jueves, septiembre 11, 2025
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Recortes a Medicaid Pondrían en Riesgo la Salud de 26 Millones de Latinos en EE. UU.

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La propuesta fiscal impulsada por el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso, contempla recortes a Medicaid, lo que afectaría a la comunidad latina.
La propuesta fiscal impulsada por el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso, contempla recortes a Medicaid, lo que afectaría a la comunidad latina.

La comunidad latina enfrenta una nueva amenaza a su bienestar con la propuesta fiscal impulsada por el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso, la cual contempla recortes de hasta 715 mil millones de dólares a Medicaid, el programa federal que proporciona cobertura médica a personas de bajos ingresos. 

Esta medida, parte de un plan fiscal más amplio de 4.9 billones de dólares centrado en reducciones tributarias para grandes corporaciones y multimillonarios, podría tener consecuencias devastadoras para al menos 26 millones de latinos en Estados Unidos.

“Esta propuesta no es un presupuesto, es un plan para abandonar a las familias trabajadoras de Estados Unidos”, advirtió María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, una organización que promueve la participación cívica de los latinos en EE. UU.

“Recortar Medicaid para financiar exenciones fiscales para multimillonarios es una decisión calculada que profundizará la desigualdad”, agregó.

Latinos, entre los más vulnerables

Los latinos son el grupo más afectado por esta propuesta, ya que representan el 28 por ciento de todos los beneficiarios de Medicaid y CHIP (Programa de Seguro Médico Infantil), a pesar de ser solo el 19 por ciento de la población del país. Según datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), estos recortes podrían dejar a millones de niños, mujeres embarazadas y personas mayores sin acceso a servicios médicos esenciales.

Impactos clave del recorte:

  • Más del 50 por ciento de los niños latinos dependen de Medicaid para acceder a vacunas, controles pediátricos y servicios preventivos.
  • 58 por ciento de los nacimientos entre mujeres hispanas fueron cubiertos por Medicaid en 2021.
  • 1 de cada 4 mujeres latinas en edad reproductiva depende del programa para anticonceptivos y servicios ginecológicos.
  • Solo 36 por ciento de los adultos latinos con enfermedades mentales recibe atención médica; Medicaid es la principal vía de acceso.
  • 17.9 por ciento de los latinos menores de 65 años no tienen seguro médico, frente al 5.9 por ciento de los blancos no hispanos, según el Censo de EE. UU.

Los estados con mayor población latina serían los más perjudicados: California: el 50 por ciento de los beneficiarios de Medicaid son latinos; Nuevo México, 54 por ciento; Texas, 44 por ciento.

Rechazo generalizado entre votantes latinos

Una encuesta nacional de la Fundación Voto Latino, en colaboración con la Fundación Comunitaria Latina, revela que el 72 por ciento de los votantes latinos se oponen a los recortes propuestos. La preocupación es especialmente alta entre los jóvenes, votantes de bajos ingresos y mujeres, quienes consideran que estos recortes atentan contra su derecho a una atención médica digna.

“Esta propuesta es una versión extrema de la economía de goteo de los años 80, que ya fracasó. No podemos repetir los errores del pasado”, insistió Kumar. “El acceso a la salud no debe ser un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho humano universal”.

María Teresa Kumar instó al Senado de EE. UU. a rechazar estos recortes “crueles e irresponsables” y pidió a los votantes latinos mantenerse informados y activos. “Tenemos que exigir que nuestros líderes defiendan Medicaid, no lo destruyan. Nuestras vidas dependen de ello”.

“A medida que este proyecto de ley presupuestaria se tramita en el Senado en las próximas semanas, debemos instar a nuestros senadores a rechazar estos recortes perjudiciales y a tomar medidas inmediatas para codificar las protecciones a largo plazo para Medicaid. El acceso a la atención médica no debe estar sujeto a caprichos políticos; es un derecho humano fundamental. Todas las personas, independientemente de sus ingresos, antecedentes o código postal, merecen acceso a una atención médica asequible y de calidad”, finalizó Kumar.

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Los #Lords de #TelevisaLeaks son también los que entregaron Univision a Trump (2ª parte)

(La primera parte de este artículo puede ser encontrada aquí.)

Si en Estados Unidos, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez presumen la influencia que les ha ganado haber puesto TelevisaUnivision al servicio del proyecto de Donald Trump (como tratamos en la primera parte de este texto), en México están hundidos en un escándalo que, si avanza y crece en el terreno judicial, podría poner en peligro a la empresa e incluso a ellos mismos, potencialmente en ambos países.

Hasta el momento, el problema está encima de su subordinado, Javier Tejado Dondé, el operador de la maquinaria ilegal de fabricación masiva de mentiras que, al ser descubierta, fue bautizada por los periodistas como #TelevisaLeaks: podría verse procesado por los delitos graves ya cometidos y además por los abusos que ha estado perpetrando con su errática estrategia de defensa.

Pero las investigaciones podrían confirmar lo que apuntan las evidencias ya conocidas: que Tejado Dondé, que era un alto ejecutivo de Televisa hasta que estalló esta bomba y cuyo departamento de engaños funciona o funcionaba en las instalaciones de Televisa y con recursos de Televisa, no hacía todo esto por su cuenta y sin el conocimiento de Gómez y De Angoitia, sino que los mantenía informados de esas actividades con reportes constantes.

Todo esto se supo por el rompimiento de un eslabón débil: un exempleado enojado, Germán Gómez García, que sacó un disco duro con 5 terabytes de información que revela todo lo que hacía la gente de Tejado Dondé. Y que además, decidió dar la cara, a pesar de haber tenido la opción de mantenerse en el anonimato. Podrían acusarlo de robo y abuso de confianza, pero eso sería admitir que el soporte y los datos son efectivamente propiedad de la compañía y, por lo tanto, validar que es cierto lo que se ha publicado.

Incapaces de neutralizar el mensaje, se han propuesto destruir al mensajero. Pero en su intento de descalificarlo, hollaron derechos individuales protegidos por la ley. Y ese mensajero, que no se ha dejado intimidar, va por más.

La fábrica de mentiras

La investigación TelevisaLeaks, publicada por Aristegui Noticias el 27 de abril de 2025, reveló una operación clandestina dentro de Televisa, conocida como El Palomar. Este grupo, operativo entre 2018 y 2024, se dedicaba a prácticas de manipulación informativa, fabricación de denuncias falsas y operaciones para desacreditar a figuras públicas y políticas.

Sin límites: el caso más indignante es el de un montaje para difamar a un magistrado, Jorge Arturo Camero Ocampo, cuya carrera querían descarrilar, utilizando como munición a su hijo menor de edad: dijeron que el niño había violado a una compañera dentro de su escuela, para sustentar lo cual elaboraron materiales como este video en el que empleados de Televisa se hacen pasar por padres de familia que discuten el supuesto crimen, se dicen en grave peligro porque el magistrado es muy violento y tiene mucho poder, y de paso exigen que el alumno nunca vuelva a ser admitido en un colegio.

Después hicieron otro video como supuesta “noticia” con logos de CNN, en los que revelaron el nombre del adolescente y acusaron a su padre de “abuso de poder, amenazas y corrupción para ocultar la mala conducta del llamado #PorkyCamero”.

El uso de un menor en este montaje es particularmente grave, ya que lo expone a explotación, estigmatización y trauma psicológico. Este caso destaca por la manipulación deliberada de una figura vulnerable para fines políticos, lo que constituye un abuso ético y potencialmente legal.

Entre muchos otros individuos a golpear, considerados enemigos o rivales de Televisa, estuvieron la periodista Carmen Aristegui, la actriz Kate del Castillo, los empresarios Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y la familia Alemán, así como medios de comunicación como Disney-Fox, Reforma, Google, YouTube y MegaCable.

Por el lado contrario, lanzaron campañas para inflar resultados de la propia Televisa y a figuras como el expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar y el líder del opositor Partido Revolucionario Institucional “Alito” Moreno.

(Las investigaciones, que continúan aumentando mientras avanza la exploración del voluminoso disco duro, pueden ser consultadas en esta página del sitio de Aristegui Noticias.)

TelevisaLeaks: Una fiesta de delitos en ambos países

El golpe en primer lugar es ante la opinión pública, para una Televisa ya afectada por varios escándalos previos que han dañado su credibilidad, al grado en que desligaron su canal de noticias, ahora llamado N+, del nombre de la matriz.

Pero además, los observadores han estado discutiendo qué delitos podrían haber cometido la empresa y sus directivos, tanto en México como en Estados Unidos.

En el primer país, se mencionan los siguientes:

*Falsificación de documentos, por fabricar o alterar documentos públicos o privados con la intención de engañar o perjudicar. #TelevisaLeaks documenta la creación de chats falsos de WhatsApp (por ejemplo, implicando a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en pagos a Aristegui) y videos manipulados (como los usados contra el hijo del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo).

*Usurpación de identidad, por suplantar a personas y empresas para obtener beneficios o causar daño: usaron imágenes y nombres de personas reales en videos falsos, añadiendo logos de CNN y del New York Times para darles credibilidad.

*Difamación, por imputar falsamente un delito o dañar la honra de una persona, como hicieron contra Aristegui, Slim y otros, con acusaciones falsas amplificadas por bots y medios afines.

*Peculado o uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios o terceros en contratos con el gobierno, ya que, por su apoyo a Arturo Zaldívar, la empresa Metrics to Index (vinculada a Televisa) obtuvo un contrato de 47 millones de pesos de la Suprema Corte, mientras que Tejado Dondé participó en la millonaria producción de la serie “Caníbal”, financiada por la Corte pero con derechos retenidos por Televisa.

*Delitos contra el Consumo Nacional, por engañar a los consumidores con información falsa o manipulada.

*Manipulación del mercado, por difundir información falsa para influir en los mercados financieros.

* Delitos contra la intimidad sexual, por manipular imágenes íntimas de figuras como el futbolista Zague y la presentadora Patty López para atacar a su rival TV Azteca, y fabricar denuncias falsas de abuso sexual contra el hijo del magistrado Camero Ocampo.

Mientras que en Estados Unidos, podrían haber cometido estos:

*Violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por pagos corruptos a funcionarios extranjeros (como Zaldívar) para obtener ventajas comerciales. TelevisaUnivision, como entidad, es responsable bajo la FCPA, mientras que De Angoitia y Gómez, como ejecutivos de una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, podrían ser investigados si se prueba que aprobaron pagos o contratos corruptos.

* Fraude Electrónico, por el uso de medios electrónicos (como redes sociales) para cometer fraude o engaño.

* Violaciones a la Ley de Valores, por manipular información para afectar el valor de acciones de empresas cotizadas. Si las campañas contra Slim o Salinas Pliego impactaron las acciones de sus empresas en mercados estadounidenses, TelevisaUnivision podría enfrentar cargos por manipulación del mercado.

*E igualmente, difamación.

Tiros por la culata

Sin responder directamente, Televisa ha aprovechado su red de medios aliados, como Radio Fórmula, El Universal (donde Tejado Dondé es columnista) y el popular programa del periodista Ciro Gómez Leyva, para difundir su narrativa de que sufre una extorsión por parte del exempleado Gómez García.

Para esto, ha gozado del beneficio del silencio generalizado en México: aunque ya no es el poder determinante que fue en el siglo XX, Televisa continúa atemorizando a muchos de sus potenciales críticos y siendo muy atractiva para quienes disfrutan de trato favorable en sus pantallas o quisieran hacerlo. Así, el escándalo ha quedado, en medios formales, confinado a Aristegui Noticias y algunos otros espacios independientes, a pesar del alcance que tiene en redes sociodigitales.

Por su parte, los superiores de Tejado Dondé, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez (así como Emilio Azcárraga Jean hasta su forzada salida de la presidencia de Televisa, en octubre de 2024), han evadido hacer declaraciones públicas sobre #TelevisaLeaks, como una estrategia para proteger su imagen pública y evitar implicaciones legales directas, delegando la exposición mediática a su subordinado.

Para este, por tanto, las cosas se van poniendo más complicadas. Tejado Dondé escogió el ataque como defensa, pero como los 5 terabytes de evidencias que entregó Gómez García pesan demasiado como para torpedearlos directamente, escogió la pirotecnia y los golpes laterales: se presentó sin aviso previo en las oficinas de Aristegui Noticias para montar un pequeño altercado, alegando que le negaron su derecho de réplica; aseguró que Gómez García había robado cables y luces, y que lo había intentado extorsionar, exigiendo un “pago millonario”; y cometió un error que puede tener un gran costo para él, al lanzar una campaña contra Gómez García, sobre la base de que tiene problemas mentales.

Su objetivo era descalificarlo como denunciante pero logró en cambio ser denunciado por el exempleado, junto a otros tres líderes del grupo de falsificadores, por los delitos de secuestro (Gómez García fue encerrado en una oficina y sujeto a violencia, antes de filtrar el disco duro) y de discriminación por su condición de de salud al padecer Trastorno Límite de la Personalidad.

De Televisa a Univision: Transfusión Venenosa

Todavía es pronto para estimar las consecuencias que alcanzará #TelevisaLeaks. Al igual que Televisa y sus copresidentes, los directamente afectados por sus campañas sucias han escogido mantener el silencio, tal vez mientras deciden qué hacer, si denunciar o no, o mientras diseñan su estrategia judicial o la echan a andar.

Según el abogado Javier Schütte, representante de Germán Gómez García, las autoridades mexicanas podrían iniciar acciones judiciales de oficio contra Televisa por los delitos mencionados antes, independientemente de que se abran denuncias privadas. 

De la misma forma en que podrían actuar, en Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia.

Para cualquier movimiento, obviamente, hace falta voluntad de enfrentarse al poder de Televisa. Pero el mismo hecho de que Schütte y su despacho, Schütte & Delsol, se hayan ofrecido a representar pro bono a Gómez García, indica que otros podrían seguir esa ruta.

Aunque, en tiempos de Donald Trump, el decoro parece no más que manía de decoradores, la opinión pública da señales de estar resintiendo el peso de los descalabros de Televisa. Solo en México, este escándalo se hila con otros como el de la construcción mediática de la figura política del desprestigiado presidente Peña Nieto, ejemplificada en el caso de la “casa blanca” (una mansión que le obsequió) y el de la invención de Frida Sofía, una falsa víctima del terremoto de 2017. 

En Estados Unidos, TelevisaUnivision ató su suerte a la de Donald Trump, y si De Angoitia y Gómez esperan cosechar los beneficios de su ascenso, pueden resultar perjudicados por el veloz desgaste que está sufriendo su administración, con el costo añadido de que hay un sector del electorado latino ya alienado con su giro de línea editorial, el que votó contra el presidente, y otro que al desencantarse con haber votado republicano, puede ver en esa cadena un factor al qué culpar por su equivocación.

Si por más de medio siglo, Televisa ha sido denunciada en México como un gran intoxicadora de la vida política del país, #TelevisaLeaks mostró que sólo se había visto lo menos perverso de su verdadero espíritu corruptor.

Ahora, que ha transfusionado sus venenos a Univision, los accionistas podrán valorar los riesgos de mantener su apuesta por títulos tan fangosos.

Más del autor: Para México, el gusano barrenador es un problema económico, no una oportunidad política

Propuesta Fiscal de Trump Pondría en Riesgo la Salud de Millones de Latinos en EE. UU.

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La comunidad latina en Estados Unidos podría enfrentar consecuencias graves en materia de salud si avanza la propuesta fiscal de Trump.
La comunidad latina en Estados Unidos podría enfrentar consecuencias graves en materia de salud si avanza la propuesta fiscal de Trump.

La comunidad latina en Estados Unidos podría enfrentar consecuencias graves en materia de salud si avanza la propuesta fiscal impulsada por el expresidente Donald Trump, actualmente discutida en el Congreso. 

Además de contemplar un polémico impuesto del 5 por ciento —recientemente reducido a 3.5 por ciento— sobre las remesas enviadas al extranjero, la iniciativa incluye ajustes presupuestarios que afectarían directamente a programas de asistencia médica esenciales para comunidades migrantes.

Expertos y organizaciones pro derechos civiles advierten que la propuesta, de ser aprobada en su forma actual, implicaría recortes a Medicaid, clínicas comunitarias y fondos de salud pública, afectando de forma desproporcionada a los latinos, que representan más del 18 por ciento de la población de Estados Unidos y que, en muchos casos, dependen de estos servicios para acceder a atención médica básica.

Una carga doble para los trabajadores migrantes

“El impuesto a las remesas ya es en sí una carga injusta para familias que sobreviven con lo justo. Pero lo más alarmante es que viene acompañado de recortes a programas de salud, lo que creará una tormenta perfecta para millones de latinos”, señaló Andrea Salinas, congresista demócrata y miembro del Caucus Hispano.

Las remesas, que en 2023 superaron los 93 mil millones de dólares a nivel global, permiten a las familias cubrir necesidades esenciales como alimentos, educación y medicamentos. “Imponer impuestos a ese dinero, y al mismo tiempo debilitar los servicios de salud, pone en riesgo no solo el bienestar económico sino la vida misma de nuestras comunidades”, añadió.

Impacto en clínicas comunitarias y seguros públicos

El posible desfinanciamiento de clínicas comunitarias —muchas de ellas situadas en barrios predominantemente latinos— limitaría el acceso a servicios como consultas médicas, vacunación, atención prenatal y tratamiento de enfermedades crónicas.

Además, los recortes a Medicaid impactarían directamente a migrantes de bajos ingresos, incluyendo niños y personas mayores que dependen de este programa para recibir atención médica continua.

“El 38 por ciento de los beneficiarios de Medicaid en estados como California y Texas son latinos. Si esta ley avanza, estamos hablando de millones de personas que podrían quedar sin cobertura médica o enfrentarse a largos tiempos de espera y falta de tratamientos”, afirmó María Teresa Kumar, directora ejecutiva de Voto Latino.

La también activista precisó que más de 20 millones de latinos están inscritos en Medicaid, un programa que es un salvavidas para familias, padres e hijos, y aunque los latinos representan el 19.5 por ciento de la población de EE. UU., representan el 28 por ciento de todos los beneficiarios de Medicaid y CHIP. Además, más de la mitad de todos los niños latinos están cubiertos por dichos programas de salud, lo que garantiza el acceso a médicos, medicamentos y cuidados críticos.

En 2021, entre las madres hispanas, el 58.1 por ciento de los partos estuvieron cubiertos por Medicaid.

Reacción política y social

Ante el avance de la propuesta fiscal, organizaciones latinas, defensores de la salud y legisladores hispanos han comenzado a movilizarse para frenar la medida. El Caucus Hispano del Congreso ha enviado cartas formales al liderazgo republicano y al Senado, advirtiendo que la combinación de impuestos y recortes representa un ataque estructural a las comunidades inmigrantes.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha condenado públicamente la propuesta, calificándola de discriminatoria y violatoria de tratados internacionales. Además, anunció una campaña de diplomacia activa en Washington para frenar la aplicación del impuesto a las remesas.

Una amenaza al derecho a la salud

Diversos grupos han recordado que el acceso a la salud no debe estar condicionado por el estatus migratorio ni por decisiones fiscales regresivas.

Con la ley fiscal aún pendiente de votación final en el Senado, la comunidad latina se prepara para resistir lo que consideran una ofensiva económica y humanitaria sin precedentes.

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Operaciones policiales en Bakersfield, Oakland y San Bernardino resultan en 6,727 arrestos

El gobernador Gavin Newsom anunció este martes que las operaciones policiales conjuntas en curso en Bakersfield, Oakland y San Bernardino han dado como resultado 6 mil 727 arrestos
El gobernador Gavin Newsom anunció este martes que las operaciones policiales conjuntas en curso en Bakersfield, Oakland y San Bernardino han dado como resultado 6 mil 727 arrestos.

El gobernador Gavin Newsom anunció este martes que las operaciones policiales conjuntas en curso en Bakersfield, Oakland y San Bernardino han dado como resultado 6 mil 727 arrestos, recuperado 4 mil 842 vehículos robados y confiscado 313 armas de fuego peligrosas.

De acuerdo con el estado, las tendencias delictivas antes y después de que comenzaran estas operaciones en 2024, apuntan a una reducción de la delincuencia en Oakland, una disminución de homicidios y tiroteos en Bakersfield y un aumento de arrestos y vehículos robados recuperados en San Bernardino.

“Estoy orgulloso de los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP), quienes siguen sirviendo a sus comunidades, disuadiendo la delincuencia y exigiendo responsabilidades a los malhechores. Su colaboración con las fuerzas del orden locales ha contribuido a generar una sensación de seguridad en las comunidades de todo el estado y ejemplifica el compromiso de California de priorizar la seguridad pública”, dijo Gavin Newsom

En Bakersfield, tras el lanzamiento de la operación conjunta con la CHP en abril de 2024, resultó en 3 mil 315 arrestos, incluyendo 680 arrestos por delitos graves, la recuperación de mil 174 vehículos robados y la incautación de 87 armas de fuego. 

La ciudad de Bakersfield anunció que 2024 fue su año más seguro desde 2021, con una disminución del 57 por ciento en homicidios y un 60 por ciento menos de tiroteos en comparación con años anteriores.

En el caso de la ciudad de Oakland, para finales de 2024, redujo la delincuencia en todas las categorías en 34 por ciento en comparación con el año anterior. Los datos preliminares del 1 de enero al 22 de diciembre de 2024 indicaron una disminución del 25 por ciento en los robos, una reducción de casi el 50 por ciento en los allanamientos y una disminución del 33 por ciento en el robo de vehículos motorizados, en comparación con el año anterior. 

Desde que comenzaron los esfuerzos conjuntos en febrero de 2024, las autoridades han realizado 2 mil 101 arrestos, mil 504 de ellos por delitos graves, recuperado 3 mil 578 vehículos robados y confiscado 192 armas de fuego ilícitas. 

Además de ello, se realizó un arresto por múltiples cargos de delitos graves, un arresto con arma y cocaína luego de una persecución a pie y una investigación de varios meses para acabar con una red organizada de robo minorista y la recuperación de mercancía robada valorada en más de 779 mil dólares.

En cuanto a San Bernardino, las autoridades precisaron que, desde octubre de 2024, se han arrestado a mil 311 personas, 249 de ellas por delitos graves, además se han incautado 90 vehículos robados y confiscado 34 armas de fuego ilícitas. 

La operación de la CHP también incorpora unidades especiales de policía en tierra y aire, que se centran específicamente en actividades de feria y vehículos robados mediante cámaras de alta tecnología.

Según un análisis de los datos del Índice de Delincuencia en Tiempo Real realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California, los delitos contra la propiedad disminuyeron un 8.5 por ciento y los delitos violentos 4.6por ciento en 2024, en comparación con 2023. Los robos y los hurtos también disminuyeron 13.6 por ciento y 18.6 por ciento, respectivamente, en comparación con los niveles prepandemia. 

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Fraude impulsa a colegios comunitarios de California a considerar una tarifa de solicitud. ¿Vale la pena?

Bajo la lupa de legisladores estatales y federales, los colegios comunitarios de California intentan combatir el fraude en la ayuda financiera.
Bajo la lupa de legisladores estatales y federales, los colegios comunitarios de California intentan combatir el fraude en la ayuda financiera.

Por Adam Echelman. CalMatters

Bajo la lupa de legisladores estatales y federales, los colegios comunitarios de California intentan combatir el fraude en la ayuda financiera. Los estafadores se han infiltrado cada vez más en los 116 colegios comunitarios del estado, haciéndose pasar por estudiantes para robar ayuda financiera del gobierno estatal y federal.

En una reunión celebrada el martes, la junta que supervisa los colegios comunitarios de California votó a favor de exigir a todos los estudiantes la verificación de identidad, lo cual actualmente es opcional para la mayoría de los solicitantes. La junta también consideró solicitar a la Legislatura la aprobación para cobrar a los estudiantes una tarifa de solicitud nominal, que según muchos no debería superar los 10 dólares. Sin embargo, tras más de dos horas de debate, la junta rechazó la propuesta y, en su lugar, pidió al personal que “explorara” una política de tarifas.

“Algunos de ustedes se preguntaban: ‘¿Por qué está sucediendo esto tan rápido?'”, dijo la rectora de los Colegios Comunitarios de California, Sonya Christian. “Porque el 8 de abril, CalMatters publicó un artículo que tuvo repercusión nacional. ¿Adivinen qué pasó después? Nueve de nuestros líderes del Congreso enviaron correos electrónicos al Secretario de Educación de los Estados Unidos y al Fiscal General pidiéndoles que iniciaran una investigación sobre los Colegios Comunitarios de California”.

Representantes estatales de ambos partidos han solicitado desde entonces una auditoría del proceso de ayuda financiera del sistema de colegios comunitarios. Christian afirmó que es probable que dichas auditorías se lleven a cabo. “Estamos en el escenario nacional ahora mismo”.

Estudiantes de todo el estado manifestaron a los miembros de la junta que se oponían a la imposición de una cuota, y compartieron historias de momentos en que eran tan pobres que no tenían cuenta bancaria ni $10 para comprar el almuerzo. Muchos contaban experiencias personales con estudiantes falsos.

“Una vez, un bot me quitó el asiento en una clase que necesitaba para graduarme y transferirme. Ese fraude casi me cuesta el futuro”, dijo Flo Cudal, estudiante de Santiago Canyon College en el Condado de Orange. “Entiendo la necesidad de protecciones sólidas, pero no deben ir en detrimento de la exclusión de un estudiante real”.

Cuando Love Adu, estudiante y miembro de la junta directiva, intentó matricularse en Moorpark College, comentó que no pudo verificar su identidad en línea, por lo que tuvo que conducir cinco horas para presentar sus documentos en persona. Estudiantes encarcelados, indocumentados, sin hogar y menores de 18 años tienen dificultades con el software actual de verificación de identidad, afirmó. “Estas propuestas dificultarían que los estudiantes accedan a la educación que les ofrecemos”.

Tarifa de solicitud retrasada

Los colegios comunitarios de California tienen la misión de servir a todos los californianos y se financian principalmente con base en el número de estudiantes que matriculan. Al solicitar admisión, los estudiantes firman una declaración jurada que confirma que su información personal es veraz. Además, solo unos pocos distritos universitarios exigen la verificación de identidad en línea. La solicitud de admisión a un colegio comunitario es gratuita y la matrícula es gratuita para estudiantes de bajos recursos. Una vez matriculado, un estudiante puede obtener miles de dólares en ayuda financiera, dinero que puede utilizarse para cubrir el costo de libros, alojamiento, comida y transporte.

Esa ayuda se ha convertido en un blanco fácil para los estafadores, quienes a menudo presentan decenas o incluso cientos de solicitudes a la vez, utilizando direcciones y números de Seguro Social reales de California para crear cuentas universitarias fraudulentas. El mes pasado, CalMatters informó que aproximadamente un tercio de los solicitantes de colegios comunitarios eran falsos. La oficina del rector estatal afirmó haber eliminado a todos los solicitantes fraudulentos que detectó, pero muchos estafadores evadieron la detección y robaron dinero de los contribuyentes. Solo en los últimos 12 meses, las universidades han perdido más de $10 millones en ayuda federal por fraude y $3 millones en ayuda estatal, según informes estatales, que CalMatters obtuvo mediante una solicitud de registros públicos.

Permitir que el fraude siga aumentando es “irresponsable”, declaró Amy Costa, miembro de la junta, antes de votar a favor de la propuesta de Christian. Estos “bots” buscan programas gubernamentales de prestaciones sociales, como las Becas Pell y las Becas Cal, y es responsabilidad del estado ayudar a administrar el uso de ese dinero de los contribuyentes, afirmó. “Necesitamos que alguien diga ‘Soy una persona real’, y el pago es una de las maneras de lograrlo”.

En la propuesta, Christian afirmó que su oficina consideraría reembolsar o acreditar la cuota de solicitud a cualquier estudiante con dificultades económicas comprobadas. Aproximadamente el 40 % de los estudiantes de colegios comunitarios de California califican para la matrícula gratuita porque se les considera de bajos ingresos, según datos estatales.

Incluso si la propuesta de tarifas se hubiera aprobado, Christian aún necesitaría la aprobación de la Legislatura. Habría llevado un año y habría implicado muchas más discusiones, incluso a nivel de la junta, dijo Christian.

Pero si los legisladores siguen atentos a este asunto, aún podrían producirse cambios, afirmó Chris Ferguson, vicerrector ejecutivo de la oficina del canciller estatal. “Si el fraude en la ayuda financiera continúa aumentando, les aseguro que, en algún momento, se nos aplicarán medidas, ya sea a nivel estatal o federal”.

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Condado de San Mateo busca presupuesto de $4.9 mil millones frente a un futuro financiero incierto

El condado de San Mateo contará con un presupuesto de 4.9 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-2026
El condado de San Mateo contará con un presupuesto de 4.9 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-2026

El condado de San Mateo contará con un presupuesto de 4.9 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-2026 que le permitirá proteger los servicios de los que dependen los 740 mil residentes. Sin embargo, el déficit proyectado de 14 mil millones de dólares para el estado y la incertidumbre en torno al financiamiento federal dejan a los funcionarios locales preparándose para tiempos difíciles

“En un entorno marcado por la incertidumbre económica y posibles cambios significativos en las políticas, nos estamos preparando cuidadosamente y asegurándonos de mantener nuestra flexibilidad”, afirmó el ejecutivo del condado, Mike Callagy.

Sin embargo, destacó, si bien este presupuesto refleja la realidad de las mayores presiones tanto en materia de ingresos como de gastos, el condado está preparado para responder a las circunstancias a medida que cambien.

Y es que, Callagy y los funcionarios de presupuesto local, están preocupados por la posible pérdida de 114 millones de dólares anuales del Monto de Ajuste de la Tarifa de Licencias de Vehículos, que ayuda a financiar la seguridad pública, la salud, la vivienda y otros servicios locales vitales. 

A través de un comunicado, Callagy precisó que la parte de estos ingresos estatales que corresponde al condado de San Mateo no está incluida en el presupuesto propuesto por el gobernador.

El Presupuesto Recomendado de 4.9 mil millones de dólares representa el primer paso en el proceso presupuestario multifase del Condado; el siguiente consiste en tres días de audiencias públicas ante la Junta de Supervisores, a partir del 23 de junio.

Como brazo del estado, y de acuerdo con la ley del Estado de California, la Junta de Supervisores debe adoptar un Presupuesto Recomendado para garantizar que la autoridad de gasto esté en vigencia antes del 1 de julio.

Si la Junta lo aprueba, el presupuesto sufrirá modificaciones hasta otra ronda de audiencias presupuestarias en septiembre.

Callagy agregó que anticipa algunos cambios en los programas que sirven a miles de los residentes más vulnerables del condado: Medicaid, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y programas de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas.

Mientras los funcionarios de presupuesto esperan novedades de Sacramento y Washington, DC, Callagy dijo que años de prudencia fiscal han puesto al condado en posición de tomar decisiones meditadas.

“Priorizamos las acciones actuales del Condado, satisfaciendo las necesidades de los residentes de hoy, mientras seguimos construyendo hacia el futuro”, dijo. “Este Presupuesto Recomendado logra un delicado equilibrio: aborda los problemas a corto plazo de frente y, al mismo tiempo, mantiene la vista puesta en los impactos y las oportunidades a largo plazo”.

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SamTrans lanza un pase de verano para jóvenes por $40 para viajes ilimitados

SamTrans trae de regreso su popular Pase de Verano para Jóvenes, que ofrece viajes en autobús ilimitados para jóvenes de 18 años o menos.
SamTrans trae de regreso su popular Pase de Verano para Jóvenes, que ofrece viajes en autobús ilimitados para jóvenes de 18 años o menos. Imagen: X @SamTrans

Por Bay City News. Península 360 Press.    

SamTrans trae de regreso su popular Pase de Verano para Jóvenes, que ofrece viajes en autobús ilimitados para jóvenes de 18 años o menos desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto por solo 40 dólares, anunciaron funcionarios.

El pase ofrece acceso a parques, bibliotecas, museos, centros comerciales y otros destinos amigables para los jóvenes en todo el condado de San Mateo, dijeron los funcionarios del condado.

El pase ofrece un ahorro de más de 50 por ciento en comparación con tres pases juveniles mensuales. Su objetivo es ayudar a las familias a mantener a sus hijos activos, conectados y en movimiento de forma segura durante todo el verano, según un comunicado de prensa publicado el miércoles.

“Los padres quieren la tranquilidad de que sus hijos puedan llegar a donde necesitan de forma segura y económica”, afirmó April Chan, directora general y directora ejecutiva de SamTrans. “El Pase de Verano para Jóvenes ofrece a las familias una forma sencilla y económica de garantizar que sus hijos viajen de forma independiente, segura y se mantengan activos en sus comunidades”.

El Pase de Verano para Jóvenes está disponible para su compra en SamTrans.com/SYP, a través de la aplicación móvil SamTrans o en persona en 1250 San Carlos Ave., San Carlos, de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas.

Cabe destacar que este descuento no está disponible en tarjetas Clipper.

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Parques urbanos, una necesidad para el desarrollo de las comunidades

Parques urbanos
Los parques urbanos se han vuelto una parte escencial en el desarrollo de las comunidades, son lugares donde se reunen para platicar y compartir, pero tambien impulsan inciativas comunitarias y trabajor de voluntariado.

Las áreas verdes y los parques urbanos son lugares de descanso y recreación, pero también son espacios esenciales para la conexión y comunicación entre comunidades, donde personas de orígenes diversos interactúan sin importar su ideología política u origen.

Más de la mitad de los estadounidenses afirman haber hablado con alguien que no conocían y que procedía de un entorno social o socioeconómico diferente mientras visitaban un parque, así lo señalaron expertos durante una sesión informtiva realizada por American Community Media (ACoM).

Los datos también muestran que las ciudades con sistemas de parques sólidos tienden a tener mayores tasas de voluntariado, más organización cívica y mayor éxito en el desarrollo de líderes comunitarios.

El índice ParkScore de Trust for Public Land ofrece una evaluación de los sistemas de parques en las 100 ciudades más pobladas de Estados Unidos, y recopila información de organizaciones públicas y privadas para evaluar cada sistema de parques urbanos según cinco categorías: acceso, inversión, servicios, superficie y equidad.

Parques urbanos
Categorias a considerar

El objetivo del índice ParkScore, es ayudar a los líderes y residentes a promover los recursos necesarios para los parques y proporcionar datos relevantes para fundamentar las iniciativas locales en las mejoras de parques. 

El índice ParkScore de Trust for Public Land parques en las 100 ciudades más pobladas de Estados Unidos.

Will Klein, director de investigación de parques de Trust for Public Land, explicó que 4 de cada 5 encuestados, afirmaron que tienen un parque en el que se sienten cómodos y que desean visitar con regularidad, mostrando la importancia de los parques, pues son un lugar donde todos pueden convivir sin importar su ideología política, intereses, raza o estatus económico.

Por otra parte, expresó que el acceso a los parques es fundamental, pues el 76 por ciento de los residentes de las 100 ciudades más pobladas viven a menos de 10 minutos a pie de un parque, frente al 68 por ciento de 2012, lo que indica un considerable aumento en el acceso. 

Justin Cutler, comisionado de Parques y Ocio de la ciudad de Atlanta, comentó que, entre sus esfuerzos, ha formado una coalición con las escuelas y otros grupos de trabajo para avanzar en el tema de mejorar el acceso a espacios públicos naturales.

Además de trabajar en la mejora de vías verdes, colaboran con asociaciones que se dedican a plantar árboles y apoyar a personas desplazadas para buscar trabajo o viviendas asequibles.

Cutler agregó que colaboran de diversas formas para apoyar a los ciudadanos y su desarrollo, por ejemplo, en un parque se implementó un sistema de aguas fluviales pues el agua que antes inundaba el parque ahora se junta y es reutilizada, de esta manera se trabaja en diferentes proyectos en conjunto. 

Por su parte, Guillermo Rodríguez, director del Trust for Public Land del Estado de California y vicepresidente de la Región del Pacífico, comentó que la ciudad de Los Ángeles ha quedado en el lugar 90 dentro de esta clasificación de los parques. 

“Los sistemas de parques en Los Ángeles no han tenido el nivel de atención que se necesita para poder estar a la par con las innovaciones importantes que están sucediendo en el país”, subrayó.

Otro tema importante en el desarrollo de parques es el sistema financiero y el factor de la equidad, pues la mayor parte de los parques están altamente concentrados en los vecindarios con más recursos, por lo que la distribución de los parques no es igualitaria, explicó Rodríguez.

Yvette Lopez Ledesma, integrante del programa Greening America’s Cities de Community Partners, refirió que este programa se centra en asegurarse que las ciudades urbanas tengan la oportunidad de tener espacios para conectar.

Ledesma explicó que la evaluación de necesidades de parques, es un proceso para determinar lo que preocupa y necesita las comunidades en estos lugares de recreación, “esta evaluación es la guía para poder tomar decisiones respecto a los parques”.

“Necesitamos priorizar los parques con los recursos públicos, porque se trata de calidad de vida, que los recursos lleguen a estas áreas de recreación para todos”, finalizó Ledesma. 

 

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Harvard demanda a administración Trump y se le concede moción para bloquear orden federal de prohibir recibir estudiantes y maestros extranjeros

Harvard demanda a administración Trump y se le concede moción para bloquear orden federal de prohibir recibir estudiantes y maestros extranjeros
Harvard demanda a administración Trump y se le concede moción para bloquear orden federal de prohibir recibir estudiantes y maestros extranjeros. Foto: Facebook Harvard

Un juez federal concedió este viernes la solicitud de Harvard de una orden de restricción temporal que bloquea una medida de la administración Trump para revocar la capacidad de la Universidad de inscribir a estudiantes internacionales y patrocinar a académicos internacionales.

El fallo de la jueza de distrito estadounidense Allison D. Burroughs impide al gobierno “implementar, instituir, mantener o dar efecto” a la revocación.

La queja inicial de Harvard sobre el asunto, presentada este viernes temprano, calificó la orden de Trump como “una flagrante violación de la Primera Enmienda, la Cláusula del Debido Proceso y la Ley de Procedimiento Administrativo”.

Las acciones de Harvard se debieron a la reciente escalada de la disputa con la Universidad por parte de la administración Trump. En una carta enviada el jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió que la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad había sido revocada, con efecto inmediato, alegando que la medida se debía al incumplimiento por parte de Harvard de una solicitud gubernamental del 16 de abril que solicitaba registros de estudiantes internacionales. 

La carta y el comunicado de prensa adjunto de la secretaria también citaban quejas contra la Universidad que no estaban relacionadas con la participación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Student and Exchange Visitor Program, SEVP), la normativa aplicable ni los estudiantes internacionales de Harvard.

La moción de orden de restricción temporal, presentada poco después de la denuncia principal, buscaba el cese inmediato de la acción del gobierno, argumentando que la revocación causaría un daño irreparable a la Universidad y a sus estudiantes. Menciona el costo humano de no poder patrocinar ni acoger a miles de estudiantes y académicos, cuyas vidas y trabajos se ven gravemente afectados. 

La acción de la administración Trump constituye una “represalia manifiesta” y una “medida ejecutiva arbitraria, irracional y unilateral por excelencia”, afirma la moción. “Las consecuencias para los estudiantes de Harvard —todos sus estudiantes— serán devastadoras. Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”.

En un mensaje enviado a la comunidad el viernes por la mañana, el presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que la Universidad, de hecho, ha cumplido con la solicitud en la medida que lo exige la ley. Condenó la orden de Noem y se comprometió a combatirla.

“La revocación continúa una serie de acciones del gobierno para tomar represalias contra Harvard por nuestra negativa a renunciar a nuestra independencia académica y a someternos a la afirmación ilegal de control del gobierno federal sobre nuestro currículo, nuestro cuerpo docente y nuestro estudiantado”, dijo.

“Condenamos esta acción ilegal e injustificada. Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a innumerables personas en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y alcanzar sus sueños”, agregó.

Los estudiantes internacionales de Harvard provienen de más de 140 países y representan aproximadamente una cuarta parte de su alumnado. 

En su carta, Noem explicó que la revocación del certificado significa que Harvard no puede acoger a estudiantes o académicos internacionales no inmigrantes con visas F o J para el año académico 2025-26. Esto significa que los estudiantes actuales con esas categorías de visa deben transferirse a otras instituciones para mantener su estatus de visa, escribió.

La orden dejó a investigadores, becarios y estudiantes conmocionados y enojados, y preocupados por las implicaciones para el país y la Universidad. 

Garber concluyó su mensaje a la comunidad dirigiéndose directamente a los estudiantes y académicos internacionales: “Ustedes son nuestros compañeros y amigos, nuestros colegas y mentores, nuestros colaboradores en el trabajo de esta gran institución. Gracias a ustedes, sabemos y entendemos más, y nuestro país y nuestro mundo son más iluminados y resilientes. Los apoyaremos mientras hacemos todo lo posible para garantizar que Harvard siga abierto al mundo”.

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Publican resultados de la investigación sobre la queja de la alguacil Corpus contra el ejecutivo del condado Mike Callagy

Luego de completar una investigación que duró meses sobre la queja de la alguacil Corpus contra el ejecutivo del condado Mike Callagy, la Junta de Supervisores del condado votó el jueves para publicar el informe completo.
Luego de completar una investigación que duró meses sobre la queja de la alguacil Corpus contra el ejecutivo del condado Mike Callagy, la Junta de Supervisores del condado votó el jueves para publicar el informe completo.

Por Alise Maripuu. Bay City News.

Luego de completar una investigación que duró meses sobre las quejas realizadas por la sheriff del condado de San Mateo, Christina Corpus, contra un alto funcionario del condado, la Junta de Supervisores del condado votó el jueves para publicar el informe completo.

En septiembre, Corpus escribió una carta a la junta instando a una investigación independiente sobre sus afirmaciones de que el ejecutivo del condado, Mike Callagy, supuestamente abusó de su poder, hizo comentarios inapropiados hacia ella y la trató como a una subordinada.

“Le escribo para llamarle a la acción de inmediato y abordar las represalias, el abuso de poder, la discriminación sexual y las tácticas de intimidación de su empleado, el ejecutivo del condado Mike Callagy”, escribió en la carta.

La junta cumplió con su solicitud y contrató un bufete de abogados externo en enero para evaluar las reclamaciones de Corpus.

La investigación independiente se produce en un momento en que la tensión en el condado sigue siendo alta mientras la Junta de Supervisores se prepara para iniciar un proceso de destitución contra Corpus.

En noviembre pasado, se publicaron los resultados de una investigación de 400 páginas sobre la presunta mala conducta de Corpus, realizada por la jueza jubilada LaDoris Cordell.

El informe, que suscitó acusaciones de represalias e intimidación dentro del liderazgo de Corpus, provocó pedidos de renuncia por parte de la Junta de Supervisores, los concejos municipales locales y los funcionarios electos de la región.

Después de que Corpus se negó a dimitir, la junta recurrió a la celebración de una elección especial en marzo, donde los votantes aprobaron abrumadoramente la Medida A, añadiendo una enmienda a los estatutos que otorga a la junta poder temporal para destituir al sheriff por causas tales como negligencia flagrante de los deberes o violación de la ley relacionada con los deberes de un sheriff.

Durante una reunión especial este jueves, la junta acordó hacer disponible públicamente el informe completo de 166 páginas realizado por Oppenheimer Investigations Group, un equipo de abogados que se especializa en investigaciones en el lugar de trabajo.

Los hallazgos determinaron que todas las acusaciones de Corpus carecían de fundamento, por lo que Callagy quedó exento de las acusaciones, según el informe.

“El informe de la investigación ya está completo”, declaró el fiscal del condado, John Nibbelin, en la reunión extraordinaria. “El investigador no corroboró ninguna acusación que constituya mala conducta por parte del Sr. Callagy”.

La investigación independiente incluyó entrevistas con alrededor de una docena de testigos, incluido el ex subsheriff de Corpus, funcionarios del Departamento de Recursos Humanos del condado y el presidente del sindicato de subsheriffs Carlos Tapia.

La abogada Christina Ro-Connolly del Oppenheimer Investigations Group dirigió la investigación.

Como parte de la investigación, también se solicitó entrevistar a Corpus y al exjefe de gabinete, Víctor Aenlle. Aenlle aparece mencionado en todo el informe Cordell y fue acusado de mantener una relación romántica con Corpus.

El día de su entrevista, programada para la víspera de las elecciones especiales de marzo para la Medida A, el abogado de Corpus, Thomas Mazzucco, la finalizó antes de comenzar. Alegó estrés relacionado con las elecciones especiales y solicitó reprogramarla, según el informe.

En lugar de eso, Corpus terminó proporcionando respuestas escritas a las preguntas de Ro-Connolly.

Una de las acusaciones de Corpus fue que durante una reunión después de ser elegida, Callagy “exigió que revelara con quién estaba saliendo dentro del condado”, dijo Corpus en su respuesta escrita a Ro-Connolly.

“Fue inapropiado que el ejecutivo designado del condado interrogara al sheriff electo sobre su vida romántica”, escribió Corpus. “Sus acciones y comentarios no solo me ofendieron, sino que también me hicieron sentir menospreciado, acosado, avergonzado, conmocionado, desmoralizado, inseguro, discriminado, privado de derechos y humillado”.

Callagy calificó esta acusación a Ro-Connolly como “ridícula” y una “mentira”, pero dijo que le planteó sus preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses debido a los rumores de relación personal de Corpus con Aenlle.

Varias personas informaron a Callagy que Corpus y Aenlle habían viajado juntos a Hawái, según el informe. Corpus confirmó a Callagy que, efectivamente, ella y Aenlle viajaron juntas a Hawái como amigas, afirmó Callagy en el informe.

El informe concluyó que “la preponderancia de la evidencia no respalda la conclusión de que Callagy le ordenó a Corpus que le informara cuándo y con quién había salido dentro del condado”.

También afirmó que Callagy tomó decisiones unilaterales sin la participación de Corpus al negociar horas extras con los sindicatos del sheriff y los servicios de policía para las ciudades que tienen contratos con la Oficina del Sheriff.

“El Sr. Callagy intentó activamente dictar los términos de los acuerdos de servicio policial que eran de mi jurisdicción”, escribió Corpus. “Su interferencia tenía como objetivo socavar mi autoridad y perturbar las negociaciones, algo que nunca hizo con anteriores sheriffs varones”.

Sin embargo, varios testigos entrevistados afirmaron que Corpus efectivamente estuvo involucrado en discusiones sindicales para permitir el doble de horas extras.

El informe incluyó varios correos electrónicos en los que se copiaba a Corpus en relación a negociaciones para duplicar las horas extras y que “Callagy era deferente con Corpus”, según las conclusiones del informe.

Callagy declaró en el informe que el administrador municipal de San Carlos, Jeff Maltbie, lo contactó porque, al parecer, Corpus quería modificar su contrato vigente. San Carlos es una de varias ciudades del condado que contrata a la Oficina del Sheriff para prestar servicios policiales.

Callagy informó a Ro-Connolly que Corpus quería que San Carlos pagara el 100 por ciento del costo de un puesto de capitán para la ciudad, en lugar del 80 por ciento estipulado en el contrato original. Maltbie lo confirmó y afirmó que Callagy intervino para promover la colaboración entre Maltbie y Corpus después de que ambos tuvieran dificultades para llegar a un acuerdo contractual.

Corpus también acusó a Callagy de intentar interferir con el despido del ex asistente del sheriff Ryan Monaghan por parte de Corpus.

“Su negativa a respetar mi autoridad en las decisiones de personal es parte de un patrón más amplio de obstrucción que compromete mi capacidad de liderar eficazmente”, dijo Corpus en su respuesta escrita.

Según un correo electrónico que Callagy envió a Corpus, Callagy intentó pausar el despido de Monaghan por temor a que su despido pudiera ser visto como una represalia ilegal debido a la cooperación de Monaghan en la investigación de Cordell.

“Considero razonable, a la luz de estos hechos, concluir que AS Monaghan sufrió represalias por su participación en la investigación del juez Cordell sobre las quejas relacionadas con su departamento”, escribió Callagy en el correo electrónico. “Esto violaría la ley, incluido el propio Código de Ordenanzas del condado, y podría exponer al condado a un riesgo considerable de litigio”.

Corpus, que se identifica como latina, atribuyó principalmente la discriminación de género y racial como el factor subyacente en el presunto comportamiento de Callagy hacia ella.

“El trato que me dio el Sr. Callagy está plagado de prejuicios”, escribió Corpus. “Su uso de los recursos del condado como arma para controlarme e intimidarme refleja los desafíos más amplios que enfrentan las mujeres, especialmente las mujeres de color, en puestos de liderazgo”.

Muchos testigos declararon que no observaron ni escucharon acusaciones dentro del condado de que Callagy tratara a Corpus de manera diferente debido a su raza o género.

Por ejemplo, la directora de recursos humanos del condado, Rocio Kiryczun, declaró a Ro-Connolly en una entrevista que, como mujer de color, siempre se sintió respetada por Callagy. También señaló que Callagy ha contratado a muchas mujeres para puestos de liderazgo ejecutivo, incluyendo a la subdirectora del condado, Iliana Rodríguez, quien también es mujer de color.

Después de aprobar la publicación del informe de 166 páginas, la Junta de Supervisores también votó por unanimidad para aceptar que la queja de Corpus no tenía mérito y que la queja ya no es relevante.

“La investigación de Oppenheimer ha concluido que el ejecutivo de nuestro condado actuó de manera justa y responsable respecto a las acusaciones del sheriff”, declaró el presidente de la Junta, David Canepa, en un comunicado. “El asunto está cerrado”.

El abogado de Callagy, Jim Hartnett, dijo en una declaración que la investigación desacreditó las afirmaciones de Corpus y que su falta de voluntad para proporcionar una entrevista oral a Ro-Connolly indicaba una falta de credibilidad.

“Aunque la sheriff Corpus solicitó la investigación, en total contradicción con cualquier proceso normal, no solo no se ofreció a testificar bajo juramento, sino que también se negó a comparecer ante un interrogatorio y solo respondió por escrito a las preguntas formuladas”, declaró Hartnett. “En el informe, el investigador concluyó repetidamente que la sheriff no es creíble y que hacía declaraciones generales y generalizadas sin ningún fundamento fáctico”.

A pesar de las conclusiones del informe, Corpus defiende sus acusaciones contra Callagy.

Mantengo mis acusaciones y preocupaciones con respecto a la interferencia del Sr. Callagy en mi capacidad para dirigir la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo como sheriff electo.

En respuesta a las acusaciones, Callagy presentó una denuncia por 10.5 millones de dólares en marzo contra Corpus y Aenlle, argumentando que las acusaciones constituyen difamación y se hicieron con la intención de dañar su reputación.

“Si bien la sheriff Corpus ha podido evitar ser entrevistada, llegará el día en que tendrá que testificar bajo juramento y asumir personalmente las consecuencias de sus declaraciones y conducta”, dijo Hartnett.

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