California lidera una demanda conjunta con otros 21 estados para frenar la entrada en vigor de la norma sobre carga pública, una medida calificada por las autoridades estatales como una “una política cruel diseñada para forzar a las personas a que abandonen sus programas de asistencia de salud y alimentos”. Así lo denunció el fiscal general de California, Rob Bonta, durante una sesión informativa organizada por American Community Media (ACoM).
“Nuestros programas de beneficios públicos existen para garantizar que las familias coman de manera nutritiva y para que los niños reciban atención médica preventiva antes de que surja una emergencia”, afirmó Bonta, quien destacó que el Estado dispone de recursos y asistencia legal para proteger a los residentes frente a la desinformación y los fraudes.
La normativa de carga pública penaliza a los inmigrantes que solicitan la residencia legal permanente si han hecho uso de ciertas ayudas públicas. Sin embargo, Bonta subrayó un aspecto clave de su ilegalidad, “si un niño es hijo de inmigrantes, pero es ciudadano, los beneficios que ese niño recibe pueden ser usados en contra de sus padres, las familias de inmigrantes no pueden usar beneficios a los cuales sus hijos tienen totalmente derecho legal a usarlos, entonces hace que esta regla sea ilegal”.
“Ninguna familia ni ningún niño debería tener que elegir entre recibir asistencia básica y proteger a su familia o conseguir la green card. Seguiremos luchando por el derecho a la salud y el bienestar de todas las personas en California”, enfatizó el fiscal general.
Por su parte, Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CalHHS), mostró su preocupación por la baja voluntaria de miles de personas de programas a los que tienen derecho legal por temor o desinformación.
“Hemos detectado un descenso en las inscripciones a estos servicios, provocado tanto por la incertidumbre de la carga pública como por el impacto de otras políticas federales”, explicó Johnson.
La secretaria advirtió de que la reducción del acceso a la atención médica incrementará la morbilidad en las comunidades vulnerables y generará un impacto económico severo, dado que el 58% de los fondos sanitarios del Estado provienen de recursos federales. “Es una pérdida enorme. Por ello es fundamental que las familias busquen asesoría legal cualificada antes de darse de baja de cualquier servicio”, instó.
Johnson recordó que el Gobierno de California ha realizado inversiones significativas en asistencia jurídica gratuita y servicios comunitarios para orientar a la población inmigrante y evitar abusos o estafas por parte de falsos gestores.
Respecto al frente judicial, Bonta comentó que la Corte ha detenido las acciones ilegales de la Administración Trump, pero, “al presidente solo le gusta ejercitar poder que no le corresponde y ahí es donde podemos utilizar la ley para que no se conduzca de una manera ilegal”
En cuanto a la carga pública se mostró muy optimista, pues se está trabajando para detenerla, “creemos que vamos a vencer y cuando lo hagamos es importante compartir los resultados, las nuevas reglas para evitar la confusión”, concluyó el fiscal general.
Recursos de orientación e información legal
Para consultar guías oficiales, verificar la elegibilidad a servicios sociales o solicitar asesoría jurídica gratuita, las autoridades ponen a disposición los siguientes enlaces:
- Recursos para las comunidades inmigrantes: https://oag.ca.gov/immigrant
- Guía sobre la carga pública de CalHHS: https://www.chhs.ca.gov/public-charge/
- A través de este recurso se puede acceder a abogados especializados en inmigración
- Plataforma de servicios virtuales de salud conductual BrightLife Kids y Soluna, DHCS
- Orientación y políticas modelo para ayudar a los centros de salud de California a abordar cuestiones migratorias
- Recursos y consejos para evitar el fraude notarial
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