos sugieren que hay una estrecha conexión pues 4.5 millones de mujeres han sido amenazadas con un arma por su pareja doméstica. Un millón de mujeres han recibido disparos y 600 han sido asesinadas. 

«El recrudecimiento de la violencia doméstica y el aumento de la venta y compra de armas contribuirá definitivamente al aumento de las muertes causadas por violencia doméstica», señaló Pauletta Pérez, quien, entre sus muchos puestos como activista, creó «Flutrr», una plataforma virtual donde víctimas y sobrevivientes  de maltrato  y de trata de personas pueden vender sus creaciones artísticas de manera segura.

De acuerdo con Tiffany Gardner, quien actualmente se desempeña como gerente estatal de Iniciativa contra la Violencia Comunitaria en la organización Giffords, señaló que situaciones como la de Pauletta son frecuentes pero prevenibles, por lo que es necesario tomar medidas enérgicas contra las actuales leyes de posesión de armas de fuego. 

¿Qué es la violencia doméstica? 

«La violencia doméstica es un patrón de comportamiento que busca demostrar poder en el control del otro, sin importar raza, nivel educativo, económico, y etnia», destacó Gardner. 

La experta subrayó que la combinación de la violencia de pareja y el acceso a las armas de fuego «es una combinación mortal y en especial pone a las mujeres en un riesgo tremendo». 

En ese sentido, explicó que en EE. UU., las mujeres tienen 21 veces más probabilidades de ser asesinadas con un arma que en otros países de altos ingresos, mientras que cada 14 horas una mujer es disparada bajo violencia doméstica.

«Hay más de un millón de mujeres vivas hoy en día que han sido disparadas o atacadas a tiros por un compañero íntimo».

Agregó que 4.5 millones de mujeres han denunciado que su pareja las ha amenazado con un arma. 

Si bien es cierto que existen hombres afectados por la misma situación, las estadísticas señalan que es en mucho menor proporción, pues 70 por ciento de las víctimas de homicidio por su pareja íntima son mujeres. El 98 por ciento de ellas son asesinadas por parejas masculinas.

Brechas y retos hacia un camino seguro

Tiffany Gardner precisó que en la persecución de casos de violencia doméstica hay una brecha: el seguimiento del enjuiciamiento. 

A escala nacional, destacó, la mayoría de los casos se manejan en el contexto de un contacto civil, pero hay una variedad de razones por las que los casos de violencia doméstica no van a la corte y algunas de ellas podrían incluir que la víctima no busque órdenes de protección, o decidan retirar o rechazar cualquier recurso legal.

A ello se suma que comprobar la violencia doméstica es difícil. «Tienen que demostrar que el delincuente y la víctima tenían una relación violenta definida por la ley. Y que la presunta víctima temía como mínimo un daño inminente por parte del presunto delincuente. Lo que significa que el daño sería inmediato y que el infractor podría realmente causar el daño». 

Entonces, a menudo «las mujeres y las víctimas eligen no llevar esto más lejos, hay muchas cosas que podrían estar involucradas en los casos judiciales».

En ese sentido, explicó que un delincuente o un abusador está continuamente acosando, amenazando o acechando a su víctima durante el proceso judicial con la finalidad de evitar que continúe con los trámites. Otra situación por la que atraviesan las víctimas es cuando la Fiscalía solicita pruebas para ventilar los casos, como fotos, videos y testimonios, lo  es difícil tenerlos.

Sin embargo, de darse el caso y si hay involucradas armas de fuego, los perpetradores pueden enfrentarse a múltiples cargos, aunque depende de cada estado y de sus leyes.

De acuerdo con la Oficina de Asistencia Judicial, se estima que entre el 90 y el 95 por ciento de los casos resultan en acuerdos de culpabilidad, e incluso no avanzan hacia una orden de restricción.

Laura Cutilletta, directora general de Giffords Law Center, refirió que para restringir el acceso a las armas de fuego para quienes han cometido violencia doméstica hay dos formas principales de hacerlo mediante la ley.

La primera, es la prohibición de comprar o poseer un arma. Si la persona ha sido condenada por un delito menor de violencia doméstica se le negará la venta y la posesión de acuerdo con la ley federal y la de numerosos estados.

Sin embargo, a nivel federal existen lagunas en la ley, pues los antecedentes solo son requeridos cuando se compra a un distribuidor con licencia o en una feria de armas, pero un particular que anuncia un arma en Internet no verifica los antecedentes, por lo que no se enteran que existe una prohibición por violencia doméstica. Además de que dicha ley solo se aplica a las parejas actuales o ex cónyuges.

La segunda, dijo, es la orden de restricción, la cual a menudo comienza con un procedimiento de emergencia en donde una víctima puede obtener una orden ex parte, lo que significa que al demandado no se le da aviso. 

«Las órdenes de restricción son muy efectivas. Los estados con estas leyes han visto una reducción del 13 por ciento en los homicidios de parejas íntimas que involucran armas de fuego», detalló.

Aunque cabe mencionar que las órdenes de protección han experimentado una reducción de 16 por ciento. «Tenemos montones de leyes en vigor en los 50 estados y a nivel federal, pero si no las implementamos, bueno, serán mucho menos eficaces para salvar vidas». 

En el caso de las mujeres inmigrantes, solicitar ayuda u órdenes de restricción es casi nulo, pues el miedo a ser deportadas debido a su estatus migratorio las frena. Sin embargo, estas mujeres pueden solicitar los recursos e incluso algunos otros que les permitirían obtener asilo en el país. 

Niños, los más vulnerables

Los niños son víctimas de la violencia doméstica y también pueden ser autores, refirió Cutilletta. «Sabemos que hasta 10 millones de niños y adolescentes son testigos de la violencia entre sus padres o cuidadores cada año, y pueden experimentar daños emocionales, mentales y sociales que afectan  su desarrollo».

Los niños varones que son testigos de la violencia doméstica parecen tener un mayor riesgo de usar la violencia cuando son mayores, «y sabemos que tener un arma en la casa cuando una familia está en crisis pone a  adultos y  niños en riesgo  incluyendo otras formas de violencia como el homicidio no intencional y suicidio».

De acuerdo con la experta, los niños y jóvenes también pueden ser autores de violencia doméstica. Ya que casi 1 de cada 11 mujeres y aproximadamente 1 de cada 14 estudiantes masculinos de secundaria, declaran haber sufrido violencia física en el noviazgo en el último año. 

Mientras que 26 por ciento de las mujeres víctimas de violencia sexual, violencia física o acoso por parte de una pareja íntima, experimentan por primera vez otras formas de violencia por parte de esa pareja antes de los 18 años. 

California y la violencia armada

Para Shikha Hamilton, directora nacional de promoción y movilización de «Brady: Unidos contra la violencia armada» y quien lleva desde el año 2000 luchando contra este fenómeno social, hay un vínculo indiscutible entre las armas de fuego y los resultados fatales en  situaciones de violencia doméstica: aumenta el riesgo de homicidio en un 500 por ciento. «Este es un tema apremiante en nuestro país».

Durante su activismo, Hamilton ha visto a las legislaturas estatales aprobar leyes increíblemente amplias y reflexivas que ayudarán a reducir la violencia con armas de fuego, sin centrarse ni aumentar la vigilancia en las comunidades vulnerables, que llevan la peor parte de esta crisis.

«Durante los años 80 y principios de los 90, la tasa de mortalidad por armas de fuego en California era sistemáticamente más alta que en el resto de EE. UU. El estado respondió promulgando las leyes de armas de fuego más fuertes del país y funcionó».

Así, la tasa de mortalidad por armas de fuego en California comenzó un fuerte descenso desde 1993 hasta 2019, pues esta disminuyó casi 59 por ciento, cuatro veces más que  en el resto de la nación en 2019. 

La activista destacó que California aprobó una ley de riesgo extremo tras el tiroteo masivo de 2014 en Isla Vista, un tiroteo perpetrado por un joven de 22 años con una mezcla de problemas de salud mental y otros, pero que había exhibido tendencias misóginas y acciones violentas hacia las mujeres en el pasado, entre otros crímenes violentos y mortales. 

«Aproximadamente el 54 por ciento de los tiroteos masivos están relacionados con la violencia doméstica o la violencia familiar. Sólo en 2019, se dio a conocer un informe de 700 órdenes de restricción de armas y violencia, emitidas en toda California. Esta ley está salvando vidas. Desafortunadamente, la acción sigue estancada en una ley similar a nivel federal. Es por eso que seguimos abogando por proyectos de ley integrales a nivel federal entre los que estaría una ley federal de riesgo extremo, pero también un proyecto de ley que amplíe y fortalezca nuestro sistema de verificación de antecedentes», destacó.

Explicó además que el sistema de verificación de antecedentes penales ha ayudado a detener casi 2 millones de ventas de armas de fuego a los compradores prohibidos. Sin embargo, muchas ventas, como las transferencias privadas entre individuos están exentas de una verificación de antecedentes, lo que significa que alguien puede comprar un arma de fuego. 

«Mientras que hemos hecho grandes avances con la legislación estatal, a nivel federal, para continuar la legislación, la influencia de la NRA ‒Asociación Nacional del Rifle‒ y la politización han detenido el cambio necesario. Y ese retraso está costando vidas».

 Se estima que los estadounidenses poseen 393 millones de armas y aproximadamente 4.6 millones de niños viven en hogares con un arma de fuego, que se almacena cargada y sin llave. 

El 75 por ciento de los tiroteos son facilitados porque los niños tienen acceso a las armas de fuego sin seguro en el hogar. En tanto, las muertes no intencionales por disparos de los niños manejando un arma de fuego se elevó a 31 por ciento durante el inicio de la pandemia por COVID-19. 

Un promedio de 100 personas mueren cada día por la violencia armada en este país. «Eso significa que cada día nos retrasamos en la aprobación de leyes necesarias. Nuestros compatriotas, incluidos los niños están muriendo».

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