El Ayuntamiento de East Palo Alto volverá a poner bajo revisión su contrato con la empresa Flock Safety para la instalación de cámaras lectoras automáticas de placas vehiculares, esto en temas de seguridad y vigilancia.
The Town Hall of East Palo Alto volverá a poner bajo revisión su contrato con la empresa Flock Safety para la instalación de cámaras lectoras automáticas de placas vehiculares, apenas meses después de haber aprobado un acuerdo por tres años en diciembre de 2025.
La reconsideración, programada para este martes 7 de abril a las 18:00 horas, surge en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad de estos sistemas, luego de reportes de posibles brechas de datos e incidentes en otras ciudades, entre ellas Mountain View, lo que ha encendido alertas sobre privacidad, protección de información y supervisión del uso de tecnología de vigilancia.
El programa de lectores de placas, promovido como una herramienta para mejorar la seguridad pública y apoyar investigaciones criminales, ha sido adoptado en múltiples ciudades de Estados Unidos.
Sin embargo, también ha enfrentado cuestionamientos por el manejo de datos sensibles, el riesgo de vigilancia masiva y la falta de controles claros sobre el acceso y uso de la información recolectada.
En East Palo Alto, la rapidez con la que el contrato vuelve a discusión ha intensificado el interés público. Se espera una participación significativa durante la sesión del Concejo Municipal, donde varios miembros de la comunidad planean expresar sus preocupaciones.
El debate local refleja una discusión más amplia en California y a nivel nacional sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles, en particular en el uso de tecnologías que permiten el monitoreo constante de vehículos y movimientos en espacios públicos.
La decisión que tome el Ayuntamiento podría marcar el rumbo del uso de este tipo de sistemas en la ciudad y definir hasta qué punto la vigilancia tecnológica es aceptable para la comunidad.
Para decenas de familias en East Palo Alto, la naturaleza estaba cerca, pero no al alcance. Dicha barrera —literal y simbólica— se derrumbó este fin de semana.
Durante años, vivir a unos metros del Ravenswood Open Space Preserve no significó poder acceder a él, pues para decenas de familias en East Palo Alto, la naturaleza estaba cerca, pero no al alcance. Dicha barrera —literal y simbólica— se derrumbó este fin de semana.
Y es que, el Midpeninsula Regional Open Space District inauguró un nuevo acceso vecinal al área natural, ubicado al final de Rutgers Street, que conecta directamente con el San Francisco Bay Trail y elimina un desvío de casi una milla que durante años obligó a los residentes a rodear su propio entorno.
La apertura fue celebrada el 4 de abril con un acto comunitario encabezado por autoridades locales, vecinos del área de University Village y representantes regionales, donde el alcalde de East Palo Alto, Webster Lincoln, subrayó el significado del proyecto más allá de la infraestructura.
“Este acceso es una invitación a caminar, respirar, explorar y pertenecer”, dijo, al destacar que el acceso a espacios abiertos no es un privilegio menor, sino una necesidad para la salud física y emocional de la comunidad.
El nuevo ingreso —concluido a finales de marzo— incorpora una puerta peatonal automática alimentada con energía solar, cercado de seguridad, extensión de banquetas, mejoras en drenaje y señalización.
Este sistema permitirá acceso durante el día, mientras que por la noche permanecerá cerrado, conforme a los lineamientos de la San Francisco Public Utilities Commission.
Más allá de la obra, el proyecto responde a una deuda histórica: la falta de acceso equitativo a espacios naturales en comunidades como East Palo Alto, luego de que durante años, residentes que vivían a pocos pasos del humedal debían recorrer largas distancias para ingresar, una limitación que ahora se corrige como parte del plan maestro de parques de la ciudad.
Para Midpen, el acceso no solo conecta senderos, sino comunidades. “Fortalece el vínculo con la naturaleza y el bienestar de los residentes”, afirmó Brian Malone, subgerente del organismo, al destacar la colaboración con autoridades locales y socios regionales.
El Ravenswood Open Space Preserve, con sus 376 acres de humedales, no es cualquier parque. Es un enclave ecológico clave dentro de la ruta migratoria del Pacífico, hogar de especies como avocetas, pelícanos blancos, garzas y aves playeras, además de fauna en riesgo como el ratón de marisma salina y el riel de Ridgway.
“Es un refugio crucial”, explicó el guardabosques Steven Johnson. “Abrir este acceso permite que la comunidad lo experimente, pero también nos compromete a protegerlo”.
El uso del celular en las aulas se ha restringido, treinta y tres estados han promulgado leyes que obligan a los distritos escolares a prohibir el uso en las aulas de primaria y secundaria, sin embargo el enfoque más efectivo es permitir el uso del celular con algunos límites establecidos.
Treinta y tres estados han promulgado leyes que obligan a los distritos escolares a prohibir el uso de teléfonos celulares en las aulas de primaria y secundaria; sin embargo, los jóvenes aseguran que no son una distracción sino una herramienta para su desempeño, por lo que se busca mediar la situación.
Un enfoque más efectivo es permitir el uso del celular con algunos límites establecidos, aseguró Kai Bwor, estudiante de la escuela Granada Hills Charter School, durante una sesión informativa realizada por American Community Media (AcoM).
“Es más efectivo permitir la utilización del celular con límites claros y establecidos, que nos den la libertad, pues los celulares no aumentan distintos hábitos ya que las adicciones no se crean de la nada”, expresó Kai Bwor.
La estudiante considera que los jóvenes siempre encuentran la manera de salirse con la suya y evadir las normas, por lo que prohibirlo no sería suficiente para mejorar su rendimiento escolar, por el contrario, podría generar ansiedad.
Por su parte, el doctor Timothy Pressley, profesor asociado de Psicología en la Universidad Christopher Newport, comentó que las investigaciones han demostrado que las prohibiciones pueden mejorar los resultados académicos; sin embargo, estos cambios se logran visualizar hasta el segundo año de su aplicación.
“Se llevaron a cabo estudios en la ciudad de Nueva York en donde hay un incremento del 50 por ciento en realizar actividades deportivas, también se ha demostrado que hay más interacción entre los estudiantes”, agregó Pressley.
En la salud mental, según un estudio en Australia demuestra que hay una disminución de bullying, pero no hay diferencia con respecto a la ansiedad o la depresión, pero sí se ha percibido que los jóvenes se muestran ansiosos por la falta de su dispositivo,
El doctor David Marshall, asociado de investigación educativa en el Departamento de Fundamentos Educativos, Liderazgo y Tecnología de la Universidad de Auburn, habló sobre la implementación de la restricción del celular durante la jornada escolar, pero permitiendo usarlo al terminar sus clases.
Según sus estudios realizados, al retirar los celulares en este periodo, los maestros lograron observar más interacción entre los estudiantes, hablaban más entre ellos y se desenvolvían mejor.
Sin embargo, se tuvo que lidiar con la falta de compromiso por parte de los maestros, “se decía que algunos permitían el uso del celular y otros no, la falta de enfoque y apoyo académico no permitía visualizar los cambios”.
“Las prohibiciones a los celulares tienen el potencial de mejorar el enfoque, la participación y la comunicación social, incluso las actividades que son después de la escuela”, agregó Marshall.
Por su parte, Nicholas Torres, un joven recién graduado de la escuela secundaria, explicó que la prohibición del uso del celular no es correcta, pues se utiliza como una herramienta, “nos ayuda para las lecciones e incluso los maestros nos dicen que ingresemos a sitios web”.
“Prefiero tener mi celular conmigo pues si llegara una emergencia, nos permite permanecer comunicados”, sostuvo Torres.
Comentó que no todo es estar en redes sociales, también existen juegos y otras aplicaciones, incluso las redes sociales en las escuelas conectan entre los alumnos al compartir información o incluso solo videos.
También se abordó el papel de los padres en el uso de celulares, pues se sienten más seguros al mantenerse en contacto con ellos, saber que llegaron a sus escuelas o su hogar, brindándoles tranquilidad.
Los expertos coincidieron en que es necesario tener algunas normas a respetar, pero una prohibición completa no mejoraría las circunstancias; los jóvenes necesitan sus celulares como una herramienta y los padres como una manera de sentirse seguros, por lo que quitarlos por completo no se visualiza viable.
Ya no hace falta prender la televisión para entrar al mundo digital: basta con mirar una mesa familiar, una fila del supermercado o el asiento trasero de un auto. El celular dejó de ser objeto y la tableta dejó de ser novedad; hoy son extensión de la mano, chupón emocional, niñera portátil, reloj de insomnio y refugio instantáneo para niños, adolescentes y adultos. Y es que, el problema ya no es que existan, sino el uso indiscriminado que se ha vuelto rutina, paisaje y, con demasiada frecuencia, sustituto de casi todo lo demás.
Mi sobrina tiene 7 años y es adicta. Suena brutal decirlo así, sobre todo cuando no hay una sustancia de por medio, sino una pantalla. Todo lo que entra y sale de ella. Su madre asegura que ha instalado todos los controles parentales posibles en su tableta y en su celular —porque sí, tiene ambos, y de última generación—, pero el problema no es el filtro, es la dependencia. Desde que pudo sostener un dispositivo, lo ha usado. Videos diseñados para niños han sido parte de su rutina diaria. Es una niña despierta, inteligente, creativa… pero también irritable, desafiante, propensa al berrinche, a exigir gritando lo que quiere. Y la pregunta es inevitable: ¿tendrá que ver?
La evidencia sugiere que no es una coincidencia.
Un reporte de Common Sense Media documenta que los niños menores de 8 años pasan en promedio más de dos horas diarias frente a pantallas, mientras que la World Health Organization recomienda que los menores de 2 años no tengan exposición y que los de 2 a 4 años no superen una hora diaria. El desarrollo en esa etapa, advierten expertos, depende del juego físico, la interacción humana y el descanso, no de la estimulación constante de una pantalla.
The American Academy of Pediatrics ha sido clara al señalar que el problema no es solo cuánto tiempo pasan los niños frente a dispositivos, sino qué actividades están siendo desplazadas.
Porque, cuando la pantalla sustituye la conversación, el juego libre o incluso el aburrimiento —ese espacio necesario para imaginar—, las consecuencias empiezan a aparecer.
Con los adolescentes, el impacto es aún más visible. El Centers for Disease Control and Prevention ha señalado que más de la mitad pasa al menos cuatro horas al día frente a pantallas, una exposición asociada con peores indicadores de sueño, salud mental y actividad física.
A ello se suma la advertencia del Cirujano General de Estados Unidos: hasta 95 por ciento de los adolescentes usa redes sociales, en un entorno donde la evidencia sobre su seguridad sigue siendo insuficiente.
Pero el fenómeno no termina ahí.
Los adultos también están atrapados en la misma lógica. Un estudio publicado en JAMA Network Open encontró que el uso de pantallas antes de dormir se asocia con peor calidad de sueño, mientras que investigaciones recientes muestran que reducir el uso del celular mejora síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Es decir, no solo los niños están siendo moldeados por las pantallas; los adultos que los crían también.
Y ahí está el punto más incómodo. No estamos frente a una generación que “se perdió” en la tecnología, sino a adultos que, por cansancio, prisa o necesidad, cedieron terreno. La tableta que calma, el celular que entretiene, el video que compra silencio. Soluciones inmediatas que, con el tiempo, construyen dependencia.
Porque la pantalla no solo distrae, regula emociones. Enseña que el aburrimiento es intolerable, que la espera es innecesaria, que el estímulo debe ser constante. Y cuando ese estímulo falta, aparece la frustración, el berrinche, el grito.
Nada de esto significa que la tecnología sea el enemigo. Sería simplista y falso. Las pantallas también educan, conectan y abren posibilidades. El problema es cuando dejan de ser herramienta y se convierten en entorno permanente.
Cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser cuántas horas pasan frente a la pantalla y pasa a una más incómoda y urgente: ¿quién está educando a quién?
Miles de camioneros inmigrantes de California se encuentran en un limbo legal después de que la administración Trump ordenara al estado revocar sus licencias a principios de este año.
Miles de camioneros inmigrantes de California se encuentran en un limbo legal después de que la administración Trump ordenara al estado revocar sus licencias a principios de este año. Muchos se encuentran ahora sin trabajo y sin poder mantener a sus familias.
Se han presentado numerosas demandas para restablecer los permisos de conducir comerciales, también conocidos como permisos de transporte de mercancías por carretera, pero hasta el momento, ninguno de los casos ha logrado que esos conductores permanezcan en las carreteras.
Hasta 61 mil camioneros de California perderán sus licencias en los próximos años como consecuencia de las medidas federales, lo que representa entre 5 y 10 por ciento de los titulares de licencias en el estado. Aproximadamente 13 mil 0 conductores ya han perdido sus licencias, lo que, según expertos del sector, podría aumentar los costos de transporte en todo el estado.
Muchos de los conductores afectados son solicitantes de asilo o personas con estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Tienen derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos, pero la administración Trump ha alegado, sin datos rigurosos, que estos camioneros conducen de forma más peligrosa que los ciudadanos estadounidenses o los inmigrantes con estatus más permanente, como los titulares de la tarjeta verde.
Para justificar su represión, el gobierno federal citó algunos accidentes mortales ocurridos el año pasado en los que se vieron involucrados camioneros punyabíes, incluido uno en Ontario en octubre en el que murieron tres personas.
Para los conductores inmigrantes afectados, la pérdida de sus licencias de transporte pone en peligro su sustento.
Uno de ellos, cuyo apellido es Singh, tiene dos hijos y vive en el Área de la Bahía de San Francisco. Durante años, rara vez estuvo en casa debido a su trabajo como camionero de larga distancia, transportando mercancías por todo el país. CalMatters acordó no publicar su nombre de pila porque teme que las autoridades de inmigración lo tomen como objetivo.
Singh tiene derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos porque un juez aprobó su solicitud de asilo. Solicitó la residencia permanente hace tres años, pero aún no la ha recibido. Si la hubiera recibido, estaría exento de las medidas y políticas federales de control migratorio.
Como contratista independiente, Singh trabaja por contrato con empresas para entregar mercancías, ganando entre 11 mil y 16 mil dólares al mes. Pero los gastos son elevados. Hace cuatro años compró su propio camión por 160 mil dólares y tiene que pagar 3 mil dólares mensuales de préstamo, además de mil 500 dólares al mes de seguro.
Debido a las nuevas medidas de control, Singh perdió su licencia comercial el 6 de marzo y ya no puede conducir su camión. El Departamento de Vehículos Motorizados de California le emitió una licencia temporal que le permite conducir un automóvil, pero dicha licencia no es suficiente como identificación, según Singh, ya que muchos empleadores no la reconocen. La licencia temporal no es física ni tiene fotografía.
Singh dijo que su esposa ha empezado a trabajar como niñera mientras él busca trabajo.
“¿Qué tipo de trabajo me va a permitir pagar el alquiler y todos estos gastos?”, dijo durante una entrevista telefónica con CalMatters, mientras sus hijos, de 4 y 8 años, le gritaban de fondo.
Una espera de un año para obtener una resolución.
En septiembre, la administración Trump criticó al Departamento de Vehículos Motorizados de California por emitir licencias comerciales con fechas de vencimiento que no coincidían con las de los permisos de trabajo de los conductores.
El gobierno federal ordenó entonces a California que revocara miles de licencias de transporte para ciertos no ciudadanos y creó una nueva política que prohíbe a dichos conductores inmigrantes obtener licencias en el futuro. El gobernador Gavin Newsom afirmó que las acusaciones eran injustas o falsas, pero el estado finalmente acató la orden.
En febrero, un juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda ordenó al estado que diera a conductores como Singh la oportunidad de recuperar sus licencias después de que un bufete de abogados y dos grupos de defensa legal, el Asian Law Caucus y la Sikh Coalition, presentaran una demanda en nombre de los camioneros.
Pero California aún no ha vuelto a emitir ni una sola de las 13 mil licencias que revocó.
“El tribunal dictaminó que el DMV debe aceptar nuevas solicitudes y tramitarlas en un plazo razonable”, declaró Jonathan Groveman, portavoz del DMV, a CalMatters por correo electrónico. El DMV informó a Singh y a otros conductores afectados que pueden volver a solicitar sus licencias y que el trámite puede tardar hasta un año. Aun así, el DMV comunicó al juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda que es posible que no pueda tomar una decisión sobre las licencias.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) está demorando la decisión debido a la presión del Departamento de Transporte de EE. UU., que ha amenazado con sancionar a California si emite licencias comerciales a estos inmigrantes.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ya anunció que retendrá aproximadamente 160 millones de dólares en fondos federales para carreteras destinados al estado por su gestión anterior de las licencias de transporte. También indicó que, si el estado vuelve a emitir las licencias, el Departamento de Transporte consideraría medidas más severas, incluyendo la revocación total de la capacidad del estado para emitir licencias de transporte.
El Departamento de Vehículos Motorizados de California demandó al Departamento de Transporte en febrero en respuesta a las amenazas. Otras demandas, incluyendo una en Washington, D.C., podrían revocar algunas de las políticas que afectan a los conductores inmigrantes de California, pero aún están pendientes.
En marzo, Singh llamó a su banco para preguntar sobre un aplazamiento en los pagos del préstamo de su camión mientras esperaba una decisión sobre la restitución de su licencia. Dijo que el banco estaba al tanto de su situación porque había recibido varias llamadas similares esa semana de otros camioneros. Sin embargo, le negaron su solicitud.
El 2 de abril, el juez de Alameda celebró otra audiencia para obtener información actualizada sobre los intentos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de restablecer las licencias. El estado declaró que aún está resolviendo su disputa con la administración Trump y que espera la resolución de los trámites legales relacionados, lo cual podría demorar meses. El juez acordó volver a tratar el asunto en octubre.
Autoridades del Condado de San Mateo alzarán la voz este martes 7 de abril en Redwood City para exigir al gobierno estatal la restitución de más de 157 millones de dólares en fondos que, aseguran, corresponden legalmente al condado y sus ciudades
Autoridades del Condado de Saint Matthew alzarán la voz este martes 7 de abril en Redwood City para exigir al gobierno estatal la restitución de más de 157 millones de dólares en fondos que, aseguran, corresponden legalmente al condado y sus ciudades, pero que no han sido entregados debido a un mecanismo de pago obsoleto.
La conferencia de prensa se realizará a las 10:00 horas en la estación de bomberos número 9 del centro de Redwood City, donde líderes locales advertirán que, de no corregirse la situación en el presupuesto estatal actual, las pérdidas podrían superar los mil millones de dólares en la próxima década.
El monto en disputa corresponde a pagos del Vehicle License Fee (VLF), un impuesto estatal relacionado con el registro vehicular que, en otros condados del Área de la Bahía, se distribuye en su totalidad.
Sin embargo, en el caso del condado de San Mateo, autoridades denuncian que el sistema actual impide que se transfieran los recursos completos.
Solo en el año fiscal actual, el adeudo supera los 119 millones de dólares, cifra que asciende a más de 157 millones al sumar montos pendientes de años anteriores.
“La falta de estos recursos afecta directamente a nuestras comunidades”, han advertido funcionarios locales, quienes subrayan que el impacto se extiende a servicios esenciales como seguridad pública, educación, vivienda y programas sociales en toda la península.
Entre los participantes del llamado se encuentran la presidenta de la Junta de Supervisores, Noelia Corzo, y la supervisora Jackie Speier, así como el alcalde de Redwood City, Elmer Martínez Saballos.
También se prevé la participación —o invitación— de legisladores estatales como Diane Papan, Catherine Stefani, Marc Berman, Josh Becker y Scott Wiener, además de representantes de cuerpos de seguridad, educación, vivienda y organizaciones comunitarias del condado.
El frente común incluye a líderes como el jefe de policía de Belmont, Ken Stenquist; el jefe de bomberos del condado central, Dave Pucci; la directora ejecutiva de Samaritan House, Laura Bent; el superintendente escolar Marco Chávez; y la directora del Housing Leadership Council, Evelyn Stivers, entre otros.
Funcionarios advierten que la falta de acción estatal no solo perpetuaría la inequidad en la distribución de recursos, sino que pondría en riesgo servicios críticos para residentes, empresas y visitantes.
Ante este escenario, líderes del condado buscan no solo la restitución inmediata de los fondos en el presupuesto vigente, sino también una solución legislativa permanente que garantice pagos completos y oportunos en el futuro.
Este texto refleja las opiniones de sus autores y forma parte de una serie de testimonios reunidos durante el Convoy de Nuestra América que llegó a Cuba el 21 de marzo y fue organizado por el grupo de defensa de los derechos humanos, Global Exchange.
Nota: Este texto refleja las opiniones de sus autores y forma parte de una serie de testimonios reunidos durante el Convoy de Nuestra América que llegó a Cuba el 21 de marzo y fue organizado por el grupo de defensa de los derechos humanos, Global Exchange. El 29 de marzo, los EE. UU. La Guardia Costera permitió que un petrolero ruso que transportaba 730.000 barriles de petróleo crudo llegara a la isla, poniendo fin efectivamente al bloqueo de Estados Unidos. Sin embargo, Cuba sigue enfrentándose a una grave crisis energética con consecuencias en todos los sectores de la sociedad.
Por Corina Nolet, Elena Gutiérrez, Marco Castillo
Los estantes de la farmacia están desnudos. Las calles se oscurecen. Los refrigeradores sudan mientras la energía falla una vez más. Los médicos están contando dosis. Familias contando comidas. Así es como se ve el bloqueo de Estados Unidos en Cuba. Es la lucha diaria para mantener la vida en marcha.
Nos vamos de Cuba cambiados. No porque no esperáramos dificultades, sino por su escala, y por la tranquila resistencia de un pueblo, de una comunidad, de una nación requerida para vivir dentro de estas condiciones año tras año.
Lo que presenciamos aquí no se puede capturar en titulares o estadísticas.
Está grabado en la vida diaria en toda la isla: en las largas colas para el transporte que nunca llegan, en los hogares que se oscurecen sin previo aviso, en los pacientes con cáncer que esperan un tratamiento que se ha retrasado, y en la pregunta que muchos llevan: ¿Es esto lo peor, o es lo peor que está por venir?
EE. UU. El presidente Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio han dejado clara su intención de llevar a cabo un cambio de régimen en Cuba.
Durante más de tres meses, no se había permitido que ningún combustible llegara a la isla. Ni una gota.
El bloqueo petrolero de Estados Unidos está llevando a Cuba hacia una crisis humanitaria. Los más vulnerables, los recién nacidos, los ancianos y los enfermos, corren el mayor riesgo. Lo que se debate en un lenguaje político distante y frío se vive aquí como privación diaria.
Es difícil transmitir lo que eso significa a menos que lo veas de primera mano. La quietud de las calles que alguna vez se llenaron de autobuses, los barrios oscuros cuando la electricidad flaquea, la fatiga palpable en los rostros de las personas que se han adaptado una y otra vez a la escasez que no es ni natural ni inevitable.
Y, sin embargo, incluso en medio del profundo agotamiento, la vida continúa. Las comunidades organizan. Los profesores regresan a sus aulas. Los médicos siguen trabajando, cuidando a los enfermos. Los vecinos comparten lo poco que tienen. La resiliencia del pueblo cubano es constante, diaria y colectiva. Incluso frente a los actos de violencia más atroces, los cubanos siguen comprometidos con la vida, la dignidad y la autodeterminación.
Esta visita a Cuba ha hecho imposible el silencio.
Global Exchange viajó a Cuba como parte del Convoy Nuestra América, un esfuerzo internacional coordinado que reunió a cientos de personas de todo Estados Unidos, América Latina, Europa y más allá en un acto colectivo de solidaridad. Las comunidades se organizaron, recogieron suministros y se unieron para entregar la ayuda humanitaria que se necesitaba con urgencia durante un período de grave escasez. Como parte de este esfuerzo, Global Exchange transportó más de 23.000 dólares en medicamentos contra el cáncer que salvan vidas y aproximadamente 1.700 libras de ayuda humanitaria, contribuyendo a la entrega del convoy de más de 20 toneladas de suministros a comunidades de toda la isla.
Cuando el combustible desaparece, todo se ralentiza. Entonces se detiene.
A primera vista, cortar el petróleo a Cuba puede parecer un bolígrafo presionado contra el papel en una oficina tranquila, una decisión tomada bajo luces brillantes, lejos de las calles oscuras que dejará atrás. En el suelo, remodela la vida diaria de las formas más fundamentales.
Cuba se extiende casi 800 millas a través del Caribe, a solo 90 millas de las costas de los Estados Unidos. El país puede refinar el petróleo, pero no tiene su propio suministro de crudo. Como la mayoría de las naciones, su infraestructura básica depende del combustible para el transporte, la electricidad, los sistemas de agua, la agricultura y la atención médica.
El último envío de petróleo de Cuba (antes del petrolero ruso) llegó el 9 de enero, lo que obligó al país a operar con reservas decrecientes.
Cuando el combustible desaparece,
Los coches y camiones permanecen inactivos.
Las ambulancias permanecen estacionadas porque no hay combustible.
Los alimentos no se pueden transportar de las granjas a los mercados.
Las redes eléctricas flaquean, y cuando la electricidad falla, también lo hacen los sistemas de agua.
Los hospitales están cancelando las cirugías y enviando a los pacientes a casa porque los médicos y las enfermeras no pueden ir al trabajo.
Los efectos se extienden hacia afuera a través de cada capa de la sociedad.
La vida diaria comienza a flaquear. Lentamente al principio, luego un rápido colapso.
Esta es la cruel intención del bloqueo de combustible de los Estados Unidos.
Su impacto se mide en la vida humana.
Su objetivo es el pueblo cubano.
En las últimas semanas, las consecuencias se han vuelto horribles. Secciones enteras de La Habana se han oscurecido permanentemente. En algunas noches, la electricidad falla en toda la nación. Estábamos allí durante uno de los apagones. El sábado 21 de marzo, la red eléctrica de Cuba se derrumbó, dejando al país sin electricidad por tercera vez en un mes. Las calles se callaron en silencio. Las empresas cerraron sus puertas. Los teléfonos móviles dejaron de funcionar y Internet desapareció. Barrios enteros se oscurecieron.
En nuestra casa, había una mesa cubierta con linternas que no se podían usar porque no había baterías. En los refrigeradores de todo el país, los pequeños alimentos que las familias habían logrado almacenar comenzaron a estropearse cuando la electricidad falló. Una amiga me dijo que se ha estado enfermando repetidamente, obligada a depender de la comida que se ha echado a perder después de otro apagón.
Los hospitales están diseñados para ser las últimas instituciones en perder energía, pero incluso ellos son vulnerables durante los apagones en todo el país. Los trabajadores de la salud que conocimos describieron que corrieron a la cabecera de los bebés y pacientes en ventiladores, bombeando manualmente equipos de soporte vital mientras esperaban a que los generadores se activaran.Estos son momentos medidos no en debates políticos, sino en segundos. Segundos que determinan si un bebé en la UCIN sobrevive.
Esto es inhumano. Esto es genocida.
Un sistema de salud bajo asedio
En hospitales y clínicas, los médicos están trabajando con suministros críticamente limitados de medicamentos esenciales, obligados a tomar decisiones en condiciones inhumanas que ningún profesional de la salud debería enfrentar.
Los médicos con los que nos reunimos hablaron sobre las decisiones imposibles que se ven obligados a tomar cuando los medicamentos que salvan vidas son escasos. Deben sopesar si administrar un tratamiento escaso que pueda prolongar una vida brevemente, o reservarlo para otro paciente con mayores posibilidades de supervivencia.
Ante esta escasez, los trabajadores de la salud improvisan.
Es difícil transmitir completamente la gravedad del bloqueo estadounidense en Cuba, y las extraordinarias medidas que obliga a los trabajadores de la salud a tomar simplemente para proporcionar atención básica.
Se adaptan, reparan, reutilizan e inventan.
En un hospital que visitamos, un niño estaba usando un dispositivo improvisado hecho de una botella de plástico desechada para recoger orina, una solución improvisada creada porque no había suministros médicos adecuados.
La enfermera que nos mostró el dispositivo no lo presentó como una innovación o un éxito. Lo sostuvo cuidadosamente en sus manos y explicó que esto era lo que tenían disponible. Habló sobre la responsabilidad de cuidar a los niños cuando se agotan los suministros, sobre el miedo a cometer errores cuando el equipo es escaso y sobre el agotamiento de trabajar todos los días en condiciones que ningún sistema de salud debería verse obligado a soportar.
Ese agotamiento no termina cuando su turno termina. A menudo regresa a casa a un apartamento oscuro, incapaz de cocinar porque la electricidad se ha ido de nuevo. A veces la energía vuelve en medio de la noche durante unas horas antes de apagarse de nuevo antes del amanecer. Cuando eso sucede, se levanta para cocinar cualquier comida que pueda, preparar comidas para que sus hijos las lleven a la escuela y algo para llevar con ella al trabajo, y luego se acuesta para descansar antes de que comience el día siguiente.
En el hospital de oncología que visitamos, era una cuestión de vida o muerte.
Hoy, 96.000 cubanos están esperando la cirugía a medida que la escasez de combustible y electricidad ralentiza las operaciones hospitalarias en todo el país. Alrededor de 11.000 de esos pacientes son niños. Los médicos explicaron que se estima que unos 16.000 pacientes con cáncer en Cuba requieren radioterapia y están experimentando interrupciones en el tratamiento, no porque el país carezca de médicos capacitados, hospitales o experiencia médica, sino porque los recursos necesarios para mantener la atención son cada vez más difíciles de obtener.
Los profesionales de la salud permanecen listos para tratar a sus pacientes. Las instalaciones siguen siendo personal. La voluntad de proporcionar atención está intacta. Pero cuando los medicamentos, el combustible, las piezas de repuesto y el equipo médico están restringidos, incluso el sistema de salud más capaz no puede hacer lo que fue construido para hacer: salvar vidas.
Comunidades que sostienen la vida
Visitamos una escuela que atiende a niños con discapacidad auditiva, parte del sistema educativo universal de Cuba, donde los estudiantes con discapacidades aprenden junto a sus compañeros y reciben apoyo especializado. Los profesores hablaron de su trabajo con un profundo compromiso y con una creciente preocupación por la dificultad de obtener algo tan básico como baterías para audífonos. Dentro del aula, los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para aprender y comunicarse. Pero fuera del aula, la escasez crea nuevas barreras. Cuando las baterías no están disponibles, las familias luchan por mantener las herramientas de las que dependen los niños para conectarse con el mundo que los rodea. Un pequeño detalle con enormes consecuencias.
Visitamos granjas orgánicas y jardines comunitarios donde los agricultores están trabajando colectivamente para cultivar alimentos en condiciones cada vez más difíciles. Estos proyectos reflejan una larga tradición de comunidades resilientes que se adaptan, comparten conocimientos y sostienen los sistemas alimentarios locales cuando las importaciones se vuelven poco fiables. Lo que vimos no fue solo agricultura, sino cooperación: vecinos trabajando lado lado a lado para garantizar que las familias tengan algo que comer, incluso cuando los recursos son escasos.
Nos reunimos con miembros de la Brigada Henry Reeve, un contingente de médicos y enfermeras cubanas que han viajado por el mundo respondiendo a desastres, epidemias y crisis humanitarias. Desde su creación en 2005, los equipos médicos cubanos se han desplegado desde Haití hasta África Occidental en comunidades de las Américas, proporcionando atención cuando más se necesitaba.
Lo que presenciamos cuenta una historia muy diferente a la que a menudo se cuenta sobre Cuba. Este es un país que ha enviado médicos, no bombas, a través de las fronteras durante décadas. Los equipos médicos cubanos han respondido a los desastres en Haití, han tratado a pacientes durante la crisis del ébola en África Occidental, han apoyado a hospitales abrumados durante la pandemia de COVID-19 y han trabajado junto a las comunidades indígenas en todas las Américas para ampliar el acceso a la atención médica. Su trabajo refleja un modelo de solidaridad internacional arraigado en la atención, la prevención y el servicio.
En los últimos meses, varios países se han visto obligados a reducir o poner fin a las misiones médicas cubanas bajo la presión de la administración Trump. En Honduras, las comunidades perdieron a los trabajadores de la salud cubanos que habían estado brindando atención médica gratuita durante casi dos años. Guatemala, Paraguay, las Bahamas, Guyana y Jamaica también han terminado asociaciones médicas de larga data, incluidos programas que sirven a las comunidades indígenas y rurales. Estos cierres significan menos médicos en las clínicas, mayores distancias de viaje para los pacientes y un menor acceso a la atención médica básica para millones de personas que dependen de estos servicios.
El silencio no es una opción
El sufrimiento causado por el bloqueo estadounidense contra Cuba no está oculto. Es visible para cualquiera que esté dispuesto a mirar de cerca, en salas de hospital, en farmacias con estantes vacíos y en los cálculos diarios que hacen las familias sobre la supervivencia.
Como le dijimos a The Nation, las políticas impuestas a Cuba no son solo medidas económicas; son condiciones que dan forma a si los hospitales pueden funcionar, si los pacientes reciben tratamiento y si las familias pueden satisfacer sus necesidades más básicas.
Es medible en vidas interrumpidas, tratamientos retrasados y sistemas estirados hasta sus límites.
Y es por eso que el silencio no es una opción.
Esta historia se publicó con el permiso de land 360, una plataforma de noticias sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento de la democracia global, el buen vivir y la cooperación internacional
Hasta que termine el bloqueo
En respuesta a las peticiones de nuestros socios cubanos y de las comunidades con las que nos reunimos, estamos tomando las siguientes medidas:
Organizar delegaciones de solidaridad adicionales a Cuba en
Abril, junio y septiembre
, y habrá más próximamente. Cada delegación transportará ayuda humanitaria.
Una y otra vez, los cubanos nos decían lo mismo: Vengan si pueden. Vengan a verlo con sus propios ojos. Vengan a apoyarnos. Regresen a casa con la verdad para compartir.
Enviar ayuda humanitaria a Cuba mensualmente.
Estos envíos llegarán a hospitales, proyectos comunitarios y familias que se enfrentan a una escasez constante.
Construyendo un centro local de solidaridad en San Francisco.
Estamos comenzando la recolección de artículos donados en nuestra oficina, poniendo en contacto a los vecinos de aquí con las familias de allá.
Recaudación de fondos a nivel nacional para comprar y entregar suministros que se necesitan con urgencia.
Para quienes no residan en el Área de la Bahía, las contribuciones en línea ayudarán a mantener este esfuerzo humanitario en curso.
Puedes donar aquí.
Llame directamente a Washington, D.C.
El Congreso debe exigir el fin del bloqueo. En las próximas semanas, compartiremos maneras para que nuestros simpatizantes nos apoyen en este esfuerzo.
This text reflects the views of its authors and is part of a series of testimonies gathered during the Nuestra América Convoy which arrived in Cuba March 21 and was organized by the human rights advocacy group, Global Exchange. magen cortesía de Global Exchange.
Note: This text reflects the views of its authors and is part of a series of testimonies gathered during the Nuestra América Convoy which arrived in Cuba March 21 and was organized by the human rights advocacy group, Global Exchange. On March 29, the U.S. Coast Guard allowed a Russian tanker carrying 730,000 barrels of crude oil to reach the island, effectively ending the U.S. blockade. Cuba nevertheless continues to faces a dire energy crisis with consequences felt across all sectors of society.
By Corina Nolet, Elena Gutierrez, Marco Castillo
Pharmacy shelves lie bare. Streets darken. Refrigerators sweating as the power fails once again. Doctors counting doses. Families counting meals. This is what the U.S. blockade looks like in Cuba. It is the daily struggle to keep life going.
We leave Cuba changed. Not because we did not expect hardship, but because of its scale, and because of the quiet endurance of a people, of a community, of a nation required to live within these conditions year after year
What we witnessed here cannot be captured in headlines or statistics.
It is etched into daily life across the island: into the long lines for transportation that never arrive, into homes that go dark without warning, into cancer patients waiting for treatment that has been delayed, and into the question many carry: Is this the worst, or is the worst yet to come?
U.S. President Donald Trump and Secretary of State Marco Rubio have made clear their intention to pursue regime change in Cuba.
For over three months, no fuel had been allowed to reach the island. Not a drop
The United States oil blockade is driving Cuba toward a humanitarian crisis. The most vulnerable — newborns, the elderly, and the sick — are at the greatest risk. What is debated in distant, cold political language is lived here as daily deprivation.
It is difficult to convey what that means unless you see it firsthand. The stillness of streets once filled with buses, the darkened neighborhoods when electricity falters, the palpable fatigue in the faces of people who have adapted again and again to scarcity that is neither natural nor inevitable.
And yet, even in the midst of profound exhaustion, life continues. Communities organize. Teachers return to their classrooms. Doctors keep working, caring for the sick. Neighbors share what little they have. The resilience of the Cuban people is steady, daily, and collective. Even in the face of the most egregious acts of violence, Cubans remain committed to life, dignity, and self-determination.
This visit to Cuba has made silence impossible.
Global Exchange traveled to Cuba as part of the Nuestra América Convoy, a coordinated international effort that brought together hundreds of people from across the United States, Latin America, Europe, and beyond in a collective act of solidarity. Communities organized, gathered supplies, and joined hands to deliver urgently needed humanitarian aid during a period of severe shortages. As part of this effort, Global Exchange carried more than $23,000 worth of life-saving cancer medicines and approximately 1,700 pounds of humanitarian aid, contributing to the convoy’s delivery of more than 20 tons of supplies to communities across the island.
When fuel disappears, everything slows. Then stops.
At first glance, cutting off oil to Cuba may look like a pen pressed to paper in a quiet office, a decision made under bright lights, far from the darkened streets it will leave behind. On the ground, it reshapes daily life in the most fundamental ways.
Cuba stretches nearly 800 miles across the Caribbean, just 90 miles from the shores of the United States. The country can refine oil, but it does not have its own supply of crude. Like most nations, its basic infrastructure depends on fuel for transportation, electricity, water systems, agriculture, and healthcare.
Cuba’s last shipment of oil (prior to the Russian tanker) arrived on January 9, forcing the country to operate with dwindling reserves.
When fuel disappears,
Cars and trucks remain idle.
Ambulances remain parked because there is no fuel.
Food cannot be transported from farms to markets.
Electrical grids falter, and when electricity fails, so, too, do water systems.
Hospitals are canceling surgeries and sending patients home because doctors and nurses can’t commute to work.
The effects ripple outward through every layer of society.
Daily life begins to falter. Slowly at first, then a rapid collapse.
This is the cruel intention of the United States’ fuel blockade.
Its impact is measured in human lives.
Its target is the Cuban people.
In recent weeks, the consequences have become horrific. Entire sections of Havana have gone permanently dark. On some nights, the power fails across the entire nation. We were there during one of the blackouts. On Saturday, March 21 Cuba’s power grid collapsed, leaving the country without electricity for the third time in a month. The streets fell silent. Businesses closed their doors. Cell phones stopped working, and the internet disappeared. Entire neighborhoods went dark.
At our casa, a table sat covered with flashlights that could not be used because there were no batteries. In refrigerators across the country, the little food families had managed to store began to spoil as the power failed. One friend told me she has been getting sick repeatedly, forced to rely on food that has gone bad after yet another outage.
Hospitals are designed to be the last institutions to lose power, but even they are vulnerable during nationwide blackouts. Healthcare workers we met described racing to the bedsides of infants and patients on ventilators, manually pumping life-support equipment while waiting for generators to engage.These are moments measured not in policy debates, but in seconds. Seconds that determine whether a baby in the NICU survives.
This is inhumane. This is genocidal.
A health system under siege
Across hospitals and clinics, doctors are working with critically limited supplies of essential medicines, forced into decisions under inhumane conditions that no healthcare professional should ever face.
Doctors we met with spoke about the impossible choices they are forced to make when life-saving medicines are scarce. They must weigh whether to administer a scarce treatment that may extend one life briefly, or to reserve it for another patient with a greater chance of survival.
In the face of these shortages, healthcare workers improvise.
It is difficult to fully convey the severity of the U.S. blockade on Cuba, and the extraordinary measures it forces healthcare workers to take simply to provide basic care.
They adapt, repair, reuse, and invent.
In one hospital we visited, a child was using a makeshift device fashioned from a discarded plastic bottle to collect urine, an improvised solution created because proper medical supplies were unavailable.
The nurse who showed us the device did not present it as an innovation or a success. She held it carefully in her hands and explained that this was what they had available. She spoke about the responsibility of caring for children when supplies run out, about the fear of making mistakes when equipment is scarce, and about the exhaustion of working every day under conditions that no healthcare system should be forced to endure.
That exhaustion does not end when her shift is over. She often returns home to a dark apartment, unable to cook because the electricity has failed again. Sometimes the power returns in the middle of the night for a few hours before shutting off again before sunrise. When that happens, she gets up to cook whatever food she can, preparing meals for her children to take to school and something to carry with her to work, and then lies back down to rest before the next day begins.
At the oncology hospital we visited, it was a matter of life and death.
Today, 96,000 Cubans are waiting for surgery as shortages of fuel and electricity slow hospital operations across the country. About 11,000 of those patients are children. Doctors explained that an estimated 16,000 cancer patients in Cuba require radiotherapy and are experiencing disruptions in treatment — not because the country lacks trained doctors, hospitals, or medical expertise, but because the resources needed to sustain care are increasingly difficult to obtain.
Healthcare professionals remain ready to treat their patients. Facilities remain staffed. The will to provide care is intact. But when medicines, fuel, replacement parts, and medical equipment are restricted, even the most capable health system cannot do what it was built to do — save lives.
Communities Sustaining Life
We visited a school serving children with hearing impairments, part of Cuba’s universal education system, where students with disabilities learn alongside their peers and receive specialized support. Teachers spoke about their work with deep commitment and with growing concern about the difficulty of obtaining something as basic as batteries for hearing devices. Inside the classroom, students receive the support they need to learn and communicate. But outside the classroom, shortages create new barriers. When batteries are unavailable, families struggle to maintain the tools children depend on to connect with the world around them. A small detail with enormous consequences.
We visited organic farms and community gardens where farmers are working collectively to grow food under increasingly difficult conditions. These projects reflect a long tradition of resilient communities adapting, sharing knowledge, and sustaining local food systems when imports become unreliable. What we saw was not just agriculture, but cooperation: neighbors working side by side to ensure that families have something to eat, even when resources are scarce.
We met with members of the Henry Reeve Brigade, a contingent of Cuban doctors and nurses who have traveled the world responding to disasters, epidemics, and humanitarian crises. Since its creation in 2005, Cuban medical teams have deployed from Haiti to West Africa to communities across the Americas, providing care when it was needed most.
What we witnessed tells a very different story from the one often told about Cuba. This is a country that has sent doctors — not bombs — across borders for decades. Cuban medical teams have responded to disasters in Haiti, treated patients during the Ebola crisis in West Africa, supported overwhelmed hospitals during the COVID-19 pandemic, and worked alongside Indigenous communities across the Americas to expand access to healthcare. Their work reflects a model of international solidarity rooted in care, prevention, and service.
In recent months, several countries have been forced to scale back or end Cuban medical missions under pressure from the Trump administration. In Honduras, communities lost the Cuban healthcare workers who had been providing free medical care for nearly two years. Guatemala, Paraguay, the Bahamas, Guyana, and Jamaica have also terminated long-standing medical partnerships, including programs serving Indigenous and rural communities. These closures mean fewer doctors in clinics, longer travel distances for patients, and reduced access to basic healthcare for millions of people who depend on these services.
Silence Is Not an Option
The suffering caused by the U.S. blockade against Cuba is not hidden. It is visible to anyone willing to look closely, in hospital wards, in pharmacies with empty shelves, and in the daily calculations families make about survival.
As we told The Nation, the policies imposed on Cuba are not just economic measures; they are conditions that shape whether hospitals can function, whether patients receive treatment, and whether families can meet their most basic needs.
It is measurable in lives interrupted, treatments delayed, and systems stretched to their limits.
And it is why silence is not an option.
This story was published with permission from land 360, a nonprofit news platform dedicated to strengthening global democracy, buen vivir, and international cooperation.
Until the Blockade Ends
In response to the requests of our Cuban partners and the communities we met, we are taking the following steps:
Organizing additional solidarity delegations to Cuba in
April, June, and September
, with more to follow. Each delegation carrying humanitarian aid.
Again and again, Cubans told us the same thing: Come if you can. Come see for yourselves. Come stand with us. Return home with the truth to share.
Send monthly shipments of aid to Cuba.
These shipments will reach hospitals, community projects, and families facing ongoing shortages.
Building a local hub of solidarity in San Francisco.
We are beginning the collection of donated items at our office, connecting neighbors here with families there.
Raising funds nationwide to purchase and deliver urgently needed supplies.
For those who are not in the Bay Area, online contributions will help sustain this ongoing humanitarian effort.
You can donate here.
Bring our call directly to Washington, D.C.
Congress must demand an end to the blockade. In the weeks ahead, we will share ways for supporters to stand with us in this effort.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó como un “abuso ilegal del poder ejecutivo” el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó como un “abuso ilegal del poder ejecutivo” el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, tras las audiencias orales celebradas este miércoles ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento es fundamental para la democracia estadounidense”, afirmó Bonta en su posicionamiento oficial, al subrayar que este derecho garantiza que toda persona nacida en el país sea reconocida como igual ante la ley, sin importar el origen de sus padres.
El pronunciamiento se da en el contexto del análisis que realiza la Corte Suprema sobre la orden ejecutiva firmada por Trump en 2025, la cual busca negar la ciudadanía automática a hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal.
De acuerdo con Bonta, esta medida representa un intento deliberado por socavar un principio constitucional de larga data.
El fiscal recordó que ha encabezado una coalición de fiscales generales que impugnó la orden desde su emisión, logrando que tribunales federales bloquearan su implementación mediante medidas cautelares a nivel nacional. Asimismo, su oficina participó recientemente como amicus curiae en un caso promovido por menores que podrían perder la ciudadanía bajo esta política.
Bonta expresó confianza en que la Corte Suprema reafirmará el derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, vigente desde 1868, que establece la ciudadanía para toda persona nacida en territorio estadounidense, principio fue respaldado por el tribunal en precedentes como Estados Unidos v. Wong Kim Ark.
Las declaraciones del fiscal se producen mientras el tema migratorio vuelve a dominar la agenda política en Washington, con discusiones paralelas en el Congreso sobre el alcance de los derechos constitucionales en materia de ciudadanía.
Para Bonta, el caso no solo es jurídico, sino definitorio para el país: “Después de escuchar los argumentos de hoy, soy optimista de que la Corte Suprema volverá a defender este derecho fundamental”.
En medio de una creciente retórica antiinmigrante a nivel federal, el gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó el 31 de marzo como el Día de los Trabajadores Agrícolas, en un gesto que trasciende lo simbólico y se inscribe en una disputa más amplia sobre el papel de los migrantes en la economía y la identidad de Estados Unidos.
“Los trabajadores agrícolas son la columna vertebral de California”, afirmó Newsom en su proclamación, en la que destacó que el estado concentra a más de un tercio de la fuerza laboral agrícola del país y produce aproximadamente un tercio de sus verduras y casi dos tercios de sus frutas y frutos secos.
No es una afirmación retórica, pues de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), California lidera la producción agrícola nacional y depende en gran medida de una fuerza laboral predominantemente migrante.
Investigaciones del Pew Research Center y del Departamento de Trabajo estiman que una proporción significativa de los trabajadores agrícolas en el país son inmigrantes, muchos de ellos sin estatus legal. Y es justo ahí donde radica la tensión.
Mientras desde Washington se han endurecido las políticas migratorias —incluyendo redadas, restricciones a beneficios y propuestas para limitar derechos fundamentales—, California ha optado por un enfoque diametralmente opuesto: ampliar servicios, reforzar protecciones laborales y garantizar acceso a salud y asistencia legal, independientemente del estatus migratorio.
Newsom no eludió esa confrontación luego de que, en su mensaje, denunció “acciones migratorias crueles y agresivas que aterrorizan y perjudican a los trabajadores agrícolas y sus familias”, en referencia directa al clima político actual.
El contraste es profundo, pues a nivel federal, el discurso dominante ha vinculado migración con carga económica y presión sobre servicios públicos. En California, en cambio, el argumento es inverso: sin trabajadores agrícolas, no hay sistema alimentario.
La evidencia respalda esa postura, pues estudios del USDA y del Economic Research Service han documentado que los trabajadores inmigrantes constituyen la base del sector agrícola estadounidense, particularmente en estados como California, donde cultivos intensivos requieren mano de obra constante y especializada.
En su proclamación, el gobernador recordó que el movimiento de los trabajadores agrícolas “fue, y sigue siendo, un movimiento colectivo”, en alusión a luchas históricas encabezadas por figuras como Cesar Chávez y Dolores Huerta, quienes transformaron las condiciones laborales en el campo y dejaron un legado que aún define el activismo contemporáneo.
Ese legado, sin embargo, sigue incompleto. Organizaciones como Farmworker Justice y Human Rights Watch han documentado que los trabajadores agrícolas continúan enfrentando bajos salarios, exposición a pesticidas, condiciones climáticas extremas y acceso limitado a servicios de salud. A ello se suma el temor constante a la deportación, que se intensifica en contextos de políticas migratorias más agresivas.
En ese sentido, la proclamación de Newsom no solo celebra: también toma postura al subrayar que California “ha ampliado la asistencia legal para inmigrantes” y el acceso a servicios básicos “independientemente de su estatus migratorio”, el mensaje es claro: el estado no solo reconoce la contribución de los trabajadores agrícolas, sino que desafía abiertamente la narrativa federal que los coloca como un problema.
A todo esto, hay una pregunta de fondo inevitable: ¿puede sostenerse un sistema agrícola —y, por extensión, alimentario— mientras se endurecen las políticas contra quienes lo hacen posible?
Por ahora, California responde con una proclamación que es, en esencia, una declaración política. Porque en el debate sobre migración, los trabajadores agrícolas ya no son invisibles: son el punto de quiebre.
