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El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió hoy a una coalición bipartidista de 39 fiscales generales que instan al Congreso a aprobar una legislación que responsabilice a los Administradores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) por sus prácticas injustas y engañosas que aumentan los costos de los medicamentos recetados.
Los PBM actúan como intermediarios entre farmacias, fabricantes de medicamentos, planes de seguro médico y consumidores. Ante ello, su posición les confiere un enorme impacto en el acceso de los consumidores a los medicamentos recetados.
“Millones de estadounidenses en todo este país no pueden permitirse medicamentos que salvan vidas debido a que los precios farmacéuticos están aumentando a un ritmo alarmante. Esto es simplemente abominable e inaceptable”, afirmó el fiscal general Bonta.
“Hoy, mis compañeros fiscales generales y yo hacemos un llamado al Congreso para que promulgue mejores leyes que brinden mayor transparencia y rendición de cuentas, algo muy necesario dentro de la industria de PBM. Debemos poner fin a estas tácticas de fijación de precios deliberadas, injustas y engañosas que permiten a las PBM llenar sus propios bolsillos a expensas de los consumidores. El momento de actuar es ahora”, agregó.
En la carta firmada por los 39 fiscales, la coalición pide al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, que insten al Congreso a implementar reformas y regular las prácticas comerciales de PBM.
De igual manera, señalaron tres piezas de legislación federal pendiente que incluyen propuestas que transmitirían pasos importantes para reformar la industria y combatir los altos costos de atención médica: la Ley de DROGAS (S1542/HR6283), la Ley de Protección a los Pacientes Contra los Abusos de PBM (HR2880) y la Ley de Protección de Pacientes contra los Abusos de PBM (HR2880).
Así, el fiscal general Bonta se unió a los fiscales generales de Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Islas Vírgenes, Virginia, Wisconsin y Wyoming.
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