The Suprema Corte de Estados Unidos reafirmó este martes que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, al rechazar el intento del presidente Donald Trump de negar ese derecho a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal.
La decisión representa una de las derrotas más importantes para la agenda migratoria de la actual administración.
En una votación de 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato es incompatible con la Constitución y con más de un siglo de jurisprudencia estadounidense.
El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, respaldada por las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, así como por Amy Coney Barrett. El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, aunque fundamentó su voto en una interpretación legal distinta.
La resolución mantiene vigente el principio de que prácticamente toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, independientemente de la situación migratoria de sus padres, salvo excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.
El fallo también reafirma el precedente establecido en 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark, considerado la piedra angular de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La orden ejecutiva de Trump buscaba reinterpretar la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda al sostener que los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales no estaban plenamente “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, no debían recibir la ciudadanía al nacer. Esa interpretación fue impugnada de inmediato por estados, organizaciones civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Desde su firma, la medida permaneció suspendida por decisiones de diversos tribunales federales, que consideraron probable su inconstitucionalidad.
El litigio llegó finalmente a la Suprema Corte, que decidió resolver directamente el fondo del asunto y confirmar que la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento continúa vigente.
En su opinión, la mayoría sostuvo que la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil para revertir el fallo de Dred Scott v. Sandford, garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción.
En ese sentido, los magistrados concluyeron que el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar ese principio mediante una orden presidencial.
Los tres jueces disidentes —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— sostuvieron que la interpretación histórica de la cláusula de ciudadanía debía revisarse y cuestionaron el alcance que durante más de un siglo se ha dado a la Decimocuarta Enmienda. No obstante, su postura quedó en minoría.
La decisión tiene un impacto directo para cientos de miles de niños que nacen cada año en Estados Unidos de padres sin residencia permanente o con visas temporales, mientras que diversos análisis estiman que la orden ejecutiva habría afectado a más de 250 mil nacimientos anuales, al impedir que esos menores obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense.
La resolución también representa un nuevo revés judicial para la estrategia migratoria de Trump, quien había convertido la eliminación de la ciudadanía por nacimiento en una de las principales promesas de su segundo mandato.
Durante el litigio, la administración argumentó que la política incentivaba la migración irregular y el llamado birth tourism o “turismo de nacimiento”, aunque la mayoría del tribunal concluyó que esos argumentos no modifican el significado constitucional de la Decimocuarta Enmienda.
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