Por Bay City News
El abogado de la ciudad de San Francisco, David Chiu, anunció el jueves que se están tomando acciones legales contra un «negocio de consultoría de inmigración» por supuestamente cobrarles a los inmigrantes servicios legales fraudulentos que no se les permitió brindar.
La moción para hacer cumplir una orden judicial se presentó el lunes y prohibiría que Leonard Lacayo y Lacayo & Associates brinden servicios de inmigración.
Lacayo está acusado de representarse a sí mismo falsamente como abogado y estafar a los inmigrantes para que «paguen por servicios legales falsos y poner a muchos en riesgo de perder sus derechos legales», dijo la oficina del fiscal de la ciudad.
Lacayo & Associates opera en San Francisco desde 1986. Se informa que Lacayo es notario público, pero no tiene licencia para ejercer la abogacía ni está registrado como consultor de inmigración.
En 2017, la oficina del fiscal de la ciudad presentó una orden judicial que prohibía a Lacayo & Associates brindar servicios relacionados con la inmigración y ordenaba a Lacayo pagar restitución y multas civiles.
«Leo Lacayo ha demostrado que no respeta la ley ni las comunidades de inmigrantes a las que pretende servir. Durante años, se ha beneficiado de los inmigrantes vulnerables, tomando su dinero y poniéndolos en riesgo», destacó Chiu.
«A pesar de que se le prohibió brindar servicios de inmigración, Lacayo ha pretendido convenientemente que nuestra orden judicial contra él no existe. Estamos buscando poner fin a esta conducta ilegal y proteger a las comunidades inmigrantes de este estafador», agregó.
Chiu acusó a Lacayo de brindar servicios para los que no estaba calificado y, en ocasiones, no brindar un servicio a los clientes. El abogado de la ciudad también dijo que el empresario ha «engañado» a cientos de inmigrantes para que le paguen por manejar sus asuntos de inmigración.
Lacayo niega cualquiera de las acusaciones y agrega que solo trabaja como notario y con la preparación de impuestos. Dijo que un abogado en el mismo edificio sí trabaja con inmigrantes.
Después de la orden judicial, la empresa continuó operando, y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. informaron que se presentaron más de 400 solicitudes y peticiones de inmigración en la dirección de la empresa después de que se prohibiera a Lacayo & Associates brindar servicios relacionados con la inmigración.
«Estas actividades ininterrumpidas muestran un flagrante desprecio por el estado de derecho», dijo la oficina de Chiu.
La moción presentada el lunes tiene como objetivo hacer cumplir y extender la medida cautelar por cinco años.
La acción legal también espera asegurar que los clientes más recientes de Lacayo tengan acceso a sus documentos de inmigración y se les informe que sus casos no están siendo manejados por abogados con licencia.
Chiu también busca multas, tarifas y acceso a los registros de transacciones de la empresa.
Lacayo calificó la moción como una «cacería de brujas» motivada por «razones políticas». Dijo que continuará operando su negocio para la preparación de impuestos como lo ha hecho desde la orden judicial.
«Mi oficina está abierta», explicó Lacayo. «Nunca ha cerrado».
La investigación contó con la ayuda del Centro de Justicia y Diversidad del Colegio de Abogados de San Francisco, la Oficina del Abogado Litigante Principal del Colegio de Abogados del Estado de California y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, dijo la oficina de Chiu.
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