Por Andrés Jiménez Larios. Bay City News. Península 360 Press.

Afuera del gran edificio de concreto de la cárcel del condado de San Francisco con las palabras “Salón de Justicia” grabadas en la pared, líderes locales y organizadores comunitarios se reunieron el lunes por la mañana para denunciar las acusaciones de mujeres obligadas a desnudarse por oficiales masculinos que llevaban cámaras corporales.

La coalición afirmó que más de 20 mujeres fueron desnudadas y registradas en grupo el 22 de mayo, y mientras eran cacheadas por agentes femeninas, estaban a la vista de agentes masculinos que reían y llevaban sus cámaras corporales encendidas.

El presunto incidente culminó con la presentación de una demanda por parte del grupo de mujeres contra la ciudad de San Francisco. La Defensoría Pública de San Francisco también presentó una denuncia contra el Departamento de Responsabilidad Policial y la Oficina del Sheriff.

Una portavoz de la Oficina del Sheriff, la sheriff adjunta Tanzanika Carter, calificó las acusaciones de “profundamente preocupantes” el lunes y dijo que se tomaron medidas de personal, pero se negó a proporcionar más detalles.

El Departamento de Responsabilidad Policial dijo que no podía investigar la denuncia del Defensor Público porque estaba fuera del alcance de su acuerdo con la Oficina del Sheriff, exponiendo una falta de supervisión que fue criticada por dos miembros de la Junta de Supervisores de San Francisco.

Los oradores del Centro para la Libertad de Mujeres Jóvenes, un grupo de defensa sin fines de lucro dedicado a ayudar a las mujeres y a las personas trans que interactúan con el sistema de justicia penal, instalaron un pequeño altar con incienso y un podio junto a la entrada donde se libera a las mujeres como un gesto simbólico que, según dijeron, representaba su compromiso de estar junto a ellas y sus derechos humanos básicos.

La directora ejecutiva del Centro para la Libertad de Mujeres Jóvenes, Julia Arroyo, abrió la manifestación con apasionados comentarios que alegaban que la Oficina del Sheriff de San Francisco estaba violando la política estatal, las protecciones constitucionales y la dignidad humana básica.

“Las personas que están aquí dentro aún no han sido condenadas por ningún delito”, dijo Arroyo. “Se cruzó la línea. Se les pidió a las personas que se desnudaran. Se les grabó en video, se les filmó”.

El Defensor Público electo de San Francisco, Mano Raju, afirmó que nadie debería ser sometido a tales prácticas en ninguna cárcel de la ciudad. Añadió que los nuevos informes sobre mujeres trans agredidas sexualmente y otras personas sometidas a registros corporales al desnudo tras reunirse con sus abogados eran inadmisibles.

“Resaltamos nuestras exigencias de transparencia y rendición de cuentas por parte de la Oficina del Sheriff, y enfatizamos nuestra exigencia de un cambio en el trato que los agentes dan a nuestros clientes en la cárcel y de un apoyo rehabilitador para las mujeres que sufrieron daños”, dijo Raju.

“Las cárceles de San Francisco ya están llenas de personas vulnerables debido al racismo, el sexismo, la pobreza y el trauma. Lo que estas mujeres sufrieron en este registro masivo al desnudo y el acoso que continuó después es inaceptable e injusto”, agregó.

Su oficina presentó una queja contra el Departamento de Responsabilidad Policial y la Oficina del Sheriff de la ciudad en octubre para garantizar que las mujeres obtengan justicia y pongan fin a las prácticas que permitieron tal incidente.

El Departamento de Responsabilidad Policial de San Francisco dijo en una declaración escrita que “el DPA no inició una investigación porque la denuncia planteaba asuntos fuera de la carta de acuerdo del DPA con la Oficina del Sheriff de San Francisco”.

Varias mujeres también se reunieron para presentar un reclamo gubernamental, precursor de una demanda, contra la ciudad de San Francisco con la ayuda de un abogado privado.

Las supervisoras del condado, Jackie Fielder y Connie Chan, estuvieron junto a los organizadores para dar a conocer su postura de que no tolerarían tales incidentes y pidieron que la Junta de Supervisión de la Oficina del Sheriff, que ha carecido de fondos desde su creación en 2020, cuente con personal completo.

“Para ser claros, este es un ejemplo de que la ley no se aplica a todos, y eso es un problema porque existen leyes vigentes para prevenir y exigir responsabilidades en casos de injusticia como este”, dijo Fielder. “Todos los funcionarios electos de San Francisco deberían denunciar esto de inmediato. Este también es un ejemplo de un departamento del sheriff que cuenta con un organismo de supervisión sin fondos”.

El asistente del sheriff Carter habló después de que concluyó la manifestación para brindar la breve respuesta de la Oficina del Sheriff sobre el incidente.

“La Oficina del Sheriff de San Francisco tiene conocimiento de las denuncias de que varias mujeres bajo nuestra custodia en la cárcel del condado, dos de ellas sufrieron violaciones de sus derechos durante el registro corporal”, declaró Carter. “La conducta descrita es profundamente preocupante y no refleja las políticas, los procedimientos ni los estándares profesionales que exigimos a nuestro personal”.

Carter agregó que, si bien no podía comentar los detalles del presunto incidente, “se tomaron medidas de personal”.

Tualla Auimatagi, una mujer que fue encarcelada una semana después de que ocurriera el presunto incidente, dijo que las prácticas de registro corporal y otras prácticas deshumanizantes fueron entrenadas para los nuevos oficiales.

“Llegué aquí aproximadamente una semana después del incidente, y hay muchos cadetes en entrenamiento allí a quienes su supervisor les dijo que dejaran la cámara corporal encendida durante el registro corporal”, dijo Auimatagi. “Algunas de las nuevas reclusas creen que era normal que las registraran con la cámara corporal encendida y que eso no está bien”.

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