Friday, September 5, 2025
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Hambruna en Gaza no es solo una consecuencia de la guerra: expertos

La hambruna en Gaza
La hambruna en Gaza es preocupante, la escasez de alimentos está provocando cada vez más malnutrición y enfermedades mientras continúa la guerra. Foto: Organización Mundial de la Salud.

Tras casi dos años de guerra entre Israel y Hamás, más de 60 mil personas han perdido la vida, 18 mil de ellas niños, según la UNICEF. Aquellos que aún sobreviven se encuentran en niveles catastróficos de hambre, pero no solo es una consecuencia del conflicto armado, pues se destruyeron lugares clave para el desarrollo y abastecimiento de alimentos, orillando a la hambruna a niños, bebés, mujeres y hombres inocentes. 

La mayoría de los dos millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados, sin hogar, agua potable, atención médica, medicamentos y sin acceso a alimentos, llegando a la hambruna, problema que ha sido reconocido por religiosos, grupos humanitarios y jefes de Estado de todo el mundo, incluído el presidente Donald Trump.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), realizó un llamado para que se inundará la franja con suministros utilizando todos los canales y todas las puertas para combatir las crecientes tasas de mortalidad que acompañan a los bloqueos de ayuda, la guerra y el hambre.

“Los ataques destruyeron lugares donde había cosechas y acceso a alimentos, dejando una crisis alimentaria, todo esto fue hecho a propósito, eran áreas donde ellos tenían control militar”, dijo Budour Hassan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Israel y Palestina, durante una conferencia de prensa realizada por American Community Media (ACoM). 

“Es un sistema de hambruna diseñado, ya que todo tiene un proceso y esto no fue algo que sucedió por casualidad, no es solo una consecuencia sino un acto totalmente irresponsable”, precisó Hassan.

Platicó que se hacía un aviso solo 10 o 15 minutos antes a las personas para llegar a repartir la comida, así la gente llegaba corriendo compitiendo unos con otros: “la gente ha dicho que se han sentido como animales y no como una metáfora, en realidad hay personas en el piso intentando obtener comida o lo que queda”. 

“Las personas intentaban recibir su caja de harina y esa caja estaba llena de sangre, sangre de las personas que habían sido asesinadas por las fuerzas israelíes”. 

La investigadora jurídica Hassan comentó que la hambruna no termina en el momento que llega más comida, “estamos hablando acerca de un sistema de salud que está completamente en ruinas, con enfermedades que están empezando en un sector de salud que no existe, esto no será resuelto con la llegada de más camiones de comida, es necesario un alto al fuego para que cualquier sistema pueda funcionar”. 

Hassan también habló sobre el instinto de apoyarse, algo que ve como una fábrica social de ayuda mutua muy fuerte, pero que se ha perdido con el tiempo y las condiciones de sobrevivencia para salvar a sus propias familias, lo cual “empieza a reemplazar a esa fábrica de ayuda”.

Para la investigadora las personas en Gaza buscan la forma de continuar mirando hacia adelante, planificando para algo más que la muerte y eso es admirable. 

El conflicto armado ha dejado grandes consecuencias, pues antes el estado de nutrición de la población en Gaza era bueno, no había grandes números de niños desnutridos, había altas tasas de vacunación y de cobertura en salud, dijo Alex de Waal, director ejecutivo de la Fundación Mundial para la Paz.

“Cuando el IPC mencionó que se estaba llegando a la hambruna, básicamente los Estados Unidos empujó a Israel para que brindará más asistencia”, expresó el también profesor e investigador. 

Waal comentó que, desde noviembre del 2023 a diciembre de 2024, la población comenzó a vivir crisis alimentaria, sin embargo fue hasta que el sistema de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), reflejó la hambruna, todos voltearon a ver a Gaza. 

El sistema de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), evalúa la gravedad de la inseguridad alimentaria en diferentes áreas geográficas y determina si una población enfrenta falta de alimentos, desnutrición aguda y mortalidad elevada.

Uno de los motivos por los cuales hay hambruna es por la mala distribución de los alimentos, dijo el también experto en hambrunas y atrocidades masivas de la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts, agregando “mi preocupación  es que mientras el número de niños va en aumento todos los días, será mucho más difícil poder estabilizar la situación”.

“El primer principio de la asistencia sanitaria es tener humanidad, como un observador social, uno ve hambruna cuando una familia tiene que romper el pan, pero no para compartirlo sino para pelear por ese pan. Eso es lo que divide de ser una persona a ser un animal”, finalizó Alex de Waal.

Por su parte, Afeef Nessouli, periodista que estuvo semanas en Gaza apoyando, comentó que había doctores que estaban trabajando noche y día atendiendo a personas que llegaban lastimadas por las bombas, “personas que básicamente eran piel y huesos, personas que sacábamos de los escombros”.

“El 83 por ciento de la tierra no se podía cultivar y el 83 por ciento de las áreas de pesca estaban destruidas por los ataques, entonces el precio de la comida era sumamente alto, traía una bolsa de latas de atún y los tuve que distribuir, fui testigo de lo que están viviendo, están siendo torturadas, no sé de qué otra manera lo podría llamar”, dijo el periodista. 

También explicó que existe una red de alimentos que no está regulada, solo es para personas con mucho efectivo, pues las latas costaban de 10 a 15 dólares y las harinas cientos de dólares.

“Yo vi la hambruna desarrollarse alrededor de las personas con las que estaba, es más yo viví hambre, solo comía una vez al día y ahora está peor”. 

“Cuando estás ahí no hay nada que sea justo, es un genocidio, es intencional, es el resultado de un grupo de personas que esta siendo torturado y erradicado. Al regresar lo que me di cuenta es que toda esa tortura y ese dolor, los palestinos a pesar de todo solo buscan la forma de apoyarse los unos a otros”. 

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Newsom anuncia 7 nuevos jueces del Tribunal Superior del Área de la Bahía

By Kiley Russell. Bay City News. Peninsula 360 Press.

El gobernador Gavin Newsom anunció este jueves el nombramiento de siete nuevos jueces del Tribunal Superior en tres condados del Área de la Bahía, incluidos Alameda, San Mateo y Santa Clara.

Meier, demócrata, se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Washington and Lee de Virginia. Foto: Bay City News.
Diane MeierFoto: Bay City News.

En el condado de Alameda, Newsom eligió a Diane Meier, quien trabajó como abogada en el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito desde 2018 y fue abogada principal en el Tribunal Superior del Condado de Solano de 2010 a 2018, según la oficina del gobernador.

Meier, demócrata, se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Washington and Lee de Virginia. Reemplaza al juez Charles Smiley, quien ahora forma parte del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito.

Julie Wilensky. Foto: Bay City News.
Julie Wilensky. Foto: Bay City News.

Julie Wilensky también fue nombrada jueza del Tribunal Superior del Condado de Alameda. Wilensky trabajó como fiscal adjunta en la Fiscalía Municipal de San Francisco desde 2022 y fue abogada principal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas de 2018 a 2022, entre otras funciones.

Wilensky, demócrata, obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de Yale y reemplaza al juez Noel Wise, quien fue designado para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Cara Sandberg, Foto: Bay City News.
Cara Sandberg, Foto: Bay City News.

La tercera persona designada para el Tribunal Superior del Condado de Alameda es Cara Sandberg, quien trabajó como asesora jurídica adjunta del condado para la Oficina del Asesor Jurídico del Condado de Santa Clara desde 2023 y trabajó en Conrad Metlitzky Kane LLP de 2022 a 2023, entre otras cosas.

Sandberg, demócrata, obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y llena la vacante dejada por Ursula Jones Dickson, quien dejó la corte después de ser nombrada nueva fiscal de distrito del condado de Alameda.

Michael Mau
Michael Mau. Foto: Bay City News

En el condado de San Mateo, Newsom nombró a Michael Mau, quien fue comisionado del Tribunal Superior del condado de San Mateo desde 2022 y dirigió su propio bufete de abogados de 1999 a 2022, entre otras cosas.

Mau se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara y sustituye al juez Jonathan Karesh, quien se jubiló. Mau está registrado para votar sin preferencia partidista.

Kemi Mustapha. Foto: Bay City News.

En el condado de Santa Clara, Newsom seleccionó a Kemi Mustapha, quien fue abogada gerente desde 2024 en Bay Area Legal Aid, donde ocupó varios puestos desde 2012. También trabajó como representante de relaciones laborales en el Departamento de Recursos Humanos de San Francisco de 2011 a 2012.

Mustapha, demócrata, obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en St. Louis y reemplaza a la jueza Maureen Folan, quien se jubiló.

Sarah Cook. Foto: Bay City News.
Sarah Cook. Foto: Bay City News.

Newsom también nombró a Sarah Cook jueza del sistema del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara. Cook trabajó como directora de políticas y servicios legales en el Centro de Defensa de la Dependencia desde 2023, donde ha ocupado diversos cargos desde 2013.

Cook se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y sustituye al juez jubilado L. Michael Clark. Cook es demócrata.

 

Mark Flanagan. Foto: Bay City News.
Mark Flanagan. Foto: Bay City News.

El tercer nombramiento judicial de Newsom para el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara es Mark Flanagan, quien trabajó como socio en Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr de 2006 a 2025 y como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, de 2017 a 2019, entre otras cosas.

Flanagan se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y sustituye al juez retirado Arthur Bocanegra. Flanagan es demócrata.

La oficina de Newsom dijo que “la compensación” que recibirá cada uno es de 244 mil 727 dólares, pero no dijo si ese número solo representa su salario o si incluye también el valor de otros beneficios.

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Redwood City abre convocatoria para su Academia de Desarrollo Comunitario 2025

Redwood City anunció la apertura de inscripciones para la Academia de Desarrollo Comunitario (CBA) 2025.
Redwood City anunció la apertura de inscripciones para la Academia de Desarrollo Comunitario (CBA) 2025.

Redwood City anunció la apertura de inscripciones para la Academia de Desarrollo Comunitario (CBA) 2025, un programa gratuito de siete semanas diseñado para brindar a los residentes una mirada práctica al funcionamiento del gobierno local y las oportunidades para participar en la vida comunitaria.

El programa comenzará el miércoles 8 de octubre de 2025 y concluirá el miércoles 19 de noviembre de 2025. La fecha límite para presentar solicitudes es el 1 de septiembre de 2025.

Anteriormente conocida como la Academia de Asociación para el Trabajo en Equipo Comunitario (PACT), la CBA ofrece sesiones presenciales en distintas instalaciones municipales, además de encuentros directos con líderes y personal de la ciudad.

“Redwood City es una comunidad más fuerte y conectada cuando los residentes comprenden cómo funciona su gobierno y cómo pueden contribuir”, afirmó la administradora municipal, Melissa Stevenson Díaz. “A través de esta Academia, los participantes adquieren conocimientos, forjan relaciones y se empoderan para marcar una diferencia positiva en sus vecindarios y más allá”.

Las reuniones se realizarán todos los miércoles de 18:00 a 21:00 horas, con temas que incluyen: ayuntamiento y departamentos administrativos; desarrollo comunitario; ingeniería y transporte; bomberos; biblioteca; policía; parques, recreación y servicios comunitarios; y obras públicas.

La Academia culminará con una ceremonia de graduación junto a miembros del Concejo Municipal.

La inscripción está limitada a 40 participantes que vivan o trabajen en Redwood City o en sus áreas no incorporadas, y que no hayan completado el programa anteriormente. 

Las plazas se asignarán de la siguiente manera: dos residentes de cada una de las 17 áreas de la Asociación de Vecinos, dos estudiantes de secundaria y dos residentes de comunidades no incorporadas.

La cuota de participación es de 50 dólares, pagaderos en la primera sesión, que cubrirán comidas y materiales. A su vez, hay becas disponibles para quienes las necesiten. Todos los participantes deben asistir a la primera sesión y no pueden faltar a más de una clase; de lo contrario, serán dados de baja sin reembolso.

Para más información o para registrarse, los interesados pueden visitar el sitio: www.redwoodcity.org/CBA.

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Último “Día de la Familia” del verano llega a Jack Farrell Park con música, béisbol, cine y mochilas gratis

Antes del regreso a clases, la comunidad está invitada a despedir el verano en el Día de la Familia 2, que se celebrará el sábado 14 de agosto.
Antes del regreso a clases, la comunidad está invitada a despedir el verano en el “Día de la Familia 2”, que se celebrará el sábado 14 de agosto.

Antes del regreso a clases, la comunidad está invitada a despedir el verano en el “Día de la Familia 2”, que se celebrará el sábado 14 de agosto at Jack Farrell Park (2509 Fordham St.) de 15:00 a 20:00 horas.

El evento contará con béisbol, actuaciones en vivo, música, proyección de la película The Sandlot, pintura de caras, comida y actividades para toda la familia.

The primeras 150 personas que se registren escaneando el código QR oficial recibirán un cupón de comida gratis con valor de 20 dólares. Además, a partir de las 15:00 horas se entregarán mochilas escolares hasta agotar existencias, como apoyo a los estudiantes que regresan a clases.

Organizadores destacan que el evento busca reunir a las familias en un espacio seguro y divertido, fomentando la convivencia y ofreciendo recursos para la comunidad. “Es una oportunidad para disfrutar, compartir y llevarse a casa una mochila lista para el regreso a la escuela”, señalaron.

La entrada es gratuita y se recomienda llegar temprano para aprovechar los beneficios y participar en todas las actividades.

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Costo del cuidado infantil en condado de San Mateo alcanza niveles críticos; familias enfrentan listas de espera interminables

El cuidado infantil en el condado de San Mateo se ha convertido en una crisis que deja a muchas familias en una encrucijada.
El cuidado infantil en el condado de San Mateo se ha convertido en una crisis que deja a muchas familias en una encrucijada.

El cuidado infantil en el condado de San Mateo se ha convertido en una crisis que deja a muchas familias en una encrucijada: no pueden costear una guardería confiable y de calidad para regresar al trabajo, pero tampoco pueden permitirse quedarse en casa para criar a sus hijos.

El problema no solo radica en el costo, que para el cuidado de un bebé puede superar los 30 mil dólares anuales y, en el caso de un bebé y un niño pequeño en Silicon Valley, alcanzar los 59 mil 900 dólares al año, cifra superior al alquiler promedio de un apartamento de dos habitaciones en la zona. 

El cuidado infantil promedio de un solo menor se ubica en 31 mil 200 dólares anuales, más que la matrícula de muchas universidades privadas.

A la presión económica se suma un déficit de servicios: el condado cubre apenas el 73 por ciento de la demanda estimada de cuidado autorizado, lo que deja a cerca de 9 mil niños sin acceso y a miles de familias atrapadas en listas de espera.

Frente a este panorama, las supervisoras del condado, Jackie Speier and Lisa Gauthier, convocaron a la primera de tres reuniones comunitarias para escuchar de primera mano las experiencias de padres, tutores y proveedores. 

El encuentro se realizará el jueves 14 de agosto a las 18:00 horas en la Biblioteca/Centro de Parques y Recreación de South San Francisco, en el 901 de Civic Campus Way. Habrá un espacio infantil para niños de 2 años y medio o más que sepan ir al baño, sujeto a disponibilidad.

“Tenemos una crisis laboral que empieza desde la cuna”, advirtió Speier. “Cuando las familias no pueden quedarse o no pueden imaginarse criando hijos aquí, no solo perdemos residentes, sino el futuro de nuestras comunidades”.

La encuesta de 2022 del San Mateo County Health reveló que 46.5 por ciento de los residentes del centro del condado consideraron mudarse debido al alto costo de vida, lo que amenaza la estabilidad económica regional.

“El alto costo de la vida hace casi imposible que los proveedores mantengan sus puertas abiertas. Tenemos que encontrar la manera de apoyar a ambas partes: a las familias que necesitan cuidado y a los trabajadores que lo brindan”, subrayó Gauthier.

Los cabildos públicos, afirman las supervisoras, son una oportunidad para generar políticas que respondan a las necesidades reales de la comunidad. El segundo encuentro se celebrará el 27 de agosto en East Palo Alto.

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Stanford despedirá a más de 360 empleados

La Universidad de Stanford despedirá a más de 360 empleados debido a recortes presupuestarios en medio de cambios en la política federal.
La Universidad de Stanford despedirá a más de 360 empleados debido a recortes presupuestarios en medio de cambios en la política federal. Foto: Bay City News

Por Audrey Tomlin. Bay City News. Peninsula 360 Press.

La Universidad de Stanford planea despedir a más de 360 empleados debido a recortes presupuestarios en medio de cambios en la política federal, según un portavoz de la universidad.

En junio, la universidad anunció que impondría un recorte presupuestario de 140 millones de dólares para el año académico 2025-26 debido a las reducciones en el apoyo a la investigación federal y a un aumento en el impuesto de donación.

“Debemos ser realistas sobre el panorama actual y sus consecuencias”, escribieron el rector de la universidad, Jonathan Levin, y la rectora, Jenny Martínez, en el anuncio. “Existe una gran incertidumbre sobre cómo evolucionará el apoyo federal a las universidades, pero es evidente que la situación actual ha cambiado”.

El mes pasado, el presidente Donald Trump firmó la ley One Big Beautiful Bill Act, que impone un impuesto del 8 por ciento sobre los ingresos netos de inversiones para las universidades con una dotación de más de 2 millones de dólares por estudiante elegible, incluida Stanford.

En total, la universidad espera suprimir 363 puestos, según informó la portavoz de la universidad, Luisa Rapport.

El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, David Canepa, calificó los recortes como “un resultado directo del llamado ‘Big Beautiful Bill’, una devastadora ley federal que prioriza la política sobre las personas”.

“El anuncio de Stanford de despedir a cientos de empleados trabajadores es un duro golpe para nuestra economía local y para las familias que ya luchan por llegar a fin de mes”, señaló Canepa. “Estoy con los trabajadores, no con las torres de marfil ni con la imprudente extralimitación federal”.

Stanford planea ofrecer recursos de apoyo y beneficios de despido a los empleados elegibles, según una declaración de Levin y Martínez publicada el jueves.

“Estas son acciones difíciles que afectan a valiosos colegas y amigos que han hecho importantes contribuciones a Stanford”, escribieron Levin y Martínez. “Gracias por su arduo trabajo, por su apoyo a sus colegas y por todos sus esfuerzos para apoyar nuestra vital misión continua de investigación y educación”.

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Newsom exige transparencia sobre el costo para los contribuyentes del despliegue militar ordenado por Trump en California

El gobernador Gavin Newsom solicitó al gobierno federal revelar cuánto ha costado al país el despliegue militar en California ordenado por el presidente Donald Trump.
El gobernador Gavin Newsom solicitó al gobierno federal revelar cuánto ha costado al país el despliegue militar en California ordenado por el presidente Donald Trump.

The Governor Gavin Newsom solicitó este miércoles al gobierno federal revelar cuánto le ha costado al país el despliegue militar que el presidente Donald Trump ordenó en el sur de California, pese a la oposición estatal. 

La exigencia fue presentada formalmente mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), a 60 días de haberse activado a casi 5 mil miembros de la Guardia Nacional y de los Marines en Los Ángeles.

“Los estadounidenses merecen saber cuánto dinero de los contribuyentes gastó el presidente para orquestar este teatro político”, subrayó Newsom, quien denunció que la militarización ha tenido consecuencias económicas, sociales y legales en el estado.

Según testimonios presentados ante el Congreso, el Pentágono estimó en 134 millones de dólares el costo del despliegue, cifra que, hasta ahora, no ha sido aclarada con precisión. La solicitud presentada busca identificar todos los gastos relacionados con la activación militar desde el 7 de junio.

El despliegue federal y las redadas migratorias asociadas han provocado una caída del 3.1 por ciento en la asistencia laboral del sector privado, un descenso comparable solo al registrado durante el confinamiento por COVID-19.

Newsom ha sostenido reuniones con empresarios y líderes comunitarios para abordar las afectaciones. En Bell y Downey, escuchó testimonios de dueños de restaurantes y líderes religiosos sobre cómo estas acciones han dañado negocios locales.

De acuerdo con un análisis de UCLA Anderson, se prevé que la economía californiana se contraiga hacia finales de año como consecuencia de las medidas impuestas por Trump —incluyendo aranceles globales y operativos migratorios—, impactando sectores clave como la construcción, la hostelería y la agricultura.

Y es que, las proyecciones económicas son contundentes: las detenciones y deportaciones masivas podrían costarle al estado hasta 275 mil millones de dólares y una pérdida anual de 23 mil millones de dólares en ingresos fiscales. 

Tan solo en 2022, inmigrantes indocumentados aportaron 8.5 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales, cifra que podría aumentar a 10.3 mil millones si se les permitiera trabajar legalmente.

Hasta la fecha, 4 mil 700 de los 5 mil soldados desplegados ya han sido desmovilizados, pero 300 aún permanecen en servicio activo. Muchos de ellos han sido retirados de funciones esenciales en sus comunidades: médicos, policías, maestros, bomberos, técnicos, trabajadores agrícolas y servidores públicos.

Ante ello, Newsom urgió a liberar de inmediato a los soldados restantes para que puedan regresar a sus hogares y trabajos civiles.

La próxima semana, un tribunal federal escuchará argumentos en el caso Newsom vs. Trump, donde el estado de California cuestiona la legalidad de esta federalización de la Guardia Nacional.

La controversia ha provocado una reacción sin precedentes, pues un grupo bipartidista de 25 exgobernadores, junto a almirantes y generales de cuatro estrellas retirados y exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, han presentado escritos amicus curiae en apoyo a California, señalando los riesgos que representa esta toma de control por parte del gobierno federal.

El consenso es claro: se trata de una amenaza directa a la soberanía estatal y a la correcta separación de poderes.

“Pongamos fin al acaparamiento de poder ahora”, concluyó el gobernador Newsom.

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“Nos sentíamos con temor”: El testimonio de una madre salvadoreña que huyó del régimen de excepción y la difamación digital

testimonio de una madre salvadoreña
El testimonio de una madre salvadoreña que relató con profunda emoción su travesía hacia Estados Unidos en busca de asilo. Foto: Manuel Ortiz

“Yo salí del país porque tenía un pequeño negocio donde las pandillas cada semana me quitaban parte del dinero, la famosa renta, y además porque el gobierno había instaurado el régimen sin excepción”, comienza diciendo una madre salvadoreña que hoy vive en Estados Unidos y espera su audiencia de asilo el próximo 5 de agosto. Su testimonio, desgarrador y revelador, pone al descubierto no solo los abusos de las pandillas, sino también la violencia institucional y el uso de la desinformación como herramienta de represión.

Para Península 360 Press, una madre salvadoreña relató con profunda emoción su travesía hacia Estados Unidos en busca de asilo. Su historia pone en evidencia la complejidad de las políticas represivas del gobierno de Nayib Bukele y cómo las redes sociales y la desinformación se han convertido en armas que atacan no solo a las pandillas, sino también a ciudadanos inocentes. 

A través de su testimonio, se revelan las consecuencias psicológicas, sociales y familiares de un régimen que ha confundido seguridad con autoritarismo.

Cuenta que no fue una decisión fácil. Durante meses soportó extorsiones y amenazas, pero lo que la llevó a tomar la decisión definitiva fue el arresto violento e injustificado de su hermana. “La llegaron a sacar a las 12 de la noche, la forcejearon, la hincaron, la esposaron y le daban con el codo en la espalda… sin investigar nada.” Su hermana, una emprendedora con una pequeña pizzería, fue acusada sin pruebas de colaborar con la Mara Salvatrucha. “Le inventaron un alias: ‘La Rebelde’, y pusieron que recogía la extorsión y que les llevaba comida a los pandilleros. Todo era falso.”

A pesar de tener pruebas de que el dinero que su hermana poseía provenía de un préstamo bancario, fue acusada de colaborar con la Mara Salvatrucha. Fue la gota que derramó el vaso para esta madre, vivir bajo doble amenaza: la extorsión por parte de pandillas y la represión estatal sin garantías legales. Dueña de un pequeño negocio, era obligada a pagar la “renta” semanalmente, bajo amenazas. Sin embargo, lo que impulsó su salida definitiva fue el arresto brutal e injustificado de su hermana.

Lo más indignante para ella fue la falta de voluntad de las autoridades para verificar la información. “Tenían su teléfono… ¿por qué no veían los mensajes o los chats?” Aun presentando pruebas de que el dinero que tenía su hermana era de un préstamo bancario, la policía se negó a escuchar. “Hubieron muchas personas trabajadoras que no salieron… que con ahorro y esfuerzo tenían sus negocios, y también se los llevaron.”

La situación se volvió aún más insostenible cuando su esposo fue víctima de una campaña de difamación en redes sociales. Había comentado una publicación en una página de Facebook llamada Teledós, criticando el régimen y defendiendo a una amiga injustamente señalada. 

“Él solo puso que mejor nos preocupáramos por nuestras familias, que la muchacha era trabajadora… y que lo que estaba haciendo el gobierno tenía mucho margen de error.” Horas después, la misma página lo acusó falsamente de ser cobrador de extorsiones en moto. “Fue como una mecha de pólvora… a la hora, él ya estaba ahí.”

Esa noche no durmieron. “Pasamos dos noches en vela. La policía llegó a preguntar por él. Nos dijeron que no volviéramos que, si nos encontraban, nos llevarían y no podríamos defendernos.” Bajo el régimen de excepción, explica, no hay derecho a un abogado ni a presentar pruebas. “Te llevan sin más.”

Con lágrimas en los ojos, recuerda que fueron estigmatizados también por tener tatuajes. “Yo tengo un tatuaje artístico… mi esposo tiene un pájaro en el hombro. Pero para ellos, tener un tatuaje ya es suficiente para decir que eres pandillero.” Habla de discriminación, de racismo institucionalizado. “Era algo muy discriminativo… mostraban fotos solo de los que estaban tatuados como si eso fuera suficiente prueba.”

Denuncia que la represión ha golpeado sobre todo a las colonias populares, a la gente trabajadora. “Personas que tienen sus emprendimientos, que se han levantado poco a poco… también se los llevan.” Incluso quienes habían estado presos hace años por delitos ya pagados fueron arrestados nuevamente. “Yo creo que, si alguien paga una condena, ya no se le puede volver a castigar.”

Su voz se quiebra cuando habla de sus hijas, adolescentes de 14 y 18 años. “Ellas me decían, ‘Mamá, todo va a salir bien’. Pero me preguntaban por qué nos íbamos, por qué dejaban su escuela y sus amigos. Yo solo les pude decir que estábamos bajo amenazas y no podíamos quedarnos”, recuerda. Ahora, ambas adolescentes le ofrecen apoyo emocional y se preparan para ayudarla si su caso se complica.”

En Estados Unidos, la calma tampoco ha llegado. Vive con el miedo constante de encontrarse con ICE en cualquier tienda o calle. “Uno ya no puede ir a comprar tranquilo porque dicen que ICE está en tal parte, que se llevó a personas… incluso con residencia. Y yo ni siquiera tengo papeles aún.” Ese miedo se ha convertido en un tormento psicológico. “Psicológicamente no duermes normal… uno vive con temor de ser deportado a un lugar del que viene huyendo.”

Está esperando su audiencia de asilo, pero no puede evitar el temor. “Me siento asustada, no sé qué va a pasar. He escuchado que muchas personas han sido deportadas después de ir a corte.” Aunque se trata solo de una audiencia de presentación, el peso emocional es fuerte. “Dicen que no es definitiva, pero ya con eso basta para vivir con ansiedad.”

Cuando se le pregunta si cree que huyó tanto de las pandillas como del régimen que dice combatirlas, responde con claridad: “Dice que combate las pandillas, pero también se está llevando a personas inocentes.”

Su historia revela una verdad incómoda: que la seguridad, cuando no respeta el debido proceso, se convierte en otro tipo de violencia. Esta madre salvadoreña huyó para proteger a su familia, pero hoy, incluso desde el exilio, vive entre la esperanza y el miedo. “Espero que el día que me presente a mi audiencia haya una solución… que me den una oportunidad de arreglar mi situación y seguir adelante.”

 


This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.

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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California.


 

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Hay refugio seguro disponible para víctimas de crímenes de odio violentos, afirma Arch Collaborative

Después de una serie de recientes crímenes de odio e incidentes en el norte del estado, Arch Collaborative recuerda a la comunidad que hay servicios de vivienda de emergencia disponibles para las víctimas de crímenes de odio violentos.

By Nevin Kallepalli

El Centro del Legado Infantil, que ahora forma parte de Arch Collaborative. Foto de Nevin Kallepalli.

Sólo en julio, se denunciaron tres incidentes y delitos de odio en los condados de Shasta y Butte.

Un grupo de adolescentes de Chico presuntamente acosaron a un estudiante internacional en el campus de Chico State, y se dice que uno de ellos blandió un cuchillo. Y un grupo de jóvenes en Redding fue investigado después de… Supuestamente lanzar piedras y tortillas en la casa de un residente latino mientras gritaban insultos.

Pero el delito más grave presuntamente cometido fue por un adulto: Timothy Ray Thompson, de 68 años, de Igo, quien presuntamente usó una escopeta para disparar varias veces contra la casa de una familia hispanohablante mientras gritaba epítetos raciales. Según el sheriff del condado de Shasta, la familia estaba afuera cuando él abrió fuego; corrieron hacia adentro y nadie resultó herido.

Ya sea que los ataques provengan de una pareja íntima o de un extraño al azar motivado por el odio, los miembros de la comunidad que son objeto de delitos violentos pueden no sentirse seguros en su propio hogar después de un ataque.

Con el tiempo, a medida que el caso avanza en el sistema legal, la Fiscalía del Distrito puede conectar a las víctimas con servicios de reubicación, pero el acceso a ese apoyo puede llevar días, semanas o meses.

Es por eso que Kimberly Johnson, directora ejecutiva de la organización local sin fines de lucro Arch Collaborative, quiere que la comunidad sepa que su organización está lista para brindar refugio seguro a las víctimas de todos los delitos violentos.

La organización ya está trabajando con el sistema de justicia del condado para entrevistar a las víctimas, conectar a las familias con servicios médicos y reubicar a las víctimas de violencia doméstica fuera de situaciones de vida inseguras.

Pero durante una conversación reciente con un reportero de Shasta Scout, Johnson enfatizó que su organización tiene la intención de ofrecer refugio seguro el mismo día a cualquier víctima de un delito violento, incluidos los delitos de odio.

“Estamos buscando una manera de aprovechar nuestro marco existente para garantizar que ninguna víctima de violencia quede sin atención”, dijo Johnson a Shasta Scout.

En los días posteriores al tiroteo en Igo, las agencias de justicia locales respondieron al incidente proporcionando servicios de traducción de despacho, enviando fuerzas del orden para responder, llevando a cabo conferencias de prensa y emitiendo Múltiples comunicados de prensa sobre la necesidad de combatir el odio dirigido a las identidades de las personas.

La Fiscalía del Distrito también actuó rápidamente, procesando a Thompson por cargos de delitos de odio, asignando un fiscal al caso y reuniéndose con las víctimas para coordinar el acceso a la Junta de Compensación de Víctimas de California, que ayuda con las facturas médicas y la posible reubicación.

Según el fiscal del distrito, el sospechoso fue procesado el 11 de julio y el fiscal asignado hizo arreglos para reunirse con esta familia en particular el 14 de julio, seis días después de que ocurrió el tiroteo.

Sin embargo, a pesar de los sólidos esfuerzos coordinados de las agencias de justicia locales y los grupos de defensa, las víctimas aún experimentaban algunas deficiencias en la atención. Entre ellas, la preocupación de que se hiciera pública la calle de su domicilio, así como la necesidad de servicios de reubicación inmediatos para proporcionarles una vivienda segura ante la incertidumbre sobre la situación carcelaria del presunto agresor. Un juez ordenó posteriormente que Thompson permanezca en prisión preventiva sin fianza debido al peligro que se cree que representa para la sociedad.

Las víctimas de crímenes de odio violentos no son clientes habituales de Arch Collaborative. Por lo tanto, Johnson explicó que parte del reto es difundir que sus servicios de alojamiento de emergencia están disponibles para cualquier persona que no tenga un lugar seguro donde refugiarse tras un delito, incluidos presuntos crímenes de odio, como el tiroteo en Igo.

Enfatizó que la responsabilidad principal de su organización es coordinar con los socorristas, incluidos los oficiales de policía, para garantizar que sepan que pueden dirigir a las víctimas a Arch Collaborative inmediatamente después de que ocurra cualquier delito violento.

Arch Collaborative se creó como resultado de una fusión en 2024 entre dos organizaciones bien establecidas en el condado de Shasta, One Safe Place y Children’s Legacy Center, ambas atendiendo a familias vulnerables.

Cuando One Safe Place, que ofrece refugio y otros servicios a víctimas de violencia, se fundó en la década de 1970, su fundadora, Gretchen Peterson, abrió su propia casa como refugio para mujeres maltratadas, garantizando su propia seguridad frente a las parejas violentas de las víctimas. O, como dice Johnson, “conduciendo su camioneta con una escopeta”.

Desde entonces, las dos organizaciones que finalmente se convirtieron en Arch Collaborative han evolucionado junto con los cambios en la legislación, el crecimiento de la ciudad y las actitudes cambiantes en el sistema de justicia con respecto a la violencia doméstica.

A veces, explicó Johnson, la conciencia de la gente sobre por qué puede ser necesario un refugio no se ha actualizado con el momento actual.

Por ejemplo, Johnson dijo: “En la comunidad, la gente dice: ‘Sí, ustedes son el refugio para mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, y desde que estoy al mando, hemos tenido hombres en nuestro refugio de forma bastante constante’”.

Otros tipos de violencia que la organización ha comenzado a priorizar en los últimos años incluyen la trata de personas y el abuso de ancianos.

Estar disponible para servir a las víctimas de crímenes de odio violentos, enfatizó Johnson en una publicación reciente en las redes sociales, es parte de la misión central de Arch Collaborative.

El refugio One Safe Place en Benton Drive admite visitas sin cita previa durante el horario laboral habitual. “Además, contamos con nuestra línea directa de crisis, disponible las 24 horas, los siete días de la semana”, explicó Johnson, con personal bilingüe o intérpretes disponibles según sea necesario. Cualquier agente del orden público que responda a un delito y cualquier miembro de la comunidad que tenga conocimiento de una necesidad puede dirigir a las víctimas a la línea directa para obtener ayuda, añadió.

Johnson afirmó estar interesada en buscar subvenciones que apoyen los servicios para garantizar que todos conozcan los servicios de Arch Collaborative. Dichos fondos podrían ayudar a ampliar la capacidad de la organización para publicitar los servicios para las personas en riesgo de los grupos de población con mayor probabilidad de verse afectados por delitos de odio, incluyendo a quienes hablan español como lengua materna en casa.

Para comunicarse con Arch Collaborative y la línea directa de One Safe Place 24/7, Sigue este enlace y haga clic en el botón “línea directa de crisis” en la esquina inferior derecha.

 

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Cerca de 2 mil 300 ”Dreamers” de California están a punto de perder su cobertura médica

A menos de un año después de que a los Dreamers de California se les permitió por primera vez inscribirse en el seguro de salud, están a punto de perder su cobertura de atención médica.
A menos de un año después de que a los Dreamers de California se les permitió por primera vez inscribirse en el seguro de salud, están a punto de perder su cobertura de atención médica.

Por Ana B. Ibarra. CalMatters. Península 360 Press.

A menos de un año después de que a los “Dreamers” se les permitió por primera vez inscribirse en el seguro de salud de Covered California, los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los EE. UU. cuando eran niños están a punto de perder su cobertura de atención médica.

En California, esto significa que unos 2 mil 300 Dreamers deben buscar seguro médico en otro lugar o quedarse sin él una vez que su cobertura finalice a fin de mes. La decisión fue tomada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CDS) federales, la agencia que supervisa los mercados de seguros.

El año pasado, el gobierno de Biden actualizó la definición de “presente legalmente” para la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), de modo que los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), también conocidos como Dreamers, pudieran adquirir seguros médicos a través de los mercados estatales y federales. El gobierno de Trump revocó esa decisión en junio y fijó la entrada en vigor del cambio dos meses después.

La política está “diseñada para estabilizar el grupo de riesgos, reducir las primas y reducir las inscripciones indebidas con el objetivo de mejorar la asequibilidad y el acceso a la atención médica, manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad fiscal”, dijo la agencia en un comunicado anunciando los cambios en el mercado.

La semana pasada, Covered California anunció que estaba trabajando para notificar a todos los beneficiarios de DACA que su último día de cobertura será el 31 de agosto y que les ayudará a explorar otras opciones de seguro.

Desde su creación, la Ley de Atención Médica Asequible ha prohibido a los inmigrantes que residen ilegalmente en el país adquirir cobertura médica en el mercado de seguros médicos. Los beneficiarios de DACA, a quienes se les permite permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos gracias a un programa de 2012, se convirtieron en la excepción.

‘Esperaba un resultado diferente’

“Esta decisión es profundamente injusta para las personas trabajadoras y contribuyentes de California que confiaban en tener seguro médico para 2025, solo para que se lo quitaran ocho meses después”, declaró Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. “Si bien esperábamos un resultado diferente para los beneficiarios de DACA, debemos cumplir con la ley federal”.

Sin el mercado de seguros, los Dreamers tendrán que buscar cobertura a través de un empleador o, si sus ingresos son lo suficientemente bajos, podrían calificar para Medi-Cal, el programa estatal de seguro médico para personas de bajos ingresos. Esto deja a los Dreamers freelance y autónomos, por ejemplo, en una situación difícil si ganan demasiado para calificar para Medi-Cal, pero no lo suficiente para pagar el precio completo de un plan de salud.

El beneficio de inscribirse en un seguro a través de Covered California es acceder a asistencia financiera. Se estima que ampliar la cobertura a los beneficiarios de DACA en todo el país le costaría al gobierno federal entre 240 y 300 millones de dólares al año.

Efecto en el mercado

Si bien el gobierno federal dijo que los recortes tienen como objetivo estabilizar el conjunto de riesgos del seguro y ayudar a reducir las primas, los expertos dicen que eliminar la cobertura para los jóvenes (la mayoría de los Dreamers tienen menos de 36 años) haría lo contrario.

Esto se debe a que cuando las personas más jóvenes y saludables se inscriben en un seguro, su cobertura de bajo costo ayuda a equilibrar el alto costo de cubrir a individuos que están más enfermos y mayores, dijo Arturo Vargas Bustamante, profesor de la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA.

Así que, cuando menos jóvenes se inscriben en la cobertura, las primas tienden a subir para todos. “Entonces, las personas enfermas que realmente necesitan cobertura pagan el precio”, dijo Vargas Bustamante.

El programa DACA, vigente desde hace 13 años, no otorga estatus legal a sus beneficiarios, pero sí los protege de la deportación y les otorga autorización de trabajo. Se estima que más de 150 mil beneficiarios de DACA viven en California.

La decisión del presidente Joe Biden de asegurar a los beneficiarios de DACA a través de los mercados de seguros se topó inmediatamente con la resistencia de los estados republicanos. 

El verano pasado, un grupo de 19 fiscales generales republicanos presentó una demanda en un tribunal federal para intentar detener la expansión del mercado de seguros a los beneficiarios de DACA. Un juez federal de Dakota del Norte falló a favor de los demandantes e impidió que la norma entrara en vigor en esos 19 estados. La nueva norma de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid se aplica a todos los estados.

Los beneficiarios de DACA son el primer grupo de un gran número de inmigrantes que se espera que pierdan o abandonen pronto la cobertura del mercado de seguros. El presupuesto federal que el presidente Donald Trump aprobó el mes pasado elimina la asistencia financiera del mercado para algunos grupos de inmigrantes legalmente presentes, como refugiados y asilados, a partir de 2027. 

Sin asistencia financiera, muchos de estos beneficiarios probablemente no podrán costear su cobertura.

Mientras tanto, todos los demás inscritos en un plan de Covered California podrían ver sus primas mensuales aumentar en 101 dólares por mes a partir del próximo año.

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