Noelia Corzo asumió este martes la presidencia de la Junta de Supervisores del condado de San Mateo. Foto: Condado de San Mateo
Noelia Corzo, hija de inmigrantes guatemaltecos y ex trabajadora social, asumió este martes la presidencia de la Junta de Supervisores del the San Mateo County Board of Supervisors, convirtiéndose en la primera persona indígena y latina en ocupar ese cargo.
Corzo, de 35 años, tomó protesta poco antes de las 10:00 horas de este martes, acompañada por su madre, Aura Solórzano; su padre, Hugo Corzo; su pareja, Justin Terry, veterano del Cuerpo de Marines, quien le tomó el juramento; y su hijo de 14 años, Mikey Alvarado-Corzo.
Minutos después, ofreció su primer mensaje como presidenta de un órgano electo que supervisa un presupuesto anual de 5.5 mil millones de dólares, con impacto en comunidades que van de Daly City a East Palo Alto y de la costa del Pacífico a la bahía de San Francisco.
“Personalmente me niego a aceptar que sea normal y aceptable que las familias trabajadoras paguen más del 30 por ciento de sus ingresos solo para tener un techo sobre sus cabezas”, afirmó Corzo ante una audiencia que llenó la sala de sesiones y siguió la ceremonia vía Zoom.
También señaló que “no debería ser normal que las familias tengan que pagar cantidades exorbitantes para mantener llenos sus refrigeradores o para garantizar el cuidado de sus hijos mientras trabajan”, y subrayó que esa realidad “no debería ser la norma en Estados Unidos, ni en California, ni en el condado de San Mateo”.
La trayectoria de Corzo ha trascendido el ámbito local pues en 2018, fue incluida por Time en su portada junto con otras mujeres, como símbolo de una nueva generación de liderazgos locales impulsados por la experiencia directa de las problemáticas comunitarias.
Durante su mensaje, Corzo planteó que su presidencia estará guiada por el concepto de prosperidad compartida, al señalar que el crecimiento económico del condado debe traducirse en estabilidad tangible para familias trabajadoras, personas arrendatarias y pequeños negocios, tanto en todo el condado como en su Distrito 2, que incluye San Mateo, Foster City y partes de Belmont.
Entre sus prioridades mencionó el fortalecimiento de la representación comunitaria, la creación de una comisión de derechos humanos y la convocatoria de un encuentro con integrantes de la comunidad LGBTQIA+.
Asimismo, anunció que impulsará gestiones ante el estado para recuperar cerca de 38 millones de dólares que, dijo, corresponden legalmente a agencias locales y cuyo adeudo se incrementa año con año.
La supervisora Lisa Gauthier presentó la moción para nombrar a Corzo como presidenta y al supervisor Ray Mueller como vicepresidente, la cual fue secundada por la supervisora Jackie Speier.
La elección de Corzo fue posible tras un cambio de política aprobado por unanimidad en diciembre de 2023, que sustituyó el sistema informal basado en antigüedad por una rotación por distritos, con el objetivo de garantizar que cada distrito tenga oportunidad regular de encabezar la Junta.
Mueller, quien representa al Distrito 3, que abarca gran parte de la zona costera y comunidades como Atherton, Woodside y Portola Valley, señaló que sus prioridades incluyen la resiliencia comunitaria, la vivienda asequible, la preparación ante emergencias y la seguridad pública. “La economía está presionando a la clase media y trabajadora, a personas mayores y jóvenes adultos, a inquilinos y propietarios por igual”, afirmó.
Durante la sesión, Corzo entregó un reconocimiento al presidente saliente de la Junta, David Canepa, quien destacó la solidez financiera del condado y expresó su confianza en que el liderazgo de Corzo fortalecerá el compromiso con los servicios esenciales y la planeación responsable.
Tras la ceremonia, Corzo destacó sus raíces latinas, guatemaltecas y mayas. Representantes de la Iniciativa de Pueblos Nativos e Indígenas realizaron una ceremonia de limpieza, y posteriormente se ofreció una recepción comunitaria con alimentos tradicionales, entre ellos arroz con leche, tortillas, plátanos y frijoles negros.
“Estoy profundamente comprometida a servir a cada uno de nuestros vecinos, compartan o no mis creencias, se parezcan o no a mí, hablen o no los mismos idiomas”, afirmó Corzo. “No tengo todas las respuestas, pero sí creo que existen en nuestra comunidad”.
Los legisladores planean presentar un nuevo proyecto de ley para exigir el jardín de infantes en California.
By Carolyn Jones. CalMatters. Peninsula 360 Press.
En los últimos años, California se ha centrado en el ABC, el 1-2-3 y las ruedas del autobús, invirtiendo más de 5 mil millones de dólares en educación de la primera infancia.
Pero el kínder, un elemento básico de las escuelas primarias durante más de un siglo, sigue siendo opcional. A pesar de casi media docena de intentos legislativos para exigirlo, California es uno de los 32 estados que no exige que todos los niños de 5 años asistan a la escuela.
Eso podría cambiar el próximo año. Los legisladores planean presentar un nuevo proyecto de ley para exigir la educación preescolar y confían en que tendrá mejor suerte que sus predecesores, que fracasaron en comisión o fueron vetados, en gran medida debido a su costo.
“Los niños necesitan estar rodeados de otros niños, necesitan aprender. Es importante”, dijo Patricia Lozano, directora ejecutiva de Early Edge California, organización que aboga por la educación infantil temprana. “No veo por qué California no puede lograrlo”.
Los datos, según los defensores, son contundentes. Los niños que asisten al kínder obtienen mejores resultados en matemáticas y lectura a partir del tercer grado, y mayores tasas de graduación de la preparatoria. También tienen menos probabilidades de ser suspendidos o abandonar la escuela más adelante.
¿Por qué algunos padres optan por no participar?
Si bien California exige que todos los distritos escolares ofrezcan kínder, no obliga a las familias a matricular a sus hijos. La mayoría lo hace, pero aproximadamente un 5% al año opta por no matricularlos. Las razones varían: algunas familias creen que sus hijos no están preparados para los rigores de la escuela, mientras que otras están satisfechas con la situación actual de sus hijos, ya sea preescolar, guardería o quedarse en casa con la familia.
Las familias latinas son las menos propensas a enviar a sus hijos al kínder, según los datos. Lozano explicó que esto se debe a diversas razones: o bien no lo saben debido a la barrera del idioma; tienen miedo de inscribir a sus hijos en la escuela debido a preocupaciones migratorias; los padres se esfuerzan tanto que no han recibido las notificaciones del distrito escolar; o bien, una combinación de las tres. En cualquier caso, las escuelas necesitan mejorar su acercamiento a esa comunidad, afirmó.
Cecelia Kiss, maestra bilingüe de kínder del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, comentó que recientemente tuvo una alumna cuya madre fue deportada, y la niña no pudo asistir a la escuela porque no había nadie disponible para llevarla. Aunque le encantaba la escuela y la familia valoraba mucho la educación, era logísticamente imposible llevarla a la escuela. La escuela y la familia tardaron varias semanas en organizar el transporte.
“Para los latinos, la educación es fundamental. Queremos darles a nuestros hijos lo mejor posible”, dijo Kiss, quien también es madre de un niño de kínder. “Pero a veces no podemos con todo. Confiamos en maestros amables que cuiden a nuestros hijos, los ayuden a aprender y los preparen para el primer grado”.
La senadora estatal Susan Rubio afirmó que el hecho de que el kínder no sea obligatorio desalienta a las familias ya desfavorecidas a matricular a sus hijos. En su experiencia, las familias latinas tienen un gran respeto por el sistema escolar público, y si este les dice que el kínder es opcional y, por lo tanto, no es una prioridad, “lo escuchan”.
Por eso ha propuesto dos proyectos de ley anteriores para hacer obligatorio el kínder. El estado debe transmitir a las familias un mensaje claro: la educación en la primera infancia es esencial para el éxito escolar y personal de los estudiantes, afirmó.
El estado ya ha implementado el kínder de transición para todos los niños de 4 años, ha ampliado la educación preescolar financiada por el estado y ha añadido más plazas a su programa de guarderías subvencionadas. El siguiente paso debería ser reforzar el kínder, añadió.
El Superintendente Estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, coincide. Este mes, declaró que la obligatoriedad del kínder es una prioridad legislativa para 2026 y se comprometió a apoyar cualquier proyecto de ley que lo aborde. Varios legisladores afirmaron que considerarían patrocinar uno.
‘No es una necesidad urgente’
Los dos proyectos de ley anteriores de Rubio sobre el jardín de infancia fracasaron: uno en el Comité de Asignaciones del Senado y otro cuando el gobernador Gavin Newsom lo vetó. En su nota de veto, afirmó que apoya la educación temprana en general, pero que el estado no había presupuestado el costo, estimado en 268 millones de dólares anuales.
“Si bien la intención del autor es loable… es importante mantener la disciplina en lo que respecta al gasto, particularmente el gasto continuo”, escribió Newsom.
Numerosos grupos apoyaron los proyectos de ley, incluyendo la Asociación de Maestros de California (el sindicato de maestros más grande del estado) y varios distritos escolares. Sin embargo, tuvo algunos oponentes, en particular la Asociación de Educación en el Hogar de California. La oposición del grupo no se basó en las ventajas del kínder en sí, sino en la capacidad del estado para despojar de derechos a los padres.
“La mayoría de los niños ya van al kínder. Pero algunos padres tienen buenas razones para dejar a sus hijos en casa”, dijo Jamie Heston, miembro de la junta directiva del grupo. “Los padres quieren tener la opción de decidir qué es lo mejor para sus hijos”.
La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis no se ha pronunciado al respecto, pero en general se opone a las nuevas iniciativas que cuestan dinero, como la educación preescolar obligatoria. Es improbable que esta postura cambie si resurge un proyecto de ley sobre educación preescolar, declaró esta semana la vicepresidenta del grupo, Susan Shelley.
“Desde una perspectiva presupuestaria, este año hay mucha presión para mantener el gasto bajo control”, dijo Shelley. “Este no sería un gasto único, sino continuo. Y no hay una necesidad urgente de ampliar el jardín de infancia, en comparación con otras necesidades más apremiantes que enfrenta el estado en este momento”.
Bruce Fuller, profesor de educación en la Universidad de California en Berkeley y especialista en educación infantil temprana, afirmó que la Legislatura debería centrarse en las necesidades más urgentes de los menores de 6 años. Entre ellas, se incluye cómo la implementación del kínder de transición ha provocado el cierre de muchos centros preescolares, dejando a muchos niños de 3 años sin hogar.
Además, Head Start enfrenta dificultades financieras y otros obstáculos impuestos por la administración Trump, incluyendo intentos de excluir a familias no ciudadanas. Y aunque California ha ampliado el acceso a la educación preescolar financiada por el estado, no hay suficientes familias que sepan que son elegibles.
“No muchas familias optan por no asistir al kínder, así que no es una gran necesidad”, dijo Fuller. “Hay preocupaciones más inmediatas”.
Brechas de aprendizaje entre los estudiantes
Aun así, Rubio confía en que un proyecto de ley sobre jardín de infantes tiene buenas posibilidades de aprobarse este año, en gran parte porque la Legislatura ha experimentado una rotación significativa desde la última vez que votó sobre un proyecto de ley sobre jardín de infantes en 2024. Veintisiete nuevos senadores y miembros de la Asamblea fueron elegidos el otoño pasado.
Para Rubio, cuyos padres emigraron de México, el asunto es personal. Aunque a ella le fue bien en la escuela, a su hermano gemelo no. A temprana edad, lo asignaron erróneamente a educación especial, se retrasó y tuvo dificultades durante toda su etapa escolar, hasta que finalmente abandonó la escuela. Rubio cree que le habría ido mejor si hubiera recibido una educación infantil de alta calidad.
También es maestra de primaria y ha visto la brecha entre los estudiantes que han asistido a preescolar, kínder tradicional y jardín de infancia, y aquellos que nunca se matricularon en la escuela hasta primer grado. Los niños que han asistido a jardín de infancia saben sostener un lápiz, escribir sus nombres, contar hasta 20, tomar turnos y quizás incluso leer o hacer cálculos matemáticos básicos, comentó. Los que no han asistido se quedan muy atrás de sus compañeros y algunos nunca se ponen al día, añadió.
“Tengo recuerdos muy vívidos de mis alumnos rompiendo a llorar al final del año porque no pudieron hacer un examen. No sabían las respuestas, y es muy doloroso verlo”, dijo Rubio, quien se encuentra de baja de su trabajo como maestra en el Distrito Escolar Unificado de Monrovia, en el condado de Los Ángeles. “Es duro para ellos y para los maestros, porque esos niños necesitan mucha ayuda adicional”.
Lozano dijo que cree que el proyecto de ley se aprobará con el tiempo. La iniciativa costaría dinero, pero el estado ahorraría dinero a largo plazo si más estudiantes tuvieran éxito en la escuela y se graduaran.
“Nos llevó 20 años conseguir el TK. Se necesita tiempo para cambiar de opinión y de políticas”, dijo Lozano. “El kínder ofrece muchísimos beneficios, especialmente para los niños que más lo necesitan. Creemos que los beneficios superan los costos”.
El gobernador de California, Gavin Newsom, condenó los cambios al programa federal de vacunación infantil impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
The governor of California, Gavin Newsom, condenó los cambios al programa federal de vacunación infantil impulsados por la administración del presidente Donald Trump, al advertir que dichas modificaciones “ponen en peligro la vida de bebés, niños y sus cuidadores”.
“Esta imprudente acción de la administración Trump no tiene nada que ver con la ciencia ni con la decisión informada; se trata de apaciguar una agenda antivacunas desacreditada impulsada por Robert F. Kennedy Jr. y sus aliados”, afirmó Newsom en una declaración emitida desde Sacramento.
El gobernador añadió que “socavar el calendario de vacunación infantil anterior de los Centers for Disease Control and Prevention contradice décadas de experiencia médica y prioriza la ideología sobre la evidencia”.
Newsom subrayó que “condena enérgicamente esta decisión que pone a bebés y niños en un riesgo real”, en referencia a la degradación de recomendaciones federales sobre inmunización infantil.
Frente a lo que calificó como un retroceso del liderazgo federal en salud pública, el gobernador destacó que California ha intervenido para mantener decisiones basadas en la ciencia.
Al mismo tiempo, recordó que el mes pasado el estado lanzó el Intercambio de Innovación de la Red de Salud Pública (PHNIX), una iniciativa destinada a modernizar la infraestructura de salud pública y preservar la confianza en la toma de decisiones científicas, con la participación de exdirectivos y especialistas nacionales en salud pública.
De igual manera, señaló que en octubre California se unió a otros 14 estados para lanzar la Alianza de Salud Pública de Gobernadores, un esfuerzo no partidista orientado a coordinar el liderazgo en salud pública, fortalecer la preparación ante emergencias, mejorar la comunicación y compartir datos y experiencia entre estados.
El gobernador también detalló que California forma parte, junto con Oregón, Hawái y Washington, de la Alianza de Salud de la Costa Oeste, mediante la cual los estados han coordinado directrices sanitarias al alinear recomendaciones de vacunación basadas en organizaciones médicas nacionales independientes, con el objetivo de ofrecer lineamientos consistentes y con base científica.
En ese contexto, Newsom subrayó que en septiembre firmó la ley AB 144, que autoriza a California a basar sus directrices de vacunación en organizaciones médicas independientes y creíbles, en lugar del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC.
Ese mismo mes, la Alianza de Salud de la Costa Oeste anunció recomendaciones coordinadas de vacunación contra virus invernales, incluidas las vacunas contra la COVID-19, la influenza y el VRS para la temporada 2025–2026.
La Catalino Tapia Scholarship Foundation ha otorgado cientos de becas a estudiantes de primera generación y bajos ingresos.
Cuando el mexicano Catalino Tapia llegó a Estados Unidos con 20 años y apenas seis dólares en el bolsillo, no imaginó que años más tarde cambiaría la vida de 433 familias en el Área de la Bahía.
Con trabajo y perseverancia, construyó un negocio de jardinería en Silicon Valley que le permitió enviar a su hijo a la Universidad de California en Berkeley, suceso que le cambió la vida ya que tras asistir a su graduación como abogado de su hijo evidenció que eran muy pocos los latinos y las personas de color que podían acceder a estudios superiores.
Lo que hizo que su propósito de vida diera un vuelco total, se propuso cambiar esa realidad, y producto de su ingenio nació la Catalino Tapia Scholarship Foundation, que desde entonces ha otorgado cientos de becas a estudiantes de primera generación y bajos ingresos.
Hasta la fecha, la fundación ha entregado 492 becas a 433 estudiantes, sin limitar el número de apoyos que cada uno pueda recibir. De ellas, 62 han sido destinadas a jóvenes del condado de Santa Clara. Si bien el apoyo financiero es crucial para aliviar el estrés económico, la Catalino Tapia Scholarship Foundation marca la diferencia al ofrecer mentorías y talleres familiares que abordan las barreras invisibles que dificultan el éxito académico.
La Catalino Tapia Scholarship Foundation marca la diferencia al ofrecer mentorías y talleres familiares que abordan las barreras invisibles que dificultan el éxito académico.
“Cuando los padres participan activamente aprendiendo cómo apoyar a sus hijos en el complejo proceso de la educación superior, el acompañamiento es integral”, señaló Yaneth Gutiérrez, directora del programa a Península 360 Press, al tiempo que enfatizó que la integración de los talleres para padres fortalece la autoestima de los estudiantes, sus hábitos de estudio y la comprensión del sistema educativo.
Actualmente, dijo, jóvenes que nunca imaginaron poder ingresar a la universidad están cerca de graduarse y convertirse en la primera generación de sus familias en alcanzar ese logro.
Y es que, muchos de estos beneficiarios provienen del sistema de cuidado (foster care), para quienes la fundación ha sido un pilar fundamental en su desarrollo profesional y un sostén emocional, ya que siempre encuentran a alguien dispuesto a escuchar y guiar sin juzgar, subrayó Yaneth Gutiérrez.
Para Don Catalino, cada estudiante y familia es especial. Quizá por eso esta sea la única fundación que llama personalmente a cada uno de sus becados para darles la noticia; llamada que convierte el proceso en algo mucho más cercano que un simple correo electrónico o carta de aprobación, y ofrece el privilegio de escuchar en directo la reacción de los estudiantes y sus familias.
Sin embargo, hoy enfrentan el impacto de las políticas federales migratorias actuales, que generan un clima de miedo y ansiedad constante para los estudiantes y familiares, haciendo que el temor a la deportación o la separación familiar impacte directamente en el rendimiento académico.
Para Yaneth Gutiérrez, la barrera más profunda que enfrentan estos estudiantes, no es solo la falta de programas esenciales, sino la dificultad para volver a creer en la bondad humana, la empatía y el amor por el prójimo.
“Esta desconfianza lleva a estudiantes y familias a dudar en buscar ayuda o inscribirse en programas por miedo a represalias o al fracaso del sistema. El desafío principal, entonces, no es solo la falta de dinero, sino la necesidad de restablecer la fe. Esto no es únicamente un ‘problema latino o de bajos ingresos’, sino una crisis de valores que afecta el potencial de toda la sociedad”, subrayó.
Ante ello, la fundación hizo un llamado a las autoridades gubernamentales y subraya que invertir en educación no puede limitarse a cubrir matrículas. En ese sentido, destaca, que es indispensable garantizar salud accesible, vivienda digna y estabilidad económica para las familias, solo así los jóvenes podrán concentrarse en su potencial académico y convertirse en líderes capaces de transformar la nación.
La fundación convocó a la comunidad latina a tomar acción colectiva mediante el apoyo financiero, a través de donaciones, pues es indispensable para que más jóvenes puedan acceder a las becas.
Finalmente, la fundación convocó a la comunidad latina a tomar acción colectiva mediante el apoyo financiero, a través de donaciones, pues es indispensable para que más jóvenes puedan acceder a las becas. Sin embargo, la inversión va más allá del dinero: se insta a los profesionales latinos a ofrecer su mentoría, abrir sus redes de contacto y compartir su experiencia.
Latino Family Fund (LFF) se ha convertido en mucho más que una organización filantrópica: es una plataforma de liderazgo comunitario que demuestra que la comunidad latina no solo resiste, sino que construye.
A pocos kilómetros del corazón tecnológico de Silicon Valley, Gilroy cuenta otra historia, actualmente enfrenta inseguridad alimentaria, salarios bajos, acceso limitado a oportunidades educativas y un miedo constante a la deportación que atraviesa la vida cotidiana de muchas familias.
Gilroy es una ciudad agrícola de cerca de 60 mil habitantes, donde casi el 60 por ciento de la población es latina y donde el trabajo duro ha sido, por décadas, el principal motor de supervivencia.
En ese escenario de abandono histórico, Latino Family Fund (LFF) se ha convertido en mucho más que una organización filantrópica: es una plataforma de liderazgo comunitario que demuestra que la comunidad latina no solo resiste, sino que construye.
Fundada en 2006 por diez familias latinas decididas a organizarse, Latino Family Fund nació con una premisa clara: canalizar los recursos de la propia comunidad hacia su desarrollo. Con el respaldo de la Fundación Hispana de Silicon Valley y la Fundación Comunitaria de Silicon Valley, LFF logró tender un puente entre la filantropía formal y las necesidades reales del sur del condado de Santa Clara.
La misión de la fundación es “Abogar por, asociarse con y fortalecer a comunidades históricamente marginadas, especialmente latinas, y crear las condiciones para que todas las personas puedan prosperar”. enfatizó la directora ejecutiva, Renne García.
En el 2024 la fundación asistió a más de 800 personas a través de subsidios comunitarios, el Programa de Becas y Liderazgo, y el programa Youth in Philanthropy (YIP).
En el 2024 la fundación asistió a más de 800 personas a través de subsidios comunitarios, el Programa de Becas y Liderazgo, y el programa Youth in Philanthropy (YIP), además en el 2025 incluyeron un programa de liderazgo para padres con el cual se espera que la cifra de personas atendidas aumente.
El impacto de LFF se refleja en los jóvenes que han completado el programa YIP, mostrando un crecimiento significativo en compromiso comunitario, liderazgo y aspiraciones profesionales.
El impacto de LFF se refleja en los jóvenes que han completado el programa YIP, mostrando un crecimiento significativo en compromiso comunitario, liderazgo y aspiraciones profesionales.
Una de las beneficiarias del programa compartió que su experiencia la inspiró a seguir una carrera en medicina; hoy estudia para convertirse en médico. Otra ex participante y becaria asiste a UC Berkeley, especializándose en Economía Política. La voz de estas dos mujeres se alza para decirle a su comunidad que los sueños se pueden cumplir.
Además de su programa líder de filantropía, Latino Family Fund ofrece subsidios comunitarios mediante micro-subvenciones que sostienen programas locales de salud, educación y estabilidad económica. Sin embargo, enfrentan los retos del cambio en la actual Administración Trump.
Según Renne García, la educación ocupa los últimos lugares en la prioridad de financiamiento: “Hemos visto recortes dramáticos en los fondos. Debido a las necesidades básicas de vivienda y alimentos, la educación y el liderazgo han quedado relegados para nuestros gobiernos locales y federales. Hemos tenido que depender de nuestros donantes y recaudar fondos para mantener nuestros programas”.
Y es que, dijo, “encontrar financiamiento sin restricciones es casi imposible. Mantener las operaciones y el personal ahora está más en riesgo que nunca; dependemos en gran medida de los voluntarios y probablemente necesitaremos aumentar su número”.
A las dificultades económicas se suma el miedo que vive la comunidad latina. Según la directora ejecutiva, quien detalló que las amenazas han afectado significativamente a las familias locales.
“Gilroy es una ciudad rural pequeña que tiene menos protecciones y recursos, dejando un entorno ya frágil aún más vulnerable. Muchas familias se han aislado por temor a la deportación, han experimentado conflictos crecientes con vecinos y familiares extendidos, y enfrentan un aumento del estrés económico. La inflación creciente ha intensificado estos desafíos, contribuyendo a niveles de inseguridad alimentaria sin precedentes en la comunidad”, explicó.
Latino Family Fund ofrece subsidios comunitarios mediante micro-subvenciones que sostienen programas locales de salud, educación y estabilidad económica.
Bajo estas circunstancias, Latino Family Fund hace un llamado cordial al gobierno federal para diseñar políticas que promuevan la equidad, garanticen acceso a educación de calidad, fortalezcan las protecciones para familias inmigrantes y amplíen las oportunidades económicas. A la comunidad latina, la invita a participar, confiar en sus capacidades y convertirse en protagonista de su propio futuro.
Gobiernos de México y de diversos países de América Latina condenaron el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.
Gobiernos de México y de diversos países de América Latina condenaron el ataque militar de Estados Unidos contra territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario estadounidense Donald J. Trump anunciara públicamente la operación.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
En respuesta, el Gobierno de México informó que condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que dichas acciones constituyen una clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Mediante un comunicado, México hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.
El Gobierno mexicano subrayó que América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que advirtió que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.
Asimismo, reiteró enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirmó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.
México también instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.
En el mismo posicionamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria, y recomendó a dichas personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas y comunicarse a los canales de emergencia disponibles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reforzó esta postura al citar textualmente el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
En la región, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable”, al considerar que estos actos representan “una grave afrenta a la soberanía de Venezuela” y un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”, y posteriormente el Gobierno colombiano rechazó cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil, además de anunciar medidas preventivas para proteger a la población y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela denunció una gravísima agresión militar contra su territorio y su población, declaró el estado de Conmoción Exterior en todo el país y anunció la activación de planes de defensa nacional, así como la presentación de denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
En Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, y afirmó que enfrentarán la justicia estadounidense.
A estos posicionamientos regionales se sumó el del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien informó que su administración realiza un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela y llamó a la desescalada y a la responsabilidad, reiterando la necesidad de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Ministerio de Exteriores español señaló que su embajada y consulados en Caracas permanecen operativos.
The Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, conocido por sus iniciales en inglés como CLAS, tiene su germen en el programa de Estudios Hispanoamericanos que fundó un grupo de profesores en 1940. Luego, Stanford estableció en 1965 el CLAS en la llamada Casa Bolívar –dentro del campus– como el centro de investigación interdisciplinario sobre la región.
El documento de fundación del Centro cita como objetivo “promover el bien público ejercitando una influencia [positiva] a favor de la humanidad y de la civilización”. Y dice la página de internet de CLAS que buscan “acrecentar el conocimiento académico para aplicarlo a la promoción de la justicia social, económica y medioambiental, y en pro de la inclusión y la democracia en América Latina”.
CLAS celebró 60 años de existencia en diciembre, con un día entero de conferencias y una recepción para la comunidad universitaria e invitados que tuvo lugar en el edificio del Centro de Humanidades de Stanford.
Héctor Hoyos, profesor colombiano de Literatura en la Universidad, es el actual director y explicó a P360Press que la misión de CLAS es asegurar que se desarrollen conversaciones y se intercambien experiencias entre los latinoamericanistas de diferentes disciplinas que trabajan en las escuelas de Stanford: derecho, ciencia política, medio ambiente, entre otras.
Se promueve así una aproximación multidisciplinaria al análisis de la región, en la que se involucra a estudiantes de pregrado y doctorales aparte de profesores, especialistas e investigadores de la casa.
CLAS ofrece una especialización secundaria y opcional (minor) en Estudios Latinoamericanos, “y además una Maestría [Master of Arts] con unos quince asistentes al año. De paso, por este medio queremos invitar a jóvenes investigadoras e investigadores a que postulen”, dijo el profesor Hoyos.
Entre los paneles que se ofrecieron el pasado 5 de diciembre durante la celebración de los 60 años del CLAS, estuvieron “Tendencias actuales de la investigación histórica en Latinoamérica” y “Enfoques ecológicos, antropológicos y de genética poblacional en el estudio de la diversidad biocultural de América Latina”, a cargo de profesores de la universidad y de investigadores invitados.
El mexicano Alberto Díaz-Cayeros, ex director de CLAS y profesor de Stanford, dijo a P360Press que después de 60 años, el Centro sigue mostrando “el vigor, la fortaleza de los estudios sobre América Latina desde perspectivas multidisciplinarias, abiertas a aprender [del subcontinente], de los latinoamericanos que están creando y produciento entendimientos del mundo que nos rodea y nuevas formas de crear política, economía, sociedad, comunidad y arte”.
Por su parte, la estadounidense Terry Karl –la única mujer en dirigir CLAS, hasta ahora– expresó que este tipo de centros universitarios que estudian regiones del mundo tienen siempre la tarea de mejorar, “pero no tanto”, sugiriendo que América Latina ofrece lecciones para que Estados Unidos las aprenda y ponga en práctica.
“Los que hemos estudiado a Latinoamérica entendemos bien lo que está pasando en nuestro país en este momento. El playbook o manual no difiere mucho de lo que sucedió [en décadas pasadas] en el sur del subcontinente, o en Centroamérica”, concluyó Karl, que también es profesora de Stanford.
El condado de San Mateo cierra 2025 como un año de transición marcado por cambios en el liderazgo político, avances en vivienda y personas sin hogar.
The the San Mateo County Board of Supervisors concluyó 2025 como un año de transición marcado por cambios en el liderazgo político, avances en vivienda y personas sin hogar, y una agenda reforzada en seguridad pública, preparación ante desastres y protección de poblaciones vulnerables, de acuerdo con un balance anual elaborado por autoridades locales.
Durante el año, la Junta de Supervisores renovó su composición y centró su trabajo en ampliar las opciones de vivienda asequible, reducir la falta de vivienda y fortalecer la preparación del condado ante eventos de gran escala previstos para 2026 en el Área de la Bahía.
Uno de los principales ejes fue el impulso a las artes y la cultura, con exposiciones y eventos públicos organizados por la Oficina de Arte y Cultura del Condado, entre ellos el Festival de Arte y Cultura de San Mateo y la exposición Women’s View, que reunió a más de 60 artistas y atrajo a miles de visitantes al centro del condado.
En paralelo, las autoridades intensificaron los esfuerzos para prevenir la trata de personas, ante la expectativa de grandes eventos internacionales como el Super Bowl y la Copa Mundial. Las acciones incluyeron coordinación interinstitucional y campañas de concientización con organizaciones comunitarias.
La inversión en parques y espacios públicos también avanzó en 2025, con nuevas áreas recreativas, canchas de pickleball y proyectos en playas y parques costeros. Además, el condado amplió las actividades al aire libre y reforzó la reducción de riesgos de incendios forestales en zonas de alta vulnerabilidad.
En materia social, San Mateo fortaleció la protección de residentes inmigrantes y trabajadores mediante talleres de “Conoce tus derechos” y la creación de una Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento para investigar casos de robo de salarios. A ello se sumaron medidas para atender el aumento en el costo de vida, como la ampliación del apoyo alimentario de emergencia y el lanzamiento de la plataforma “Find Food Now”.
El año también estuvo marcado por nuevos nombramientos en áreas clave, incluida la Oficina del Ejecutivo del Condado, el Departamento de Salud y el Departamento de Sostenibilidad, con el objetivo de reforzar la estrategia de salud pública y las políticas de acción climática.
En el ámbito político, el condado dio la bienvenida a dos nuevas integrantes de la Junta de Supervisores: Lisa Gauthier, por el Distrito 4, y Jackie Speier, por el Distrito 1, quienes se sumaron al presidente David Canepa y a los supervisores Noelia Corzo y Ray Mueller.
La preparación ante desastres cobró especial relevancia, con jornadas informativas, mejoras en los sistemas de alerta y apoyo a otras regiones, incluido el envío de bomberos del condado al sur de California durante emergencias.
En materia de vivienda, se registraron avances con nuevos desarrollos asequibles en Daly City, San Mateo y North Fair Oaks, así como proyectos dirigidos a familias de trabajadores agrícolas. Paralelamente, se reforzaron las labores de atención y vinculación de personas sin hogar con servicios sociales.
Finalmente, en noviembre, la Junta de Supervisores nombró a Ken Binder como nuevo sheriff del condado, tras un proceso público de selección. Binder asumió el cargo con el objetivo de fortalecer la confianza comunitaria y la seguridad pública.
El balance anual refleja un 2025 de ajustes y reconfiguración institucional en el condado de San Mateo, con una agenda orientada a enfrentar presiones sociales y económicas, al tiempo que el condado se prepara para los retos de 2026.
El año cierra con una herida abierta para millones de mexicanos en Estados Unidos. No es nueva, pero volvió a sangrar con fuerza. El endurecimiento del discurso y de las políticas anti inmigratorias asociadas a Donald Trump reactivó un sentimiento conocido: el miedo. Miedo a salir de casa, a manejar, a ir al trabajo, a que una puerta toque de madrugada y lo que se construyó durante años se derrumbe en minutos.
Trump nunca ocultó su postura. “They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists” (Traen drogas. Traen crimen. Son violadores), dijo en 2015 al anunciar su primera campaña presidencial. Años después, el mensaje sigue intacto.
Durante su paso por la Casa Blanca ha impulsado redadas, separaciones familiares y la expansión de centros de detención. En su actual narrativa, con casi un año de regreso en el poder, Trump ha prometido “the largest deportation operation in American history” (la más larga operación de deportación en la historia americana), una frase que volvió a circular en 2025 y que pesa como amenaza cotidiana en comunidades migrantes.
Ese lenguaje tiene consecuencias reales. Organizaciones civiles y académicas han documentado cómo, ante anuncios de redadas o endurecimiento de controles, cae la asistencia escolar, se reducen visitas médicas y aumenta el aislamiento social de los inmigrantes. El miedo se vuelve política pública sin necesidad de una sola orden escrita.
Frente a ese escenario, México ha intentado ocupar un papel de contención. Desde su red consular —la más grande que un país tiene en Estados Unidos— el mensaje ha sido reiterado: “No están solos”. No es una frase menor. Es una línea de defensa simbólica y práctica para quienes enfrentan procesos migratorios, detenciones o deportaciones.
En 2025, el gobierno mexicano reforzó la asistencia legal, la orientación consular y los programas de apoyo a connacionales retornados. La lógica es clara: si la incertidumbre se instala del otro lado de la frontera, el Estado mexicano debe amortiguar el golpe. No siempre alcanza. Pero importa.
El cierre de año también deja una paradoja: mientras el discurso antiinmigrante se radicaliza, la economía estadounidense sigue dependiendo de la mano de obra mexicana. Agricultura, construcción, servicios, cuidado de personas mayores. Sectores enteros sostienen su funcionamiento sobre trabajadores que viven con el temor de ser expulsados del país que también ayudan a sostener.
Mirar hacia 2026 no disipa la angustia. Los mexicanos en Estados Unidos se enfrentan a un escenario de mayor vigilancia, posibles deportaciones masivas, cambios legales restrictivos y un clima político cada vez más hostil. Pero también a una certeza: están arraigados. Tienen hijos, hipotecas, historias, comunidad. No son una estadística móvil.
México, por su parte, encara el reto de convertir la protección consular en una política de Estado más robusta, y no solo reactiva. Defender derechos, acompañar procesos legales y, sobre todo, sostener la dignidad de quienes cruzaron una frontera para sobrevivir.
Al cerrar el año, la pregunta no es solo qué pasará con la política migratoria de Estados Unidos, sino cuánto dolor más puede normalizarse. Porque detrás de cada cifra hay una familia, y detrás de cada discurso hay vidas suspendidas.
Las tortillas en California tendrán un nuevo ingrediente, uno que está destinado a ayudar a nutrir a los bebés sanos.
Por Ana B. Ibarra. CalMatters. Peninsula 360 Press.
Las tortillas que se venden en California tendrán un nuevo ingrediente, uno que está destinado a ayudar a nutrir a los bebés sanos.
A partir del 1 de enero, entrará en vigor una nueva ley que exigirá que la mayoría de las tortillas y productos de masa de maíz vendidos en el estado contengan ácido fólico, una vitamina importante para la salud infantil.
Las latinas en California tienen muchas menos probabilidades que otras mujeres de obtener suficiente ácido fólico al comienzo del embarazo, una brecha que puede llevar a defectos de nacimiento que alteran la vida.
Los datos estatales muestran que, entre 2017 y 2019 (los últimos años con datos estatales disponibles), aproximadamente el 28 por ciento de las latinas reportaron haber tomado ácido fólico el mes anterior al embarazo. Las mujeres blancas consumieron la vitamina con mayor frecuencia: el 46 por ciento de ellas reportó consumir ácido fólico, según el Departamento de Salud Pública de California.
Esto aumenta el riesgo de que las latinas tengan un bebé con defectos del tubo neural (defectos del cerebro y la médula espinal). Algunos ejemplos son afecciones como la espina bífida y la anencefalia.
Las investigaciones han demostrado que el ácido fólico puede reducir los defectos congénitos hasta en un 70 por ciento. Por eso se encuentra en las vitaminas prenatales. Sin embargo, dado que las mujeres pueden no descubrir que están embarazadas hasta semanas o meses después, la salud pública recomienda desde hace tiempo que también se añada ácido fólico a los alimentos básicos.
En 1998, Estados Unidos exigió a los fabricantes que fortificaran ciertos productos de granos con ácido fólico, como la pasta, el arroz y los cereales, para ayudar a las mujeres en edad reproductiva a obtener las cantidades necesarias. Desde que entró en vigor esta norma, la tasa de bebés nacidos con defectos del tubo neural se ha reducido en aproximadamente un tercio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Pero incluso con la adición de estos alimentos, las tasas de defectos congénitos entre los bebés nacidos de latinas han sido consistentemente más altas. En busca de una adición más apropiada culturalmente, en 2016, el gobierno federal permitió a los fabricantes de masa de maíz agregar ácido fólico a sus alimentos, pero no lo exigió.
Joaquín Arámbula, demócrata de Fresno y autor de la ley, dijo que excluir el ácido fólico de los productos de masa de maíz, utilizados en muchos alimentos básicos latinos, fue un “verdadero descuido”.
Ahora, con la implementación del Proyecto de Ley 1830 de la Asamblea, California es el primer estado en exigir ácido fólico en los productos de masa de maíz. La ley exige que los fabricantes que operan en el estado agreguen 0.7 miligramos de ácido fólico por cada libra de harina e indiquen esta adición en sus etiquetas nutricionales. La ley establece exenciones para productores de lotes pequeños, como restaurantes y mercados, que podrían preparar sus propias tortillas desde cero.
Meses después de la firma de la ley de California, Alabama aprobó su propia versión. Esta ley entrará en vigor en junio de 2026.
Algunos grandes fabricantes llevan años añadiendo ácido fólico a sus productos. Gruma, empresa matriz de Mission Foods, afirmó que comenzó a fortificar sus alimentos en 2016, cuando el gobierno federal lo autorizó por primera vez. Un portavoz de la compañía afirmó que Gruma mantiene un compromiso de larga data con el apoyo a las iniciativas legislativas de fortificación y apoya las nuevas leyes en California y Alabama.
