Ante los cambios generados por la administración Trump, los estudiantes se han mostrado con temor por los arrestos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sin embargo, los colegios comunitarios de California se encuentran intensificando esfuerzos para garantizar que los estudiantes y sus familias se sientan seguros y apoyados.

Through Find Your Ally y el Proyecto de Servicios Legales para la Educación Superior, los estudiantes tienen acceso a asistencia legal migratoria gratuita y de alta calidad, incluyendo ayuda con solicitudes, asesoramiento familiar, consultas e incluso la cobertura de las tarifas de renovación de DACA, lo que brinda herramientas para mantenerse informados.

During a briefing held by American Community Media (ACoM), Alonso García, gerente de equidad de la Fundación para Colegios Comunitarios de California, dijo que su objetivo principal es ofrecer servicios legales que brinden seguridad a los estudiantes y sus familias, asegurando que este programa no se ha visto afectado por los recortes federales, brindando asistencia para los que desean aplicar o renovar DACA, o algún otro programa a través del apoyo legal. 

“Nosotros no guardamos nada de su información, todo es cien por ciento confidencial y va para los abogados, es seguro y privado, no podemos ver nada de esa información y quiero asegurarme de que eso quede claro”, comentó García.

Ante las redadas generadas recientemente, la asesoría virtual se ha convertido en la opción más confiable para los estudiantes: “tenemos 35 colegios que reciben apoyo virtual e híbrido y 34 que reciben solo virtual, en ese sentido los estudiantes pueden elegir cómo recibir la información y apoyo”, expresó el especialista en Reforma Educativa.

García explicó que se cuenta con un contacto en cada campus que puede brindar apoyo y asesoramiento, pues el programa es muy completo, ya que busca impulsar en diversas áreas, desde salud mental, bienestar, con expertos financieros y otros servicios.

“Nuestra prioridad es apoyar a los estudiantes, apoyamos al 95 por ciento de los estudiantes y el otro cinco por ciento son trabajadores del colegio”, detalló.

Yadira Gutiérrez Vargas, abogada supervisora de servicios legales  universitarios en el Centro de Recursos Centroamericanos en Los Ángeles, habló sobre el programa que brinda representación sobre muchos servicios diferentes con la facilidad de tener acceso a ellos básicamente con solo estar afiliados al campus.

“Los retos a los que nos enfrentamos principalmente es a la desinformación, nuestra oficina trata de enfrentar eso, a través de seminarios web, llevados a cabo en otoño y primavera para que los estudiantes puedan tomarlos, aunque están abiertos a cualquiera que quiera participar”, dijo.

Gutiérrez Vargas, se mostró preocupada por el temor que tiene la gente a ser víctimas de fraudes y estafas, pero también estudiantes que necesitan apoyo en su salud mental y las barreras financieras, pues han subido mucho las tarifas de aplicaciones, entonces tratan de acercar a los especialistas que puedan brindarles apoyo de manera confiable. 

Finalmente dijo: “mi mayor preocupación, son las acciones que está llevando a cabo la administración, pues están causando gran efecto en los estudiantes, muchas personas que son elegibles para algún tipo de apoyo tienen mucho miedo de moverse y esa es mi preocupación, dejarle saber a la gente que todavía son elegibles”.

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The Papa Leo XIV cuestionó duramente lo que llamó la incoherencia ética en sectores que se autodenominan “pro-vida” en Estados Unidos. 

Ante periodistas en Castel Gandolfo, el Pontífice señaló: “Alguien que dice ‘estoy contra el aborto’ pero está de acuerdo con el tratamiento inhumano a los inmigrantes en EE. UU., no sé si eso es verdaderamente pro-vida”. Y añadió: “Alguien que dice ‘estoy contra el aborto pero a favor de la pena de muerte’, no es realmente pro-vida”.

Las declaraciones del Papa se dan en medio de una polémica generada por el arzobispo de Chicago, Blase Cupich, quien quería entregar al senador Dick Durbin un reconocimiento por su labor migratoria. 

El gesto fue cuestionado por obispos conservadores, dado que Durbin apoya derechos reproductivos. El Papa, al hablar del tema, usó ese caso para subrayar su crítica más amplia: que no basta oponerse al aborto si no se protege la dignidad de todos los seres humanos.

También recordó la tradición doctrinal de la Iglesia. En su declaración, citó el principio de santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y afirmó que apoyar la pena capital o políticas migratorias duras entra en contradicción con esa enseñanza.

El pronunciamiento provocó reacciones inmediatas. La Casa Blanca rechazó las acusaciones de trato inhumano hacia los inmigrantes, alegando que sus políticas cumplen la ley y son “humanas dentro de lo posible”. 

Mientras tanto, algunos obispos y analistas católicos ven el mensaje del Papa como un llamado a la coherencia moral: que la defensa de la vida no puede limitarse al no nacido, sino que debe abarcar temas como migración, justicia penal y dignidad humana.

En entrevista con AP, Leo relativizó centrarse en un solo tema: “Ser provida no es un eslogan político ni una bandera ideológica, sino un compromiso con la vida en todas sus dimensiones”.

En EE. UU., la pena de muerte sigue vigente en varios estados. Algunos estados han llevado a cabo ejecuciones mientras otros mantienen moratorias. 

Cabe recordar que la Iglesia Católica, bajo el papado de Francisco, redefinió su postura en 2018 al declarar que la pena de muerte es “inadmisible” debido a su contradicción con la dignidad humana.

En tanto, en el tema de migración, el Papa Leo ya había criticado previamente las duras políticas inmigratorias de EE. UU., calificando como “inhumanas” algunas prácticas de detención y deportación.

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California dio un paso histórico al convertirse en el primer estado de Estados Unidos en regular a los reclutadores de mano de obra extranjera, luego de que el gobernador Gavin Newsom firmara la ley AB 1362. 

La norma, impulsada por el asambleísta Ash Kalra, busca cerrar las brechas legales que han permitido por décadas el abuso y la explotación de miles de jornaleros agrícolas migrantes que llegan cada año al estado bajo el programa de visas H-2A.

Aunque la ley federal ya prohíbe que se cobre a los trabajadores cuotas ilegales o que se les engañe respecto a las condiciones de trabajo, lo cierto es que los reclutadores que operan en el extranjero han enfrentado prácticamente nula supervisión. En la práctica, esto ha derivado en fraudes, endeudamiento forzado y casos de trata laboral.

“Estamos cerrando un vacío de más de diez años en la protección de derechos laborales. Con AB 1362 se genera por primera vez un sistema de supervisión real sobre los reclutadores, obligándolos a registrarse y a presentar una fianza que garantice el cumplimiento de la ley”, explicó Ash Kalra, autor de la iniciativa.

La ley, que entra en vigor a partir de 2026, protegerá directamente a entre 40 mil y 50 mil trabajadores agrícolas reclutados anualmente en California. Además, ofrece a los empleadores una lista confiable de reclutadores verificados, generando certidumbre en la contratación y evitando que empresas legítimas compitan en desventaja con aquellas que se benefician de prácticas ilegales.

En el anuncio realizado este 2 de octubre en los escalones del Capitolio estatal, en Sacramento, sobrevivientes de abusos laborales, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y representantes empresariales celebraron la aprobación de la ley.

“Este es un paso histórico: estamos protegiendo tanto a los trabajadores como a las empresas que actúan de manera ética”, afirmó Joe Martínez, director ejecutivo de CIERTO, una organización que promueve prácticas justas en el reclutamiento de trabajadores agrícolas.

Por su parte, Kanti Salgadu, sobreviviente y líder comunitaria, relató que los abusos por parte de reclutadores son más comunes de lo que se cree.

“Nos decían que tendríamos un salario justo y condiciones dignas, pero al llegar descubrimos que era mentira. Esta ley significa que otros no tendrán que pasar por lo mismo”, destacó.

El contexto político también añade relevancia, pues en años recientes, la administración Trump impulsó recortes a las protecciones federales para trabajadores agrícolas e inmigrantes, debilitando los mecanismos de defensa en casos de abuso. 

En contraste, California se posiciona como un estado que no solo resiste ese retroceso, sino que propone un modelo innovador para combatir la trata laboral y garantizar condiciones dignas.

“Este esfuerzo coloca a California a la vanguardia nacional. Es un modelo que puede ser replicado en otros estados e incluso en otros sectores que enfrentan abusos similares”, señaló Aradhana Tiwari, asesora senior del Sunita Jain Anti-Trafficking Initiative.

Sin embargo, los defensores coincidieron en que aún falta mucho por hacer. La nueva ley se limita a los trabajadores contratados bajo el programa H-2A, mientras que cerca de 300 mil trabajadores temporales en California con otros tipos de visas continúan sin estas protecciones.

“AB 1362 es un avance significativo, pero no podemos detenernos aquí. La meta es garantizar que ningún trabajador migrante, sin importar la visa con la que llegue, quede expuesto a prácticas abusivas”, enfatizó Tiwari.

El impacto esperado es amplio, ya que, además de proteger a decenas de miles de jornaleros, la ley genera un precedente en la lucha contra la trata laboral y fortalece el papel de California como pionero en derechos laborales. 

Con un sistema que combina registro, supervisión y sanciones, AB 1362 ofrece un modelo que protege tanto a trabajadores como a empleadores responsables, y refuerza la imagen del estado como un bastión de justicia social en medio de un contexto nacional adverso.

“En un país donde los trabajadores agrícolas son esenciales para nuestra seguridad alimentaria, pero históricamente han sido invisibilizados y vulnerados, esta ley es un reconocimiento a su dignidad y una herramienta para garantizar que la explotación no sea parte del sistema”, concluyó Kalra.

This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.

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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California. 

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