Especialistas en salud pública, economía y medio ambiente coincidieron en que se encamina hacia un declive poblacional en EE.UU. hacia finales de este siglo. Foto: Gerardo Herrera/P360P
Especialistas en salud pública, economía y medio ambiente coincidieron en que Estados Unidos se encamina hacia un punto de inflexión demográfico, marcado por la caída de la fertilidad, el envejecimiento de la población y la desaceleración de la inmigración, factores que podrían llevar al país a un escenario de decrecimiento poblacional hacia finales de este siglo.
De acuerdo con datos del Buró del Censo de Estados Unidos, bajo escenarios de baja inmigración la población podría reducirse hasta 226 millones de personas para el año 2100, lo que eliminaría el “colchón demográfico” que durante décadas sostuvo el crecimiento del país.
La doctora Ana Langer, directora de la Women and Health Initiative de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, explicó en una sesión con medios realizada por American Community Media (ACoM) que la disminución de la fertilidad es un fenómeno global y sostenido.
“La tasa mundial pasó de alrededor de cinco hijos por mujer en 1970 a cerca de 2.2 en la actualidad”, señaló, al tiempo que subrayó que Estados Unidos no es una excepción.
En el caso estadounidense, recordó que la fertilidad cayó de 3.5 hijos por mujer en los años sesenta a alrededor de 1.6 hoy, una tendencia que también se observa en América Latina, Asia e incluso África subsahariana.
Langer destacó que estas decisiones están fuertemente influenciadas por factores estructurales como el costo de la vivienda, el cuidado infantil, el acceso a la salud y la desigualdad de género.
Desde el ángulo económico, Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute, advirtió que el envejecimiento poblacional tendrá impactos directos sobre el crecimiento económico. Señaló que la reducción de la población en edad laboral “podría restar alrededor de medio punto porcentual al crecimiento anual del PIB per cápita en economías avanzadas”.
Madgavkar subrayó que el reto no se limita al tamaño de la población, sino a la productividad, y que “la automatización y la inteligencia artificial tienen el potencial de compensar parte de la reducción de la fuerza laboral”, aunque recalcó que esto exigirá inversiones masivas en capacitación y adaptación del mercado de trabajo.
En la dimensión ambiental, el profesor Philip Cafaro, de la Universidad Estatal de Colorado, planteó que el debate suele enfocarse solo en los riesgos económicos del decrecimiento poblacional.
“El crecimiento continuo de la población intensifica la presión sobre ecosistemas ya severamente degradados”, sostuvo.
Cafaro señaló que problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos están estrechamente ligados tanto al tamaño poblacional como a los patrones de consumo.
A su juicio, una estabilización demográfica podría formar parte de una estrategia más amplia hacia la sostenibilidad.
Los tres ponentes coincidieron en que la inmigración sigue siendo un factor clave, aunque políticamente sensible.
Si bien un mayor flujo migratorio podría ralentizar el declive poblacional, advirtieron que depender únicamente de esta vía requeriría niveles sin precedentes de inmigración.
También coincidieron en que las políticas diseñadas solo para elevar la natalidad han tenido resultados limitados en distintos países. En cambio, señalaron la necesidad de garantizar condiciones estructurales —como cuidado infantil accesible, licencias parentales, acceso a la salud y equidad de género— para que las personas puedan decidir libremente si desean tener hijos.
Al cierre del foro, los expertos subrayaron que el cambio demográfico no es una crisis inmediata, sino una transformación de largo plazo. La forma en que Estados Unidos responda, advirtieron, tendrá efectos duraderos sobre su economía, su entorno y su cohesión social.
Este domingo continuaron las manifestaciones de dolor y condena por parte de los líderes del Área de la Bahía, el gobierno y la comunidad judía tras un ataque terrorista en Australia. Foto: Una multitud observa cómo los líderes de Jabad de San Francisco encienden la primera vela de la menorá gigante en la última noche de Janucá en San Francisco, California, el día de Año Nuevo, miércoles 1 de enero de 2025. (Alise Maripuu/Bay City News)
By Thomas Hughes. Bay City News. Peninsula 360 Press.
Este domingo continuaron las manifestaciones de dolor y condena por parte de los líderes del Área de la Bahía, el gobierno y la comunidad judía después de que las autoridades de Sydney, Australia, revisaron al alza el número de personas muertas y heridas en un ataque terrorista contra judíos reunidos para celebrar la primera noche de Hanukkah en Bondi Beach.
Hasta el domingo por la tarde en California, dieciséis personas habían muerto en el ataque, perpetrado con armas largas. Entre ellas, se encontraba uno de los dos sospechosos, según el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien habló en una conferencia de prensa transmitida por internet.
El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que 42 personas fueron hospitalizadas, algunas de ellas con heridas graves. Entre ellas se encontraban dos policías que se encontraban en estado crítico pero estable, así como el otro presunto atacante, añadió Lanyon.
Lanyon declaró durante la conferencia de prensa que los dos fueron identificados como padre e hijo, de 50 y 24 años, pero no reveló sus nombres. El mayor murió durante el ataque y el menor se encontraba en estado crítico, pero estable. Las autoridades no creían que hubiera otras personas involucradas en el ataque.
El tiroteo masivo tuvo como objetivo una ceremonia de encendido de la menorá en un parque del popular destino turístico a la que asistieron “más de mil personas”, dijo Lanyon en una conferencia de prensa anterior.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que la conocida playa solía estar asociada con la alegría, las celebraciones y las reuniones familiares, pero que estaba “manchada para siempre” por lo que llamó “un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo” y un “ataque terrorista en nuestras costas”.
El Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía, o JCRC, una organización de defensa judía del Área de la Bahía, denunció el ataque en una declaración el domingo y pidió a la comunidad y a los líderes electos que acudan a los encendidos públicos de la menorá como muestra de solidaridad.
“Hoy, mientras nos preparamos para encender la primera vela de Janucá, las comunidades judías de todo el mundo se están recuperando de la noticia de un horrible tiroteo masivo durante un gran encendido público de la Menorá en Bondi Beach en Sídney, Australia”, dijo la organización en un comunicado.
Es fundamental que los líderes de nuestra nación combatan la deshumanización de judíos e israelíes y detengan la normalización del discurso antisemita en el discurso público. Los acontecimientos de hoy son otro recordatorio de adónde puede conducir este odio, declaró el Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía.
El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, expresó su pesar en una declaración el día X.
“Estoy desconsolado por el devastador ataque en Sídney. El odio y el antisemitismo no tienen cabida en nuestro mundo ni en San Francisco”, dijo Lurie.
“Mientras la comunidad judía de San Francisco se reúne para celebrar el inicio de la temporada de Hanukkah, el Departamento de Policía de San Francisco y nuestros socios de seguridad pública están preparados y estarán en estrecha coordinación para garantizar que todos puedan celebrar la festividad de manera segura y pacífica”, dijo.
El Departamento de Policía de San Francisco dijo en un comunicado que no tenía conocimiento de ninguna amenaza en la ciudad, pero que estaba aumentando las patrullas en los lugares de culto y eventos judíos, que están programados durante toda la semana cuando comienza Hanukkah.
El Departamento de Policía de San José dijo de manera similar que sus oficiales estaban aumentando su presencia en la ciudad, pero no estaban al tanto de ninguna amenaza activa.
El alcalde de San José, Matt Mahan, también acudió a X para expresar su dolor e indignación.
“Despertar con noticias de terror, pérdida y angustia en la primera noche de Janucá es devastador”, dijo Mahan. “Esto atenta contra nuestros valores. Rezo por la comunidad judía, en particular por los heridos y por las familias de los fallecidos”.
La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, emitió un comunicado diciendo que ella y la ciudad estaban de luto por la pérdida de vidas y dijo que Oakland apoyaría a su comunidad judía.
“Las familias reunidas para celebrar un festival de luz y esperanza fueron atacadas deliberadamente, un duro recordatorio de que el odio sigue siendo una amenaza global”, dijo Lee.
“Mientras la comunidad judía de Oakland continúa celebrando Hanukkah esta semana, sepan que esta ciudad los apoya. La fortaleza de Oakland siempre ha provenido de nuestra diversidad y nuestro compromiso inquebrantable de proteger a todos los residentes del odio y la violencia”, dijo.
El gobernador Gavin Newsom calificó el tiroteo como un “vil acto de terrorismo” en una declaración en X.
“California está con Australia hoy, al tiempo que nos solidarizamos con la comunidad judía mundial contra la creciente ola de violencia y odio antisemita”, declaró Newsom. “El antisemitismo no tiene cabida en nuestro mundo”. El rabino Moshe Langer, rabino de Chabad San Francisco, afirmó que el 50.º encendido público anual de la Menorá Bill Graham en Union Square se celebrará según lo previsto.
Está previsto que Lurie asista a la ceremonia de encendido de las 5 p. m. junto con el senador estatal Scott Wiener y otros líderes locales.
“Nos solidarizamos y oramos con los heridos y con las familias que perdieron a sus seres queridos”, dijo Langer en un comunicado desde Chabad San Francisco.
“Cuando hay oscuridad, debemos traer luz. No permitiremos que el miedo ni el terror nos silencien ni nos hagan retroceder. Encenderemos la menorá como estaba previsto”, dijo.
Wiener dijo en una declaración que estaba de luto por las vidas perdidas y pidió el fin del antisemitismo.
El Parque Cultural de Valparaíso, antiguamente conocido como el Penal del Cerro, funcionó como cárcel pública. Desde principios del siglo XX hasta el final del régimen de Pinochet, aquí se alojaron delincuentes comunes junto a disidentes políticos; muchos de ellos fueron torturados, algunos asesinados y otros desaparecidos. (Crédito: Alex Sierra)
VALPARAÍSO, Chile—Daniel Leyva está ocupado friendo sopapillas para un grupo de activistas reunidos en el jardín del Parque Cultural de Valparaíso, una antigua prisión convertida en centro comunitario en esta ciudad costera chilena. La luz de la tarde se refleja en el cristal oscuro que una vez fue su ojo izquierdo.
Leyva, una de los cientos de víctimas de traumatismos oculares cometidos por la policía chilena durante las protestas de 2019 y 2020, teme lo que presagia el regreso de la extrema derecha de Chile.
“Me preocupa que mis propios vecinos empiecen a verme como una amenaza”, dice Leyva, de 36 años, quien se autodenomina antifascista. “Siembran división”, añade, señalando al presidente electo José Antonio Kast, cuya victoria electoral del 14 de diciembre sobre la progresista Jeanette Jara ha evocado para muchos el recuerdo de uno de los capítulos más oscuros de la historia chilena.
Kast, el líder ultraconservador del Partido Republicano de Chile, ha defendido el régimen de Augusto Pinochet, el gobernante militar que gobernó la nación sudamericana desde 1973 hasta 1990, dejando atrás un legado de tortura masiva, corrupción y represión política que los chilenos han trabajado durante décadas para dejar atrás.
Su campaña ofreció una versión del “Make America Great Again” del presidente estadounidense Donald Trump, prometiendo expulsar a los inmigrantes en masa , vinculándolos con las crecientes preocupaciones sobre el crimen y la seguridad, al tiempo que reimponía los valores de la “familia tradicional”, restringiendo aún más el acceso al aborto , por ejemplo, mientras atacaba los avances logrados por los miembros de la comunidad LGBTQ, entre otras promesas.
Daniel Leyva, una de las cientos de víctimas de traumatismos oculares causados por la policía chilena durante las protestas de 2019 y 2020. (Crédito: Peter Schurmann)
Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina , con índices de delincuencia muy inferiores a los de sus vecinos de la región. Sin embargo, la afluencia de migrantes, principalmente de Venezuela, Colombia y Haití, en los últimos años coincidió con una transición de la delincuencia menor a formas de delincuencia más violentas. La seguridad y la inmigración fueron factores clave que impulsaron la victoria electoral de Kast.
“Hay mucha gente que se dejó llevar por su propaganda y por eso corremos el riesgo de perder muchos de los derechos por los que luchamos y ganamos”, dice Levya, parte de un grupo de activistas que ayudan a administrar el centro cultural, situado en la cima de una colina con vista al Pacífico.
En un campo de césped en el centro del complejo, los niños corren y juegan mientras las parejas disfrutan del sol del mediodía. Un grupo de adolescentes practica pasos de baile frente a la entrada principal. Los miembros del colectivo que gestiona el centro lo consideran un símbolo permanente del progreso de Chile.
“Soy una sobreviviente de la dictadura. Mi padre fue asesinado por la dictadura. Tengo familiares que fueron torturados, encarcelados y desaparecidos”, dice Isolda Soledad, quien, junto con un grupo de activistas, tomó posesión del terreno de la antigua prisión en la década de 1990 y finalmente negoció un acuerdo con las autoridades municipales para convertirla en lo que es hoy. “Conocemos las cosas más oscuras que surgen de la extrema derecha. La retórica de odio de Kast es una forma de revictimización”.
En su interior, una exposición recuerda los horrores de décadas pasadas, cuando el sitio, entonces conocido simplemente como Cerro Cárcel , funcionaba como cárcel pública. Desde principios del siglo XX to el final del régimen de Pinochet, aquí se alojaron delincuentes comunes junto a disidentes políticos; muchos de ellos fueron torturados, algunos asesinados y otros desaparecidos.
“Cuando te atrapaban, te torturaban hasta que revelabas toda la información que tenías”, recuerda Víctor Maluk, residente de Viña del Mar, a unos 21 kilómetros de Valparaíso, quien en los últimos años del gobierno de Pinochet pasó dos meses preso aquí. “Tenías dos opciones: desaparecer o ir a la cárcel”.
Vactor Maluk pasó dos meses preso en Cerro Cárcel durante los últimos años del régimen de Pinochet. Considera la victoria de Kast como una derrota para los ideales progresistas que buscaban distanciarse del pasado de Chile. (Crédito: Manuel Ortiz)Vista de Valparaíso, en la costa del Pacífico chileno, desde el interior de Cárcel Cerro. La ciudad cuenta con una larga historia de activismo y resistencia política que se remonta a los inicios del país. (Crédito: Peter Schurmann)
Maluk considera la victoria de Kast como un punto de inflexión en los esfuerzos por construir una sociedad chilena basada en ideales progresistas de justicia social y equidad. Tales fueron las promesas que sentaron las bases del gobierno saliente de Gabriel Boric, el socialista tatuado cuyo fracaso a mitad de su mandato en reformar la Constitución chilena, redactada durante la era de Pinochet, marcó un punto de inflexión para su gobierno.
“Es doloroso, porque se siente como un fracaso colectivo”, dice Maluk. “Nos hemos convertido en una sociedad totalmente opuesta a la que intentamos construir; una sociedad definida por el elitismo y el individualismo”.
Para esta joven generación, añade, la palabra española pueblo , un término que en inglés desafía la traducción directa pero que implica la lucha colectiva por la justicia y la democracia en América Latina, ha sido reemplazada por “ gente , la persona, el individuo”.
El ascenso de Boric al poder se produjo tras las protestas sociales que estallaron en 2019 tras el intento del gobierno de Sebastián Piñera de subir las tarifas del metro local. Conocido como el Estallido Social , lo que comenzó como protestas locales sobre el costo de la vida se convirtió en un movimiento nacional centrado en la desigualdad.
Fue durante una de estas protestas, el 18 de octubre de 2019, que un policía en Santiago, la capital de Chile, disparó contra Leyva, destruyéndole el ojo izquierdo. Leyva afirma que la policía tiene registros de qué agente disparó y cuándo, pero «ni siquiera sé si mi caso ha avanzado».
El Ministerio Público de Chile registró cerca de 500 casos de trauma ocular durante las protestas, y cerca del 50% de las víctimas sufrieron lesiones graves o ceguera. Pocos casos han llegado a juicio.
Para Leyva y otros, esa falta de rendición de cuentas plantea serias dudas sobre el respeto del Estado por los derechos humanos y, bajo una presidencia de Kast, sobre su disposición a recurrir a tácticas represivas para sofocar los disturbios.
Alex Sierra trabaja en el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos (CESJUL), una organización sin fines de lucro con sede en Colombia que se centra en los derechos humanos. Afirma que Chile inicialmente ideó la estrategia de disparar a los ojos de los manifestantes para “silenciar a la juventud”. Desde entonces, otros países han seguido el ejemplo.
“Sin duda, la cantidad de personas mutiladas de esta manera durante una sola protesta es la de Chile”, señala Sierra, y añade que la línea dura que suelen adoptar los gobiernos de extrema derecha abre la puerta a más disturbios. “Estos gobiernos de derecha no están abiertos a la negociación. Quieren imponer una agenda. Lo que me preocupa de Chile es… ¿qué hará el Estado cuando la gente salga a ejercer su derecho a protestar?”
La senadora chilena Fabiola Campillai estuvo entre las personas atacadas por la policía chilena durante las protestas de 2019. Como resultado, perdió la visión de ambos ojos y el olfato. (Crédito: Peter Schurmann)
Es una pregunta que la senadora chilena Fabiola Campillai responde rápidamente. Campillai, representante de la Región Metropolitana de Santiago, estuvo entre los agredidos por la policía en 2019. Como resultado, perdió la visión de ambos ojos y el olfato. El tiroteo le dejó el rostro con graves cicatrices. Además, impulsó su carrera política.
En un evento en la Universidad de Santiago dos días antes de las elecciones, Campillai expresó su desafío: «Seguiremos luchando por todos nuestros derechos, por los derechos sociales y por todos los caídos».
De vuelta en el centro cultural de Valparaíso, Soledad comparte ese sentimiento. “Tras haber sobrevivido a la violencia del Estado, no podemos ignorar el dolor que causó”, afirma. “Seguiremos organizándonos y seguiremos defendiendo a quienes atacan”.
Manuel Ortiz colaboró con la redacción de este artículo. Se produjo con el apoyo deGlobal ExchangeandSocial Focus
El activismo en los videojuegos es un concepto relativamente reciente, consiste en comunidades de consumidores o fans que se activan para luchar por cierta causa.
En el caso del popular youtuber Legend of Total War, con trece años en la plataforma de video y con poco más de medio millón de suscriptores, este activismo tomó la forma de ser comunicador y resaltar las malas prácticas de los creadores de la serie de videojuegos Total War.
Desafortunadamente, aunque este creador de contenido australiano ganó una serie de batallas en defensa del consumidor, decidió abandonar una guerra que considera inútil y retirarse como creador de contenido de la franquicia. Legend relató en entrevista para Península 360 Press los sinsabores de una carrera que mezcla activismo, videojuegos y un ímpetu constante mejorar su juego favorito.
“Cada vez que hago estas cosas, después de que ocurre un cambio, hay una consecuencia que la gente no ve y es que tengo que lidiar con cierto grado de desinformación que trasgiversa el movimiento”, comentó Legend. Y es que este youtuber es conocido por su dura crítica a Creative Assembly (CA), desarrolladores de la Saga de Total War.
Una de las batallas más importantes que se libraron en el plano digital consistió en llenar los productos de CA con reseñas negativas en protesta por prácticas que la comunidad consideraba deshonestas. El resultado fue una disculpa pública por parte de la compañía, devoluciones parciales y una promesa de cambiar su filosofía interna en el futuro.
Sin embargo, este es un conflicto que ni siquiera debería existir, pues las demandas de la comunidad son simplemente que los juegos funcionen como deberían, sin errores. “Ni siquera deberíamos de tener que hacer esto, solo se volvió la norma en Total War”, comentó el australiano.
En cualquier otra industria el que un producto no ofrezca lo que promete o no funcione como debería, es motivo de devoluciones y de un problema serio con los consumidores, pero este no es el caso de los videojuegos. Es por eso que el activismo, el uso de reseñas negativas masivas y protestas de creadores de contenido, son las únicas herramientas que tienen los consumidores para hacer escuchar su voz.
“Siempre entendí que la gente que me seguía no quería verme en una cruzada contra CA, pero la cruzada no era el objetivo, el objetivo siempre fue el contenido, y el juego”, mencionó Legend.
Este es precisamente uno de los mayores puntos de conflicto con respecto al activismo en los videojuegos. Los creadores de contenido y comunicadores que expresan y se organizan por una necesidad o demanda de alguna comunidad, reciben la mayoría de la energía negativa de los fans que no concuerdan con estos movimientos. Aunque personajes como Legend of Total War únicamente den voz a preocupaciones compartidas por otros consumidores, la reacción de atacar al mensajero lo ha dejado exhausto.
“Dentro de la comunidad de Total War, hay una importante disminución en la demanda de alguien como yo”, concluyó el youtuber.
Puede que Leyend of Total War tenga razón, que los consumidores, a quienes les gusta nombrarse a sí mismos gamers, estén cansados de controversias y solamente quieran divertirse con su juego favorito. Pero no es solamente la comunidad de Total War quien necesita personajes como él, lo necesitamos en todas las áreas de nuestra sociedad, en la que un claro pensamiento pro corporativo se ha sedimentado en la mente de todos.
Si no libramos esta batalla ahora, ¿entonces cuándo? Si no es con Total War ¿Por dónde comenzamos?
Una encuesta realizada por Goodwin Simon Strategic Research reveló un rechazo creciente entre los votantes de California hacia la estrategia migratoria de Trump
Una encuesta realizada por Goodwin Simon Strategic Research reveló un rechazo creciente entre los votantes de California hacia las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump, así como un amplio apoyo a fortalecer las protecciones de debido proceso para todas las personas, sin importar su estatus migratorio.
El sondeo, que consultó a mil 213 votantes registrados, evaluó percepciones sobre deportaciones, acciones recientes de ICE y las políticas santuario del estado.
Los resultados muestran que los californianos priorizan la dignidad, el trato equitativo y la revisión judicial antes de una expulsión, incluso en casos que involucran antecedentes penales ya cumplidos.
Según la encuesta, 70 por ciento de los votantes cree que una persona inmigrante que ya cumplió su condena debe tener derecho a que un juez revise su caso antes de una posible deportación. Solo dos de cada diez votantes apoyan una expulsión automática. Tras escuchar mensajes a favor y en contra, el apoyo al debido proceso aumentó a 74 por ciento, reforzando esta tendencia.
Los mayores incrementos se registraron entre votantes de la Costa Central y mujeres republicanas, con un alza de nueve puntos porcentuales. El respaldo final varió del 82 por ciento en la Costa Central al 67 por ciento en el Valle Central, lo que evidencia consenso amplio entre regiones y partidos.
La encuesta también analizó once mensajes proinmigrantes, todos con alto rendimiento. Los más efectivos apelaron al debido proceso, la igualdad ante la ley y el uso responsable de los recursos públicos, priorizando vivienda, salud y educación por encima de acciones que benefician a corporaciones carcelarias privadas.
Un 69 por ciento de los votantes coincidió en que incluso quienes tienen antecedentes merecen la oportunidad de exponer su caso ante un juez antes de ser enviados a un país que ya no consideran hogar, mientras que 66 por ciento apoyó mensajes críticos hacia ICE y el desvío de fondos hacia operativos que, según los encuestados, no fortalecen a las comunidades.
El apoyo a fortalecer las políticas santuario también fue significativo luego de que 61 por ciento considera que las autoridades estatales deben impedir que las prisiones transfieran personas a ICE sin una orden judicial. De igual forma, 62 por ciento sostiene que deben cerrarse vacíos legales que permiten a policías locales actuar como agentes de deportación.
En conjunto, 68 por ciento de los votantes respalda una visión de California en la que no haya entregas automáticas a ICE, se limiten las colaboraciones con autoridades federales y se garantice trato humano y debido proceso para quienes viven en el estado.
El estudio también exploró el impacto de narrativas personales. Historias de personas deportadas tras cumplir décadas en prisión —pese a su rehabilitación y contribuciones comunitarias— resultaron convincentes para 80 por ciento del electorado, incluyendo mayorías de demócratas, independientes y republicanos. Los testimonios llevaron a muchos votantes a cuestionar lo que consideran una “doble condena”.
En las respuestas abiertas, los votantes subrayaron la importancia de la justicia y la igualdad ante la ley: “Todos tienen los mismos derechos, incluso las personas indocumentadas”, señaló un encuestado. Otro afirmó: “Estamos destruyendo los fundamentos del país si negamos el debido proceso”.
Por primera vez, el voto será obligatorio en las elecciones en Chile para más de cinco millones de electores. Foto: Manuel Ortiz | P360P
Chile se prepara para un balotaje presidencial inédito este domingo, no solo por la fuerte polarización entre la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, sino también porque, por primera vez, el voto será obligatorio para más de cinco millones de electores que nunca antes habían estado obligados a acudir a las urnas.
Las últimas encuestas dan a Kast una ventaja superior a los diez puntos, pero el comportamiento de los indecisos y el impacto del nuevo padrón obligatorio mantienen el escenario abierto.
La distribución del voto de los candidatos derrotados en primera vuelta, así como el peso del electorado antisistema de Franco Parisi —que obtuvo casi el 20 por ciento—, añaden incertidumbre al desenlace.
En este contexto, Kast, abogado y fundador del Partido Republicano, busca por tercera vez la presidencia. Su campaña se ha centrado en un discurso de “mano dura” contra el crimen y la migración irregular, además de una drástica reducción del gasto fiscal que ha generado debate sobre su viabilidad.
Jara, exministra del Trabajo del gobierno actual, lidera una coalición que reúne a toda la izquierda y la centroizquierda. La candidata ganó la primera vuelta con una propuesta enfocada en ampliar la protección social, mejorar el acceso a la salud, enfrentar la inseguridad y aplicar una política migratoria que combine control y regularización acotada bajo criterios estrictos.
Ambos candidatos han intensificado sus esfuerzos por conquistar a los votantes de centro en una elección marcada por modelos de país profundamente antagonistas, donde las prioridades económicas, sociales y de seguridad se presentan como rutas divergentes para el futuro de Chile.
Las propuestas de Jeannette Jara: redistribución, regulación y control fronterizo
Jara, de 51 años, promete la creación de un “ingreso vital” cercano a los 800 dólares mensuales para familias vulnerables, financiado gradualmente con subsidios estatales para pequeñas y medianas empresas. También busca reducir las tarifas eléctricas y apoyar el ahorro de jóvenes que buscan adquirir vivienda.
La candidata propone eliminar la Unidad de Fomento (UF) en áreas como salud y educación para evitar reajustes que considera “excesivos”. Además, plantea un subsidio unificado al empleo y la reducción de listas de espera en el sistema público de salud.
En migración, rechaza las deportaciones masivas que promete Kast y, en cambio, propone un registro biométrico y una regularización limitada para extranjeros sin antecedentes, con empleo y vínculos familiares. Ofrece, asimismo, fortalecer el control fronterizo mediante apoyo de las Fuerzas Armadas y tecnología de vigilancia.
En seguridad, Jara propone atacar las finanzas del crimen organizado levantando el secreto bancario en casos vinculados al narcotráfico. También promete fortalecer a las policías y mejorar el control de armas, insistiendo en que la respuesta debe ir más allá de “más cárceles o más carabineros”.
Durante el último debate, anunció que renunciará a su militancia comunista si llega a la presidencia.
Sobre la crisis en Venezuela, afirmó que Nicolás Maduro “debe dejar el poder”, pero rechazó apoyar una intervención militar estadounidense por considerarla una violación al derecho internacional.
Las últimas encuestas dan a Kast una ventaja superior a los diez puntos, pero el comportamiento de los indecisos y el impacto del nuevo padrón obligatorio mantienen el escenario abierto. Foto: Manuel Ortiz | P360P
Las propuestas de José Antonio Kast: seguridad, austeridad y cierre migratorio
Kast ha centrado su campaña en un diagnóstico de emergencia nacional ante el aumento de la criminalidad. Propone construir cárceles de máxima seguridad, endurecer penas, terminar con los “narcofunerales”, revisar la legítima defensa y crear una fuerza especial para recuperar zonas que considera dominadas por el delito.
En migración, promete deportaciones masivas mediante vuelos chárter, parcialmente financiados por los propios deportados. También se compromete a cerrar pasos fronterizos irregulares, convertir la migración irregular en delito y restringir el acceso de extranjeros indocumentados a educación, salud y vivienda.
Aunque en los últimos días moderó su discurso, afirmando que las deportaciones en Chile no serían “como en Estados Unidos”, insistió en que no financiará los costos de expulsión: “Hay distintas maneras de invitar a las personas a salir, pero ¿quién va a pagar? Yo no voy a pagar”.
En materia económica, Kast plantea recortar el gasto fiscal en 6 mil millones de dólares en 18 meses, una meta que economistas consideran difícil sin reducir beneficios sociales. Él asegura que no afectará programas como la Pensión Garantizada Universal, aunque no ha detallado cómo aplicaría los ajustes.
Propone bajar el impuesto corporativo de 27 a 23 por ciento y eliminar el impuesto a las ganancias de capital en ciertos casos. A diferencia de campañas anteriores, evitó referirse al aborto, al matrimonio igualitario y a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, temas que en el pasado generaron controversia.
Su programa ha sido comparado con los de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro. En política exterior, Kast dijo que su postura frente a una posible incursión militar estadounidense en Venezuela se resume en el lema chileno: “Por la razón o la fuerza”. También afirmó que, si Nayib Bukele fuese candidato en Chile, “los chilenos lo elegirían”.
Pescadero dio un paso decisivo esta semana: el condado de San Mateo aprobó una fuerte inversión para construir un sistema comunitario de energía solar. Foto: Condado de San Mateo
Tras sufrir más de 400 apagones en solo dos años, Pescadero dio un paso decisivo esta semana: el the San Mateo County Board of Supervisors aprobó una fuerte inversión para construir un sistema comunitario de energía solar con baterías que permita mantener operativo al pueblo incluso cuando falle la red eléctrica regional.
En esta localidad costera del sur del condado de San Mateo, las interrupciones eléctricas se han vuelto tan comunes como la niebla matutina. Las fallas han dejado a oscuras casas, escuelas, comercios y servicios esenciales, afectando la vida diaria de miles de residentes.
Ante este escenario, autoridades del condado respaldan la construcción de un sistema capaz de almacenar energía y garantizar el suministro en emergencias, y de concretarse, sería uno de los proyectos de energía comunitaria más grandes del estado.
Esta semana, la Junta de Supervisores aprobó una inversión de 3 millones de dólares, que se suma a los 10 millones comprometidos por Peninsula Clean Energy. El aporte busca fortalecer la solicitud de financiamiento ante el programa de incentivos de Pacific Gas & Electric (PG&E), que prioriza proyectos con participación económica local.
“Con esta inversión abrazamos un futuro energético limpio, confiable y resiliente para una comunidad que por décadas ha sido víctima de una de las peores infraestructuras eléctricas del Área de la Bahía”, señaló el supervisor Ray Mueller, representante de la Costa Sur.
Entre 2021 y 2022, Pescadero sufrió 25 apagones de más de un día, y en un caso extremo la comunidad pasó casi dos semanas sin electricidad, dichas interrupciones cerraron escuelas, provocaron pérdidas económicas y afectaron la operación de Puente de la Costa Sur, la agencia local de servicios comunitarios.
“Peninsula Clean Energy está entusiasmada de asociarse con el condado en una solución innovadora para comunidades costeras desatendidas que han sido duramente afectadas por los apagones”, afirmó la directora ejecutiva Shawn Marshall.
El sistema solar estaría respaldado por baterías de gran capacidad, permitiendo energía continua por hasta tres días en invierno y más de una semana en verano para servicios esenciales como escuelas, estaciones de bomberos, centros comunitarios y más de un centenar de hogares y negocios.
“Este proyecto es más que una respuesta de emergencia. Es una inversión en estabilidad, bienestar y dignidad para una comunidad que ha enfrentado demasiadas interrupciones evitables”, sostuvo la directora de Manejo de Emergencias, Dra. Shruti Dhapodkar.
Pescadero enfrenta riesgos frecuentes para su suministro eléctrico: inundaciones, caída de árboles, caminos bloqueados y apagones preventivos por incendios forestales como el CZU Lightning Complex de 2020.
Si obtiene financiamiento, el proyecto iniciaría una fase de diseño y revisión ambiental de 18 meses a partir de 2027. Entre los sitios en evaluación se encuentra un área cercana al distrito escolar.
“El compromiso del condado con este proyecto es un testimonio de nuestra dedicación a soluciones de energía limpia y resiliencia climática”, afirmó Jasneet W. Sharma, directora del Departamento de Sustentabilidad.
Quinientas familias del condado de Santa Clara que participan en el programa de vales de vivienda de emergencia corren el riesgo de perder sus hogares el próximo año.
El condado de Santa Clara ha ayudado a miles de familias a conseguir vivienda permanente durante los últimos años. Sin embargo, la falta de vivienda sigue aumentando, y el fin de un programa federal que alberga a muchas familias amenaza el progreso del condado.
En 2021, el condado lanzó la campaña “Rumbo a Casa” para alcanzar el “cero funcional” de familias sin hogar para 2025, es decir, el punto en el que haya más familias alojadas que en situación de calle. En los últimos cuatro años, 2 mil 543 familias han obtenido vivienda permanente, lo que representa 8 mil 601 personas.
A pesar de que el condado duplicó la capacidad de albergues para familias, de 682 camas en 2021 a mil 306 este año, el número de familias sin hogar también casi se ha duplicado desde 2022, de casi 900 personas a aproximadamente mil 680.
Los vales de vivienda de emergencia, un programa de la era de la pandemia que permite a las personas limitar el alquiler al 30 por ciento de sus ingresos, vence a fines de 2026. El condado utilizó la mayoría de sus 950 vales para familias.
“Ante estas reducciones federales, nuestro condado mantiene su compromiso de proteger el progreso alcanzado y de respaldar firmemente los programas que mantienen a las familias estables, apoyadas y con vivienda”, declaró la supervisora del Distrito 4, Susan Ellenberg, a San Jose Spotlight.
“El progreso del condado de Santa Clara en la prevención de la falta de vivienda familiar es el resultado de un compromiso inquebrantable con la colaboración, la compasión y la convicción compartida de que cada niño y cada cuidador merecen la estabilidad de un hogar seguro”, agregó.
El condado tiene más de 10 mil 700 personas sin hogar, una cifra récord. Las familias representan el 16 por ciento de la población sin hogar, y la mayoría (el 84 por ciento) vive en un albergue o vivienda de transición.
Desde 2021, el condado de Santa Clara ha ubicado a unas 2 mil personas en viviendas permanentes a través de vales de vivienda de emergencia y programas de realojamiento rápido, que brindan a los hogares subsidios de alquiler por tiempo limitado con la expectativa de que gradualmente puedan pagar el alquiler una vez que finalicen los subsidios.
Quinientas familias del condado que participan en el programa de vales de vivienda de emergencia corren el riesgo de perder sus hogares el próximo año. El condado colaborará con estas familias para elaborar un plan de transición, según un memorando.
Además, más de mil hogares corren el riesgo de perder sus hogares debido a los planes del gobierno federal de desviar la financiación de programas de realojamiento rápido y vivienda permanente a viviendas de transición.
Después de que el condado de Santa Clara y una coalición de otros 10 gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro presentaran una demanda la semana pasada, la administración del presidente Donald Trump anunció el lunes que realizará las “revisiones pertinentes” a sus directrices de financiación, después de que el condado alegara que las acciones de Trump eran ilegales.
Tras casi dos años sin hogar, Kaytanna Alvarido, Alberto Barragán y su hijo de un año obtuvieron una recolocación rápida y se mudaron a The Charles el mes pasado, un nuevo complejo de viviendas 100 por ciento asequible. Pagarán 218 dólares al mes durante los próximos dos años, mientras que el Condado de Santa Clara cubre los mil 9 restantes hasta que puedan recuperarse.
La familia ya no podía pagar el alquiler después de que Barragan perdiera su trabajo en 2023. Vivían en habitaciones baratas de motel y ocasionalmente en su auto, preguntándose cada día cómo podrían encontrar unos dólares más para pagar otra noche en el motel.
Hasta 30 por ciento de las familias sin hogar afirman que la pérdida del empleo es la principal causa de su situación, según encuestas realizadas durante el conteo de 2025. La violencia doméstica es la segunda causa principal de la situación de calle, según 13 por ciento de las familias.
Barragán dijo que la vida de su familia ha cambiado por completo con su propio apartamento. Si no hubiera habido subsidios de alquiler, todavía estarían viviendo en un albergue o sin hogar, dijo.
“Creo que los recortes federales son horribles. Esta era la única manera en que teníamos la oportunidad de solucionar todos los problemas que habían surgido”, declaró Barragán a San José Spotlight. “Hay muy pocas opciones para recuperarse, incluso si uno trabaja y se esfuerza al máximo. Así que, con oportunidades como esta, realmente lo cambiará todo”.
En 2024, el 50 por ciento de las personas que se mudaron de refugios a una vivienda permanente necesitaron algún tipo de subsidio de alquiler, según datos del condado.
El condado de Santa Clara también ha estado construyendo apartamentos más asequibles para familias, abriendo 534 nuevos espacios que pueden alojar familias desde 2021. Otros 485 están en construcción y 929 están en trámite.
Las autoridades afirmaron que prevenir que las personas se queden sin hogar será una estrategia clave de cara al futuro. En los últimos cuatro años, más de 4 mil familias al borde del desalojo recibieron asistencia financiera o legal para mantener una vivienda estable.
“Este trabajo no solo representa cifras, sino vidas transformadas y familias que ahora tienen la oportunidad de construir un futuro basado en la estabilidad, no en la crisis”, dijo Ellenberg.
“Debemos ser inequívocos: una vivienda estable y permanente no es un plan de respaldo para prevenir la falta de vivienda; es la clave. Es la herramienta más eficaz y probada que tenemos para mantener a las familias alojadas de forma segura y frenar la falta de vivienda antes de que comience”, destacó.
El Concejo Municipal de East Palo Alto votó para nombrar a Webster Lincoln como alcalde, evitando el proceso típico del concejo de elevar al vicealcalde a ser el próximo alcalde.
By Alise Maripuu. Bay City News. Peninsula 360 Press.
En una ceremonia de reorganización el martes, el Concejo Municipal de East Palo Alto votó para nombrar a Webster Lincoln como alcalde y a Rubén Abrica como vicealcalde, evitando el proceso típico del concejo de elevar al vicealcalde a ser el próximo alcalde.
Las nominaciones y votaciones del consejo se produjeron después de que los miembros del público expresaran sus preferencias, un proceso que el consejo luego dijo que no era típico de las reorganizaciones.
“Creo que hubo una falta de comunicación entre el secretario y el alcalde, pero normalmente comenzamos con un proceso de nominación y luego recibimos comentarios del público”, dijo la alcaldesa saliente Martha Barragán.
La mayoría de los comentaristas públicos expresaron su apoyo a la candidatura del vicealcalde saliente, Mark Dinan, y a la de Lincoln como vicealcalde. En reorganizaciones anteriores, el Ayuntamiento solía ascender al vicealcalde saliente a alcalde.
En East Palo Alto, el cargo de alcalde es ceremonial y se encarga de dirigir las reuniones del consejo y ayudar a definir las agendas. Es principalmente un cargo simbólico, ya que el alcalde actúa como portavoz principal de la ciudad.
Barragán nominó a Dinan para alcalde. Sin embargo, durante el debate, la mayoría del consejo discrepó.
“El señor Dinan ha hecho comentarios racistas, y sus partidarios y facilitadores le dan vueltas al asunto”, dijo Abrica en la reunión.
Abrica probablemente se refería a los comentarios que Dinan hizo en las redes sociales.
El 16 de abril, Dinan publicó una publicación en el grupo de Facebook “Vecinos de East Palo Alto”, que modera. En la publicación, Dinan relató una reunión del Ayuntamiento donde Abrica y el concejal Carlos Romero intentaron debatir con Barragán sobre un tema.
Al referirse a los intentos de Abrica y Romero de discutir, Dinan escribió: “A veces simplemente quieres pasar junto a perros gruñendo en lugar de intentar jugar con ellos”.
Abrica consideraba racista el término “perros gruñones”. Tanto Abrica como Romero son latinos.
Dinan negó la acusación de que es racista y se disculpó por los comentarios que hizo en las redes sociales.
“Cuando me postulé para el Concejo Municipal, sabía que lo primero que harían sería llamarme racista, un hombre blanco de East Palo Alto”, dijo Dinan en la reunión. “Si alguien se sintió ofendido por lo que dije en línea, me disculpo. En línea, las cosas se pueden sacar de contexto”.
Dinan recordó al consejo que es habitual que el vicealcalde saliente se convierta en alcalde. También sugirió que Lincoln debería ser elegido vicealcalde.
“Es tradición que el vicealcalde asuma el cargo de alcalde”, dijo Dinan. “Creo que tiene sentido que él sea vicealcalde, que yo sea alcalde, y que sigamos trabajando juntos para impulsar la ciudad”.
En la votación sobre la nominación de Dinan a la alcaldía, este fue el único concejal que votó por sí mismo. Romero y Abrica votaron en contra, mientras que Barragán y Lincoln se abstuvieron.
Dinan entonces nominó a Lincoln como alcalde, lo cual fue apoyado por unanimidad por el consejo. Abrica fue elegida vicealcaldesa.
El público felicitó al alcalde y al vicealcalde salientes e instó a los miembros del consejo a superar sus diferencias personales.
“Estamos intentando comenzar una nueva era, y no podemos hacerlo con ira, quejas ni acusaciones”, dijo Donna Rutherford, exalcaldesa de East Palo Alto. “No podemos empezar con buen pie de esta manera. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero debemos trabajar por el bien de esta comunidad”.
Dinan agradeció a Barragán por su servicio como alcaldesa y reflexionó sobre su tiempo como vicealcalde.
“Gracias por permitirme servir como vicealcaldesa este año bajo la dirección de Martha Barragán. Fue una experiencia muy positiva y creo que logramos mucho”, dijo Dinan. “Agradecemos sinceramente el increíble compromiso que han demostrado con este consejo”.
ACNUR otorgó el Premio Nansen para las Américas a Pablo Moreno Cadena en reconocimiento a su liderazgo para abrir oportunidades laborales formales a personas refugiadas en México. Foto: ACNUR
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, otorgó el Premio Nansen para las Américas a Pablo Moreno Cadena, directivo de la empresa mexicana MABE, en reconocimiento a su liderazgo para abrir oportunidades laborales formales a personas refugiadas en México.
El organismo internacional destacó que su contribución demuestra el potencial transformador del sector privado en contextos de desplazamiento forzado.
El Premio Nansen, creado en 1954, honra a individuos y organizaciones que realizan labores extraordinarias para proteger a personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas.
En el caso de Moreno Cadena, ACNUR subrayó que su trabajo ha permitido que cientos de personas de diversas nacionalidades encuentren estabilidad económica, arraigo comunitario y oportunidades reales de crecimiento.
Desde MABE, el directivo ha impulsado la contratación inclusiva como una práctica empresarial sostenible. Su visión, señaló ACNUR, ha sido clave para demostrar que la integración de personas refugiadas no solo es viable, sino beneficiosa para la productividad, la innovación y la cohesión social dentro de las empresas mexicanas.
En un gesto significativo, Moreno Cadena decidió donar la totalidad del monto del premio a la Casa del Migrante de Saltillo, organización que brinda alojamiento, asesoría legal y acompañamiento en procesos de naturalización.
La donación tiene un valor simbólico adicional porque Saltillo es la ciudad donde nació el Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR, un modelo que hoy se replica en distintas regiones del país.
ACNUR destacó que mientras en otras partes del mundo el acceso al asilo y la integración enfrentan barreras crecientes, América Latina ha logrado construir un enfoque distinto, basado en la colaboración entre gobiernos, sociedad civil y empresas.
En México, más de 650 compañías participan activamente en esquemas de contratación inclusiva, y desde 2016 más de 53,000 personas refugiadas han accedido al PIL.
La experiencia mexicana forma parte de una tendencia regional cada vez más robusta. En Brasil, el Foro Empresas con Refugiados articula esfuerzos para contratar a gran escala; en Ecuador, el Sello Empresa Inclusiva reconoce a compañías que integran a personas refugiadas en su plantilla; y en Costa Rica, el programa “Vivir la Inclusión” impulsa alianzas público-privadas para crear oportunidades laborales sostenibles.
Estas iniciativas, señaló ACNUR, muestran que el sector privado se ha convertido en un socio estratégico para la integración en América Latina. Su participación contribuye no solo a fortalecer economías locales, sino también a ofrecer caminos reales para que las personas desplazadas reconstruyan sus vidas con dignidad y seguridad.
En un contexto global marcado por crisis humanitarias crecientes, el reconocimiento a Pablo Moreno Cadena reafirma que las soluciones innovadoras pueden surgir desde múltiples sectores.
Su liderazgo, añadió ACNUR, demuestra que la solidaridad empresarial puede convertirse en un pilar central para garantizar inclusión, estabilidad y futuro a quienes se han visto obligados a huir de sus países.
