El Concejo Municipal de East Palo Alto aprobó una serie de decisiones clave durante su sesión del 16 de diciembre, enfocadas en fortalecer controles financieros, mejorar la gestión urbana y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos públicos.
The Municipal Council of East Palo Alto aprobó una serie de decisiones clave durante su sesión del 16 de diciembre, enfocadas en fortalecer la transparencia financiera, mejorar la gestión urbana y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos públicos.
Uno de los acuerdos más relevantes fue establecer que, a partir de 2026, las reuniones regulares del Concejo se realizarán a las 18:00 horas. La medida busca ampliar el acceso de residentes que trabajan durante el día, sin afectar la operación del personal municipal.
Durante la sesión, el Concejo también adoptó formalmente una Política de Controles Internos, presentada por el director de Finanzas en respuesta a observaciones del Gran Jurado Civil del Condado de San Mateo.
La nueva política establece lineamientos para la supervisión financiera, la evaluación de riesgos y la rendición de cuentas, con el objetivo de proteger los fondos públicos y reforzar la confianza ciudadana.
En materia de orden urbano, las y los concejales aprobaron un contrato por cinco años con la empresa LAZ Parking para implementar un programa integral de control de estacionamiento las 24 horas del día.
El acuerdo incluye una revisión obligatoria al cumplirse el primer año y busca atender problemáticas como vehículos sobredimensionados, estacionamiento nocturno y aplicación inconsistente de las normas, aunque algunos residentes expresaron preocupación por los posibles impactos en los vecindarios.
La sesión también dio espacio a la participación ciudadana luego de que vecinos manifestaron inquietudes relacionadas con el aumento de los costos de vivienda, el uso de algoritmos para la fijación de rentas, la accesibilidad de las reuniones públicas y la planificación de infraestructura vinculada a nuevos desarrollos habitacionales.
Además, representantes del Sindicato de Carpinteros del Norte de California presentaron información sobre la importancia de incorporar estándares laborales en proyectos de obras públicas, lo que generó preguntas y discusión entre los integrantes del Concejo.
En los informes finales, concejales expresaron preocupación por el papel de East Palo Alto en el proceso de revisión ambiental de la expansión del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), mientras que el alcalde destacó positivamente la realización de un reciente evento comunitario de fin de año.
Miles de trabajadores se movilizan este jueves 18 de diciembre en las calles de Buenos Aires y en distintas ciudades de Argentina en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.
Miles de trabajadores se movilizan este jueves 18 de diciembre en el centro de Buenos Aires y en distintas ciudades del país en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, en una jornada marcada por un paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y una masiva marcha organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Desde primeras horas del día, el paro afecta el funcionamiento de la administración pública, mientras columnas sindicales comenzaron a concentrarse en el microcentro porteño.
La movilización de ATE partió a las 13:00 horas (hora local) desde Diagonal Norte y San Martín con destino a Plaza de Mayo, donde la CGT convocó a una concentración central a partir de las 15:00 frente a la Casa Rosada.
La protesta se desarrolla contra el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo, al que los sindicatos califican como regresivo y orientado a precarizar el empleo.
Entre los principales reclamos figuran el rechazo a jornadas laborales de hasta 12 horas, el pago en especies, la eliminación o flexibilización de las horas extras, la reducción de derechos adquiridos y la intención del Gobierno de recortar un 10% la planta estatal, además de exigir la reapertura inmediata de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido.
“Es todo verso decir que con esta reforma se crea empleo. Es una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la de la dictadura”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. “No podemos aceptar jornadas de 12 horas y pago en especies. Los empresarios ya son dueños de las empresas y ahora quieren ser dueños de nuestras vidas”, sostuvo.
Desde Plaza de Mayo, Gustavo, integrante del gremio de la construcción UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), señaló que la movilización tiene un alcance nacional y un fuerte respaldo de las bases.
“La CGT convocó a una movilización masiva en contra de esta reforma pro-empresarial, no laboral. Acá todo es para los empresarios, nada para el trabajador. La clase trabajadora es el 99.9 por ciento del país y no van a poder con nosotros”, afirmó a Península 360 Press.
Uno de los puntos que más genera rechazo es la creación de un “banco de horas”, mecanismo que permitiría a las empresas compensar horas extra con descansos futuros definidos unilateralmente por el empleador.
“El trabajador quiere trabajar y quiere cobrar. No necesita banco de horas”, explicó Gustavo, quien aseguró que los sindicatos volverán a movilizarse “todas las veces que haga falta”.
La movilización cuenta con la adhesión de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) y la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso, que anunció un paro nacional de 24 horas.
Roxana, integrante de UOCRA Mujeres, subrayó que la protesta busca defender derechos básicos: “Estamos acá para que no nos saquen las posibilidades de trabajar y de pelear por nuestros derechos. No queremos la reforma laboral”, afirmó a Península 360 Press durante la manifestación.
Entre los jóvenes, el rechazo también es fuerte. Dayana Leiva explicó que su principal preocupación son “los horarios, las pagas, las vacaciones y todo lo que se pierde con esta reforma”.
En tanto, Natacha, del sindicato de la Asociación del Personal Legislativo (APL), advirtió que la iniciativa afectaría a más de un millón 600 mil trabajadores en todo el país.
“La Argentina ya viene golpeada por la flexibilización laboral, salarios con techo del 1 por ciento, recortes en salud y educación. Esta reforma responde a mandatos del FMI y profundiza la precarización”, señaló.
La dirigente juvenil alertó además sobre el impacto en las nuevas generaciones al detallar que “la juventud está siendo muy golpeada. No hay mercado laboral que absorba a miles de jóvenes profesionales. Muchos terminan aceptando jornadas de 12 horas sin registro ni horas extras. Esta reforma va a empeorar una situación que ya es crítica”.
Desde la CGT, el mensaje fue contundente: “La reforma laboral no es modernización, es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”, señalaron en un comunicado, al tiempo que advirtieron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado”.
Las protestas se desarrollan bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño y se espera que continúen durante toda la jornada, en lo que ya se perfila como una de las principales demostraciones de rechazo social al programa de reformas del gobierno de Javier Milei desde su asunción.
Casa Esperanza forma parte de una red creciente de desarrollos de vivienda permanente con servicios de apoyo, un modelo que combina rentas asequibles con acompañamiento social. Foto: San Mateo County
Durante años, Elizabeth Pérez intentó mantenerse a flote en el implacable mercado de vivienda del condado de San Mateo. Nacida y criada en Redwood City, vio cómo la renta subía mucho más rápido que los ingresos que obtenía cuidando mascotas, hasta que incluso un estudio se volvió inalcanzable.
“De repente todo subió, de mil 400 a 2 mil dólares”, recordó. “No sabía a dónde ir ni por dónde empezar para volver a encarrilar mi vida”. Su camioneta terminó convirtiéndose en su hogar.
Pérez ingresó a un albergue temporal cuando supo que estaba embarazada. Ahí, una trabajadora social le habló de la posibilidad de un cuarto disponible en un antiguo hotel reconvertido en vivienda con apoyos en sitio. No esperaba demasiado, pero la ubicación, cerca del barrio donde creció, le ofrecía algo de familiaridad en un momento crítico.
Su solicitud fue aceptada. Hoy paga alrededor de un tercio de sus ingresos por un cuarto con una pequeña cocina que comparte con su hija pequeña en Casa Esperanza. Trabaja a unas cuadras, en una tienda de autopartes, y por primera vez en años ha podido ahorrar dinero.
Casa Esperanza es operada por la organización sin fines de lucro Episcopal Community Services, bajo contrato con el condado de San Mateo. Forma parte de una red creciente de desarrollos de vivienda permanente con servicios de apoyo, un modelo que combina rentas asequibles —generalmente no mayores al 30 por ciento del ingreso— con acompañamiento social para ayudar a las personas a mantener una vivienda estable.
“Este modelo les da a las personas los derechos que conlleva ser inquilinos y un lugar seguro para vivir”, explicó Serene Flores, administradora de la propiedad.
No es vivienda transitoria. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, y si requieren apoyo, desde un gestor de casos hasta artículos básicos o alimentos, aquí los tienen. No hay vergüenza; es parte del apoyo”, destacó.
La necesidad es creciente. El conteo oficial de personas sin hogar realizado en 2024 identificó a 2 mil 130 personas en situación de calle en el condado, un aumento del 18 por ciento respecto a 2022, impulsado principalmente por el alza de las rentas y el aumento de personas viviendo en vehículos. Casi el 40 por ciento de la población sin techo vive en casas rodantes y cerca de un tercio en automóviles.
Para especialistas, la solución está clara: “La vivienda permanente con apoyos es la forma comprobada de acabar con la falta de vivienda”, señaló la doctora Margot Kushel, profesora de la Universidad de California en San Francisco. “La vivienda, con derechos y responsabilidades, brinda la estabilidad necesaria para que las personas puedan salir adelante”.
La compra de Casa Esperanza fue financiada en parte por el programa estatal Homekey, que apoya a ciudades y condados en la adquisición y reconversión de hoteles en vivienda permanente. Gracias a este programa, el condado también prepara la apertura de otro proyecto en South San Francisco, donde un antiguo hotel será transformado en 45 departamentos asequibles para personas mayores de 62 años.
Autoridades del condado señalan que el financiamiento de Casa Esperanza es relativamente estable, al estar respaldado por el impuesto local Measure K. Sin embargo, advierten que posibles recortes federales a programas de atención a personas sin hogar podrían dificultar la apertura de nuevos proyectos.
“Hemos demostrado que este modelo funciona”, afirmó Ray Hodges, director del Departamento de Vivienda del condado. “La gran incógnita es si el apoyo federal se mantendrá al ritmo necesario”.
En Casa Esperanza, los antiguos cuartos de hotel cuentan ahora con estufas pequeñas, refrigeradores y fregaderos. Las y los residentes tienen derechos plenos como inquilinos y pueden entrar y salir libremente. En la parte trasera, un área sombreada permite a las personas convivir con sus mascotas.
Shady, de 8 años, disfruta del parque para perros del sitio. El dueño de Shady pasó años enfrentando problemas de abuso de sustancias y falta de vivienda hasta que un equipo de asistencia social lo convenció de solicitar una vivienda de apoyo permanente. Foto: San Mateo County
El edificio funciona como una pequeña comunidad. El personal está presente las 24 horas y, en la sala común, se organizan entregas de alimentos y se ofrecen apoyos para trámites, citas médicas o búsqueda de empleo.
Un equipo dental visitante brinda atención a un residente de Casa Esperanza, donde los servicios in situ se combinan con viviendas asequibles. Foto: San Mateo County
Ahí vive también Alfonso Guzmán, de 65 años, quien pasó décadas pintando casas hasta que una caída de una escalera le destrozó la muñeca y cambió su vida. Sin poder trabajar ni pagar sus gastos, terminó viviendo en su camioneta. Actualmente, tras casi tres años en Casa Esperanza, sigue buscando empleo, agradecido de tener un lugar seguro donde dormir, cocinar y guardar sus pertenencias.
Alfonso Guzmán, de 65 años, pasó décadas pintando casas hasta que una caída de una escalera le destrozó la muñeca y cambió su vida. Foto: San Mateo County
Cuando habla de lo que significa tener vivienda, su voz se quiebra: “Estoy muy agradecido”, dice. “Por tener esta oportunidad”.
En una tarde reciente, Elizabeth Pérez abrió la puerta de su cuarto en el segundo piso mientras su hija Makayla jugaba entre dibujos, muñecas y su gato blanco y negro. Sonrió al verla correr por la habitación.
Makayla alimenta a su muñeca dentro de la habitación que comparte con su madre en Casa Esperanza, el centro de vivienda de apoyo permanente que le dio a la familia un lugar al que llamar hogar. Foto: San Mateo County
“Ahora ya no me siento deprimida”, dijo. “Estar aquí me hace sentir que voy camino a algo mejor”.
Silicon Valley Clean Water (SVCW) conmemora cinco décadas de operación al servicio de las comunidades de la península media del Área de la Bahía. Foto: svcw.org
Silicon Valley Clean Water (SVCW) conmemora cinco décadas de operación al servicio de las comunidades de la península media del Área de la Bahía, consolidándose como una de las agencias clave en el tratamiento de aguas residuales y la protección ambiental de la Bahía de San Francisco.
Creada en 1975 tras la promulgación de la Ley Federal de Agua Limpia, SVCW es una autoridad de poderes conjuntos que transporta y trata las aguas residuales de más de 220 mil residentes de Belmont, San Carlos, Redwood City y el Distrito Sanitario de West Bay, antes de devolver el agua tratada de manera segura al ecosistema de la bahía.
En el marco de su 50 aniversario, la agencia destacó los avances de su Programa de Mejoras de Capital, cuya primera fase concluirá a inicios de 2026. Estas obras buscan fortalecer la confiabilidad del sistema, reducir riesgos operativos y optimizar el uso de energía mediante el traslado de la demanda eléctrica a la planta de tratamiento.
Actualmente, SVCW genera alrededor del 70 por ciento de su demanda eléctrica a partir del metano producido durante el proceso de tratamiento de aguas residuales.
A ello se suma el uso de baterías de iones de litio y sistemas de automatización avanzada, que permiten reducir costos, administrar mejor los picos de consumo y disminuir la huella de carbono.
La agencia también ha ampliado su producción energética mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos regionales, convirtiéndose en la única planta de tratamiento de la península que recibe y procesa residuos de alimentos para la generación de electricidad, como parte de un modelo de economía circular.
En el ámbito ambiental, SVCW trabaja en coordinación con la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Bahía de San Francisco y otras agencias del Área de la Bahía para monitorear y reducir contaminantes, así como prevenir proliferaciones de algas nocivas, con el objetivo de proteger la salud pública y los ecosistemas marinos.
Además, la agencia impulsa programas de educación y participación comunitaria, que incluyen visitas guiadas, prácticas estudiantiles y el reciclaje de agua tratada para riego e industria, fortaleciendo la conciencia ambiental en la región.
Autoridades locales destacaron que el 50 aniversario de Silicon Valley Clean Water no solo celebra su historia, sino que proyecta una visión de largo plazo basada en infraestructura resiliente, sostenibilidad energética y un compromiso permanente con las comunidades a las que sirve y con la protección de la Bahía de San Francisco.
Casi un tercio de los 3.1 millones de californianos de 12 años o más víctimas de actos de odio no recibieron el apoyo que necesitaban después del incidente más grave.
Casi un tercio de los 3.1 millones de californianos de 12 años o más que sufrieron un acto de odio no recibió el apoyo que necesitaba después del incidente más grave, de acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA (CHPR), reflejando las brechas profundas en la atención a personas afectadas por discriminación, violencia y abusos motivados por prejuicios.
The study se complementa con una investigación cualitativa realizada junto al Instituto de Salud Pública, que recopiló testimonios sobre las barreras para recibir ayuda y el impacto de estos actos en la salud mental, física y económica de las víctimas.
Los relatos, detalla el documento, describen miedo persistente, cambios en rutinas diarias e incluso afectaciones financieras relacionadas con seguridad y reparaciones.
Las tasas de necesidades de apoyo insatisfechas fueron especialmente altas entre indígenas americanos o nativos de Alaska (44 por ciento) y afroamericanos (42 por ciento), superando el promedio estatal del 31 por ciento.
La encuesta CHIS 2024 también mostró que el 20 por ciento de los californianos asiáticos y el 30 por ciento de los blancos reportaron no haber recibido la ayuda que requerían.
Los datos revelan la magnitud del problema: más de 17 millones de actos de odio ocurrieron en California en los 12 meses previos a la encuesta. Entre quienes reportaron experiencias de odio, una de cada cinco personas sufrió seis o más actos en ese periodo, lo que evidencia una recurrencia alarmante.
Las mujeres mostraron tasas más altas de necesidades insatisfechas que los hombres (37 por ciento frente a 25 por ciento). Las personas con vivienda inestable tenían casi el doble de probabilidad de no recibir apoyo (50 por ciento) comparado con quienes cuentan con estabilidad habitacional (27 por ciento).
Además, el 41 por ciento de las personas con discapacidad reportó necesidades no cubiertas, frente al 25 por ciento de quienes no la tienen.
“Los californianos enfrentaron una prevalencia alarmante de actos de odio y algunas de las poblaciones más vulnerables tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de no recibir apoyo”, señaló Alex Bates, analista sénior de CHIS y autor principal del estudio. Sus conclusiones resaltan la urgencia de políticas públicas que cierren estas brechas.
El estudio encontró variaciones regionales importantes. En los condados del Norte y Sierra, las víctimas experimentaron en promedio 11.6 actos por persona, más del doble del promedio estatal de 5.6.
En contraste, Los Ángeles registró un promedio significativamente menor, con 4.2 actos por persona.
Solo 12 por ciento de los residentes del Norte y Sierra que sufrieron un acto de odio recibió consejería o apoyo en salud mental, en comparación con el 20 por ciento del promedio estatal. El apoyo psicológico fue la ayuda más común, pero también la necesidad más frecuentemente insatisfecha, reportada por el 38 por ciento de quienes enfrentaron barreras para acceder a servicios.
Otras necesidades no cubiertas incluyeron protección física (23 por ciento), apoyo para denunciar ante la policía (22 por ciento), asistencia legal (21 por ciento), ayuda financiera (18 por ciento), permisos laborales (14 por ciento) y validación o rendición de cuentas por parte de autoridades o empleadores (9 por ciento). Además, el 38 por ciento de quienes no recibieron apoyo señaló múltiples necesidades simultáneas.
Para profundizar en los impactos, los investigadores entrevistaron a 53 adultos que vivieron actos de odio.
Los testimonios revelan cómo el contexto político influye en la percepción del daño y cómo los incidentes transforman la vida cotidiana: personas que dejan de usar transporte público, evitan tiendas cercanas o restringen actividades al aire libre por miedo.
“Combinar datos cuantitativos rigurosos con entrevistas que describen cambios concretos en la vida diaria nos permite entender no solo qué ocurrió, sino cómo se vieron afectadas las personas”, explicó Valerie Steinmetz, autora del estudio cualitativo. Algunas víctimas también reportaron gastos adicionales en cámaras de seguridad, reparaciones o transporte alternativo.
Los encuestados compartieron además estrategias para enfrentar los incidentes. Algunos normalizaron los actos, otros dudaron de la utilidad de denunciar, especialmente en casos verbales, y muchos desconocían los recursos disponibles. Entre quienes sí denunciaron, varios expresaron frustración por respuestas limitadas o insuficientes de las autoridades.
“Los estudios señalan deficiencias críticas en el acceso y uso de servicios de apoyo”, afirmó Todd Hughes, director de la Encuesta de Entrevistas de Salud de California. “En conjunto, ilustran el profundo impacto humano que los actos de odio tienen en quienes los sufren”.
La Junta de Supervisores del condado de San Mateo aprobó a MidPen Housing para diseñar nuevas viviendas asequibles en San Carlos
Ante el aumento de la presión habitacional en el Área de la Bahía, la Junta de Supervisores del the San Mateo County Board of Supervisors aprobó la siguiente fase de un proyecto que permitirá desarrollar nuevas viviendas asequibles en la ciudad de San Carlos.
La decisión autoriza a MidPen Housing a iniciar el diseño de una nueva comunidad habitacional, de al menos 75 viviendas asequibles, en tres terrenos propiedad del condado, ubicados en el bloque 600 de Walnut Street, una zona cercana al centro de la ciudad y con acceso a escuelas, empleos y opciones de transporte.
“El condado está entusiasmado por avanzar en este proyecto y trabajar con nuestros socios en la ciudad de San Carlos y ahora con MidPen Housing”, señaló el administrador del condado, Mike Callagy. “Compartimos el objetivo de ofrecer vivienda asequible que beneficie a las y los residentes de San Carlos”.
MidPen Housing es uno de los desarrolladores de vivienda asequible con mayor experiencia en la región y ha colaborado previamente con el condado de San Mateo en proyectos de alto perfil.
La propuesta en Walnut Street ampliará ese trabajo con viviendas destinadas a hogares con ingresos de hasta el 80 por ciento del ingreso medio del área, bajo un convenio de asequibilidad a largo plazo.
“Es un honor haber sido seleccionados para hacer realidad la ambiciosa visión de este sitio en el centro de la ciudad”, afirmó Matthew O. Franklin, presidente y director ejecutivo de MidPen Housing, al tiempo que destacó el liderazgo del condado y de la ciudad, así como el compromiso con la vivienda asequible y la participación de la comunidad en el proceso de planeación.
El condado adquirió los predios ubicados en los números 626, 640 y 648 de Walnut Street en 2024, con el objetivo de crear vivienda asequible en una zona bien conectada por transporte.
A inicios de este año, el Departamento de Vivienda lanzó una convocatoria para seleccionar a un desarrollador con experiencia comprobada en el diseño, financiamiento y operación de proyectos de largo plazo.
La alcaldesa de San Carlos, Pranita Venkatesh, celebró la colaboración entre la ciudad y el condado.
“La cercanía del sitio al centro y al transporte lo convierte en una oportunidad clave para avanzar en nuestras metas de vivienda asequible”, afirmó, y destacó la importancia de haber participado desde las primeras etapas del proceso.
En ese momento, diez desarrolladores calificados presentaron propuestas, y tras las entrevistas, el comité recomendó por unanimidad a MidPen Housing, citando su trayectoria, experiencia en financiamiento y estrategia de diseño.
Con la aprobación de la Junta, el condado y MidPen Housing iniciarán en 2026 un proceso de participación comunitaria para definir el diseño del proyecto y preparar las solicitudes de autorización que serán revisadas por la ciudad de San Carlos.
La policía chilena vigila las calles del centro de Santiago. La seguridad y el temor a la delincuencia fueron un factor decisivo en las elecciones del 14 de diciembre. (Crédito: Manuel Ortiz)
SANTIAGO, Chile–En una esquina del centro de Santiago, con el calor de la tarde reflejándose en los rascacielos, se acerca un hombre. Es de mediana edad, con pantalones caqui manchados y una camiseta desgastada. “¿De dónde son?”, pregunta, levantando el pulgar mientras se lo contamos.
México y Estados Unidos. “Bien”, dice en español, y añade: “Venezolanos, mal”. Luego coloca los brazos como si apuntara un rifle al cielo y grita: “Kast se deshará de ellos”.
Los venezolanos, Los Venezolanos, el nombre en sí mismo conlleva un cierto estigma aquí, pronunciado casi como un epíteto para transmitir el desdén y la frustración de los chilenos exasperados por una sensación de creciente inseguridad y disminución de oportunidades.
El 14 de diciembre, los chilenos eligieron al candidato de extrema derecha y exdiputado José Antonio Kast, un reconocido defensor del exdictador chileno Augusto Pinochet. Gracias a una ley recientemente aprobada que obliga a votar en Chile, asume el cargo como el presidente con el mayor número de votos en la historia del país.
Kast, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi de Hitler en su Alemania natal y oficial del ejército del Tercer Reich, ha copiado el ejemplo de Trump y ha prometido expulsar del país a millones de inmigrantes recién llegados (muchos de Venezuela, otros de Colombia y Haití) al asumir el cargo.
“El año más exitoso en cuanto a expulsiones será 2026, después de que tomemos el control del gobierno”, prometió Kast en un debate reciente con su rival, Jeanette Jara, del Partido Comunista. Jara fue ministra de Trabajo durante la presidencia saliente de Gabriel Boric.
Chile ha experimentado un flujo masivo de inmigrantes, y la población nacida en el extranjero del país se ha duplicado en los últimos cinco años, desde poco más del 4 a casi el 9 por ciento en 2025. Y aunque las estadísticas de delincuencia se han mantenido relativamente estables (de hecho, Chile es uno de los países más seguros de América Latina), muchos aquí insisten en que se sienten menos seguros.
A encuesta de Ipsos en octubre encontró que el 63 por ciento de los encuestados citaron la seguridad entre las principales prioridades de los votantes, una cifra más alta que en México y Colombia, a pesar de que las tasas de homicidios en estos países son cuatro veces más altas que en Chile.
Rodrigo, taxista en Santiago desde hace 26 años, afirma que la seguridad en el país se ha deteriorado. Como muchos chilenos, señala rápidamente la llegada de migrantes venezolanos como una de las principales causas. (Crédito: Manuel Ortiz)
“Lo quemaron vivo”, dice nuestro taxista, Rodrigo (quien nos pidió que solo usáramos su nombre de pila), describiendo un ataque reciente contra una familia en un suburbio obrero a las afueras de la capital. “Eso nunca pasaba aquí”, añade. Al preguntarle si los culpables eran venezolanos, admite no saberlo, antes de pasar al Tren del Aragua, el sindicato delictivo venezolano en el centro de la agitación geopolítica desde Washington D. C. hasta Santiago.
El presidente Trump prácticamente le ha declarado la guerra al grupo, alegando su presencia en ciudades estadounidenses como base para políticas de deportación draconianas. También lo ha vinculado con el autócrata venezolano Nicolás Maduro como justificación de lo que cada vez parece más una campaña para un cambio de régimen.
“Hoy en día, los venezolanos representan casi un tercio de todos los extranjeros legalmente registrados que viven en Chile”, afirma el profesor Hugo Fruhling, fundador del Centro de Estudios de Seguridad Pública de la Universidad de Chile. “Se les han atribuido muchos casos de violencia”.
Según Fruhling, experto en seguridad pública en Latinoamérica, las primeras oleadas migratorias de Venezuela y países vecinos, que comenzaron hace una década, eran más adineradas y con mayor nivel educativo. Los recién llegados, afirma, suelen ser más pobres, con menos recursos para su sustento y el de sus familias.
Su llegada, que comenzó en torno a la pandemia de COVID-19, coincidió con un período de débil crecimiento económico en Chile y escasez de viviendas disponibles. Como resultado, muchos quedaron en la sombra.
Profesor Hugo Fruhling, fundador del Centro de Estudios de Seguridad Pública de la Universidad de Chile. (Crédito: Manuel Ortiz)
“No se trata solo de que algunos de ellos puedan estar relacionados con grupos criminales en sus propios países”, explica Fruhling, “sino que el hecho es que para muchos de ellos es difícil vivir legalmente aquí”.
Un resultado de todo esto ha sido el surgimiento de campamentos, asentamientos ilegales en Santiago y otras partes del país, comunidades típicamente gobernadas por formas internas de autogobierno y donde la presencia policial es mínima, si no completamente inexistente. Muchos están poblados casi en su totalidad por inmigrantes.
Apenas dos días después de las elecciones, las autoridades de Maipú, ubicada en el extremo suroeste de Santiago, anunciaron el desmantelamiento de un asentamiento que albergaba a casi 400 personas, entre ellas unos 200 niños, niñas y adolescentes. El 94 % de los residentes del campamento son inmigrantes, según informes.
Una encuesta de Ipsos realizada en octubre reveló que el 63% de los chilenos mencionó la seguridad como una de las principales prioridades de los votantes. (Crédito: Peter Schurmann)
Fruhling afirma que, para muchos chilenos, estos lugares se han convertido en un símbolo visible de las consecuencias de la migración masiva. “Cuando la gente ve todo esto, lo atribuyen a los venezolanos”, explica. “Pero, obviamente, es una exageración”.
Más allá de las expulsiones, otro elemento clave de la plataforma de campaña de Kast —que tuvo gran repercusión entre los votantes chilenos— fue su mano dura contra la delincuencia y, por extensión, contra los inmigrantes. Durante su campaña, Kast visitó El Salvador en dos ocasiones para recorrer la infame prisión CECOT, construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, adonde Estados Unidos ha enviado a cientos de inmigrantes deportados.
Titulada Plan Implacable, o Puño de Hierro en español, la propuesta de Kast pinta un panorama de pesadilla: criminales extranjeros deambulando por las calles mientras los chilenos permanecen en sus casas, “paralizados por el miedo”. Kast ha prometido sentencias más largas y la construcción de 100 mil nuevas plazas penitenciarias en el país, con celdas sin ventanas, electricidad ni acceso al exterior.
Según Fruhling, varios factores complican las reiteradas promesas de Kast de expulsar masivamente a los migrantes, incluyendo la renuencia de países como Venezuela a aceptarlos. Y si bien Trump pagó a países como El Salvador para que aceptaran a los deportados, Chile carece de los recursos financieros disponibles para Estados Unidos. Esto deja el encarcelamiento como la única opción.
La población carcelaria de Chile ronda actualmente las 60 mil personas. Muchos prevén que esa cifra aumentará significativamente en los próximos años. Algunos, incluidos activistas chilenos locales , temen que la red criminal de Kast pueda eventualmente expandirse y atraparlos también, en un retorno a los días más oscuros de la era de Pinochet.
Fruhling dice que, de todas las promesas de Kast, el encarcelamiento es la más fácil de alcanzar.
“Ese será uno de los objetivos más fáciles de alcanzar para Kast, y donde será más fácil mostrar resultados”, dijo. “Se construye un lugar donde se los coloca a todos, se los captura y, hasta que sean recibidos por su país de origen, se los mantiene allí”.
Manuel Ortiz colaboró con la redacción de este artículo. Se produjo con el apoyo deGlobal ExchangeandSocial Focus
De acuerdo con un nuevo sondeo de Bullfinch Group y el National Immigration Forum, 80 por ciento de los republicanos registrados respalda soluciones migratorias bipartidistas
Un nuevo sondeo de Bullfinch Group y el National Immigration Forum (Foro Nacional de Inmigración), 80 por ciento de los republicanos registrados respalda soluciones negociadas entre ambos partidos, frente a solo un 12 por ciento que se opone.
El análisis detalla que una amplia mayoría de votantes republicanos en Estados Unidos apoya un enfoque migratorio que combine seguridad fronteriza, modernización del asilo y expansión de vías legales.
Entre todos los votantes, la tendencia es casi idéntica: 77 por ciento a favor y 11 por ciento en contra, con un porcentaje menor de indecisos. Para los autores del estudio, las cifras revelan una apertura significativa en un tema históricamente polarizante dentro de la política estadounidense.
“Los estadounidenses desean un equilibrio en materia de inmigración”, afirmó Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del National Immigration Forum. Sostuvo que existe amplio apoyo a políticas que refuercen la seguridad, actualicen el sistema de asilo y faciliten vías legales que fortalezcan la economía.
La encuesta evaluó si ambos partidos deberían trabajar juntos para asegurar la frontera, priorizar la aplicación de la ley en amenazas reales, actualizar normas de asilo y modernizar vías legales para cubrir necesidades laborales. La mayoría de los encuestados expresó acuerdo con este planteamiento integral.
El estudio se realizó del 21 al 25 de noviembre de 2025 entre mil 200 adultos, incluidos mil votantes registrados, mediante una encuesta en línea. Se aplicaron controles de muestreo para garantizar representatividad y los márgenes de error son de ±3.1 por ciento para votantes registrados y ±2.83 por ciento para adultos.
El Foro Nacional de Inmigración, fundado en 1982, promueve el valor de los inmigrantes en Estados Unidos y aboga por políticas federales responsables. Su trabajo se centra en reforma migratoria, integración, aplicación de la ley y coordinación con gobiernos estatales y locales.
Para la organización, los resultados confirman que una parte importante del electorado republicano respalda soluciones amplias que combinen control, orden y vías legales. Consideran que este enfoque ofrece una estrategia más efectiva y sostenible para gestionar los retos migratorios del país.
“Sabemos que el mundo debe estar impactado, sabemos que Chile es querido en otras partes, que hay calles Salvador Allende”. Estas son las palabras de un profesor de educación pública en Chile sobre la victoria de la derecha en su país.
Desde La Cárcel Pública de Valparaíso, en Chile, Claudio lanza una advertencia sobre un pasado que alberga este recinto y que los chilenos corren el riesgo de repetir. La llegada de un político abiertamente pinochetista al poder de este país enciende las alarmas de la gente que aún lleva heridas de la grotesca dictadura.
En entrevista con Manuel Ortiz, el profesor comparte para Península 360 Press una reflexión poderosa; este es el resultado de una izquierda que no logró resolver las más inmediatas necesidades del pueblo y que abandonó la educación pública chilena que les hubiera permitido ver la amenaza de que la historia se repita.
Especialistas en salud pública, economía y medio ambiente coincidieron en que se encamina hacia un declive poblacional en EE.UU. hacia finales de este siglo. Foto: Gerardo Herrera/P360P
Especialistas en salud pública, economía y medio ambiente coincidieron en que Estados Unidos se encamina hacia un punto de inflexión demográfico, marcado por la caída de la fertilidad, el envejecimiento de la población y la desaceleración de la inmigración, factores que podrían llevar al país a un escenario de decrecimiento poblacional hacia finales de este siglo.
De acuerdo con datos del Buró del Censo de Estados Unidos, bajo escenarios de baja inmigración la población podría reducirse hasta 226 millones de personas para el año 2100, lo que eliminaría el “colchón demográfico” que durante décadas sostuvo el crecimiento del país.
La doctora Ana Langer, directora de la Women and Health Initiative de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, explicó en una sesión con medios realizada por American Community Media (ACoM) que la disminución de la fertilidad es un fenómeno global y sostenido.
“La tasa mundial pasó de alrededor de cinco hijos por mujer en 1970 a cerca de 2.2 en la actualidad”, señaló, al tiempo que subrayó que Estados Unidos no es una excepción.
En el caso estadounidense, recordó que la fertilidad cayó de 3.5 hijos por mujer en los años sesenta a alrededor de 1.6 hoy, una tendencia que también se observa en América Latina, Asia e incluso África subsahariana.
Langer destacó que estas decisiones están fuertemente influenciadas por factores estructurales como el costo de la vivienda, el cuidado infantil, el acceso a la salud y la desigualdad de género.
Desde el ángulo económico, Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute, advirtió que el envejecimiento poblacional tendrá impactos directos sobre el crecimiento económico. Señaló que la reducción de la población en edad laboral “podría restar alrededor de medio punto porcentual al crecimiento anual del PIB per cápita en economías avanzadas”.
Madgavkar subrayó que el reto no se limita al tamaño de la población, sino a la productividad, y que “la automatización y la inteligencia artificial tienen el potencial de compensar parte de la reducción de la fuerza laboral”, aunque recalcó que esto exigirá inversiones masivas en capacitación y adaptación del mercado de trabajo.
En la dimensión ambiental, el profesor Philip Cafaro, de la Universidad Estatal de Colorado, planteó que el debate suele enfocarse solo en los riesgos económicos del decrecimiento poblacional.
“El crecimiento continuo de la población intensifica la presión sobre ecosistemas ya severamente degradados”, sostuvo.
Cafaro señaló que problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos están estrechamente ligados tanto al tamaño poblacional como a los patrones de consumo.
A su juicio, una estabilización demográfica podría formar parte de una estrategia más amplia hacia la sostenibilidad.
Los tres ponentes coincidieron en que la inmigración sigue siendo un factor clave, aunque políticamente sensible.
Si bien un mayor flujo migratorio podría ralentizar el declive poblacional, advirtieron que depender únicamente de esta vía requeriría niveles sin precedentes de inmigración.
También coincidieron en que las políticas diseñadas solo para elevar la natalidad han tenido resultados limitados en distintos países. En cambio, señalaron la necesidad de garantizar condiciones estructurales —como cuidado infantil accesible, licencias parentales, acceso a la salud y equidad de género— para que las personas puedan decidir libremente si desean tener hijos.
Al cierre del foro, los expertos subrayaron que el cambio demográfico no es una crisis inmediata, sino una transformación de largo plazo. La forma en que Estados Unidos responda, advirtieron, tendrá efectos duraderos sobre su economía, su entorno y su cohesión social.
