miércoles, abril 1, 2026
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Acusan a SFPD de ayudar ilegalmente a ICE durante arresto de migrantes

Ilegalmente
Una coalición de organizaciones locales presentó una denuncia contra el Departamento de Policía de San Francisco el miércoles, acusando a los agentes de colaborar ilegalmente con las autoridades federales de inmigración.

 

Una coalición de organizaciones locales presentó una denuncia contra el Departamento de Policía de San Francisco el miércoles, acusando a los agentes de colaborar ilegalmente con las autoridades federales de inmigración durante la detención de dos migrantes en el Aeropuerto Internacional de San Francisco el fin de semana.

El domingo por la noche, las autoridades federales de inmigración arrestaron a una madre y su hija guatemaltecas en el aeropuerto de San Francisco (SFO). Fueron identificadas como Angelina López-Jiménez y Wendy Godínez-López, y según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tenían una orden de deportación definitiva emitida por un juez de inmigración desde 2019.

“Lo que ocurrió en el aeropuerto de San Francisco el domingo por la noche fue sencillamente espantoso”, declaró Angela Chan, fiscal adjunta de la Oficina del Defensor Público de San Francisco, en un discurso pronunciado el miércoles en una manifestación.

«Lo que convirtió esto de horrible a indignante y luego a exasperante fue lo que los rodeaba», dijo Chan. «Un muro de agentes del Departamento de Policía de San Francisco protegiendo al ICE como si su trabajo fuera proteger a los agentes federales en lugar de a los ciudadanos de San Francisco».

La escena, que fue grabada en vídeo por transeúntes, mostraba a los agentes del Departamento de Policía de San Francisco formando un círculo alrededor de los agentes mientras intentaban arrestar a la madre.

FREE SF, una coalición de organizaciones locales que defienden los derechos de los inmigrantes y la seguridad de la comunidad, alega que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) violó las leyes de santuario de la ciudad y del estado, que prohíben a las fuerzas del orden locales ayudar en el arresto o la detención de personas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“No hace falta ser abogado para entender que la policía de San Francisco violó las leyes estatales y locales de santuario esa noche”, dijo Chan. “Estaban allí para proteger al ICE. No estaban allí para proteger a la madre ni a su hijita que estaban siendo secuestradas en medio del aeropuerto”.

El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) declaró en un comunicado que acudió al lugar de los hechos para garantizar la seguridad pública.

«De conformidad con la Carta Municipal, la legislación estatal y la política del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), no participamos en la aplicación de las leyes federales de inmigración», declaró el SFPD. «Los agentes del SFPD no intervinieron en el incidente, pero permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad pública».

El grupo FREE SF organizó una manifestación frente a la sede del Departamento de Policía de San Francisco el miércoles, antes de presentar la denuncia.

“¡Fuera ICE de San Francisco!”, coreaba el grupo. “¡Fuera ICE de los aeropuertos!”

FREE SF también presentó solicitudes de acceso a registros públicos con el fin de descubrir cualquier comunicación entre el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) relacionada con el arresto.

Laura Valdez es la directora ejecutiva de Mission Action, una organización que brinda servicios de apoyo integral a comunidades de bajos ingresos e inmigrantes en San Francisco. Ella y otros activistas presentes en la manifestación están preocupados de que las acciones del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) durante el arresto en el aeropuerto de San Francisco (SFO) disuadan a los residentes migrantes de contactar a la policía cuando necesiten ayuda de las fuerzas del orden.

“Me preocupa que nuestra comunidad inmigrante no se sienta segura al llamar al Departamento de Policía de San Francisco”, dijo Valdez. “Merecen no tener miedo ni preocuparse de que el Departamento de Policía de San Francisco no esté ahí para servirles y protegerles cuando sean víctimas de un delito, cuando necesiten esos servicios”.

 

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Presencia de ICE en aeropuertos instala el miedo como política pública

Lo que ocurre hoy en los aeropuertos de Estados Unidos no es un cambio operativo: es un cambio de lógica. La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en terminales aéreas convierte espacios de tránsito en escenarios de vigilancia, donde viajar deja de ser un acto cotidiano para convertirse, para millones, en una decisión atravesada por el miedo.

ICE es una agencia federal creada en 2003, cuya función principal es hacer cumplir las leyes migratorias mediante detenciones y deportaciones. En contraste, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fue diseñada para proteger la aviación civil, no para perseguir estatus migratorios. Mezclar ambas funciones no es un detalle técnico, es un rediseño silencioso del espacio público.

Ese rediseño se justificó por una crisis: un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional dejó sin pago a miles de trabajadores de la TSA y provocó ausencias masivas. La respuesta no fue resolver el problema estructural —financiamiento, condiciones laborales, personal especializado— sino introducir a una agencia de control migratorio en un entorno que nunca le correspondió.

Y ahí es donde el argumento oficial se rompe.

Porque, aunque el gobierno insiste en que ICE cumple funciones “logísticas”, sus agentes no pierden su capacidad de detener, interrogar o iniciar procesos migratorios. No existe una versión “neutral” de ICE en un aeropuerto. Su sola presencia reconfigura el entorno: lo convierte en un lugar donde cualquier interacción puede escalar.

El efecto no es abstracto. Es inmediato.

Organizaciones como la ACLU y abogados de inmigración han advertido que la presencia de ICE en aeropuertos está generando un efecto disuasorio incluso entre personas con estatus legal. Familias de estatus mixto, solicitantes de asilo, residentes permanentes: todos comienzan a recalcular riesgos. No porque hayan cambiado las leyes, sino porque cambió el entorno.

Y cuando el entorno cambia, cambia la conducta.

El caso ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco lo evidencia con brutal claridad. Una mujer guatemalteca fue detenida frente a su hija tras detectarse una orden de deportación. La escena —una niña llorando mientras su madre es arrestada en un espacio público— no es una excepción incómoda: es la expresión visible de una política que traslada la lógica de la detención a la vida cotidiana.

Ese es el punto más delicado: la normalización.

Porque los aeropuertos operaban bajo un acuerdo implícito. Los pasajeros aceptaban controles invasivos porque entendían que estaban orientados exclusivamente a la seguridad del vuelo. La presencia de ICE rompe ese acuerdo. Lo que antes era un filtro de seguridad ahora puede ser percibido como un punto de vigilancia migratoria.

Y cuando la confianza se rompe en un espacio como ese, no se recompone fácilmente.

Quienes defienden la medida apelan a la eficiencia. Argumentan que la presencia de ICE ayudó a reducir tiempos de espera en algunos aeropuertos durante la crisis de personal. Es posible. Pero ese argumento es insuficiente frente al costo real: instalar el miedo como variable de funcionamiento en un espacio público.

Porque el impacto no se mide solo en detenciones, sino en decisiones que dejan de tomarse.

Personas que cancelan viajes. Familias que evitan aeropuertos. Individuos que prefieren no exponerse. Ese efecto silencioso —el retraimiento— es una de las formas más efectivas de control. No necesita operativos masivos, pues se sostiene en la incertidumbre.

La historia reciente de la política migratoria en Estados Unidos muestra un patrón claro: medidas excepcionales que terminan convirtiéndose en norma. La presencia de ICE en aeropuertos encaja en esa lógica. Hoy se presenta como respuesta a una crisis; mañana puede consolidarse como práctica habitual. Y cuando eso ocurra, el debate ya no será si ICE debe estar ahí, será hasta dónde puede llegar.

Ahí es donde el miedo deja de ser una consecuencia y se convierte en política pública.

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Aprueban renovación de $3.8 millones para parque infantil en Coyote Point

Parque infantil
Tras casi dos décadas de uso intensivo, el emblemático parque infantil Magic Mountain en el área recreativa de Coyote Point será reemplazado por un nuevo espacio moderno e inclusivo.

 

 Tras casi dos décadas de uso intensivo, el emblemático parque infantil Magic Mountain en el área recreativa de Coyote Point será reemplazado por un nuevo espacio moderno e inclusivo, luego de que la Junta de Supervisores del condado de San Mateo aprobara un proyecto de 3.8 millones de dólares.

Construido en 2006, el popular parque —conocido por su torre, columpios y la icónica criatura marina púrpura— ha alcanzado el final de su vida útil y ya no cumple con los estándares actuales de seguridad y accesibilidad.

El nuevo proyecto contempla la construcción de un área de juego diseñada para niños de todas las edades y habilidades, así como mejoras en accesos, circulación y espacios circundantes para optimizar la experiencia de los visitantes.

“Este proyecto es más que reemplazar un parque infantil… se trata de crear un espacio que refleje lo que nuestra comunidad quiere y necesita”, señaló la directora interina de Parques, Emma González. “Nuestro objetivo es ofrecer un lugar donde las familias se sientan bienvenidas, puedan conectarse y crear recuerdos durante muchos años”.

Ubicado en el área recreativa de Coyote Point —un parque de 149 acres que recibe más de medio millón de visitantes al año— el espacio es uno de los más concurridos del condado, con zonas de picnic, senderos, acceso al agua, marina y conexión con el Bay Trail.

La renovación será financiada con recursos federales del programa Community Project Funding y fondos locales de la Medida K, un impuesto sobre las ventas aprobado por votantes para respaldar prioridades comunitarias.

“Crecí en la ciudad de San Mateo y tengo muchos recuerdos de reuniones familiares en este parque”, afirmó la presidenta de la Junta de Supervisores, Noelia Corzo. “Este proyecto refleja ese progreso y me entusiasma ver más espacio de juego y instalaciones más seguras para las familias”.

Durante el cierre del parque, el condado prevé instalar opciones recreativas temporales, incluyendo una pista tipo pump track   ̶ un circuito compacto y cerrado, diseñado para recorrerse sin pedalear ni impulsarse, utilizando el movimiento del cuerpo (bombeo) sobre ondulaciones y peraltes para generar inercia; deales para bicicletas, skates, patines y patinetes, con materiales como asfalto o tierra ̶̶  con el fin de mantener actividades disponibles para la comunidad.

El diseño del nuevo espacio ha estado marcado por la participación ciudadana. Más de 450 residentes aportaron opiniones sobre características, distribución y accesibilidad, y se prevén nuevas consultas públicas en abril, tanto en inglés como en español.

Entre los elementos más representativos del parque actual, algunas figuras —como las criaturas marinas púrpuras— serán integradas en el nuevo diseño, en un intento por preservar la identidad del lugar.

Las obras iniciarán en primavera, una vez concluida la fase de diseño, y se espera que finalicen hacia finales de año.

Durante la construcción, el área recreativa de Coyote Point permanecerá abierta, aunque habrá cierres temporales en las inmediaciones del proyecto. La mayoría de los servicios del parque seguirá disponible, incluyendo zonas de picnic, senderos, marina y acceso al agua, mientras que más de 900 de los cerca de mil espacios de estacionamiento permanecerán operativos.

 

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Muestra fotográfica en Redwood City visibiliza a jornaleros tras tiroteo de Half Moon Bay

Tiroteo
El tiroteo de 2023 en Half Moon Bay, que dejó seis trabajadores agrícolas muertos y expuso las condiciones de vulnerabilidad del sector, sigue marcando la conversación en el condado de San Mateo. Foto: Ayuntamiento de la ciudad de Redwood City

 

El tiroteo de 2023 en Half Moon Bay, que dejó seis trabajadores agrícolas muertos y expuso las condiciones de vulnerabilidad del sector, sigue marcando la conversación en el condado de San Mateo. Hoy, una exposición en Redwood City busca dar rostro y voz a quienes sostienen el campo en la región.

Se trata de Harvesting Dreams/Cosechando Sueños, una muestra fotográfica instalada en el centro gubernamental del condado que reúne retratos de gran formato de jornaleros locales, capturados mientras sostienen herramientas o productos de su trabajo diario.

“La comida en la mesa no llega sola”, afirmó el trabajador agrícola Guillermo Ramírez, uno de los participantes en la exposición. 

La iniciativa forma parte de la Semana de Concientización sobre los Trabajadores Agrícolas (del 25 al 31 de marzo) y busca no solo reconocer la labor de este sector, sino también generar una reflexión pública sobre las condiciones en las que viven y trabajan.

“Arte como este tiene el poder de generar conciencia sobre los héroes cotidianos de nuestra comunidad… la comida en nuestras mesas es posible gracias al trabajo, la resiliencia y la humanidad de los trabajadores agrícolas”, señaló la supervisora del condado, Lisa Gauthier. 

El proyecto fue impulsado por el fotógrafo José Luis Aguirre, quien decidió desarrollarlo tras el tiroteo de 2023 en Half Moon Bay, un hecho que evidenció las profundas desigualdades que enfrentan los trabajadores del campo.

“Quería enfocarme en la persona, no en el trabajador… para que la gente conecte a la persona con el trabajo”, explicó Aguirre. 

Para concretar la exposición, Aguirre trabajó con organizaciones comunitarias como Puente de la Costa Sur, Coastside Hope y ALAS, realizando sesiones fotográficas en Pescadero y Half Moon Bay. En total, 44 trabajadores participaron, y varios retratos incluyen códigos QR que permiten escuchar sus testimonios en primera persona.

Ayuntamiento de la ciudad de Redwood City

“Exposiciones como esta nos ayudan a ver a las personas, las familias, los sueños y las historias detrás de la cosecha”, afirmó la presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Noelia Corzo. 

La muestra se presenta en un contexto en el que el condado ha intensificado sus esfuerzos para atender a la población agrícola, con iniciativas como nuevos desarrollos de vivienda, acciones contra el robo de salarios y programas de acceso a servicios básicos.

“Nuestros vecinos que siembran, cuidan y cosechan nuestros alimentos son esenciales para esta comunidad”, señaló el supervisor Ray Mueller. 

Para muchos de los participantes, la exposición representa más que un reconocimiento simbólico. Guillermo Ramírez, de 53 años, ha trabajado durante dos décadas en el campo y hoy también forma parte de iniciativas comunitarias en defensa de los derechos de los jornaleros.

“Es algo hermoso… trabajar en el campo me da alegría”, expresó. 

Ayuntamiento de la ciudad de Redwood City

La exposición estará abierta al público hasta el 30 de abril en el lobby del 500 County Center, en Redwood City, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.

Además, el 26 de marzo se realizará una recepción pública con presentaciones, alimentos y la participación de los trabajadores retratados, en un espacio pensado para acercar a la comunidad con quienes sostienen una de las industrias más esenciales de la región.

“La comida que comemos no viene de Safeway o Costco… ¿quién está detrás de eso?”, cuestionó Aguirre. 

La exposición, coinciden sus organizadores, busca precisamente responder a esa pregunta: poner en el centro a quienes, desde el campo, hacen posible la vida cotidiana.

 

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HMPV, el virus respiratorio silencioso que gana terreno en California

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Un virus respiratorio poco conocido, sin vacuna ni tratamiento específico, ha comenzado a ganar visibilidad en California.

 

Un virus respiratorio poco conocido, sin vacuna ni tratamiento específico, ha comenzado a ganar visibilidad en California tras un repunte sostenido de contagios detectados en diversas regiones del estado, encendiendo alertas sanitarias en plena transición de la temporada invernal.

Se trata del metapneumovirus humano (HMPV), un patógeno identificado en 2001 que forma parte de la familia Pneumoviridae y que, aunque suele causar cuadros leves similares a un resfriado, puede derivar en complicaciones graves como bronquitis o neumonía en poblaciones vulnerables. 

En las últimas semanas, sistemas de vigilancia epidemiológica han registrado un aumento en la circulación del virus en el norte de California, particularmente en áreas como San Francisco, Sacramento y Vallejo, donde incluso se han detectado altas concentraciones en aguas residuales, una herramienta clave utilizada tras la pandemia de COVID-19 para monitorear enfermedades infecciosas. 

El HMPV no es un virus nuevo, pero su relevancia actual radica en varios factores: su incremento estacional, su similitud con otras infecciones respiratorias y la ausencia de herramientas médicas específicas para combatirlo.

De acuerdo con especialistas, los síntomas más comunes incluyen tos, fiebre, congestión nasal y dificultad para respirar, lo que complica su diagnóstico, ya que puede confundirse con gripe, COVID-19 o el virus sincitial respiratorio (RSV). 

Aunque la mayoría de los casos son leves, el riesgo aumenta en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes pueden desarrollar complicaciones severas. 

El virus se transmite principalmente a través de gotas respiratorias —al toser o estornudar—, así como por contacto con superficies contaminadas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados como escuelas, hospitales o viviendas. 

Uno de los elementos que ha colocado al HMPV bajo mayor escrutinio es que no existe actualmente una vacuna ni un tratamiento antiviral específico, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. 

En California, autoridades de salud han subrayado que, si bien el aumento de casos no representa por ahora una emergencia sanitaria, sí refleja la necesidad de reforzar medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

Expertos también advierten que el mayor monitoreo epidemiológico, especialmente a través de aguas residuales, ha permitido detectar con mayor precisión la circulación de virus como el HMPV, lo que contribuye a que hoy tenga mayor visibilidad que en años anteriores.

Además, el relajamiento de medidas sanitarias tras la pandemia y el retorno a la vida social y escolar han favorecido la reactivación de virus respiratorios estacionales, entre ellos el HMPV.

A nivel nacional, datos recientes indican que este virus ha llegado a representar más de 5 por ciento de las pruebas positivas de infecciones respiratorias en determinadas semanas de 2026, lo que confirma su presencia activa en el país. 

Para los especialistas, el principal desafío no es la letalidad del virus, sino su capacidad de pasar desapercibido y afectar a los sectores más vulnerables sin una respuesta médica específica.

 

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Estadounidenses se fracturan en torno al aborto y la sexualidad

Aborto
El aborto y la homosexualidad se han convertido en dos de las líneas más visibles de fractura moral en Estados Unidos.

 

El aborto y la homosexualidad se han convertido en dos de las líneas más visibles de fractura moral en Estados Unidos, donde casi la mitad de la población considera el aborto moralmente incorrecto y, al mismo tiempo, una mayoría acepta la homosexualidad, según un estudio reciente del Pew Research Center.

El informe, basado en encuestas nacionales realizadas en 2025, muestra que, si bien existe un amplio consenso en torno a algunas prácticas cotidianas, persisten desacuerdos marcados en cuestiones sociales y éticas que siguen definiendo el debate público en el país.

En general, la mayoría de los estadounidenses considera moralmente aceptables acciones como el uso de anticonceptivos (91 por ciento) o el consumo de carne (96 por ciento), lo que refleja una tendencia hacia posturas más permisivas en ciertos aspectos de la vida cotidiana.

Sin embargo, el aborto continúa siendo uno de los temas más divisivos, pues 47 por ciento de los encuestados lo considera moralmente incorrecto, mientras que 20 por ciento lo ve como moralmente aceptable y otro segmento significativo lo percibe como un asunto que no es moral en absoluto.

La homosexualidad, en contraste, ha ganado mayor aceptación social en las últimas décadas. El estudio indica que una mayoría de estadounidenses la considera moralmente aceptable, aunque todavía existen diferencias importantes dependiendo de factores como la afiliación política, la religión y la edad.

Las brechas más profundas se observan entre grupos ideológicos: los republicanos tienden a considerar tanto el aborto como la homosexualidad como moralmente incorrectos en mayor proporción que los demócratas, quienes muestran posturas más permisivas.

Las diferencias generacionales también son claras. Los adultos jóvenes son más propensos a aceptar la homosexualidad y el aborto, mientras que los adultos mayores tienden a mantener posturas más conservadoras.

En el ámbito religioso, las personas con una mayor participación en prácticas religiosas tienden a expresar opiniones más restrictivas sobre estos temas, en contraste con quienes no se identifican con una religión o participan menos activamente en ella.

El informe también destaca que la pena de muerte sigue generando opiniones encontradas, con una sociedad que continúa dividida entre quienes la consideran moralmente justificable y quienes la rechazan.

En conjunto, los hallazgos del estudio reflejan una nación donde los valores morales no solo varían ampliamente, sino que están estrechamente vinculados a la identidad política, religiosa y generacional, en un contexto de creciente polarización social.

El Pew Research Center subraya que estas diferencias no son nuevas, pero sí se han vuelto más visibles y relevantes en un momento en que los debates sobre derechos, libertades individuales y políticas públicas ocupan un lugar central en la conversación nacional.

 

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Trabajadores sociales de Silicon Valley se reúnen en secreto con sus clientes por temor a ICE

Secreto
Trabajadores del condado de Santa Clara están encontrando formas creativas de reunirse con sus clientes en secreto.

 

Ante el creciente temor a los encuentros con agentes federales y la reticencia de las familias inmigrantes a salir de casa, los trabajadores del condado de Santa Clara están encontrando formas creativas de reunirse con sus clientes en espacios seguros.

Ese esfuerzo comunitario ha dado lugar a una red de apoyo clandestina en la que los trabajadores sociales realizan las visitas a horas intempestivas de la noche, se ponen en contacto con los clientes en entornos privados como casas o coches y organizan grupos de apoyo para proporcionar alimentos y otros artículos de primera necesidad de forma segura.

Desde que el presidente Donald Trump inició su campaña de deportaciones masivas el año pasado, Ruby Lopez-Flores, trabajadora de la organización sin fines de lucro Rebekah Children’s Services, se ha reunido con un mayor número de jóvenes en situación de riesgo dentro de sus vehículos. 

Según ella, el temor al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha provocado que una cantidad sin precedentes de estudiantes cancelen sus citas. Lopez-Flores trabaja para apoyar a los jóvenes en situación de riesgo fomentando su participación escolar, mejorando la dinámica familiar y proporcionándoles herramientas para afrontar sus dificultades.

“Me esfuerzo al máximo para asegurarme de que se sientan apoyados, protegidos y seguros, así que siempre seré lo más comprensiva y flexible posible con ellos”, declaró a San Jose Spotlight. “Una semana pueden sentirse lo suficientemente seguros como para ir a un parque. Otras veces, tal vez tengan más miedo, y les propongo una sesión en su casa o en su coche”.

 

Miedo a salir

Para algunos inmigrantes, acceder a servicios y necesidades básicas se ha visto dificultado por la precaución de evitar encuentros con el ICE. No solo faltan a sus citas, no asisten a la escuela y evitan ir a supermercados, sino que las familias se han abstenido de visitar parques, lugares de culto, restaurantes y eventos comunitarios, según informaron defensores de los inmigrantes. Algunos residentes indocumentados han optado por la auto deportación.

Cecilia De Haro, trabajadora social del Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia, copreside un comité de empleados llamado El Comité, integrado por trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Santa Clara que se organizaron para ayudar a la comunidad latina. Todo lo que han hecho ha sido de forma voluntaria, ya sea ayudar a las familias a conseguir alimentos o recaudar fondos para becas.

“Buscamos soluciones creativas para brindar apoyo cuando el departamento o el condado no tienen fondos para ayudar a la familia a satisfacer sus necesidades”, declaró De Haro a San José Spotlight.

El Comité funciona como una red de apoyo clandestina. El grupo ayudó a un inmigrante que necesitaba presentarse en el consulado para obtener un documento de identidad. No tenía dinero para el trámite. Los miembros de El Comité reunieron fondos para él.

En todo el país han surgido redes de apoyo clandestinas como El Comité. En Minneapolis, donde en enero las redadas del ICE provocaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, los trabajadores sanitarios están ofreciendo más citas en línea y visitando a las personas en sus domicilios.

En el condado de Santa Clara, los miembros de El Comité también han abogado por una mayor capacitación para los trabajadores sociales y fondos para la respuesta a la inmigración. Si bien los empleados del condado han ofrecido su tiempo y dinero como voluntarios para apoyar a las familias inmigrantes, desean que el equipo ejecutivo del condado le dé mayor importancia a este tema.

“Organizamos eventos para recaudar fondos en nuestro tiempo libre, a través de la agencia, para becas y para cubrir las necesidades de las familias que necesitan para asistir a las citas. ¿Por qué la dirección ejecutiva no ha puesto más énfasis ni destinado más fondos a las necesidades de las familias?”, declaró Lorena Briones, trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Santa Clara, a San José Spotlight. “¿Por qué no se le da más importancia y se capacita a todo el personal de nuestro departamento?”

El condado ya está sobrecargando sus recursos debido a los recortes federales. Los líderes del condado se enfrentan a un déficit de 470 millones de dólares en el próximo año fiscal, lo que obliga al mayor ajuste presupuestario de mitad de año en más de una década.

El ejecutivo del condado, James Williams, dijo que esta región ha destinado más recursos a la comunidad inmigrante que cualquier otro condado circundante, dirigiendo esos recursos a organizaciones sin fines de lucro que atienden las necesidades de los inmigrantes.

“Además, seguimos dedicando importantes recursos a la formación y capacitación de nuestros 24 mil empleados sobre las políticas del condado relativas a la aplicación de las leyes federales de inmigración para garantizar que se sigan los protocolos y que se priorice la seguridad de nuestra comunidad”, declaró Williams a San José Spotlight.

 

Transición a espacios seguros

Briones atiende a sus clientes por la noche, incluso los fines de semana. Su trabajo consiste en colocar a niños en situación de riesgo al cuidado de familiares o en hogares de acogida. Si bien sus citas suelen ser en casa, ha tenido que ajustar su horario para atender a sus clientes por la noche debido a su temor a ser detenidos por agentes del ICE.

El condado de Santa Clara ofrece una gran cantidad de servicios a la comunidad latina, afirmó Briones. Los latinos constituyen uno de los grupos étnicos más numerosos del condado, representando aproximadamente una cuarta parte de sus residentes, es decir, más de 477 mil personas. Alrededor de 134 mil personas son indocumentadas.

Ya sean personas con documentación en regla o indocumentadas, las políticas de Trump han tenido un efecto disuasorio sobre las personas de color debido a la capacidad del ICE para realizar “patrullas móviles” y utilizar el perfil racial para detener a las personas, tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de septiembre de 2025.

Los inmigrantes también han tenido miedo de ir a los hospitales del condado debido a los informes de agentes que ingresan a espacios de salud pública en todo el estado y detienen a personas, o que frecuentan cualquier edificio de servicio público en general.

Una inmigrante que pidió permanecer en el anonimato por temor al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) contó que los empleados del condado la ayudaron a renovar sus beneficios de Medi-Cal por teléfono, evitando así que tuviera que ir a la oficina de servicios sociales. Pudo presentar su documentación electrónicamente y conservar sus beneficios, algo fundamental debido a su epilepsia y otros problemas de salud.

A través de una traductora de español, le contó a San José Spotlight lo beneficioso que le resultaba este servicio.

“Siente desconfianza al moverse por los edificios del condado”, dijo el traductor a San José Spotlight. “Se sintió más segura al poder realizar la entrevista inicial por teléfono”.

Si bien en el condado de Santa Clara no se han producido operativos policiales masivos como el despliegue federal en Minneapolis, la región ya es una de las zonas más afectadas por las operaciones selectivas del ICE, según Huy Tran, director ejecutivo de Services, Immigrant Rights and Education Network.

“Si bien es nuestro trabajo y nuestra función brindar estos servicios a nuestros clientes y ser creativos, solo quiero destacar que esto no es normal”, dijo López-Flores.

 

 

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Diásporas ganan peso político en Estados Unidos en medio de polarización, advierten expertos

 

Estados Unidos
Las comunidades de la diáspora en Estados Unidos están desempeñando un papel cada vez más visible en los en los diversos temas sociales y políticos.

 

 

Las comunidades de la diáspora en Estados Unidos están desempeñando un papel cada vez más visible en los debates sobre política exterior, inmigración, democracia y conflictos internacionales, pero también enfrentan profundas divisiones internas y contradicciones que impactan el debate público.

Así lo señalaron especialistas durante una sesión organizada por American Community Media, donde se señaló que las diásporas se describen a menudo como bloques de votación o comunidades, pero también son actores políticos con influencias, divisiones internas y a veces contradicciones.

El profesor de Política y Relaciones Internacionales de Florida International University, Eduardo Gamarra, explicó que la diáspora cubana consolidó su peso político en Estados Unidos a partir de la década de 1980, cuando el Partido Republicano fortaleció sus vínculos con una comunidad marcada por el rechazo a la respuesta demócrata tras la invasión de Bahía de Cochinos.

“Los cubanos son los grandes beneficiarios de una política de inmigración muy, muy expansiva, pero hoy lo que vemos es la alineación de los cubanos con políticas de inmigración muy restrictivas”, afirmó.

El académico señaló que esa contradicción también se refleja en temas sociales y mencionó que en zonas como Hialeah existen altos niveles de uso de programas como Obamacare, Medicare y Medicaid, mientras que esos mismos electores han respaldado ampliamente a Donald Trump.

Según Eduardo Gamarra, esa aparente contradicción comienza a tensarse ahora que parte de esos votantes y sus familias enfrentan recortes sociales o medidas migratorias más duras. “Hay una frustración creciente entre los cubanos con la administración de Trump”, dijo.

Sobre la diáspora venezolana, sostuvo que inicialmente tendió a simpatizar más con el Partido Demócrata, pero que ese patrón cambió cuando Trump prometió “máxima presión” contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Lo que hemos visto, por supuesto, es este apoyo para los demócratas antes y luego esta gravitación en serio hacia Donald Trump a base de las promesas que Donald Trump tendría para derrotar al régimen”, explicó.

Sin embargo, añadió que las políticas migratorias recientes han provocado una ruptura dentro de esa comunidad, especialmente entre ciudadanos estadounidenses y familiares de migrantes amparados por TPS o parole humanitario. 

“El 70 por ciento de aquellos que dijeron que no votarían por Trump… tienen a un relativo que estaba en TPS o en un paro humanitario”, indicó.

Por su parte, el profesor emérito de Antropología de la Universidad de Minnesota, William O. Beeman, describió a la diáspora iraní en Estados Unidos como una comunidad mayoritariamente opuesta al actual régimen religioso en Irán, pero dividida entre distintos sectores políticos surgidos desde la revolución de 1978-1979.

“Los iraníes en la diáspora son casi completamente opuestos al régimen religioso actual”, afirmó al tiempo que explicó que esa postura ha acercado a buena parte de la comunidad al Partido Republicano, bajo la expectativa de que una administración conservadora impulse un cambio de régimen en Teherán.

También sostuvo que entre sectores de la diáspora persiste la creencia de que el expresidente Jimmy Carter fue complaciente con el ascenso del régimen islámico: “Es una creencia muy amplia en la comunidad iraní”.

William O. Beeman subrayó, sin embargo, que la identidad cultural persa sigue siendo central entre los iraníes fuera de su país. 

“Están profundamente comprometidos a la cultura persiana y su deseo y enfermedad de casa para Irán y para su hogar y para la cultura persiana es palpable”, señaló al referirse a las celebraciones de Nowruz, las clases de lengua y las fundaciones culturales creadas en Estados Unidos.

Al hablar del peso político de esa diáspora, afirmó que su influencia es menos electoral que financiera.

“Las contribuciones de la comunidad iraní a la vida política han sido muy, muy financieras”, dijo, al sostener que buena parte de los recursos se canalizan hacia causas y campañas republicanas.

La activista, autora y fundadora del Vincent Chin Institute, Helen Zia, amplió la discusión al caso asiático-estadounidense y advirtió que las diásporas no deben entenderse como bloques homogéneos, sino como comunidades atravesadas por diferencias de clase, generación, país de origen y experiencia migratoria.

“Ninguna de estas comunidades es monolítica”, subrayó.

Helen Zia vinculó la experiencia histórica de los asiáticos en Estados Unidos con procesos de exclusión, instrumentalización política y racismo, desde la Ley de Exclusión China de 1882 hasta el aumento de ataques de odio durante la pandemia de COVID-19.

“Cuando la política de Estados Unidos-Asia-China desarrolla un toque o un frío, asiáticas-americanas reciben la neumonía”, afirmó, al advertir que las tensiones geopolíticas suelen traducirse en sospecha y violencia doméstica contra personas percibidas como extranjeras.

Zia recordó que por décadas los asiáticos fueron excluidos de la ciudadanía, del voto, de la propiedad y hasta del derecho a testificar en tribunales, y alertó que debates actuales sobre ciudadanía por nacimiento podrían reabrir viejas heridas legales y sociales.

La periodista también pidió a los medios comunitarios y étnicos no simplificar la cobertura de estos grupos: “No vean nuestras comunidades como monolíticas”, insistió. “Hay cosas generales que decir sobre ellas, pero también hay historias específicas que realmente pueden elevar a nuestras comunidades”.

Durante el foro, los especialistas coincidieron en que las diásporas no solo reaccionan a lo que ocurre en sus países de origen, sino que también son utilizadas por gobiernos, partidos y actores políticos para alcanzar objetivos electorales o geopolíticos en Estados Unidos.

“Las comunidades diásporas son instrumentales, absolutamente instrumentales en alcanzar objetivos de política extranjera”, afirmó Eduardo Gamarra.

Finalmente, destacaron que, en un momento de creciente polarización, las comunidades migrantes se han convertido en actores centrales de la conversación política estadounidense, aunque su papel sigue marcado por tensiones entre identidad, memoria, intereses partidistas y poder transnacional.

 

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California cambia el nombre del día festivo de César Chávez; Ciudades están borrando lentamente su nombre de las calles

 

César Chávez
Los californianos se recuperan de las acusaciones de abuso sexual contra César Chávez y los líderes municipales de todo el estado están considerando cambiando los nombres de las calles, las bibliotecas y los monumentos.

 

Mientras los californianos se recuperan de las acusaciones de abuso sexual contra César Chávez, los líderes municipales de todo el estado afirman que están considerando eliminar su iconografía cambiando los nombres de las calles, las bibliotecas y los monumentos.

Desde San Francisco hasta San Diego, las autoridades locales han manifestado su apoyo a la retirada de estatuas y al cambio de nombre de todo tipo de lugares, desde parques hasta bibliotecas, después de que la reconocida activista Dolores Huerta, de 95 años, afirmara que Chávez la agredió sexualmente en encuentros que derivaron en embarazos no deseados.

Sin embargo, el proceso para cambiar el nombre de una calle o monumento suele ser lento, burocrático y costoso, y generalmente requiere una combinación de investigaciones internas, participación ciudadana y aprobación del ayuntamiento. Las empresas también podrían enfrentarse a costes crecientes por el cambio de direcciones en sus tarjetas de visita y sitios web.

En un giro inesperado para un hombre cuya influencia ha sido un pilar de la política demócrata durante décadas, los legisladores estatales anunciaron el jueves que cambiarían el día festivo en honor al cumpleaños de Chávez por el Día de los Trabajadores Agrícolas. Esta decisión se produce más de 25 años después de que California se convirtiera en el primer estado en establecer el 31 de marzo como día para conmemorar su legado.

“El movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas de California nunca se ha tratado de un solo individuo”, dijeron el jueves el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, y la líder del Senado, Monique Limón, en un comunicado conjunto, y añadieron que la Legislatura trabajará con las ciudades y los distritos escolares para abordar el cambio.

 

Las ciudades consideran deshacer un legado

El miércoles, día en que el New York Times publicó una exhaustiva investigación sobre las numerosas acusaciones de agresión y abuso sexual contra Chávez, las autoridades de San Diego anunciaron que están evaluando la posibilidad de cambiar el nombre de Cesar Chávez Parkway, una importante avenida del centro de la ciudad. También están revisando casi una docena de parques y edificios públicos que llevan el nombre de Chávez.

Justo a las afueras del Capitolio estatal en Sacramento, un monumento y una plaza que llevaban el nombre de Chávez serán renombrados, según informó a CalMatters el concejal Eric Guerra.

“Lo que me ha unificado durante todo el día, porque todos los grupos latinos se han puesto en contacto conmigo al respecto, tanto para desahogarse como para consolarse, es que tenemos la obligación de continuar con este trabajo”, dijo Guerra.

En Fresno, un concejal que en 2024 abogó por un bulevar César Chávez pidió que se restauraran los nombres originales de las calles.

La supervisora ​​de San Francisco, Jackie Fielder, dijo que apoya la eliminación de su nombre de las instituciones en el distrito Mission de la ciudad, predominantemente latino.

Mientras tanto, los miembros del Patronato del Museo de California anunciaron el miércoles que planean retirar a Chávez del Salón de la Fama de California, siendo la primera vez en la historia reciente que se retira a un homenajeado de dicho salón.

“Nos solidarizamos con las víctimas de los abusos cometidos por este hombre, a quien muchos consideraban un héroe. Asimismo, queremos reconocer el importante progreso que el sindicato logró bajo su liderazgo”, declaró la junta directiva en un comunicado.

El Servicio de Parques Nacionales no respondió a la solicitud de comentarios sobre si estaban considerando cambiar el nombre del Monumento Nacional César Chávez, cerca de Bakersfield.

Activistas en Los Ángeles continuaron instando a las autoridades a cambiar el nombre de las numerosas calles de la ciudad dedicadas a Chávez para honrar en su lugar a Huerta, su compañero en el movimiento obrero.

“Sabemos que, en la comunidad latina, gran parte de este abuso ha sido tolerado durante generaciones y a nuestra cultura se nos dijo que guardáramos silencio”, dijo Raúl Claros, un organizador comunitario de Los Ángeles, en una conferencia de prensa.

 

Cambiar el nombre cuesta tiempo y dinero

El proceso para cambiar el nombre de una calle puede avanzar a paso de tortuga, incluso en circunstancias especiales.

En San Diego, el cambio de nombres de las calles podría realizarse mediante una petición con el apoyo unánime de los propietarios y negocios afectados, la cual se presentaría al ayuntamiento para su aprobación. Esta opción podría tardar meses o incluso años, y es poco probable que se concrete, ya que requeriría la aceptación de los propietarios, quienes se ofrecerían voluntariamente a asumir las molestias que implica el cambio de nombre de su domicilio o negocio.

Otra opción es que el ayuntamiento vote sobre el cambio de nombre de una calle. Esto ocurriría después de que la ciudad haya elaborado su propio informe sobre todas las zonas afectadas, según Bethany Bezak, responsable de logística de San Diego. El alcalde y su equipo coordinarían entonces con el ayuntamiento para someter la propuesta a aprobación.

Los funcionarios municipales no pudieron precisar cuánto tiempo duraría este proceso.

Según Bezak, se está llevando a cabo una revisión de todas las carreteras, parques y edificios que llevan el nombre de César Chávez, y dicha revisión podría tardar semanas en completarse.

El cambio de nombre de parques y monumentos también requeriría la aprobación de la junta de parques y recreación de la ciudad, compuesta por 11 miembros designados por el alcalde.

“Es lamentable que esto suceda, pero existen algunos precedentes” de retirar letreros de calles con palabras anticuadas u ofensivas sobre grupos de personas, dijo Bezak, y agregó que aún no saben cuál sería el costo total de retirar e instalar nuevos postes de señalización, pero que dependería del número de intersecciones con el nombre de Chávez.

“Estas acusaciones son muy preocupantes”, dijo Bezek. “En definitiva, queremos asegurarnos de que los barrios reflejen nuestros valores”.

En Los Ángeles, donde los activistas han pedido que se elimine el nombre de Chávez de numerosos lugares, los residentes también pueden presentar una solicitud o el ayuntamiento puede tomar medidas, normalmente en paralelo con una investigación.

El proceso puede ser largo y engorroso, principalmente porque requeriría cambiar todas las direcciones de todas las propiedades en la calle, algo a lo que muchas empresas se han opuesto anteriormente debido a los costos asociados, dijo Mary Nemick, portavoz del departamento de ingeniería y obras públicas.

 

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Inquilinos de Daly City denuncian acoso y exigen acción del Ayuntamiento

Acoso
Inquilinos de Daly City se manifestarán este lunes frente al Ayuntamiento para exigir acciones contra el acoso por parte de propietarios.

 

Inquilinos de Daly City se manifestarán este lunes frente al Ayuntamiento para exigir a las autoridades locales avanzar en la implementación de una ordenanza contra el acoso por parte de propietarios, en medio de lo que califican como una crisis creciente de abuso habitacional.

La protesta se llevará a cabo antes de la reunión del Concejo Municipal, donde una delegación de residentes planea participar con comentarios públicos para visibilizar sus demandas.

De acuerdo con organizadores comunitarios, el acoso a inquilinos ha aumentado en los últimos años, incluyendo amenazas de desalojo, falta de mantenimiento en las viviendas y condiciones insalubres.

“En los últimos años, el acoso a los inquilinos por parte de sus arrendadores ha alcanzado niveles de crisis en Daly City”, señala el documento de convocatoria del evento. 

El problema ha sido documentado por líderes voluntarios de la organización Faith in Action Bay Area, quienes han recopilado testimonios de más de mil residentes afectados por estas prácticas.

Los inquilinos denuncian situaciones que van desde la falta de control de plagas y reparaciones básicas hasta abuso verbal y físico, condiciones que —afirman— afectan la salud física y mental de las familias.

Durante la manifestación, familias y adultos mayores compartirán sus experiencias, además de mostrar evidencias de condiciones inseguras en las viviendas, como presencia de moho, roedores y daños estructurales.

El reclamo central gira en torno a la falta de avances tras una resolución aprobada por el Concejo Municipal el 8 de diciembre de 2025, en la que se comprometió a desarrollar una ordenanza para proteger a los inquilinos del acoso.

“Los inquilinos preguntan por qué el Concejo aún no ha avanzado con este compromiso de atender problemas urgentes de seguridad”, indica el documento.

Actualmente, Daly City carece de leyes específicas que protejan a los inquilinos frente a prácticas de hostigamiento, a diferencia de otras ciudades del Área de la Bahía que ya cuentan con regulaciones en esta materia.

Organizadores señalan que el temor a represalias impide que muchas víctimas denuncien, lo que agrava la situación y perpetúa condiciones de vulnerabilidad en comunidades de bajos ingresos.

Tras la manifestación, los participantes ingresarán a la sesión del Concejo Municipal para reiterar sus demandas y exigir medidas concretas que garanticen condiciones de vivienda dignas y seguras.

El evento se realizará a las 18:00 horas frente al Ayuntamiento de Daly City, ubicado en el 333 de 90th Street, y forma parte de una creciente movilización comunitaria en defensa de los derechos de los inquilinos en la región.

 


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