Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P].

Por años, el Valle Central de California ha sido escenario de una gran cantidad de desalojos, pues la disparidad de salarios en comparación con otras áreas es amplia y, de marzo a la fecha, se han agregado diversas problemáticas derivadas al COVID-19, como es el caso de desempleo.

Ante ello, cerca de 300 mil personas podrían perder sus casas pronto; esto, de acuerdo con las reclamaciones iniciales por desempleo y la proporción de trabajadores en las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 que alquilan y viven en hogares donde no hay más fuentes de ingresos, señaló Janine Nkosi, asesora regional de la organización “Faith in the Valley”. 

«Si no tenemos una protección fuerte y robusta para que la gente pueda quedarse en sus casas, si no hay ayuda para las hipotecas y servicios, etcétera, estamos haciendo un estimado de que 100 mil viviendas en el valle central están siendo vulnerables al desalojo», destacó.

Durante el panel «Altas tasas de desalojo en California-Inquilinos del Valle Central apuestan por los derechos de vivienda», realizado por Ethnic Media Services, la también profesora de sociología en Merritt College destacó que el daño va más allá de sólo viviendas, pues estén en juego el futuro de familias.

«Seamos claros, estas son viviendas no son personas, no solamente es una persona, estamos hablando de familias, estamos hablando de que si son tres –personas– por familia, cerca de 300 mil personas en nuestra comunidad, de estos condados, están en posición vulnerable y están a riesgo de ser desalojados y que los echen de su casa», abundó.

Agregó que, en una reciente encuesta hecha por la organización sobre los impactos del COVID-19 en términos económicos y de vivienda, se detectó que 55 por ciento de los residentes que respondieron al sondeo no tenían claro cómo pagarían su alquiler.

La alta incidencia de desalojos en el Valle Central crece a medida que negocios y empresas cierran debido al número de casos positivos por COVID-19 y las muertes derivadas por complicaciones del la enfermedad; todo ello, hace cada vez más inalcanzable el acceder a una vivienda de precio razonable.

A lo anterior, la experta agregó que existe una gran disparidad en cuanto a representación legal para aquellos que deciden ir a la Corte por los desalojos injustificados, casos que, en cuestión de minutos, son decididos sin que se lleve a cabo una revisión exhaustiva.

«Durante tres meses, observamos y documentamos sistemáticamente cuál es el proceso que se atraviesa cuando el miembro de una familia va a la Corte. Literalmente, ocurre en minutos, es como si fuera un carrusel, las decisiones se toman en minutos, las personas está quedándose sin casa», explicó.

Nkosi refirió que, en 2019, un abogado estuvo a cargo de 643 casos por la parte demandante; mientras que, en el caso de los inquilinos, sólo seis de ellos contaban con un defensor.

«En todos los condados, el 73 por ciento de los dueños de propiedades tenían abogados; los inquilinos, menos del 1.0 por ciento. Esto es lo que sucede en todo el país: menos del 10 por ciento de los inquilinos tiene abogados», señaló.

Apuntó que, incluso en el caso de aquellos que cometen un ilícito menor, tienen el derecho a ser contar con representación legal; sin embargo, esto no pasa en el caso de aquellos que son desalojados. 

«Todos deberían tener derecho a un abogado; alguien que les pueda representar si se encuentran en cualquier tipo de corte. Las cortes deberían protegernos, al igual que las leyes, pero si la persona no tiene acceso a un abogado, entonces la ley, prácticamente, no sirve de nada», dijo.

Y es que, destacó, las protecciones de desalojo en California expiran el 31 de enero, por lo que una primera solución para los californianos sería detener los desalojos y todo juicio hipotecario por alquiler e hipoteca vencida durante y después del estado de emergencia sanitaria por COVID-19.

Asimismo, se detalló eliminar la deuda de los inquilinos afectados y proporcionar alivio hipotecario, o bien, la cancelación de sus deudas; compensar a pequeños propietarios y organizaciones sin fines de lucro que necesiten ayuda para mantener a los arrendatarios alojados.

Ante esa situación, detalló que es necesario que las políticas AB15 y AB16 se prueben en el Congreso para así ayudar a miles de familias cuya vida está por cambiar de manera drástica, sobre todo en una situación de salud tan difícil como la que se está viviendo debido a la pandemia por COVID-19.

La residente de Fresno y madre de seis, Jessica Ramírez, fue desalojada sin previo aviso: su contrato había vencido. No se le dio oportunidad de que pudiera renovarlo y simplemente fue lanzada con sus hijos, situación que la llevó a vivir en su auto por mucho tiempo, hasta que acudió a la organización Faith in the Valley.

Al dar su testimonio, destacó que es de suma importancia ayudar a todos aquellos que hoy se encuentran en una situación difícil para pagar una renta. «Abogo por la comunidad y pido ayuda porque yo sé que un desalojo puede cambiar la vida de ls personas. Esto me sucedió a mí, me valí de todos los recursos posibles, pero nadie me podía ayudar».

Destacó que el desalojo permanecerá en su registro por siete años, lo que le hará mucho más difícil la tarea de obtener un lugar en el que pueda vivir con sus hijos.

«Una madre o padre no debería tener que escoger entre vivienda o la salud de sus hijos. Estamos en una época de emergencia tenemos en la que tenemos que ayudarnos unos a otros. Muchas personas necesitaban asistencia antes de la contingencia por COVID-19 y ahora, con esta crisis, las personas necesitan de más apoyo. Muchas personas ha perdido sus trabajos, los precios de los productos siguen aumentando y no pueden ni comprar lo esencial o alimentos, ni siquiera pueden pagar sus facturas. Si alguien puede ayudar, ¿por qué no hacerlo?», declaró.

Para Claude Bailey, persona adulta mayor y residente de Stockton, las cosas no han sido sencillas. Vivió en un departamento por más de 20 años y siempre pagaba a tiempo, hasta que, de un momento a otro, le dijeron que debía llenar unos documentos para, posteriormente, decirle que no calificaba más para rentar dicha vivienda y le dieron un plazo muy corto para marcharse.

Tras su desalojo, Claude llegó a una vivienda donde se le trató muy mal y era constantemente vigilado, por lo que también decidió irse. Después de eso, vivió por 10 meses en su auto.

«Fue una pesadilla», dijo, pues cada vez que trataba de dormir, policías lo corrían de estacionamientos, maleantes que trataban de asustarlo, le robaron sus autopartes, e incluso perdió peso debido a que no había ni siquiera un baño al que pudiera ir, pues no se lo permitían o le intentaban cobrar por su uso.

«He visto personas… mujeres negras, blancas, mexicanas, durmiendo y cubriéndose con cartones. Son personas adultas mayores en la calle que han trabajado duro para criar a sus familias, que han construido este país, que han pagado sus impuestos y que ahora están en la calle», explicó.

Refirió ser un ciudadano ejemplar que pagaba sus impuestos, sin beber, fumar o drogarse, e incluso era miembro de una iglesia; sin embargo, dijo, «esto le puede pasar a cualquiera, no solamente a mí. La vida es un círculo; a veces, estás arriba y, al otro, estás en el suelo, sin nada. Sólo se puede entender cuando se ha vivido».

Cabe destacar que, hasta antes de la pandemia por COVID-19, el Valle Central Tenía se colocaba en segunda posición en crecimiento económico en el estado, pero también tenía la tasa de desempleo más alta, así como la segunda tasa más alta de familias múltiples en una vivienda, y la tercera tasa más baja de propiedad de viviendas. 

Así lo señaló el profesor asociado de Sociología en la Universidad de California, Merced, Edward Orozco Flores, quien añadió que, en el Valle Central, aproximadamente, uno de cada cuatro trabajadores ha perdido sus puestos, en tanto que casi la mitad de todos los hogares han tenido alguna pérdida de empleo o sus ingresos se han reducido.

En ese sentido, explicó que las personas gastan el 30 por ciento de sus ingresos en el alquiler; sin embargo, hay quienes pagan el 50 por ciento de lo que reciben, situación que, en la mayoría de los casos, hace insostenible la situación de vivienda en uno de los lugares más azotados por la pandemia de COVID-19 en California.

«En el Valle Central, los trabajadores y trabajadoras están a un nivel tan bajo de ingresos que se vuelve un problema, especialmente durante la pandemia porque las políticas federales que protegen a los dueños de las propiedades no están extendidas a los inquilinos. Tenemos que renovar esta política, de lo contrario, seremos testigos de desalojos masivos en los próximos meses», detalló.