sábado, julio 26, 2025
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Realizan manifestación en tribunal de inmigración de SF a favor de un tatuador local que se enfrenta a la detención de ICE

Tatuador local que enfrenta detención de ICE
Tatuador local que enfrenta detención de ICE, contó con el respaldo de gente que se manifesto a favor de su situación. Foto: Beth LaBerge/KQED

Por Andrés Jiménez Larios. Bay City News. Península 360 Press.

Un artista del tatuaje de San José que enfrenta una detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no puede ser puesto bajo custodia hasta que un juez federal de inmigración emita una decisión por escrito, según una audiencia del martes.

Guillermo Medina Reyes, de 31 años, fue recibido con ovaciones y aplausos por un grupo de simpatizantes frente al edificio federal Phillip Burton y el tribunal de Estados Unidos después de que un juez dijera que necesitaba dos días más para decidir si los agentes de ICE tenían la capacidad legal para detenerlo.

Esto ocurre tras una prolongada batalla legal entre el gobierno federal, en representación del ICE, y la organización sin fines de lucro Pangea Legal Services, en representación de Medina Reyes. El núcleo del caso es una orden de restricción temporal emitida por un tribunal que previamente impedía al ICE retener a Medina Reyes. 

La audiencia de este martes debía determinar si el ICE tenía la autoridad para detenerlo sin una audiencia previa de fianza.

El argumento del gobierno se basa en las directrices establecidas por la administración del presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno federal argumentó que era su responsabilidad detener y deportar a los migrantes indocumentados que representaban una amenaza para la ciudadanía.

Según Medina Reyes, llegó a Estados Unidos a los 6 años y creció sin un camino claro hacia la documentación. Comentó que estuvo bajo custodia de ICE entre 2021 y 2023, y durante ese tiempo se convirtió en un activista por los derechos de los inmigrantes realizando huelgas de hambre y denunciando abiertamente las condiciones de vida en las instalaciones.

Funcionarios del ICE han declarado que Medina Reyes representa un riesgo para la seguridad pública debido a sus antecedentes penales. A los 16 años, fue condenado como adulto por intento de asesinato y finalmente cumplió su condena y obtuvo libertad condicional.

Este año, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara presentó cargos contra Medina Reyes por presuntamente cometer vandalismo al dañar el marco de una puerta.

El equipo de Servicios Legales de Pangea refutó las afirmaciones de ICE de que la agencia federal puede detener a personas unilateralmente sin el debido proceso. La abogada de inmigración de Pangea, Victoria Sun, afirmó que el intento del gobierno de detener a Medina Reyes por tener cargos en su contra era injusto y contravenía el principio de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, establecido por el sistema judicial.

“Creemos que un arresto por sí solo no es prueba de la comisión de un delito, y no creemos que ICE pueda tomar unilateralmente la decisión de revocar la libertad bajo fianza de alguien después de que haya sido liberado por un juez de inmigración”, dijo Sun.

Su equipo legal afirmó que, en 2023, el tribunal de inmigración determinó que no representaba un riesgo público y que podría permanecer en el país hasta nuevo aviso. 

Sun indicó que el ICE no podía detener a Medina Reyes porque su capacidad para permanecer en el país estaba determinada por un tribunal de inmigración y, si esas circunstancias cambiaran, los tribunales tendrían la autoridad para tomar decisiones, no el ICE.

Además, Sun dijo que los cargos de los fiscales del condado de Santa Clara son parte de un sistema que criminaliza excesivamente a las comunidades negras y marrones, lo que lleva a situaciones en las que Medina Reyes fue arrestado mientras supuestamente estaba teniendo una crisis de salud mental.

“Creemos que, si un juez de inmigración libera a alguien, debería tener derecho a una audiencia ante un juez de inmigración antes de poder detenerlo”, explicó Sun. “La criminalización excesiva de las personas negras, morenas e inmigrantes [canaliza] a las personas hacia la red de deportación de ICE”.

Decenas de simpatizantes se congregaron frente al edificio federal con pancartas, una banda tocando música y una serie de cánticos pidiendo que Medina Reyes permaneciera en Estados Unidos. Antes de comenzar la manifestación, una breve oración de Drew Paton, de la Primera Iglesia Presbiteriana de Berkeley, contribuyó a unir a la gente. Enfatizó que el gesto no era para una religión en particular, sino una forma de que la gente encontrara conexión y fortaleza en su apoyo a Medina Reyes.

La reverenda Deborah Lee es codirectora ejecutiva de la Red del Movimiento Interreligioso por la Integridad Humana, una coalición teológicamente diversa de más de 300 congregaciones en todo el estado que, según se informa, se manifestaron por la justicia para los inmigrantes. Lee afirmó que el grupo estaba allí para apoyar a Medina Reyes, ya que ha estado involucrado con la comunidad y, moralmente, era su deber ayudar a todos los inmigrantes amenazados.

“Es inmoral separar a las personas de su comunidad. Es inmoral alejarlas de un lugar que consideran su hogar, un lugar donde están seguras”, dijo Lee. “Básicamente, estamos aquí para acompañar a la comunidad inmigrante y a otras comunidades afectadas en sus momentos de necesidad”.

Un amigo de Medina Reyes que desea permanecer anónimo porque también fue detenido anteriormente por ICE y teme represalias, dijo que estaba apoyando a su amigo porque quiere que la gente no se sienta sola.

“Comparto todo lo que ha pasado, y lo que ahora enfrenta me conmueve profundamente. Sé lo que se siente estar bajo la amenaza de ser deportado o detenido por ICE”, dijo su amigo. “Para mí, con solo conocer a Guillermo como persona, conociéndolo aquí desde su liberación, diría que he aprendido muchísimo de él. Es un ejemplo a seguir no solo para mí, sino también para otras personas afectadas por estas detenciones migratorias”.

El amigo dice que los centros de detención migratoria son traumáticos para quienes entran. Comentó que durante el tiempo que estuvo con Medina Reyes en un centro de ICE, se sintieron extremadamente aislados y desorientados. 

Según él, era extremadamente difícil contactar con gente de afuera, y aún más para quienes no hablaban inglés, porque el sistema migratorio era confuso incluso para alguien como él que sí hablaba el idioma.

Después de que el juez dijo que se necesitaban dos días más antes de que se tomara una decisión final, muchos partidarios estaban contentos, pero sabían que la lucha para mantener a Medina Reyes lejos de la detención de ICE continuaba.

Empacaron sus guitarras y carteles, pero se mencionaron entre sí que podrían necesitarlos para la próxima manifestación, ya sea para Medina Reyes u otro inmigrante que enfrenta la custodia de ICE.

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La tecnología de la «cadena de la muerte» detrás de las deportaciones de Trump

En nuestro actual entorno rico en información, el resultado de la actual guerra por el acceso a los datos tendrá tanto o más impacto que un aumento en la financiación de las operaciones sobre el terreno.

deportaciones de Trump
Deportaciones de Trump utilizan como herramienta el análisis de datos y la tecnología. Imagen: Pabellón Palantir, Foro Económico Mundial, Davos, Suiza. Crédito: Cory Doctorow

Por Edward Kissam. American Community Media (ACoM). Península 360 Press.

Cada vez hay más pruebas que demuestran que la administración Trump está utilizando el análisis de datos como arma para detener y deportar a inmigrantes, avanzando rápidamente. Los continuos avances en la tecnología de inteligencia artificial contribuyen a este esfuerzo.

La continua erosión de la privacidad digital que esto conlleva podría pronto permitir a la administración no sólo ampliar su guerra contra los inmigrantes sino también atacar de manera más eficiente a los enemigos políticos.

Un elemento central de la estrategia de la administración Trump es la explotación de las lagunas en la Ley de Privacidad, mediante la cual la mera acusación de criminalidad es suficiente para erosionar incluso la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.

Las protecciones bajo la Ley de Privacidad solo se aplican a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, lo que deja a los inmigrantes indocumentados particularmente vulnerables. Sin embargo, incluso la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses se desvanece si se alega que están siendo investigados, como es el caso de dos exasesores de Trump acusados por el presidente de traición por las críticas que formularon durante y después de su primer mandato.

Más preocupante es la deferencia judicial a las afirmaciones del gobierno de que sus enemigos están “siendo investigados”, sin evidencia de que una investigación real esté en marcha o tenga alguna base.

En junio, la Corte Suprema falló a favor de una solicitud del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para acceder a los datos de la Administración del Seguro Social con el argumento de que estaba “investigando” fraude y despilfarro.

Los tres liberales del tribunal discreparon del fallo, y el juez Ketanji Brown Jackson escribió que la justificación de “emergencia” del fallo se basaba únicamente en que el tribunal “no podía molestarse en esperar a que se resolviera el litigio”. (Las demandas que impugnaban la solicitud de DOGE estaban pendientes).

Tal pretexto, añadió Jackson, “tradicionalmente ha sido insuficiente para justificar el tipo de intervención extraordinaria que busca el Gobierno”.

Mientras tanto, la adopción de tecnología de inteligencia militar (desarrollada en parte con base en el trabajo analítico de “cadena de asesinatos” de Palantir Technologies) para examinar estos datos recientemente disponibles significa que ahora el gobierno puede hacerlo con mayor precisión y a un menor costo.

Estos enfoques de análisis de datos en el campo de batalla ya se están utilizando para mejorar la capacidad del DHS para identificar, detener y deportar a inmigrantes. En abril, el DHS otorgó a Palantir un contrato de 30 millones de dólares para mejorar su Sistema de Gestión de Investigaciones y así identificar mejor a los inmigrantes para su detención.

“El software de Palantir ya está configurado para respaldar la misión y el entorno del ICE”, señaló el DHS al anunciar el contrato.

Juan Sebastián Pinto, ex empleado de Palantir Technologies ahora profundamente preocupado por la violación por parte de la compañía de sus principios iniciales para el análisis ético de datos, explica cómo funciona el proceso.

“En las operaciones militares actuales basadas en IA, las primeras fases de la cadena de ataque —encontrar y reparar— se centran en la recopilación de datos y la entrada de datos de sensores para identificar y categorizar a los sujetos como objetivos, amenazas o no objetivos”, escribe Pinto en su página de Substack . “Este tipo de categorización, conocida como ‘reparación’ en el contexto militar, permite a las corporaciones marcar a individuos para acciones específicas”.

Para los regímenes autoritarios, estos algoritmos de focalización —que se perfeccionan continuamente con nueva tecnología de IA— se pueden aplicar a cualquier grupo definido por el gobierno de enemigos percibidos, inmigrantes o no, con una eficiencia asombrosa y por unos pocos centavos.

Como era de esperar, el ICE y la CBP llevan mucho tiempo utilizando sus propios datos administrativos para determinar, por ejemplo, dónde realizar una redada en un lugar de trabajo. El problema radica en que la información puede estar desactualizada, faltar o ser ambigua (por ejemplo, varias personas con el mismo nombre).

Organizaciones como Palantir, con sofisticados análisis de datos basados en múltiples conjuntos de datos, pueden determinar mejor dónde se encuentra un objetivo específico. Además, gracias a una Orden Ejecutiva anterior, «Detener el Despilfarro, el Fraude y el Abuso mediante la Eliminación de los Silos de Información», firmada en marzo, el número de conjuntos de datos disponibles se ha ampliado significativamente. Entre ellos se incluyen:

  • Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS)
  • Servicio de Impuestos Internos (IRS)
  • Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
  • Administración del Seguro Social (SSA)
  • Departamento de Educación de Estados Unidos
  • Servicio Postal de los Estados Unidos

Una consecuencia inevitable de este intercambio de registros es que la información proporcionada por los hogares de estatus mixto (en los que uno o más miembros de la familia son indocumentados) para obtener servicios como el SNAP para niños ciudadanos estadounidenses elegibles proporciona indicadores del estatus migratorio que permitirían que un padre indocumentado sea el blanco de ataques.

El acceso a los datos de una persona en particular en muchos de estos casos proporciona acceso a datos de todos sus miembros, algunos de los cuales pueden convertirse en “daños colaterales” cuando el registro de datos se utiliza para detenciones selectivas.

De manera similar, los algoritmos desarrollados por los expertos de Palantir podrían incorporar “indicadores” como inscripción en ESL o tratamiento médico que requiera un intérprete que no reflejan definitivamente la ciudadanía/estatus legal, pero que podrían usarse para construir modelos impulsados por IA para la segmentación.

En principio, cada agencia denegaría normalmente el acceso a los registros con información personal identificable de las personas, según lo exige la Ley de Privacidad. En el contexto actual, con la administración Trump debilitando las barreras que antes garantizaban nuestra privacidad, tales suposiciones son cualquier cosa menos ciertas.

En nuestro actual entorno rico en información, el resultado de la actual guerra por el acceso a los datos será tan importante o, podría decirse, más importante que el aumento de la financiación para las detenciones sobre el terreno por parte del ICE o la CBP, cuya autoridad ahora se ha extendido a todo el país.

Lamentablemente, la tradicional deferencia judicial hacia el poder ejecutivo, basada en el supuesto de que el objetivo del gobierno es una mejor gobernanza, ya no se justifica. Lo único que cabe esperar en este momento es una oleada de presión pública a favor de la integridad del gobierno y el compromiso con el Estado de derecho.

Edward Kissam es un destacado investigador y defensor de estrategias para abordar los problemas de salud que afectan a las comunidades inmigrantes. Ha dirigido investigaciones sobre cuestiones relacionadas con los trabajadores agrícolas y los inmigrantes, patrocinadas por el Departamento de Trabajo, la Comisión de Trabajadores Agrícolas y el Instituto Nacional para la Alimentación y la Agricultura. También es fideicomisario del Fondo de Donaciones Caritativas de la WKF.

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En Pt. Reyes, los trabajadores agrícolas observan cómo desaparecen las vacas y los empleos

Esta historia fue publicada originalmente por Pt. Reyes Light y se vuelve a publicar aquí con permiso.

Por Sophia Grace Carter

Las granjas históricas en la Costa Nacional de Pt. Reyes están cerrando tras un acuerdo que eliminó gradualmente la agricultura. El futuro de los trabajadores agrícolas es incierto.

Las últimas semanas, Margarito Loza ha visto cómo las vacas de la Lechería Spaletta desaparecían a montones: 70 cabezas una semana, 35 la siguiente. Con cada partida, el futuro se ha vuelto más nítido.

Point Reyes National Seashore ha sido por mucho tiempo hogar de ranchos de ganado históricos que ahora se pretenden cerrar después de un acierdo legal con grupos abientalistas (Imágen cortesía de de Point Reyes Light)

 

“Todo está sucediendo muy rápido, ante nuestros ojos”, dijo el Sr. Loza.

Cuando las 120 vacas restantes desaparezcan, probablemente a fines de julio, también desaparecerá el trabajo que ha tenido durante 34 años y el remolque que comparte con su esposa, Chabela Alcala, y sus dos hijos más pequeños, los últimos de los seis que criaron en Point Reyes National Seashore.

La operación de Spaletta es una de varias granjas históricas que cerrarán en virtud de un acuerdo legal que eliminará gradualmente casi toda la agricultura en el parque. La ayuda financiera de Nature Conservancy, que contribuyó a negociar un acuerdo de 30 millones de dólares para la compra de las granjas familiares, está empezando a llegar a algunos de los trabajadores y otras familias que viven allí. Esto forma parte de un programa de reubicación impulsado por organizaciones locales.

Pero el camino a seguir parece incierto para muchos, incluidos los trabajadores del rancho preocupados por la indemnización por despido y otros residentes que no están seguros del cronograma para su partida.

“No ha sido un programa fácil de desarrollar y mantener”, dijo Michael Bell, director de estrategia de protección de Nature Conservancy. “Pero está en marcha y habrá recursos disponibles. Los cheques se enviarán a principios de este mes”.

El acuerdo, que resolvió una demanda interpuesta por tres grupos ambientalistas por los impactos de la ganadería, incluye un fondo de reubicación de 3,75 millones de dólares para ayudar a las 26 familias restantes a abandonar las viviendas del parque. Si bien Nature Conservancy aún no ha alcanzado su objetivo de recaudación de fondos, ha redirigido fondos de otros proyectos para comenzar a emitir pagos.

El fondo de transición está siendo administrado por Servicios Comunitarios de West Marin y Associated Right of Way Services, una consultora inmobiliaria con sede en Walnut Creek. Hasta el momento, ambos grupos se han reunido con 16 familias y se han programado más reuniones, según Yareli Cervantes, quien ayuda a coordinar los esfuerzos de reubicación de W.M.C.S.

Doce familias han presentado formularios, proporcionando información básica como su dirección, el tamaño de su hogar y si prefieren recibir el pago mediante cheque o depósito directo. Cada hogar elegible recibirá un pago inicial equivalente al 10% de su asistencia total, que oscila entre $70,000 y $100,000, según el tamaño de la familia. El resto se distribuirá una vez que las familias se muden.

Los pagos se calculan con base en 18 meses de alquiler promedio en el condado de Marin y están destinados a ser utilizados para la reubicación y el alquiler, dijo la Sra. Cervantes. “Sin embargo, no están vinculados a su uso para eso. Queremos que tengan control sobre cómo gastan esos fondos”.

Aún así, las preocupaciones persisten.

“El proceso con Nature Conservancy ha sido muy confuso”, dijo Jasmine Bravo, organizadora comunitaria que ayudó a fundar Familias Afectadas de Rancho (FAR), una coalición de base de residentes del parque. “Hemos recibido asesoría legal para estar completamente seguros de lo que firmamos. Creo que todavía hay cierto escepticismo, por no decir desconfianza absoluta”.

La Sra. Bravo vive con su madre y sus hermanos en la antigua lechería McClure, que dejó de vender leche en 2021, pero sigue funcionando como ganadería y ofrece alojamiento. Su familia aún no se ha inscrito en el programa de reubicación.

“Estamos aplazando el proceso como forma de resistencia”, dijo. “La FAR está impulsando una extensión para familias con niños en edad escolar. Mi familia no tiene niños en edad escolar, pero esto es una muestra de solidaridad. Estamos esperando a tener más información”.

Carlos Porrata, presidente de la junta directiva de W.M.C.S., enfatizó que la participación es voluntaria. “No es un contrato, como algunos creen”, dijo. “A algunos les preocupaba la presión de Nature Conservancy o de los Servicios Comunitarios de West Marin, pero no hubo presión para firmar nada. Simplemente se les ofrece una alternativa. Pueden elegir aprovecharla o no”.

Según los términos del acuerdo, todos los residentes deben abandonar sus viviendas en parques antes del 1 de marzo de 2026. Sin embargo, dado que el empleo ya está disminuyendo y las clases se reanudarán en poco más de un mes, se espera que muchas familias se muden antes. El Sr. Bell explicó que el fondo de transición se diseñó para acomodar salidas escalonadas.

El acuerdo exige que los ganaderos paguen indemnizaciones por despido a los trabajadores que pierdan sus empleos. Sin embargo, los términos fueron imprecisos, y los aproximadamente 13 trabajadores restantes —empleados principalmente por las operaciones de Nunes, Mendoza, Spaletta y Kehoe— deben negociar directamente con sus jefes.

“Técnicamente, un ganadero podría pagarle a alguien un dólar y llamarlo indemnización por despido”, dijo Bravo.

El Sr. Bell enfatizó que los acuerdos de indemnización por despido quedan fuera del ámbito de competencia de Nature Conservancy. “La indemnización por despido es una cuestión de empleador a empleado, y nosotros tampoco”, dijo. “Estamos siendo cuidadosos y respetando nuestra línea”.

Tony Raimondo, el abogado que representa a las familias Nunes, Mendoza, Kehoe y McClure, dijo que sus clientes están comprometidos a ofrecer una indemnización, pero advirtió que las expectativas deben reflejar las realidades económicas.

“Mis clientes sí tienen la intención de ofrecer algún tipo de indemnización por despido”, dijo el Sr. Raimondo. “Pero, sinceramente, es un asunto privado entre el trabajador y el empleador. No se trata de despidos corporativos con generosas indemnizaciones. Se trata de pequeñas granjas familiares que están perdiendo su medio de vida. Una vez que se acaban las vacas, también se acaban los ingresos”.

En la industria láctea no existe una fórmula de indemnización por despido. El Sr. Raimondo ha visto a algunos empleadores no ofrecer nada y otros ayudar con el enganche de una casa, pero «la mayoría de los trabajadores lecheros recibirán medio mes o un mes de salario para ayudarles a buscar su próxima oportunidad», dijo.

Sus clientes pospusieron discutir la indemnización mientras se establecía el fondo de transición para evitar confusiones entre los dos tipos de apoyo, añadió.

En la Lechería Nunes, los trabajadores fueron informados poco después de la firma del acuerdo en enero de que la operación se desmantelaría entre junio y octubre. Sin embargo, no se han llevado a cabo negociaciones formales para la indemnización.

“La indemnización por despido dependerá de tu desempeño como empleado”, dijo el dueño William Nunes. “Tenemos algunos empleados muy buenos y otros no tanto”.

Algunos dicen que los desequilibrios de poder hacen que dichas negociaciones sean problemáticas.

“El ganadero tendrá su abogado”, dijo el Sr. Porrata. “¿Quién va a estar ahí para el trabajador? En mi experiencia, he visto gente trabajar 20 o 25 años y solo recibir una despedida”.

La Sra. Bravo dijo que las experiencias de los inquilinos varían mucho. “Algunos ganaderos están siendo completamente transparentes y honestos, y les dicen a los inquilinos que pueden quedarse hasta la fecha límite de marzo de 2026”, dijo. “Otros están presionando a la gente y difundiendo información errónea”.

En la Lechería Spaletta, el Sr. Loza comentó que en abril les informaron a él y a dos compañeros que tendrían dos semanas para desmantelar la infraestructura una vez que se hubieran ido las últimas vacas, y 60 días para desalojar sus casas. Después de eso, ambos quedarían sin trabajo y tendrían que pagar alquiler.

“La mayoría de estos empleados no pagan alquiler”, dijo el Sr. Raimondo. “La vivienda es parte del trabajo y, en la mayoría de los casos, el empleador cubre los servicios públicos. Así que los ganaderos siguen asumiendo los costos de mantenimiento y servicios públicos. Existe un incentivo financiero para cerrar y terminar la operación antes de tiempo”.

Pero los inquilinos como el Sr. Loza pueden tener más tiempo del que les han hecho creer.

“Los ganaderos están tratando de irse y obtienen más dinero cuanto antes se vayan los residentes”, dijo Andrew Giacomini, un abogado que representa a los inquilinos del rancho en una demanda contra el Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior y Nature Conservancy que busca bloquear el desalojo de los residentes del rancho.

La familia del Sr. Loza vive en una casa móvil que debe ser desalojada de la propiedad antes de que los Spaletta puedan cobrar su indemnización. “Pero nadie puede obligarlos a desalojar a menos que les notifiquen una orden de desalojo. Y que yo sepa, eso no ha sucedido”, dijo el Sr. Giacomini.

A sus 58 años, el Sr. Loza quisiera seguir siendo lechero, pero le preocupa que su edad lo descalifique para la mayoría de los trabajos. También quiere quedarse en la única comunidad que conoce desde que llegó a los 24 años.

“El trabajo no es muy duro para mí”, dijo. “Pero encontrar un nuevo trabajo es lo difícil”.

Se están realizando esfuerzos para apoyar a los trabajadores desplazados después de su reubicación. En colaboración con el condado, el Fondo de West Marin está organizando sistemas para facilitar la inserción laboral. El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas está adaptando un programa en español a West Marin y recientemente organizó un grupo de discusión con familias afectadas, que tuvo una gran asistencia, para intercambiar ideas de negocio.

“Había ideas para todo, desde paisajismo hasta peluquería y detallado de automóviles”, dijo Valaria Brabata, directora de programas e impacto del West Marin Fund, que ofrecerá pequeñas subvenciones para empresas emergentes. La Alianza de la Fuerza Laboral de North Bay también está interviniendo, ofreciendo subsidios salariales y capacitación laboral para conectar a los trabajadores desplazados con empleadores locales. “Quienes buscan empleo definirán sus posibles caminos”, dijo la Sra. Brabata. “No tiene que ser en la agricultura. Podría ser en el comercio minorista. Podría ser conductor de autobús escolar. Hay muchas posibilidades”.

Esta historia forma parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media y medios de comunicación étnicos y comunitarios de California. Mientras el estado se enfrenta a una campaña de deportación masiva, sumada a la mayor reducción de subsidios federales para la atención médica en la historia, Aquí Estamos/Here We Stand examina cómo estas nuevas políticas están impactando a los californianos y cómo están respondiendo los residentes.

Adultos mayores marcharán en Palo Alto para honrar el legado de John Lewis

Adultos mayores marcharán en Palo Alto
Adultos mayores marcharán en Palo Alto este jueves 17 de julio, buscan resaltar el papel activo de las personas mayores en la defensa de la democracia y los derechos civiles. Imagen: Good Trouble live son

Este jueves 17 de julio, al conmemorarse el quinto aniversario del fallecimiento del congresista y líder de derechos civiles John Lewis, adultos mayores de Palo Alto se sumarán a la jornada nacional de acción “Good Trouble Lives On” con una marcha y acto público que buscan resaltar el papel activo de las personas mayores en la defensa de la democracia y los derechos civiles.

La marcha, organizada por la coalición intergeneracional Generations for Justice, comenzará a las 17:00 horas en la intersección de las calles Hamilton y Cowper, y recorrerá aproximadamente 0.3 millas hasta llegar a King Plaza (250 Hamilton Ave), donde se llevará a cabo el evento central. 

Portando carteles coloridos, los manifestantes entrarán a la plaza poco antes de las 17:30 horas, momento en que iniciará el programa, el cual incluirá una concierto colectivo dirigido por las Raging Grannies y presentaciones del Mitchell Park Band, el coro de Eastside College Preparatory School y exalumnos.

A ellos se sumarán los discursos de LaDoris Cordell, jueza retirada del Tribunal Superior de California; Carolyn Hoskins, fundadora del Domini Hoskins Black History Museum; Alice Smith, fundadora del National Voter Corps; Mauni Jalali, abogada especializada en derecho constitucional; y Lisa Ratner, de la League of Women Voters de Palo Alto.

El evento en Palo Alto es parte de una movilización nacional convocada por la organización Good Trouble Lives On, que promueve acciones no violentas frente a lo que considera amenazas a los derechos civiles, al derecho al voto y a la democracia estadounidense. 

Inspirada en la frase emblemática de John Lewis, “Haz buen problema, el necesario”, la iniciativa busca destacar que el poder reside en el pueblo, y que cada generación tiene la responsabilidad de actuar con firmeza ante la injusticia.

A través de eventos como este, la organización impulsa la participación cívica, la defensa del voto, la equidad racial y la protección de programas sociales clave como Medicare y Seguridad Social. Más de 280 localidades en Estados Unidos se han sumado a esta jornada nacional.

El evento cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones locales y nacionales, como National Voter Corps, Indivisible Palo Alto+, Center for Common Ground, Bay Area Coalition, Fridays for Future y la League of Women Voters.

La manifestación no solo honra la memoria de John Lewis, sino que también envía un mensaje claro: las personas mayores siguen activas, organizadas y decididas a contribuir a un futuro más justo.

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EE.UU. realiza deportaciones a terceros países, incluyendo naciones africanas, tras aval de la Corte Suprema

Las deportaciones a terceros países
Las deportaciones a terceros países suman una ciudad más, Esuatini en África fue el destino, tras un reciente fallo de la Corte Suprema que autorizó esta práctica.

Por Pamela Cruz con información de Reuters. Península 360 Press.

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado formalmente deportaciones de migrantes a terceros países, incluyendo destinos en África, tras un reciente fallo de la Corte Suprema que autorizó esta práctica. Uno de los primeros vuelos bajo esta nueva política aterrizó en Esuatini, una nación del sur del continente africano, según informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“Un vuelo seguro de deportación a un tercer país con destino a Esuatini ha aterrizado. Este vuelo transportó a individuos tan singularmente bárbaros que sus países de origen se negaron a recibirlos de regreso”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, a través de la red social X.

Según reportó la agencia Reuters, los migrantes deportados en este vuelo eran originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen, y habían sido condenados por delitos graves como violación infantil y asesinato. No se detalló cuántas personas fueron trasladadas ni las condiciones del viaje.

Esta acción sigue a la decisión tomada por la Corte Suprema a finales de junio, que permite al gobierno del presidente Donald Trump deportar a migrantes a países distintos de su nación de origen sin que estos puedan demostrar los posibles riesgos que enfrentarían. El fallo es visto como una victoria significativa para la política migratoria de Trump, quien ha intensificado su campaña de deportaciones masivas desde el inicio de su segundo mandato.

De acuerdo con un memorando interno fechado el 9 de julio, citado por Reuters, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora puede realizar deportaciones a terceros países con tan solo seis horas de aviso, siempre y cuando se brinde a los migrantes la oportunidad de hablar con un abogado. Previamente, el protocolo requería un aviso mínimo de 24 horas.

El documento señala además que las deportaciones pueden realizarse a países que hayan ofrecido garantías de no perseguir ni torturar a los deportados, sin requerir trámites adicionales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de garantías de debido proceso en esta política, así como por los riesgos que representa enviar a migrantes a países donde podrían enfrentarse a condiciones peligrosas. Los críticos afirman que la medida prioriza la política sobre la seguridad y bienestar de las personas migrantes.

Mientras tanto, la administración Trump defiende la política como una herramienta para reforzar la seguridad interna y reducir la inmigración irregular, aunque sigue generando intensas críticas dentro y fuera del país.

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San Mateo mejora atención médica en cárceles y reduce costos con programa estatal CalAIM

Los Servicios de Salud Correccional del Condado de San Mateo prevén un ahorro de aproximadamente 2 millones de dólares anuales en costos de atención médica en cárceles gracias a su participación en el programa CalAIM. 
Los Servicios de Salud Correccional del Condado de San Mateo prevén un ahorro de aproximadamente 2 millones de dólares anuales en costos de atención médica en cárceles gracias a su participación en el programa CalAIM. 

Los Servicios de Salud Correccional del Condado de San Mateo prevén un ahorro de aproximadamente 2 millones de dólares anuales en costos de atención médica para personas encarceladas, gracias a su participación en el programa estatal California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM).

Esta iniciativa, lanzada en 2022 por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California, busca mejorar el acceso a la salud para beneficiarios de Medi-Cal y reducir la carga financiera en los gobiernos locales.

Actualmente, el condado cubre el costo total de la atención médica para las personas privadas de libertad en sus instalaciones, recibiendo reembolsos limitados solo en casos de hospitalizaciones que superan las 24 horas. Sin embargo, con la incorporación de CalAIM, se ampliarán los reembolsos por servicios médicos prestados a adultos elegibles para Medi-Cal mientras se encuentran encarcelados.

Los dos centros penitenciarios del condado atienden a unos 1,000 pacientes diariamente, y cerca del 46 por ciento de ellos calificarán para estos nuevos reembolsos. El costo promedio por paciente asciende a mil 100 dólares, mientras que el gasto en medicamentos oscila entre los 500 y 900 dólares por persona. 

Con los ahorros generados, el condado planea reinvertir en personal clínico y administrativo para mejorar la atención médica dentro de las cárceles.

“La iniciativa CalAIM es un paso significativo para garantizar que las personas encarceladas reciban la atención médica que necesitan, a la vez que reduce la carga financiera de los gobiernos locales”, declaró Michael del Rosario, director de Servicios de Salud Correccional. 

“Estos ahorros proyectados nos permitirán invertir en personal adicional, lo que, en última instancia, mejorará la calidad y la continuidad de la atención”.

Una de las piezas clave del programa es la Iniciativa de Reingreso con Participación Judicial, que permitirá brindar servicios médicos y de salud mental durante los 90 días previos a la liberación de personas encarceladas. Esta medida busca asegurar la continuidad del tratamiento en un periodo crítico, cuando los riesgos de recaída, reincidencia o uso de servicios de emergencia suelen aumentar.

Además, equipos como el de Tratamiento Médico Integrado Asistido (IMAT) del Departamento de Servicios de Salud Conductual y Recuperación (BHRS, por sus siglas en inglés) trabajarán de forma anticipada con personas próximas a salir de prisión para ofrecerles apoyo en su proceso de recuperación.

San Mateo se suma así a otros condados de California en la implementación de CalAIM, una estrategia que busca cerrar las brechas de atención médica y conductual para las personas encarceladas, al tiempo que promueve la equidad y eficiencia en los servicios de salud pública.

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Senador Alex Padilla pide a funcionarios de inmigración identificarse y presenta “Ley Visible”

Ley Visible
Ley Visible, una iniciativa que impulsa el senador de California Alex Padilla, la cual exige que los funcionarios de inmigración muestren una identificación, además de que prohíbe que se cubran la cara sin fines médicos.

El senador de California, Alex Padilla, orgulloso hijo de inmigrantes mexicanos, ha presentado la “Ley Visible”, la cual exige que los funcionarios de inmigración muestren una identificación, además de que prohíbe que se cubran la cara sin fines médicos, pues las comunidades se han mostrado preocupadas por la falta de control y legalidad en los procesos de detención.

The One Big, Beautiful Bill “añade 170 mil millones de dólares adicionales al presupuesto para la agenda de deportaciones masivas de Trump, una intensificación de su campaña de terror”, dijo el senador Alex Padilla durante una sesión informativa realizada por American Community Media (ACoM). 

“Estamos enfrentando recortes drásticos en el presupuesto, es preocupante, pues tenemos un billón de dólares recortados a Medicaid, 17 millones de estadounidenses se quedarán sin cobertura médica; pero también se pierde el progreso histórico que logramos en la transición hacia la energía limpia”, destacó Padilla.

A ello, agregó que el único rubro del presupuesto que registró verdaderas inversiones fue el del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Así que están preparando el terreno para algo más que una continuación”. 

Ante este panorama, el senador de California se ha mostrado preocupado por la comunidad y pide que se mantengan unidos e informados: “cuando hablamos de la comunidad inmigrante, la gente asume que son todos latinos, pero no, conozco muy bien a la comunidad inmigrante de California y es muy diversa, hay mucha gente de países asiáticos, africanos, europeos, literalmente de todo el mundo”. 

“Una de las razones por las que presenté la Ley Visible, es porque se han reportado casos, no solo en California, sino en todo el país, de personas que se hacen pasar por agentes del ICE, lo cual es muy fácil de hacer cuando no están obligados a identificarse. Los casos que hemos visto son de secuestro, robo y hurto”. 

Padilla agregó: “el riesgo de que ocurran este tipo de cosas aumenta cuando no existen medidas de rendición de cuentas para las fuerzas del orden. Y lo que pedimos con la Ley Visible no es nada nuevo”. 

“Seguiré haciendo todo lo posible para que esta administración rinda cuentas, por eso presenté, la Ley Visible, para exigir a los agentes de inmigración identificarse y prohibir el uso de mascarillas no médicas, porque nadie debería tener que despertarse una mañana y temer a que los estén secuestrando unos enmascarados”, puntualizó el senador.

Ley Visible
El senador Alex Padilla, fue detenido durante una conferencia de prensa en Los Ángeles

Sumado a eso, compartió su experiencia al ser detenido al tratar de hacer una pregunta en una conferencia de prensa en Los Ángeles: “No solo me obligaron a salir de la habitación, me arrestaron y esposaron sin ninguna explicación”. 

“No me sorprende que la administración Trump haya decidido mentir sobre lo sucedido, pero afortunadamente hubo un video que todos pudieron ver por sí mismos”, continuó.

Ante la pregunta: ¿Es posible realizar futuros cambios en el Senado y Congreso? Padilla contestó que sí, pero hasta el próximo año: “si podemos conseguir una mayoría demócrata, entonces podremos hacer que los presupuestos del futuro año fiscal sean muy, muy diferentes”. 

Padilla menconó que parte del desafío de este año, no es sólo lo que Donald Trump está o no haciendo, también es la falta de republicanos en el Congreso para hacer su trabajo con igualdad de poderes y exigir responsabilidades a esta Administración.

Ante las detenciones y las personas desaparecidas por los operativos del ICE, comentó que es importante informar y no perder la fe, así como seguir comunicando.

El senador de California aseguró que buscará la oportunidad de visitar algún centro de detención, pues es importante asegurarse de que las instalaciones cumplan con los estándares requeridos y ver si cuentan con las condiciones necesarias.

“Si, planeo visitarlos para garantizar que todo lo que está sucediendo cumpla con la ley federal y los estándares federales”.

Finalmente reiteró: “Conozcan sus derechos. Independientemente de su estatus migratorio, todos tienen derecho al debido proceso en Estados Unidos. Esta administración ha tratado de no respetar esos derechos y como parte de nuestro trabajo es exigirle cuentas”. 

“Es necesario recordarle a la gente que existen muchas organizaciones de defensa que brindan apoyo y asesoramiento legal, no podemos perder la fe, vale la pena luchar por este país y nuestra democracia, por eso hago lo que hago”, puntualizó el Senador. 

 

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Sheriff Corpus niega decisión de poner a un sargento en licencia por ser testigo en el caso contra ella

Corpus refutó firmemente la idea de poner a un sargento en licencia indebidamente o como algún tipo de represalia, calificando tales sugerencias de "claramente falsas".
Corpus refutó firmemente la idea de poner a un sargento en licencia indebidamente o como algún tipo de represalia, calificando tales sugerencias de “claramente falsas”. Foto: Bay City News

Por Kiley Russell. Bay City News. Península 360 Press.

Un sargento veterano de la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo, que es testigo en los procedimientos contra la Sheriff Christina Corpus, ha sido puesto en licencia administrativa, según el abogado del sargento.

El sargento Joe Fava fue puesto bajo licencia sin explicación la semana pasada, según el abogado Charles Stone.

“Como sabemos, la sargento Fava fue identificada recientemente como testigo clave en el proceso de destitución contra el sheriff Corpus debido a que sus propios abogados no presentaron documentos confidenciales ante el tribunal”, declaró Stone el lunes.

“Dada esa reciente revelación, sé que a mucha gente le parece interesante, como mínimo, el momento en que se tomó esta decisión sobre la licencia administrativa”, dijo Stone.

El lunes, Corpus refutó firmemente la idea de que Fava fue puesto en licencia indebidamente o como algún tipo de represalia, calificando tales sugerencias de “claramente falsas”.

El último giro en la saga de acusaciones y contrademandas que involucran a Corpus comenzó a fines de junio, cuando varios documentos que se suponía debían permanecer confidenciales fueron presentados públicamente en el Tribunal Superior del Condado de San Mateo por los abogados de Corpus.

Uno de esos documentos es un informe derivado de una investigación independiente del bufete de abogados Keker, Van Nest & Peters que alega que existen motivos para destituir a Corpus de su cargo basándose en múltiples factores, incluido el testimonio de Fava.

El lunes, la Organización de Sargentos del Sheriff del Condado de San Mateo dijo que estaba preocupada de que la decisión de poner a Fava en licencia estuviera relacionada con su papel en el informe Keker.

“Como colaborador clave en la investigación de Keker, ayudó a revelar graves violaciones de la política, incluyendo represalias y nepotismo”, declararon funcionarios de la OSS en un comunicado de prensa. “Sin transparencia, esta decisión parece reflejar un patrón más amplio de represalias contra quienes denuncian”.

Corpus dijo en un comunicado de prensa el lunes que tales afirmaciones son parte de un patrón más amplio que involucra a sus críticos que utilizan “la prensa o las quejas internas al servicio de agendas políticas”.

“El Sargento Fava no fue puesto en licencia por ningún motivo indebido ni como represalia. Su licencia administrativa temporal no tiene ninguna relación con los comentarios ni la cooperación que haya brindado en el informe Keker”, declaró Corpus. “Cualquier sugerencia en contrario es irresponsable e imprudente, y socava la integridad de los procesos de asuntos internos que rigen a todo el personal de seguridad pública”.

Corpus ha sido acusada de abuso de poder, represalias, uso de insultos raciales y homofóbicos, nepotismo y colocar a su jefe de gabinete -supuestamente su pareja romántica- en un puesto bien remunerado.

En marzo, los votantes aprobaron la Medida A, que modifica la carta constitutiva del condado para otorgar a la Junta de Supervisores de San Mateo la facultad de destituir a la sheriff con causa justificada mediante una votación por mayoría cualificada. En junio, la junta aceptó por unanimidad la recomendación del director de Libertad Condicional, John Keene, de destituirla, lo que marcó la primera aplicación de esta disposición en la historia de California.

Corpus también es objeto de una investigación del Gran Jurado Civil del Condado de San Mateo, que la acusa de tener un conflicto de intereses relacionado con la contratación y supervisión del ex director ejecutivo de administración de su departamento, Victor Aenlle.

El gran jurado también acusó a Corpus de tres cargos de represalia, relacionados con el despido del ex asistente del sheriff Ryan Monaghan, el traslado del capitán Brian Philip y el arresto del agente Carlos Tapia, presidente de la asociación de ayudantes del sheriff.

Corpus ha negado haber actuado mal, ha calificado las acusaciones en su contra de motivaciones políticas, ha demandado al condado y ha prometido luchar mediante apelaciones.

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Juez señala que agentes de inmigración deben detener “patrullajes itinerantes” que han cambiado el sur de California

Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada de los agentes de inmigración. Foto: Bay City News
Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada de los agentes de inmigración. Foto: Bay City News

Por Wendy Fry y Sergio Olmos. CalMatters. Península 360 Press.

Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada migratoria de un mes de duración llevada a cabo por el gobierno federal en el sur de California.

Una coalición de agencias de derechos civiles, derechos de los inmigrantes y del gobierno local solicitó la orden, argumentando que las redadas han violado las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables al realizar detenciones sin orden judicial a personas que simplemente parecen ser latinas, y los derechos del debido proceso para acceder a un abogado en la detención de inmigrantes, donde dicen que los detenidos enfrentan “condiciones similares a las de una mazmorra”.

En una orden de 52 páginas emitida el viernes por la noche, la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong escribió que las dos preguntas ante el tribunal eran si era probable que los demandantes lograran demostrar que el gobierno “está realizando patrullas itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados” y “¿qué se debe hacer al respecto?”.

El fallo podría tener implicaciones de gran alcance para los planes de deportación masiva de la administración Trump. 

Durante el último mes, agentes de inmigración fuertemente armados, a menudo con máscaras y uniformes de combate, han estado deteniendo agresivamente a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses en tiendas Home Depot, lavaderos de autos y mercados latinos de Los Ángeles. Trump y otros líderes han prometido implementar redadas similares en otras ciudades importantes de Estados Unidos.

Frimpong escribió: “Las personas y organizaciones que han interpuesto esta demanda han presentado una solicitud bastante modesta: que este tribunal ordene al gobierno federal que cese”. Frimpong escribió: “El tribunal concede su solicitud”.

La orden prohíbe a los agentes federales realizar detenciones en el distrito a menos que tengan una “sospecha razonable” de que la persona detenida está infringiendo la ley de inmigración de Estados Unidos. 

La orden prohíbe a los agentes basarse únicamente en cuatro factores, ya sea individualmente o en combinación, que incluyen: raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar específico (por ejemplo, parada de autobús, lavadero de autos, depósito de grúas, punto de recogida de jornaleros, sitio agrícola, etc.) y el tipo de trabajo que realiza.

“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de California. 

“Si bien no hace falta un juez federal para reconocer que bandas de matones enmascarados y armados con rifles han estado violando los derechos de la gente común en todo el sur de California, esperamos que el fallo de hoy sea un paso hacia la rendición de cuentas por la flagrante ilegalidad del gobierno federal que todos hemos presenciado”. Agregó.

Un segundo fallo ordena al gobierno federal permitir que los inmigrantes que han sido detenidos tengan acceso a un abogado, y reitera preocupaciones sobre las condiciones en las que han sido detenidos.

“Hay personas… recluidas en pequeñas habitaciones sin ventanas junto con docenas o más de detenidos en espacios reducidos. Además, se les priva sistemáticamente de alimentos, y a algunos ni siquiera se les ha dado agua, salvo la que sale del lavabo y el inodoro de la sala de detención colectiva”, indica la orden.

“¿Es ilegal impedir que las personas tengan acceso a abogados que puedan ayudarlas en un tribunal de inmigración? Sí, lo es”, escribió el juez, describiendo un incidente en el que agentes federales utilizaron agentes químicos contra familiares, abogados y representantes que buscaban acceder a personas detenidas.

En un sótano destinado únicamente al procesamiento temporal de inmigrantes, se ha retenido a personas durante largos periodos sin acceso a la atención médica ni a los medicamentos necesarios. “El centro no puede proporcionar a las detenidas la higiene básica; las personas que menstrúan han tenido que esperar largos periodos antes de recibir toallas sanitarias, si es que las reciben”, escribió Frimpong.

En una audiencia judicial celebrada el jueves sobre la orden, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que los demandantes debían presentar una fianza de 30 millones de dólares para financiar la capacitación de los agentes y cumplir con la orden judicial. Frimpong denegó la solicitud, argumentando que su orden de alejamiento “no exige ninguna desviación de la capacitación ni de las políticas aparentemente vigentes, sino el cumplimiento de la ley vigente”.

La denuncia, presentada por la ACLU y una serie de otros grupos de derechos humanos, calificó las redadas como una “redada antimigratoria” inconstitucional, impulsada por cuotas de arrestos en lugar de una causa probable o evidencia creíble.

La Patrulla Fronteriza llevó a cabo un operativo similar, aunque de menor escala, en el condado de Kern en enero. Agentes de la Patrulla arrestaron a trabajadores agrícolas y jornaleros tras pinchar neumáticos, romper ventanas, sacar a personas de sus vehículos y tirar a una abuela al suelo. Un juez federal también suspendió el operativo por motivos similares.

En respuesta a esa demanda, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que volvería a capacitar a unos 900 agentes de la Patrulla Fronteriza sobre la Constitución y el cumplimiento de la Cuarta Enmienda.

Las redadas en el área de Los Ángeles comenzaron hace más de un mes, con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutando órdenes de arresto en la fábrica y tienda de Ambiance Apparel el 6 de junio; decenas de personas fueron detenidas. Desde entonces, el DHS afirma haber arrestado a 2792 inmigrantes no autorizados en el área de Los Ángeles.

Esas redadas se tornaron mortales el viernes cuando un trabajador agrícola cayó varios pisos desde un invernadero durante una operación a gran escala del jueves en una granja de marihuana en Camarillo, según United Farm Workers.

“Los trabajadores agrícolas se levantan antes del amanecer para alimentar a este país; no hay trabajo más digno”, dijo Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas. “Nadie debería ser objeto de discriminación, perfil ni aterrorizado por ser moreno y trabajar duro. Nos complace que el tribunal haya reconocido lo que está en juego: el derecho fundamental a vivir y trabajar sin miedo. Seguiremos luchando hasta que ese derecho esté plenamente protegido para todos los trabajadores agrícolas”.

La ACLU y Public Counsel presentaron la demanda en nombre de varios inmigrantes arrestados en paradas de autobús del área de Los Ángeles y dos ciudadanos estadounidenses que también fueron atrapados en lo que los demandantes argumentan que fueron “redadas indiscriminadas”.

El gobierno federal argumenta que los agentes están realizando operativos altamente selectivos, lo que indica que están arrestando a personas específicas. El líder del operativo de Los Ángeles, el Jefe del Sector de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, hizo la misma afirmación sobre el operativo del Condado de Kern, que él dirigió. Sin embargo, documentos de la Patrulla Fronteriza demostraron posteriormente que no tenía antecedentes de 77 de las 78 personas arrestadas.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, continuó planteando el mismo argumento en respuesta a la decisión del juez.

“Un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”, dijo. “Los valientes hombres y mujeres de Estados Unidos están expulsando a asesinos, pandilleros de la MS-13, pedófilos, violadores; sin duda, lo peor de lo peor de las comunidades del Estado Dorado”.

El fallo no impide que el gobierno federal obtenga órdenes de allanamiento ni continúe con los allanamientos en lugares de trabajo. Se espera una audiencia en las próximas semanas para determinar si la orden de restricción temporal debe extenderse a una medida cautelar.

Lea la nota original dando clic aquí.

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Acusan a hombre por delito de odio por supuestas amenazas en la estación de BART

Un hombre fue acusado por delito de odio por supuestas amenazas en la estación de BART
Un hombre fue acusado por delito de odio por supuestas amenazas en la estación de BART

Por Bay City News. Península 360 Press.

Fiscales del condado de Alameda presentaron cargos contra un hombre acusado de un crimen de odio en una estación de BART, informó este lunes la Oficina del Fiscal de Distrito.

Michael Sprague, de 45 años, presuntamente blandió un arma contra un pasajero de BART que esperaba un tren en Fremont el jueves y le dijo a la persona que “regresara a su país”.

La denuncia contra Sprague contiene un agravante de delito de odio, alegando que cometió el delito debido a las “características reales y percibidas de la víctima con respecto a la raza y la etnia” y que supuestamente lo hizo de manera “grosera, enojada o amenazante”.

La comparecencia de Sprague fue programada para el martes en el East County Hall of Justice en Dublín.

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